BARACUTEY CUBANO

Las turbas, el Estado de derecho y el caso Chauvin

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El caso Chauvin será una prueba seminal del nivel de intoxicación de Estados Unidos con el “debido proceso” de la política de identidad socialista

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Por Julio M. Shiling 

04.09.21

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El Estado de derecho es una parte innata e indispensable de una democracia. La aplicación de la justicia es un complemento fundamental de ese principio democrático de igualdad, donde la manifestación arbitraria del poder o el capricho de cualquier individuo o grupo no tienen cabida en una república constitucional. 

En los casi once meses transcurridos desde la muerte desafortunada de George Floyd, la política pública y empresarial se ha guiado, no por la razón, la lógica o incluso la justicia, sino por una genuflexión ante las maniobras violentas y matonescas de las turbas que exigen un derrocamiento del sistema, siguiendo las directrices prescriptivas del marxismo impulsado por la política de identidad (marxismo cultural o neomarxismo) ¿Puede el acusado principal de la muerte de Floyd recibir un juicio justo en los Estados Unidos de hoy?

El Estado de derecho y un juicio justo

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis e imputado principal, ha sido acusado de asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado en relación con la muerte de Floyd. El juicio comenzó el 29 de marzo y se espera que dure aproximadamente cuatro semanas. Dado que Chauvin no tiene antecedentes penales y dada la naturaleza de las acusaciones penales formuladas, los cargos no conllevarían una pena de prisión capital o de por vida, en caso de ser declarado culpable. 

El incidente de Floyd es un atolladero. Los documentos judiciales que contienen dos memorandos fechados el 26 de mayo y el 1 de junio de 2020, afirman que el Dr. Andrew Baker, el médico forense jefe del condado de Hennepin, interpretó que la víctima (Floyd) murió como resultado de una sobredosis de fentanilo y que no había ninguna prueba o “evidencia física concluyente de que el Sr. Floyd murió por asfixia”, como informó Fox9, con sede en Minneapolis. El Dr. Baker añadió además que el nivel de fentanilo de Floyd en el momento de su muerte estaba en un punto potencialmente “mortal”.

Además, había pruebas de su reciente consumo de metanfetamina, así como el hecho de que estaba infectado por COVID-19. El médico forense no encontró ningún signo de traumatismo importante o “potencialmente mortal” en el cuerpo. Los cortes y las abrasiones fueron las únicas lesiones físicas sufridas por Floyd que pueden atribuirse al esfuerzo de la policía por someter al sospechoso después de que se resistiera y desafiara la detención. Se descubrió una costilla rota, pero fue obra de los trabajadores de emergencias médicas que intentaban reanimar a Floyd en el hospital.

En cualquier país en el que existan garantías procesales libres y justas, un caso como éste tendría un listón muy alto que alcanzar para producir un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, la saliencia de la jurisprudencia americana y la solidez de sus instituciones, ya no son lo que eran. Una nación que se deja llevar por los disturbios, los asesinatos, el vandalismo y los incendios provocados por turbas inspiradas en el odio comunista, como “Black Lives Matter” (BLM) y “Antifa”, que han dado lugar a cientos de actos ilegales de terrorismo doméstico, no puede contar con la defensa de la justicia en ningún tribunal.      

Maya Echols, modelo contratada y activista de BLM, advirtió descaradamente que Minneapolis sufriría disturbios y vandalismo, el modus operandi habitual de BLM, si Chauvin no es declarado culpable. Kelly Campagna (@warriorwoman91), directora de medios sociales conservadores de la Convención de Estados, incluyó recientemente en un tuit un vídeo de Tiktok sobre el desvarío de Echols. La observación de Campagna en el tuit citado daba en el clavo: “‘Justicia’ aparentemente significa ahora que la gente se amotina en la calle si no consiguen la condena que quieren…” Echols no ha sido el único miembro de BLM que ha alabado los disturbios y la violencia como un mecanismo necesario para abordar los agravios percibidos.

Ashley Gantt, una agitadora militante de BLM de Rochester, Nueva York, pronunció desafiantemente una truculenta diatriba en la que dijo: “No me importa si toda la ciudad arde. Necesitamos justicia”. Pronunciamientos como estos representan las normas ideológicas establecidas para los grupos marxistas subversivos como BLM y Antifa, aunque su liderazgo y otros apologistas dentro de la comunidad de la intelectualidad, pueden redactarlo en formas más pulidas y guionizadas. “Si hubo saqueos”, añadió Gantt, “si hubo cosas en llamas, eso no es lo importante. Lo importante es por qué suceden estas cosas”.

Es fundamental señalar que todos los regímenes comunistas, todos y cada uno de ellos, tienen interpretaciones deformadas de la “justicia”. En Rusia, China, Tíbet, Cuba, Venezuela, Nicaragua y, tristemente, en muchos otros países comunistas se han llevado a cabo graves crímenes de lesa humanidad en nombre de la ejecución de la “justicia”.

El caso Chauvin será una prueba seminal del nivel de intoxicación de Estados Unidos con el “debido proceso” de la política de identidad socialista.   

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