BARACUTEY CUBANO

Reajuste económico versus derechos


Por Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - El gobierno lanzó recientemente su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobado en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para celebrarse en abril de 2011. Al parecer, en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos continuará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba, el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar “subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas”, pero no se mencionas las garantías ciudadanas frente al poder de una administración que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La estrategia ya ha sido puesta en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tienen como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado socialista”, en la protección de los trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de éstos.

Frente a esos excesos de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas tienen la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos masivos y cuestionar la capacidad de los trabajadores para el puesto que ocupen, alegando “falta de idoneidad”.

El obrero, como único recurso de defensa, cuenta con un órgano de justicia laboral de base, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide, o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directas del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga, y las manifestaciones se permiten sólo si son organizadas por el Estado o las organizaciones para gubernamentales llamadas “organizaciones de masas”. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del Estado socialista.

Evidentemente, los derechos ciudadanos no están en la lista de prioridades del Estado. El reajuste económico busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.