BARACUTEY CUBANO

Agotar las vías legales

Por Laritza Diversent
14 de Septiembre de 2010
La Habana


Desde hace meses, la Aduana Postal y Envíos (APE), entidad perteneciente a la Aduana General de la República (AGR), ha incrementado sus acciones ofensivas contra disidentes a quienes les aplica sanciones de decomiso sobre envíos precedentes del exterior. Personalmente, en menos de dos meses, la entidad estatal me ha impuesto la medida en dos ocasiones.

Los días 13 de julio y de agosto del presente año, el órgano perteneciente a la Administración Central del Estado me notificó, a través del servicio de Correos de Cuba, las resoluciones y el listado de artículos decomisados.

La primera, Resolución de Decomiso No 978 del 8 de junio, estaba firmada por Raimundo Pérez García, Inspector de Control de Aduana. La segunda, Resolución de Decomiso No 1209 de 29 de julio, rubricada por el agente aduanal del mismo cargo, Danny Samada Rivero.

En ambas disposiciones, Pérez García y Samada Rivero disponen la incautación al detectar, en la inspección física del envío, que su contenido atentaba contra los intereses generales de la nación. Ambos agentes se ampararon en la Resolución No 5-96, del Jefe de la AGR, para justiciar legalmente las medidas.

La Resolución No. 5 de la AGR, vigente desde 1996 y dictada por el General de Brigada Pedro Ramón Pupo Pérez, permite la aplicación en el territorio nacional del convenio internacional sobre la represión de la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas. Dispone, además, que los productos decomisados se entreguen al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

Los inspectores de Control de Aduana, sin embargo, omitieron explicar en qué modo afectaban los artículos importados los intereses generales de la nación. La mayoría —productos de aseo, sanitario y de oficina, de uso generalizado, doméstico y cotidiano— está en venta en los establecimientos comerciales estatales y en las tiendas recaudadoras de divisa, dentro del territorio nacional.

( Paquetes en el aeropuerto de La Habana. Agosto de 2010. (REUTERS))

Mi caso no es excepcional. Varios disidentes, entre los que se encuentra la periodista independiente Aini Martin; Yusnaimy Jorge Soca, esposa del médico y prisionero de conciencia Darcy Ferrer Domínguez; y la autora del blog Generación Y, Yoani Sánchez, han reportado el decomiso de envíos por este organismo estatal. La mayoría de ellos, por desconocimiento de la ley, no han hecho valer sus derechos, cuando legalmente se puede apelar la arbitraria decisión de la APE.

Demandas y recursos

A finales de julio, interpuse recurso de apelación ante el jefe de Aduana Postal y Envío, solicitando la anulación de la primera resolución decomiso. Recibí respuesta el pasado 17 de agosto, a través de Correos de Cuba. Se me notificó la Resolución de Apelación No 231 de 2010, que declara sin lugar su pretensión.

En la resolución, el funcionario, Raúl Gómez Badía, máxima autoridad del organismo estatal actuante, considero correcta la medida aplicada por el inspector aduanal, Raimundo Pérez García. La decisión agota la vía administrativa y abre la judicial.

Mi próximo paso será interponer una demanda ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana contra la Resolución de Apelación No 231 de 2010, firmada por Raúl Gómez Badía, jefe de Aduana Postal y Envío, quien consideró correcta la aplicación de la sanción administrativa de decomiso interpuesta por el inspector aduanal, Raimundo Pérez García.

En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) existen medios para reclamar en la vía judicial contra las disposiciones de carácter general y las resoluciones de los Organismos de la Administración Central del Estado que vulneren derechos legalmente establecidos

Respecto a la segunda sanción de decomiso, interpondré recurso de apelación ante al Jefe de APE, exigiéndole que declare improcedente la incautación y declare como arbitraria la decisión del inspector aduanal Samada Rivero. Si mis pretensiones no son satisfechas, exigiré justicia ante los tribunales.

Sobran ejemplos en la legislación nacional para afirmar que la ciudadanía cubana está en una situación de indefensión ante los actos del gobierno. La Resolución aduanal 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no define cuáles protege. Se trata de una generalidad que permite a las autoridades interpretar y aplicar las disposiciones legales de acuerdo a sus intereses políticos.

Un ejemplo de que no todos somos iguales ante la ley. Disentir puede traer como consecuencia que el Estado te aplique de forma ilegal sus normas, las que utiliza como un medio para reprimir y asfixiar a sus oponentes. Sin embargo, no es suficiente denunciar. Es necesario agotar los recursos legales, para de alguna manera enfrentar y demostrar el exceso de poder de la administración castrista.