BARACUTEY CUBANO

APRUEBAN EN ESPAÑA UNA LEY QUE CONDENA AL FRANQUISMO

El Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto que ordena la retirada de los símbolos franquistas, deroga sus leyes y declara ilegítimas las sentencias de la dictadura. Además, amplía el derecho a la nacionalidad para nietos de emigrantes y exiliados por la Guerra Civil.

Por Cecilia Guardati
Telam
Argentina
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Fidel Nuñez
Analista
Jefe de Buró
Latinoamérica
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Noviembre 1, 2007



El Congreso de los Diputados español aprobó este miércoles la ley conocida como de Memoria Histórica, que condena la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y amplía el derecho a la nacionalidad española para nietos e hijos de emigrantes y exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

El dictamen de la ley ordena la retirada de los símbolos franquistas, deroga sus leyes y declara ilegítimas las sentencias de la dictadura.

El proyecto, que ahora debe ser aprobado por el Senado, recibió 184 votos a favor, 137 en contra y hubo 3 abstenciones, anunció el presidente del Congreso, Manuel Marín.

La ley condena de la forma más dura al franquismo, al asumir la declaración de la Asamblea Parlamentaria de Europa firmado el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.

Por primera vez en la historia española "sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática".

Declara además "la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa que vulenere las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como de las sanciones y condenas de carácter impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas".

De forma expresa, "se incluye una disposición derogatoria que, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".

De esta forma se pretende que no ocurra como en el pasado, que el Tribunal Supremo apeló a las leyes vigentes durante la dictadura para rechazar la anulación de las sentencias de los juicios sumarísimos del franquismo, como en el caso del joven anarquista catalán Salvador Puig Antich.

La ley reconoce moral y económicamente a las víctimas, establece que el Estado tutelará las labores de localización e identificación de las fosas comunes, y facilita el acceso a la nacionalidad española para descendientes -hijos y nietos- de emigrantes y exiliados.

El gobierno español tardó dos años en presentar la norma denominada: "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

Un acuerdo con el grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), que incluyó cambios en el proyecto, permitió que la ley salga adelante este año, antes de que culmine la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La norma saldrá adelante con el apoyo de socialistas, la izquierda ecologista, los nacionalistas vascos, los catalanes de Convergencia i Unió, Coalición Canaria y el grupo mixto.

Se opusieron el Partido Popular (PP), que considera que es innecesaria y abre "viejas heridas", y los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC), que cree que instaura la "impunidad" al desconocer el derecho internacional y aplicarlo a los crímenes cometidos por los sublevados y la dictadura franquista.

La propuesta pasará ahora al Senado, que puede introducir modificaciones, y en caso de que esto suceda, regresará a la Cámara Baja para su validación o rechazo. Si no se introduce ninguna modificación, la ley quedará aprobada cuando supere el trámite en el Senado, previsto para finales de noviembre. En tanto, la disposición adicional séptima de la ley, que amplia el acceso a la nacionalidad española a ñietos e hijos de emigrantes y exiliados durante la Guerra Civil Española (1936-39), recibió 180 votos a favor, 129 en contra y 10 abstenciones. El texto aprobado establece que "las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional". "Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año", añade en el documento, que podría sufrir alguna modificación en su trámite en el Senado. "Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio", se concluye.