BARACUTEY CUBANO

GONZALO GUILLEN/El Nuevo Herald
BOGOTA

AP Photo/Dolores Ochoa
Un soldado ecuatoriano custodia el camino hacia el puente fronterizo de San Miguel.

Mientras Ecuador mantiene rotas las relaciones diplomáticas con Colombia por la muerte de un ecuatoriano en el bombardeo contra un campamento de las FARC en su territorio, Quito lleva siete años sin resarcir a las viudas y huérfanos de seis madereros muertos a manos de su ejército en suelo colombiano.

Parientes de las víctimas, que perecieron bajo el fuego de helicópteros, piden que Bogotá reclame las indemnizaciones a que tienen derecho con el mismo fervor con que el gobierno de Ecuador solicita compensación por los daños ocasionados por el bombardeo contra el campamento de "Raúl Reyes'', segundo jefe de las FARC, ocurrido el pasado 1ro. de marzo a 2.7 km de la frontera con Colombia.

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reveló a El Nuevo Herald que el 25 de enero del 2001, siete días después del hecho, el entonces embajador de Colombia en Quito, Eliseo Restrepo, entregó una nota diplomática de protesta a Ecuador por el ataque de San Miguel, departamento de Putumayo.

"Se mandó la nota de protesta E-109 al canciller ecuatoriano, que era Heinz Moeller Freire, pidiendo una rigurosa investigación de los hechos'', explicó el portavoz y reconoció que siete años después, "no se sabe de ninguna respuesta a esa nota''.

Al cierre de esta edición la cancillería de Ecuador no había contestado un correo electrónico que El Nuevo Herald le envió el pasado jueves a Pedro Artieda, asistente personal de la canciller, María Isabel Salvador, con el que fue invitado a exponer la posición de su gobierno sobre la acción y aclarar las familias van a ser indemnizadas.

Artieda había dicho el viernes que la "Cancillería está revisando este tema'' para entregar una respuesta que, en principio, ofreció para ese día en la tarde, pero que no llegó. Ayer, una llamada de Artieda a este reportero, prometió para la próxima semana una respuesta del presidente Rafael Correa a las preguntas de El Nuevo Herald.

El 18 de enero del 2001, tropas del ejército de Ecuador abrieron fuego sobre una embarcación maderera colombiana en la que viajaban nueve leñadores, de los cuales seis fueron muertos por el fuego de "dos o cuatro'' helicópteros militares ecuatorianos que, de acuerdo con Albeiro Duque, único sobreviviente, "entraron a Colombia''.

"Nosotros bajábamos en un bote con tablas (...) cuando llegaron helicópteros y tiraron a matarnos'', relató Duque.

"A mí me hirieron en un brazo. Seis murieron y salimos tres vivos, pero de los otros dos puedo decirle que a un muchacho ya lo mataron y el otro, que era ecuatoriano, no se sabe está'', agregó.

"Cuando los dolientes acudieron a la fiscalía colombiana (...) pidieron las vainillas [casquillos de las balas] y esa gente fue hasta el sitio y recogieron un ‘morralado' [fardo] lleno de vainillas'' para probar los disparos de fusiles y ametralladoras y determinar detalles del ataque.

El sobreviviente y los familiares viven en su mayoría en San Miguel y "son personas muy pobres'', aseguró Duarte.

Betto Ruperto Benavidez Burbano, alcalde de San Miguel desde enero pasado, contó a El Nuevo Herald que "ni del gobierno ecuatoriano ni el gobierno colombiano'' han recibido indemnizaciones ni asistencia los dolientes.

"Tanto alboroto que ha armado el presidente Rafael Correa con relación a la muerte de un guerrillero ecuatoriano y acá por los seis colombianos que el ejército ecuatoriano mató en una masacre nadie ha hecho nada'', enfatizó Burbano.

El Nuevo Herald revisó en la Hemeroteca Nacional las ediciones de enero del 2001 de los principales diarios de Colombia y en ninguno fue reportada el hecho.

"Ante los entes judiciales del Ecuador y aquí, en Colombia también, en las fiscalías y los juzgados ellos hicieron las respectivas denuncias. Ellos tienen soportes y prácticamente todos los papeles de estas denuncias que hicieron en el 2001'', añadió el alcalde.

"Ellos también exigen del gobierno ecuatoriano que se les responda y le estamos pidiendo el favor al gobierno nacional [de Colombia] que ayudemos a estas familias porque de verdad están desprotegidas: hay señoras que quedaron con niños pequeños y les toca criarlos a ellas solas'', lamentó Benavides.

El alcalde envió esta semana a la cancillería colombiana "copias de las actas de defunción de los colombianos'' y de las denuncias elevadas en el 2001 ante autoridades judiciales de Colombia y Ecuador.

Benavides adminitra los destinos de uno de los municipios más apartados y pobres de Colombia, en el que no hay vías pavimentadas y "de 56 veredas [partes en las que se divide un municipio] sólo ocho están electrificadas''.

"Hasta el momento no hay ninguna respuesta, ningún resultado. Los familiares prácticamente se cansaron'' de reclamar, sostuvo Benavides.

Un fiscal colombiano de derechos humanos aseguró ayer a El Nuevo Herald que, "la indemnización por las vidas de esas seis personas valdría no menos de $2 millones'' que debería pagar Ecuador.

Los muertos en el ataque de San Miguel fueron los leñadores Onorio Bastidas, Víctor Meneses, Efrén Guevara, Oscar Gómez, Weiman Navia y Virgilio Narváez.

"Todos campesinos, veníamos con el patrón que era el dueño de la finca, Efrén Guevara, que fue uno de los muertos. sEl quedó en el bote, a él le hicieron el levantamiento [de cadáver] en San Miguel, después de que llegamos acá, al pueblo, porque él llegó ahí sobre las mismas tablas que traíamos en el bote'', narró el sobreviviente.

"Cuando nos encendieron a plomo la reacción fue tirarnos al agua. Yo salí después y me prendí del bote y salimos para el lado de la casa de un señor que se llama Claudio [del lado colombiano del fronterizo río San Miguel] y llegaron tres o cuatro helicópteros y nosotros salimos corriendo por el borde del río abajo, por el lado colombiano. Los helicópteros pasaban hasta acá, a este lado''.

El representante a la Cámara por Putumayo Guillermo Rivera indicó a El Nuevo Herald que "en general, la opinión [pública] en Colombia y el gobierno han sido ajenos a una realidad de dificultades fronterizas [con Ecuador] que dura una década. Son más de 30 incidentes en los cuales las FARC han disparado a Colombia desde territorio ecuatoriano, incluso a la población civil. El mismo San Miguel, por ejemplo, ha sido atacado desde Ecuador por las FARC'', amplió.

En contraste, Ecuador sí usó hasta los instrumentos del sistema interamericano para reclamar por el bombardeo colombiano al campamento de las FARC en su territorio.

"Colombia debió llevar [el caso] hasta lograr una indemnización'', agregó Rivero.

La abogada colombiana defensora de derechos humanos María Elena Triana, quien anunció que ofrecerá gratuitamente sus servicios profesionales a las víctimas de San Miguel, recalcó a El Nuevo Herald que Colombia debería reclamar ahora a Ecuador por la masacre de San Miguel.

"Sería inaudito'', declaró Triana, "que continuara la inactividad del gobierno de Colombia en este caso, mientras el gobierno de Ecuador reivindica, como lo está haciendo el presidente Correa, los derechos humanos por la muerte de un guerrillero''.

El ciudadano ecuatoriano muerto en el bombardeo colombiano fue identificado como Franklin Ponelia Molina, a quien militares colombianos describen como supuesto guerrillero de las FARC, mientras que su familia alega que se trata de un pacífico y humilde cerrajero de Quito.