BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de https://www.cubanet.org/

René Gómez Manzano

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Un documento internacional recién emitido señala los crímenes del régimen chavista y los califica como de lesa humanidad

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Por René Gómez Manzano

17de septiembre, 2020, 

LA HABANA, Cuba. – Acaba de ser publicado el Informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela. Se trata de un material voluminosísimo, que cuenta con la friolera de 443 páginas. En el lenguaje cuidadoso, comedido y plagado de tecnicismos que suelen emplear los expertos de las Naciones Unidas quedan plasmadas y documentadas las atrocidades perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.

El documento alude a “ejecuciones extrajudiciales”, “desapariciones forzadas”, “detenciones arbitrarias” y el “uso sistemático de la tortura”. En un plano más específico, se señalan el uso de “violencia sexual” y un método brutal de martirio: “descargas eléctricas en los genitales”. Son técnicas empleadas antaño en pro de Batista, Trujillo o Pérez Jiménez. Ahora se utilizan en nombre del socialismo y “el progreso”.

Se trata de algo archisabido. Desde los tiempos del iniciador de la catástrofe —el teniente coronel Hugo Chávez— se han documentado los atropellos perpetrados por el gobierno venezolano. A medida que se hacía más profunda la crisis económica —y se esfumaba el apoyo popular inicial—, la fuerza y la arbitrariedad empezaron a ocupar una posición cada vez más central dentro del arsenal represivo. Esto alcanzó niveles insostenibles bajo el actual inquilino del Palacio de Miraflores, el exguagüero Maduro.

Pero la generalidad de esas informaciones y denuncias precedentes parecían vinculadas, de un modo u otro, a elementos hostiles al experimento chavista. Por eso, entre los observadores internacionales —aun los más objetivos—, anidaba la sospecha de una motivación espuria en las acusaciones que se formulaban sobre los diversos crímenes perpetrados en Venezuela por los socios listos del Siglo XXI.

El mérito del actual documento radica justamente en echar a un lado ese tipo de objeciones. El abultado informe, que se caracteriza por el lenguaje técnico que emplean los especialistas en derechos humanos y por la abundante documentación, ha servido para desvanecer cualquier sospecha de parcialidad o carencia de objetividad en ese tipo de denuncias.

Todos los atropellos descritos, según los expertos de la Organización de las Naciones Unidas, representan “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

La Misión Internacional no ha sido remisa a situar responsabilidades a los más altos niveles del chavismo: “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Pero las responsabilidades han sido situadas de manera aún más concreta: “El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Gobierno tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, los datos consignados ilustran la magnitud de la carnicería perpetrada por el madurismo: “Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado”. “La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”. “Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes”.

A lo anterior se suman ¡más de cinco mil otros incidentes de personas ultimadas por las fuerzas de seguridad!, “aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios”. Impera la más absoluta impunidad: “La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando”.

Y para concluir: “Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de lucha contra el crimen”.

A esta escandalosa descripción del sistema de crimen e impunidad instaurado por el chavismo en la desdichada Patria del Libertador se suma a la catastrófica situación económica generada por las erradas políticas socialistas. Después de esto, ¿qué dirán ahora los que, en contra de todas las evidencias, rehúsan calificar como una dictadura el desgobierno de Nicolás Maduro y su banda?

El Informe —insisto— es demoledor. Sólo habría que señalarle un defecto importante, que se deriva de lo que sigue. Se sabe del papel determinante que, en la martirizada Venezuela, han desempeñado (hasta hoy) los personeros de la dictadura castrista. Consciente de la importancia vital que para su supervivencia tienen los suministros de petróleo venezolanos, el régimen de La Habana se ha empleado a fondo para apuntalar a su similar de Caracas.

Lo anterior incluye no sólo los llamados “médicos internacionalistas”, verdadera carne de cañón, aunque vestida con batas blancas. Se trata de médicos y enfermeras cuyo contingente permanece en Venezuela pese a que muchos de ellos han muerto de la COVID-19. Pero es que, además, ¡ese personal acaba de ser reforzado por otro piquete de infelices condenados al mismo destino!

En adición a los anteriores, y sin prestar atención a la independencia de Venezuela, los castristas (¡ellos que tanto hablan de la “soberanía nacional”!) han hecho extensiva la llamada “colaboración cubana” ¡a las fuerzas armadas y de seguridad del régimen madurista! Todo ello bajo el mando de un general castrista: Leonardo Andollo Valdés.

Pues bien: Es ese el único punto que se me ocurre objetar al documentado Informe de la ONU: Señala los desaguisados perpetrados por las autoridades venezolanas, pero no menciona (siquiera sea de pasada) el papel desempeñado en los altos niveles por los representantes directos de la Metrópoli castrista.

(Jorge Arreaza)

De todos modos, esta omisión no invalida el Informe Internacional. De momento, la reacción oficialista de Caracas ha estado a cargo de Jorge Arreaza. Según La Patilla, el canciller madurista, “sin ninguna vergüenza”, aseguró que el Informe está “plagado de falsedades”. Por supuesto, el flamante ministro no hace ningún señalamiento concreto que avale esa descalificación que formula de modo arbitrario.

Como quiera que sea, el recién publicado Informe constituirá un nuevo elemento sólido que contribuirá al indetenible proceso de desprestigio del que, con toda seguridad, es ya el régimen más desprestigiado de América Latina: el de Nicolás Maduro.

Etiquetas: Venezuela