BARACUTEY CUBANO

De las palabras a los hechos

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Derechos humanos y escrutinio internacional: Solamente las carencias institucionales deberían bastar para el cuestionamiento permanente de Cuba.
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Por Leonardo Calvo Cárdenas
La Habana | 18/02/2009

Como parte de los esfuerzos que buscan afianzar mecanismos eficaces que garanticen el disfrute de los derechos para todos los habitantes del planeta, se desarrolló el análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (5-9 de febrero), correspondiente al ejercicio de Examen Periódico Universal estatuido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sin dudas, Cuba significa un reto para el joven Consejo, en tanto es el único país occidental que exhibe un muy pobre expediente en materia de respeto a los derechos fundamentales. Una vez más, el foro de Ginebra sirvió de escenario a las argumentaciones de La Habana y las valoraciones de decenas de oradores que expusieron la posición de sus respectivos gobiernos.

Fueron tan burdas las falacias expuestas por el gobierno cubano, que no merecen el menor ejercicio de impugnación. Sin embargo, como el debate internacional sobre los derechos humanos en la Isla se ha centrado más en las violaciones puntuales, como se hace usualmente con las naciones que cuentan con estructuras e instituciones avenidas a los patrones universalmente reconocidos, es necesario que sean otras claves y conceptos más esenciales los que marquen los pautas de valoración sobre la compleja realidad nacional.

(María Esther Reus, ministra de Justicia, durante el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, el 5 de febrero de 2009. (AP) )

Las restricciones a la libertad de movimiento

Los cubanos necesitan de un permiso del Estado para salir y entrar al país por cualquier concepto. La autorización debe pagarse en moneda convertible y puede ser negada sin explicación. Conceptos como "salida definitiva" del país y la imposibilidad para los menores de 18 años de salir temporalmente del territorio nacional en viajes privados, hablan por sí solos de la naturaleza del régimen vigente.

En el ámbito nacional, disposiciones inconstitucionales limitan de manera inadmisible este derecho, a partir de la arbitraria discrecionalidad de las autoridades. Las frecuentes deportaciones internas, fuente de humillación y desigualdad, son un triste espectáculo que no debe ser pasado por alto por ningún observador sensible e imparcial.

Único país occidental sin mecanismos de protección

En la Isla no existen comisiones parlamentarias o independientes de derechos humanos, ni defensores del pueblo, ni academias, ni otra instancia cualquiera que se dedique a estos menesteres. Los medios informativos nacionales jamás ventilan públicamente algún caso de atropello o violación contra un ciudadano; a pesar de las múltiples y amargas experiencias que cotidianamente se viven y que, por demás, son lógicas en un ambiente de impunidad e irrespeto a la ley como el que vivimos.

Otra carencia lamentable, por su alcance y repercusión, es la ausencia de los derechos humanos en los programas de estudio del sistema nacional de educación, contaminado hasta los cimientos por el adoctrinamiento político, al punto que los directivos del sector no se ruborizan al decir que el "aprovechamiento político-ideológico" es para ellos más importante que el desarrollo académico de los estudiantes.

Aun en las naciones donde coexisten diferentes tipos de espacio de instrucción —pública, privada, religiosa—, es el Estado el responsable de velar porque los derechos, la tolerancia, la dignidad y la paz ocupen un lugar preponderante en los procesos docente-educativos.

Si la excelencia y perfección que, en materia de derechos humanos, se atribuye el gobierno cubano fuera posible, incluso cabría preguntar: ¿cómo pretende mantenerla si no educa a las nuevas generaciones en esos valores? Las autoridades llegaron incluso a imprimir un póster con la Declaración de los Derechos del Niño, del cual fueron excluidas algunas libertades esenciales e incómodas para sus intereses y diseños.

Por otra parte, La Habana no se molesta en publicar una letra del abultado instrumental jurídico que la comunidad internacional ha conformado para promover y proteger los derechos humanos. Aunque, por suerte, hace ya algunos años portar un ejemplar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —de la que Cuba es promotora y signataria original— ya no es un delito de alto precio, los ciudadanos cubanos, aun las personas más instruidas, desconocen la letra, el espíritu, las particularidades y la utilidad de los instrumentos que incluso ha suscrito el gobierno.

Nada es tuyo

El desconocimiento institucional de los derechos de propiedad constituye uno de los fundamentos del control absoluto que ejercen las autoridades de la Isla sobre toda la sociedad, además de la fuente principal de la depauperación material y la desesperanza.

Es tan grande el desprecio de los gobernantes por estos derechos, que los pocos espacios de propiedad individual reconocidos institucionalmente están sometidos a restricciones dignas del más temprano feudalismo. Los nominales propietarios de algo están privados de algunos de los requisitos jurídicos que definen tal condición, a saber el uso, el disfrute y la disponibilidad de su presunta propiedad. ¿Acaso puede encontrarse otro país donde los extranjeros disfruten de prerrogativas económicas y empresariales que le son negadas a los nativos, quienes han sido relegados a la condición de asalariados mal remunerados?

La profusa aplicación del llamado "Índice de peligrosidad predelictiva", esa aberración jurídica mediante la cual, en juicios sumarísimos y con muy limitadas garantías procesales, son privados de libertad —por simple convicción moral o la interesada arbitrariedad de las autoridades— hasta por cuatro años ciudadanos que no han cometido delito alguno, puede ser la manifestación extrema y sin precedentes de la injusticia institucionalizada.

Sin dudas, cada acto de abuso de poder, cada atentado contra la dignidad humana, cada detención arbitraria, cada prisión injusta, deben constituir motivo de dolor y preocupación para todos los seres humanos y las instituciones sensibilizados y comprometidos con la causa de los derechos humanos.

Sin embargo, en el caso de Cuba, las carencias institucionales deberían bastar para garantizar el cuestionamiento permanente a un régimen, cuya esencia y existencia dependen de la anulación consuetudinaria de los derechos y las garantías de los gobernados, así como de las responsabilidades y obligaciones de los gobernantes.

Las ambiguas reseñas que los medios informativos nacionales proporcionaron sobre las sesiones del foro ginebrino, indican que, al menos esta vez, los representantes del régimen no lograron imponer con tranquila impunidad sus tergiversaciones y calumnias de siempre.

Trasladar el análisis del tema cubano, desde el ámbito de la estéril confrontación política y las escaramuzas coyunturales, a la valoración institucional, estructural y sistémica, puede contribuir a desbrozar el camino a una más eficaz contribución de la comunidad internacional a la recuperación, por parte del pueblo cubano, de la cultura y los derechos que merece y necesita

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