BARACUTEY CUBANO

Tomado de https://www.libertaddigital.com

El partido más corrupto del mundo

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Solo hay una manera de acabar con la corrupción política, a saber: separar de modo radical administración y política.

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Por José García Domínguez

20 de noviembre de 2019

 Hoy toca escribir, lo sé, que el PSOE es el partido más corrupto del mundo. Igual que cuando lo de la Gürtel había que decir lo propio del Partido Popular. Del mismo modo que tras la inopinada confesión de Ubú procedió reiterar idéntica sentencia a cuenta de los convergentes que usufructuaban el oasis petit. Pero prefiero que lo hagan otros. En los último cuarenta años, la corrupción más o menos institucionalizada ha arraigado en las zonas más pobres y subsidiadas del país, así Andalucía, y en los territorios más prósperos y desarrollados de la Península, verbigracia Cataluña o Madrid. Ha arraigado en el norte cantábrico, en las islas mediterráneas, en la España profunda, en la España menos profunda, en la España llena, en la España vacía, en las zonas agrícolas, en las industriales, en las turísticas, en las muy nacionalistas y en las muy antinacionalistas. La corrupción más o menos sistémica ha arraigado en todos los rincones del país. Y sí, ya sé, ya sé que lo de los ERE constituye el mayor desfalco de recursos públicos en términos numéricos de la historia contemporánea de España. Pero yo no quiero componer hoy un artículo que verse sobre contabilidad delictiva comparada. No quiero saber hoy si son más ladrones los ladrones del PSOE que los ladrones del PP o viceversa.

Lo que me gustaría saber hoy es la causa de que el grueso de la corrupción política en nuestro país se concentre de forma sistemática y crónica en las comunidades autónomas. Porque tiene que haber una explicación racional a esa asimetría tan chocante, la que contrapone una Administración central del Estado en la que resultan en extremo infrecuentes los casos de corrupción, y con independencia además del nombre del partido que en cada momento controle el Ejecutivo, con la retahíla interminable de escándalos que, hoy sí y mañana también, vemos asociados de modo sistemático a los Gobiernos regionales, asimismo con independencia de cuál sea su sesgo ideológico. Por lo demás, la explicación a ese fenómeno existe, si bien resulta algo desoladora para los que defendemos el principio democrático. Y es que la tensión entre el principio rector de toda gestión eficaz, que no es otro que la meritocracia en la selección de los cargos rectores, está siempre en tensión con el principio de la democracia representativa, que es la participación popular. Una tensión permanente en la medida en que la meritocracia solo se puede asentar en criterios de selección elitistas, algo que de modo inevitable tiende a chocar con el igualitarismo que encuentra su base de legitimación en el voto popular.

¿Y qué tienen que ver esas especulaciones filosóficas abstractas con que los socialistas trincaran a calzón quitado en Sevilla, coca y puterío mediante? Pues tiene mucho más que ver de lo que semeja a primera vista. Ocurre que los países que crearon la columna vertebral del Estado, con todo su aparato administrativo asociado, cuando todavía eran regímenes autoritarios (por ejemplo, Austria, Alemania o la propia España), alumbraron cuerpos funcionariales autónomos e independientes del poder político por su proceso objetivo de selección. Y esa tradición decimonónica de autonomía e independencia, mal que bien, sigue existiendo hoy en los altos cuerpos de la Administración del Estado en España. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Italia, un país que, a diferencia del nuestro, se democratizó bastante antes de contar con un Estado fuerte, lo que generó el surgimiento paralelo de redes clientelares prestas a repartirse el botín estatal, redes que luego ya fue imposible desmontar. Y de ahí la corrupción crónica del aparato estatal italiano en los últimos 150 años. A diferencia de la Administración central, que hunde sus raíces en la Restauración, las Autonomías españolas son hijas de la democracia y nacieron con ella. Por eso mismo, al igual que en Italia, sus vicios compartidos más arraigados: la corrupción y el nepotismo. Porque solo hay una manera, una sola, de acabar con la corrupción política, a saber: separar de modo radical administración y política. Desengañémonos, no hay otra. Dicho lo cual, hoy toca decir que el PSOE es el partido más corrupto del mundo.

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Tomado de https://www.elespanol.com/

La Junta de PP y Cs podrá reclamar a los condenados que devuelvan los 680 millones malversados

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La Audiencia no ha podido condenar a ningún acusado a reintegrar los fondos, pese a que el fraude ha sido "muy gravoso para el erario andaluz".

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Por María Peral

20 noviembre, 2019

@Maria_peral

Una sentencia de 1.821 folios que pone punto final -en primera instancia- al caso de los ERE, el mayor fraude de fondos públicos teóricamente destinados a ayudar a los trabajadores y a las empresas en crisis, ha condenado este martes a 19 de los 21 acusados a penas de cárcel y/o inhabilitación prácticamente iguales a las pedidas por la Fiscalía Anticorrupción. A diez de los condenados se les ha impuesto un mínimo de 6 años de prisión -destacadamente, el expresidente andaluz José Antonio Griñán- y otros nueve sólo son sancionados a inhabilitación, entre ellos, el expresidente Manuel Chaves.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla declara probado el "absoluto descontrol" de esas ayudas, que entre 2000 y 2009 alcanzaron un importe total de 679,4 millones de euros.

(Caso ERE. Manuel Chaves y Jose Antonio_Grinan de la Junta de_Andalucia PSOE)

Las ocho hojas del fallo, que los acusados conocieron al abrir un sobre blanco en el que se les entregó, no incluye ninguna condena a reintegrar los fondos, pese a que declara probada la malversación.

En su escrito de acusación provisional, presentado en septiembre de 2016, los fiscales -que elevaban la defraudación a 741,5 millones- instaban que se condenase a los acusados a responder de forma solidaria de la devolución al erario andaluz del total de los fondos.

No obstante, la Fiscalía tuvo que retirar esa petición ya que un mes después la Junta de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz, se apartó del ejercicio de la acusación particular. En aplicación de la doctrina Botín, desde ese momento ninguna otra acusación podía exigir a los encausados la responsabilidad civil derivada del delito de malversación.

La Junta de Andalucía, sin embargo, se reservó expresamente la posibilidad de ejercer acciones civiles futuras en función del resultado de la sentencia.

El Gobierno andaluz ha cambiado ahora de manos, por lo que -en el supuesto de que el Tribunal Supremo confirme el fallo de la Audiencia de Sevilla- serán PP y Ciudadanos los que tendrán que decidir si exigen a los condenados el reintegro de los fondos. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha confirmado este miércoles que se pondrá en marcha el mecanismo para recuperar los 741,5 millones de euros defraudados. "Buscamos recuperar el dinero a los contribuyentes andaluces el dinero que es suyo", ha dicho en la Ser, donde ha matizado que es un procedimiento complicado. 

Consecuencias "muy gravosas"

Los jueces sevillanos resaltan en la sentencia la gravedad de los hechos y el perjuicio causado al patrimonio público. 

"Hubo infracción del deber de lealtad hacia la Administración, cometida por los cargos que ostentaban las mayores responsabilidades en el Gobierno autonómico y, por consiguiente, eran depositarios de la mayor confianza", dice la sentencia, que añade que "la arbitrariedad de su actuación resulta manifiesta y supuso la adopción de resoluciones muy gravosas para el erario de la Junta de Andalucía".

Los magistrados Juan Antonio Calle (ponente de la resolución), Pilar Llorente y Encarnación Gómez afirman que Chaves, Griñán y el resto de los condenados eran "plenamente conscientes de la ilegalidad" del procedimiento que articularon en 2000 para entregar ayudas a empresas en crisis y a sus trabajadores.

El sistema, consistente en la concesión de las subvenciones por la Dirección General de Trabajo (que no tenía competencias legales para ello) y su transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía para que éste las entregara a los beneficiarios, se articuló de esa manera para suprimir la necesidad de una fiscalización previa por parte de la Intervención.

De esta manera, no era necesario que el director general de Trabajo confeccionara un expediente de gasto singularizado para cada una de las ayudas que iba a conceder, puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos gracias al previo traspaso de los fondos IFA "mediante el uso inadecuado de la transferencia de financiación". Así, no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas entre 2000 y 2010. 

La concesión de las ayudas se hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

"Al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión y no registrarse, como era obligado, en la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y

situaciones de crisis empresarial", afirma la sentencia.

"Al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación" de los beneficiarios, han percibido subvenciones personas que no tenían derecho y, además, "la no exigencia de justificación alguna, ni de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios, permitió que un número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral".

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Tomado de https://www.emanaciones.com/4128

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Jueves, 21 de noviembre de 2019

Eros y política (Mercedes Alaya)



Por Juan Abreu
21 de noviembre de 2019

La jueza Alaya es la cumbre helenística del erotismo político español. Puro clamor estético (y la estética es moral aumentada, no se olvide), pura elegancia y estilo qué piel de mármol transparente qué carne marmórea. Y esa distancia entre nariz y boca ese espacio enigmático que anuncia (según mi amiga escritora y gran conocedora de asuntos eróticos, Zoé Valdés) lo que se debe esperar de la contundencia genital de una mujer. Sé que esto sonará algo vulgar para los refinados oídos de la intelectualidad española, pero hablo de lo que en la isla pavorosa se denomina como una mujer papayúa. Ya saben ustedes que allá en la periferia española más incivilizada al sexo femenino se le llama, como a la fruta, papaya. De ahí papayúa, o gran papaya. Denominación que jamás es crítica sino admirativa. Una papayúa en dialecto cubano antes de referirse a la genitalia femenina remite a una mujer de grandes arrestos a una mujer de gran bravura y probado coraje. Ya sé, la señora Alaya es la antítesis de la vulgaridad dialectal cubana. Pero. Lo que son las cosas.

A mí a lo que me remite la señora Alaya es a la Niké de Samotracia, a la Victoria Alada mi escultura favorita porque simboliza la voluptuosidad triunfante la grandeza erótica que al alcanzar su cumbre se confunde con el temor sagrado. ¿Y qué es la verdadera belleza sino temor sagrado?

Mercedes Alaya trae a la política española la papayúa helénica, el esplendor estético del erotismo perenne y una carne lúbrica al tiempo que marmórea que es la mayor conquista de la sexualidad moral y a cuya protección e imperio, humildes, nos acogemos.
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