BARACUTEY CUBANO

Basta de criminalizar la actividad cívica ciudadana

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Mientras el Gobierno cubano viola los derechos constitucionales, la sociedad civil los hace valer.

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Por Marlene Azor Hernández

Ciudad de México

08 Feb 2021

El Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores y activistas de derechos humanos y los periodistas independientes hacen lo mismo que las sociedades civiles del resto del mundo: luchar por sus derechos.

Sin embargo, criminalizar la actividad ciudadana en Cuba ha sido la orientación del Gobierno y de sus órganos represivos en los últimos 62 años. Decenas de miles de ciudadanos de todos los sectores sociales han sido reprimidos por defender sus derechos ciudadanos. Desde el vendedor ambulante a los profesores y estudiantes universitarios, desde los campesinos a los ciudadanos de a pie profesionales y no profesionales. El irrespeto a los derechos ciudadanos está "normalizado" por las autoridades.

Antes de la existencia de internet en la Isla —recordar que solo desde diciembre de 2018 existe la posibilidad de acceso a la red a través de teléfonos móviles, y que solo algunos ciudadanos tienen acceso desde sus casas—, la represión ha sido individual y grupal, siempre en secreto, para impedir la defensa de sus derechos a los ciudadanos cubanos. Hoy, solo el 33% de esos ciudadanos tiene acceso a internet, según cifras de la prensa oficial.

Contrariamente a las explosiones sociales en el resto de América Latina, los activistas cubanos no han prendido fuego al sistema público del metro o han incendiado edificios públicos o religiosos. Los activistas cubanos de la sociedad civil independiente son pacíficos y manejan los símbolos patrios y el distanciamiento por el Covid-19 de manera mucho más eficiente y con responsabilidad cívica que el presidente designado y los órganos represivos en el país, que han roto todas las cuarentenas y las medidas de distanciamiento para reprimir a la población.

La sociedad civil independiente ha avanzado en el conocimiento de sus derechos, a pesar de la prohibición gubernamental a que se conozcan y se debata el tema en la opinión pública. En ese sentido, el Gobierno ha llegado a quemar en pira fascista y a confiscar ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 2016 quemó los que repartían las Damas de Blanco —se oyó la voz de un funcionario público gritar "¡Abajo los derechos humanos!"—, y le confiscó en aduana 64 ejemplares al pastor Mario Félix Lleonart.

En febrero del 2019 fue aprobada por el Gobierno —en referendo contabilizado a puertas cerradas— la nueva Constitución de la República. Sin embargo, una ley complementaria como la de Revocación de mandatos, ya aprobada por el Parlamento, anula la posibilidad de pedir la dimisión de cualquier funcionario público a nivel municipal, provincial y nacional, invalidando el derecho a la revocación de todos los representantes que aparece en la Constitución en su Artículo 80.

Si los operadores del derecho en Cuba permiten y generan la violación a los derechos constitucionales, y no se sujetan a la ley y la jerarquía constitucional, la sociedad civil hace suyos esos derechos, acción cívica legal en cualquier país del mundo.

Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido arrestar a los que entregan peticiones al Parlamento. Así hizo con Enix Berrio Sardá en mayo de 2020, cuando el abogado presentó la petición ciudadana de eliminar varios artículos del Decreto-ley 370, conocido como Ley Azote; y ahora con la curadora de arte Carolina Barrero, después que presentará la petición de la revocación del ministro de Cultura.

La respuesta gubernamental de arrestar y hacer interrogatorios prolongados a los ciudadanos pacíficos que ejercen su derecho a la manifestación es un acto ilegal e impune de los órganos represivos del país.

Por otra parte, desde el 27 de noviembre pasado, el Gobierno, a través de su prensa oficial y de la televisión nacional del partido único, ha sistematizado la criminalización de la acción ciudadana con asesinatos de reputación contra los integrantes del Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N.

Cuba es un Estado parte de la organización internacional de Naciones Unidas, y ese miembro elegido para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Con sus sucesivas oleadas represivas, difundidas ahora gracias a la pequeña apertura de internet, el Gobierno coloca así a la diplomacia internacional en un serio aprieto.

No hay ninguna justificación ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ante Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ni ante el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden —todos en favor del diálogo con el Gobierno cubano—, para seguir criminalizando la participación ciudadana en Cuba, violando los derechos constitucionales de la República.

El Gobierno cubano ha coloca a la diplomacia internacional en una posición política y moral irresoluble y contraria a los valores de cada uno de sus actores. Veremos si estos reaccionan con sujeción al derecho internacional que representan.

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