BARACUTEY CUBANO

Por Juan González Febles
Periodista independiente.
juanchogonzal@gmail.com


Lawton, La Habana, 12 de agosto de 2010, (PD) La institución más sólida y duradera entre lo poco que pudiera calificarse de medianamente eficiente, creado por el régimen inaugurado por la familia Castro en 1959, es el paredón de fusilamiento y la cárcel por motivos políticos.

Para entender a la Cuba gris de los últimos cincuenta y un años, es menester hacer parada obligatoria en el presidio político y la aplicación a capricho, con refinada crueldad, de la pena de muerte. El estado cubano se caracteriza por su deshumanizada crueldad dirigida contra sus adversarios políticos, dentro de un patrón identificable y definido de intimidación al resto de la población.

A pesar de esto, ninguna institución del estado tiene la prerrogativa de matar. Esta queda reservada al Comandante y en casos contados y excepcionales, a los Comandantes de la Revolución y por supuesto, al hoy presidente y general de siempre, Raúl Castro Ruz.

Prueba de ello lo constituye la existencia de prisioneros políticos bajo la rúbrica de Interés del Estado (IE). Por citar ejemplos, diremos que bajo este rubro estuvieron los comandantes Huber Matos y Eloy Gutiérrez Menoyo, el ex prisionero político Mario Chanes de Armas, los miembros del Grupo de los 75 y otros casos puntuales merecedores de esta distinción. Para tener IE en el expediente, sólo basta llamar la atención del Comandante, del general o de cualquiera de los ‘comandantes de la revolución’.

Sobre el poder de vida o muerte ejercido por Fidel Castro durante largas décadas, poco hay que decir, ahí tenemos el fusilamiento de tres jóvenes negros en 2003, cuando Fidel Castro entró en pánico y decidió dar un escarmiento aterrorizante a una para entonces levantisca población habanera.

En la actualidad, con más de un centenar de cubanos sancionados por motivos políticos de forma explícita, las últimas excarcelaciones (ilegales de acuerdo a derecho) que vieron y ven la luz sin quedar amparadas por indulto presidencial, amnistía o figura penal alguna reconocida por la ley, no son de fiar. Cuando digo que no son de fiar, me refiero a que los patrones de crueldad y maltrato en las cárceles cubanas, permanecen intactos y no existe compromiso institucional explícito para hacer cesar tales patrones o para que no se repita el mismo patrón de criminalización de la actividad política pacífica y de abuso en las prisiones cubanas.

Desde todos los confines de la Isla, recibimos continuas denuncias sobre violaciones flagrantes y abusos contra los derechos de los prisioneros. Es la norma cruel bajo la que se vive hace más de cinco décadas. Aleatoriamente escogimos unos ejemplos…

Pavel Hernández, un preso político que extingue injusta sanción en la Prisión Kilo 8 de Pinar del Río, relata la alucinante odisea de un recluso enloquecido por los malos tratos recibidos. Se trata de un activista opositor encarcelado a partir de un montaje de la policía de Seguridad del Estado y que ingresó en la cárcel sancionado por un supuesto delito de violación. Desde las brumas de su demencia, Miguel Rodríguez Sánchez nos dice cuanto es posible confiar en las promesas de un régimen como el cubano.

Otro caso que debió llamar la atención de todos y cada uno entre los que conceden votos de confianza al gobierno de Raúl Castro, lo constituye el denunciado por Ángel Moya Acosta. Moya es un prisionero político, declarado de conciencia por Amnistía Internacional. También es miembro del promocionado Grupo de los 75.

Nos cuenta que en la prisión Combinado del Este en La Habana, el preso común Wilfredo Navarro se encuentra en huelga de hambre en protesta porque según relata, fue encarcelado a partir de una manipulación de evidencias por parte de la policía. Según Moya denuncia, quien se declara en huelga de hambre es aislado, con la complicidad de los médicos y personal paramédico. En las peores condiciones que alguien pueda concebir, proceden a quebrar la voluntad del recluso. Si no lo consiguen, simplemente lo dejan morir. Recordemos a Orlando Zapata Tamayo.

En 1988, en una época en que la política no contaba entre mis intereses. Por un asunto de faldas y abuso de derechos ciudadanos, me vi colocado en medio de una elaboración y fabricación de evidencia criminal por parte de la policía de Seguridad del Estado. Luego de una temporada en Mazorra, me vi entre tres jueces somnolientos y un defensor abúlico, estaba acusado de desorden público y gritar ‘¡Abajo Fidel!’.

En aquel momento era inocente tanto del desorden público como de gritar ¡Abajo Fidel! Un seguroso a quien vi allí por primera vez, testificó falsamente en aquellos momentos. Sólo había ido a Villa Maristas para reclamar unos derechos que en aquel momento creía me pertenecían y nada más.

Terminé en la prisión Kilo 7 de Camagüey. Allí conocí a un selecto grupo de los que llaman ‘criminales endurecidos’. Comprendí entonces en qué país vivía. También que los criminales endurecidos, asesinos y asaltantes con quienes convivía, eran en cierto nivel de interacción humana, más decentes y mejores que los maleantes (uniformados o no) del Ministerio del Interior.

Esto fue definitivo para que desde ese momento, me dedicara, ya no a gritar “¡Abajo Fidel!”, sino a escribirlo de forma menos espectacular. A intentar hacer la vida un poco más difícil a estas personas de las que tan mala opinión tengo y de quienes tan malos recuerdos conservo. Espero hacerlo lo mejor que pueda el mayor tiempo que pueda. En la actualidad, no creo que haya nada mejor de que ocuparse. Los conozco de cerca, son peores y se van más allá de cualquier límite.

juanchogonzal@gmail.com