BARACUTEY CUBANO

Por Wilfredo Cancio Isla
El Nuevo Herald

* Vea las pruebas que presenta el gobierno cubano

Las acusaciones lanzadas por el gobierno cubano contra el "bochornoso contubernio'' entre personalidades disidentes, diplomáticos estadounidenses y un prominente activista anticastrista de Miami alcanzaron ayer a la primera dama Laura Bush.

En el primer golpe de una escalada contra el apoyo brindado por Washington a la disidencia interna, Cuba pidió al gobierno estadounidense que tome medidas con sus diplomáticos radicados en la isla y prometió presentar nuevas evidencias sobre lo que considera una provocación externa para desestabilizar al país.

( AP. Michael Parmly, el saliente jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba, en un discurso por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en su residencia en La Habana. )

"Esperamos que sea el gobierno de Estados Unidos el que tome medidas, que se comporten acorde con los convenios internacionales'', declaró Josefina Vidal, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Cabe preguntarse si esto forma parte de una nueva política''.

El programa Mesa Redonda de la televisión estatal retomó anoche las "pruebas contundentes'' presentadas horas antes por funcionarios gubernamentales sobre el dinero enviado por el exiliado cubano Santiago Alvarez --benefactor del militante anticastrista Luis Posada Carriles-- a la conocida opositora Martha Beatriz Roque, utilizando como correo al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly.

Los panelistas invitados al programa televisivo insistieron en que Roque se confabuló para recibir al menos $1,500 mensuales de la Fundación Rescate Jurídico, creada por Alvarez meses antes de ser arrestado en un caso de posesión ilegal de armas. Alvarez, de 66 años, cumple una segunda condena de cárcel.

"Lo verdaderamente escandaloso es la participación de diplomáticos estadounidenses como correos o vulgares mulas de terroristas de Miami'', afirmó Randy Alonso, presentador del programa televisivo y director de la Oficina de Información del Consejo de Estado.

Casi al final del programa --que duró dos horas-- el periodista Reinaldo Taladrid mencionó que un intercambio sostenido por Laura Bush con bibliotecarios independientes a través de una teleconferencia en noviembre pasado fue financiada por el dinero "de un terrorista''.

"Esa actividad estuvo financiada por un hombre sobre el que pesan acusaciones de terrorismo y se hizo en la casa de un diplomático estadounidense [en La Habana]'', apuntó el panelista, quien sugirió que en las listas de bibliotecarios independientes se habrían inscrito, como broma telefónica de un ciudadano cubano, los nombres de conocidos peloteros de la isla.

Un portavoz del El Departamento de Estado dijo ayer que no estaba al tanto de las acusaciones específicas a Parmly, pero insistió en que su gobierno no infringe las leyes internacionales. Parmly será reemplazado este verano tras tres años de servicio.

Desde La Habana, un funcionario de la Sección de Intereses de Estados Unidos que pidió no ser identificado consideró infundadas las acusaciones.

"Es política de muchos años de Estados Unidos proporcionar ayuda humanitaria a la gente cubana, específicamente a las familias de presos políticos que son maltratados por su propio gobierno'', al tiempo que permitimos que las organizaciones privadas también lo hagan''.

El funcionario enfatizó que "esta ayuda no tiene ningún propósito político, sino que busca atender las necesidades cotidianas de las familias que están luchando para sobrevivir en el sistema actual''.

Las acusaciones divulgadas ayer se sustentan en imágenes filmadas a Roque en el cibercafé del Hotel Comodoro, en La Habana, así como en mensajes electrónicos interceptados por investigadores del Ministerio del Interior a través de la apropiación del código de acceso a la correspondencia de la dirigente opositora, condenada a 20 años de prisión en el 2003.

(Martha Beatriz Roque )

Ayer fueron infructuosos los intentos de El Nuevo Herald para contactar telefónicamente a Roque en su casa en La Habana.

Según aseveró anoche el coronel Adalberto Rabeiro García, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior, la revisión de los mensajes electrónicos de los ciudadanos se justifica en "el derecho que tenemos de garantizar la seguridad y la protección de nuestra sociedad''.

El gobierno cubano justifica la intervención de la correspondencia electrónica privada en el Decreto-Ley 1999 para la seguridad informática y la protección de la información oficial, suscrito en 1999 por el entonces gobernante Fidel Castro.

Rabeiro García dijo que había miles de mensajes electrónicos que forman parte de la investigación en proceso e indicó que los materiales se darán a conocer en sucesivos programas de la Mesa Redonda, bastión del oficialismo cubano.

Los mensajes electrónicos presentados se remontan a mediados del 2006 e involucran a familiares de Roque en Miami que presuntamente sirvieron de mediadores ante cercanos colaboradores de Alvarez.

Entre los mencionados están Juan Carlos Fuentes, sobrino político de Roque; Mayda Cardín, integrante de la organización anticastrista Junta Patriótica Cubana, y Carmen Machado, identificada en la Mesa Redonda como trabajadora del Aventura Hospital Medical Center y ‘‘coordinadora financiera, confidente y amante'' de Alvarez.

En un mensaje del 2006, Machado le escribe a Roque solicitándole que le escriba una carta personal reconociendo la cooperación existente entre la Fundación Rescate Jurídico con el movimiento disidente y los familiares de los presos políticos.

"La carta sería dirigida al juez James Cohn. Este juez es el que va a tener la última palabra en los años que le van a dar a nuestro amigo y el que le puede rebajar a lo que se le ha prometido. Esta carta sería nada más vista por los abogados y por el juez Cohn. La ayuda que le hemos brindado a ti y a otros familiares de presos políticos (Biscet) y los que nos faltan por ayudar. Esto sería darle legitimidad a este proceso de él'', escribió Machado en su petición a Roque.

En junio del 2007, el juez federal James I. Cohn decidió cortar en un tercio las sentencias de 46 meses de cárcel a Alvarez y de 30 meses a su colaborador Osvaldo Mitat, en compensación por la entrega voluntaria de un alijo de armas a las autoridades.

Entre las evidencias presentadas aparecen también una carta manuscrita del disidente Jorge Luis García Pérez (Antúnez), confirmando la entrega mensual de $200, así como otra misiva firmada por Laura Pollán, líder del mivimiento cívico de las Damas de Blanco, recibiendo $2,400 en calidad de contribución humanitaria. Ambas sumas habrían sido enviadas por la Fundación Rescate Jurídico.