INÉDITO FALLO JUDICIAL A FAVOR DE PERIODISTA CUBANO ENCARCELADO
Inédito fallo judicial a favor de periodista cubano encarcelado
Por Juan Carlos Chávez
El Nuevo Herald
El reciente fallo de un juez federal a favor de un periodista disidente preso en Cuba y su madre exiliada en una demanda por violación de derechos humanos, podría abrir la puerta a futuras batallas judiciales que buscan resarcir a víctimas de acoso y persecución por el régimen comunista.
La decisión favorece al reconocido fotorreportero Omar Rodríguez Saludes, condenado a 27 años de cárcel durante la llamada Primavera Negra del 2003, y a Olivia Saludes, su madre, quien presentó la demanda ante un tribunal federal de Miami por considerar que las acciones perpetradas por el gobierno cubano atentan contra la integridad de su hijo. La mujer reside actualmente en la ciudad de Monticello, Kentucky.
El pasado 12 de septiembre el juez federal Alan Gold aceptó los argumentos de la parte demandante, representados por el abogado miamense Pedro J. Martínez-Fraga, y, de paso, sentó un precedente legal que se proyecta como una llave maestra para apuntalar la legalidad y reforzar la protección de los derechos humanos.
La demanda alega también que Olivia Saludes, de 65 años, sufre de innumerables problemas físicos y emocionales como resultado de la situación que atraviesa su hijo.
( OMAR RODRIGUEZ Saludes junto a su esposa Juana Marrero y uno de sus tres hijos en el Paseo del Prado. )
Rodríguez Saludes, de 42 años, recibió la mayor condena entre los periodistas enjuiciados en la Causa de los 75. Actualmente está en la prisión de Toledo, en el municipio habanero de Marianao. Está casado con Ileana Marrero, con quien tiene tres hijos menores.
"Tenemos muchas vertientes importantes'', dijo Martínez-Fraga, del bufete Squire Sanders & Dempsey. "Una de ellas es que le da voz y resonancia a una persona que está viva y privada de su libertad. El dictamen fiscaliza a un gobierno extranjero y a individuos por hechos cometidos fuera del terreno nacional de Estados Unidos''.
En un dictamen de 21 páginas, el juez Gold sostuvo que Rodríguez "fue arrestado y encarcelado sin haber sido informado de los cargos criminales, fue hallado culpable en un juicio sumario y sentenciado a 27 años, presumiblemente debido a sus actividades periodísticas''.
Asimismo añadió que "el trato y las condiciones de encierro califican como tortura''.
El gobierno cubano nunca respondió a las alegaciones, contrariamente a la actitud que asume cuando se trata de disputar juicios que ponen en riesgo sus intereses económicos o la defensa de la propiedad intelectual.
"Queda claro que Cuba no está dispuesta a comprometerse en un fuero público para defender su expediente sobre derechos humanos. Este no fue un caso que se entabló con fines de lucro, sino precisamente para darle voz a un preso que Cuba no puede callar o silenciar con la prisión'', detalló Martínez-Fraga.
El juez Gold fijó una audiencia en 30 días que servirá para cuantificar los daños y perjuicios. Las conclusiones determinarán la reparación económica a la que podrían acceder los demandantes.
La acción legal fue posible gracias a una ley que data de más de 214 años de antigüedad, la Ley de Protección contra la Tortura (Alien Tort Claims Act), que permite a extranjeros presentar demandas civiles en Estados Unidos por violaciones del derecho internacional fuera del país; así como la Ley de Inmunidad Soberana (Foreign Sovereign Immunities Act).
"Creo que es un triunfo y un hito que se reconozca que en Cuba sí se violan los derechos humanos y que la crueldad de las cárceles se debe castigar. Esta demanda lo hace'', comentó Nancy Pérez Crespo, directora de Nueva Prensa Cubana (NPC).
En el momento de su arresto, Rodríguez Saludes era representante de NPC en La Habana. Sus fotos fueron sacadas de Cuba utilizando viajeros y turistas extranjeros a quienes entregaba los rollos sin revelar para que fueron enviados a Miami.
Pérez Crespo precisó que las autoridades cubanas orquestaron un juicio en el que se acusó a Rodríguez Saludes de recibir dinero del gobierno de Estados Unidos. "Eso es una infamia porque era yo quien despachaba el dinero, y nunca he recibido aportes de Washington'', añadió Pérez Crespo.
Hasta la fecha, las cortes estadounidenses sólo habían dictaminado en reclamaciones judiciales de familiares de exiliados muertos, como el de Rafael del Pino Siero, un exiliado cubano y ciudadano estadounidense. La familia recibió una indemnización de $254 millones el pasado abril, según el dictamen de un tribunal de distrito en Miami-Dade.
A nivel de fueros internacionales, las peticiones legales tramitadas por asociaciones o individuos independientes para sancionar al régimen de La Habana han estado presentes, como la de la Asociación de Abogados Cubanoamericanos (CABA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución sumaria de tres jóvenes cubanos el 11 de abril de 2003.
jcchavez@elnuevoherald.com
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