BARACUTEY CUBANO

La arrogancia y el error

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El autor responde a Haroldo Dilla, en polémica sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria, a propósito de las manifestaciones estudiantiles en Chile.
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Por Carlos Alberto Montaner

Miami

10 Jul 2013

El profesor Haroldo Dilla, exiliado cubano radicado en Santo Domingo, discrepa de mis ideas sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria expresadas a propósito de las manifestaciones estudiantiles en Chile. Su texto, La ignorancia y el cinismo, puede consultarse en 7días.com   . Se trata de un periódico digital dominicano que posee, me dicen, una extensa difusión.

Es la cuarta polémica que sostengo con otros tantos cubanos últimamente. No me quejo, porque, como decían los campesinos en sus controversias rimadas, "me dan pie para la décima". La primera fue con el periodista radial Edmundo García, la segunda con el cantautor Silvio Rodríguez y la tercera con el profesor Arturo López-Levy. Todas pueden localizarse en la red. Los tres primeros encarnaban diversas posiciones del oficialismo cubano. Ahora surge este inesperado intercambio con el economista Haroldo Dilla, exiliado en República Dominicana.

El tema que se debate

En efecto, como irrita al profesor Dilla, creo que es inmoral que el conjunto de la sociedad afronte las responsabilidades económicas de unos pocos adultos, generalmente pertenecientes a las clases medias y altas del país, que luego se beneficiarán del ejercicio de las profesiones alcanzadas.

Como escribí en "La buena educación", me parece más razonable y justo que el Estado invierta los escasos recursos de que dispone en mejorar notablemente la enseñanza pre-escolar, primaria y secundaria, cuando los niños y adolescentes todavía no han sido declarados adultos responsables, porque es en esa etapa de la vida cuando se crean el carácter, los hábitos y los valores que los van a acompañar hasta su muerte.

Es en esa fase, además, donde están presentes prácticamente todas las personas, y no el porcentaje minoritario que accede a las universidades (desde el 51% en Canadá hasta el 3% en África subsahariana, con un promedio planetario de algo menos del 7%). Si de lo que se trata es de preparar a los ciudadanos para que puedan competir y sobresalir, es en los primeros años donde es más útil poner el acento.

Naturalmente, si la sociedad fuera inmensamente próspera y el Estado igualmente rico, no habría que elegir. Teóricamente, se podría subsidiar a todos, todo el tiempo, siempre que existan suficientes riquezas. Solo que ese panorama es muy poco frecuente y, cuando existe, como sucede en algunos pozos de petróleo con himnos y banderas del Medio Oriente, las marginaciones son de carácter religioso. En algunos de esos países el todos no suele incluir a las mujeres.

Simultáneamente, el profesor Dilla rechaza mi conformidad con que esos estudios universitarios también puedan ser actividades lucrativas, como suele ocurrir con la enseñanza primaria o secundaria, zona de la educación donde proliferan las buenas escuelas privadas. Dilla comparte con muchos religiosos el rechazo a la obtención de beneficios producidos por una ocupación a la que le confiere una majestad especial. 

Le escandaliza que una persona, o un grupo de inversionistas, arriesguen sus capitales y su tiempo fomentando una actividad empresarial dedicada a transmitir conocimientos a alumnos universitarios que libremente han decidido pagar por ellos porque los encuentran adecuados. Dilla prefiere obligar al conjunto de la sociedad a que sufrague los costos que eso implica.

Por supuesto, no estoy en contra de que exista enseñanza universitaria pública, pero me parece incorrecto que sea gratuita. Defiendo que conviva con otras expresiones de la docencia: universidades privadas con y sin fines de lucro, o regidas por cooperativas, sectores empresariales o sindicatos. La pluralidad y la diversidad siempre son buenas para la educación.

Desde hace años tengo alguna vinculación académica con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que me honró nombrándome Profesor Visitante. Esa universidad es una empresa o institución con fines de lucro, y me consta que es una de las buenas instituciones de educación superior del país. Fue allí donde pude desarrollar un curso sobre los orígenes y características de nuestro continente, que luego apareció publicado en dos volúmenes: Los latinoamericanos y la cultura occidental y Las raíces torcidas de América Latina.

La UPC educa a unos 30.000 estudiantes en 9 facultades y 30 carreras. Forma parte de un consorcio global llamado Laureate International Universities que posee y opera 76 universidades en 27 países. Los accionistas de esa multinacional ganan dinero vendiendo buena educación a más de 600.000 universitarios en diferentes países del mundo, actividad que me parece absolutamente meritoria. Como cualquier otro empresario, deben cuidar la calidad y los precios para sobrevivir en el mercado. (Aclaro que no tengo el menor interés económico en esa empresa.)

Esta operación, permitida por la inteligente y franca legislación peruana, me parece mucho más limpia y transparente que las universidades privadas, aparentemente sin fines de lucro, que disfrazan la obtención de beneficios por medio de sofismas o contabilidad creativa.

Entiendo, claro, pero no lo justifico, que esa trampa es el resultado de que, en casi todos los países, existe la superstición de que las actividades universitarias no deben rendir beneficios o, si los producen, estos deben reinvertirse en la propia actividad.

A mi juicio, una universidad privada creada con fines de lucro, como sucede con muchas escuelas de niveles inferiores, o con centros que ofrecen servicios médicos, pueden y deben ser empresas sujetas a los mismos riesgos y responsabilidades que cualquier otra actividad concebida para obtener beneficios a cambio de prestar un servicio.

En ese caso, no deben tener ventajas fiscales ni privilegios de ningún tipo. Tampoco suelen poseerlos los laboratorios farmacéuticos, y no creo que nadie ponga en duda la importancia que estos tienen, nada menos que para la preservación de la vida.

En cuanto al costo de la educación, como he escrito en el artículo citado, creo que el Estado debe avalar los préstamos que necesita el adulto para educarse, si este no dispone de ahorros o suficiente patrimonio personal. Y, como sucede con cualquier otro bien, puede esperarse que, además del educando, la familia se comprometa con la devolución del préstamo. Si los padres no tienen fe en el estudiante, ¿por qué debe creer el resto de la sociedad?

Por otra parte, es razonable que los liberales, que sostienen las virtudes de la meritocracia, propugnen que se otorguen becas a los buenos estudiantes. Premiar a los mejores, siempre que sean elegidos con criterios imparciales, es algo absolutamente recomendable para que se propague el ejemplo y se eleve el nivel general de la educación.

Otro de los argumentos del profesor Dilla, en el que lleva cierta razón, pero poca, y la poca que tiene no le sirve de mucho, es cuando alega que la educación es un "derecho", algo que aparece consignado en numerosas constituciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita (y escasamente respetada) por todos los países miembros de la ONU.

Es verdad, pero el hecho de que exista un derecho, no quiere decir que sea necesariamente gratuito. Casi todos los textos legales hablan del derecho a la propiedad privada, mas eso no implica que el Estado debe regalarles una casa o un automóvil a los ciudadanos. Desgraciadamente, hay cientos de millones de personas que viven en países en donde existe el derecho a la propiedad privada, pero solo son dueños de la sombra que pisan.

También existe el derecho a la libertad de expresión, lo que no garantiza que el Estado debe proporcionar el medio de ejercerlo. Simplemente, quiere decir que no se puede privar a nadie de esta posibilidad si tiene los medios para realizar esa tarea.

En todo caso, creo que cuando se habla de derechos económicos, o derechos a ciertos servicios o condiciones de vida, se confunde la palabra "derecho" con la expresión "aspiración legítima", generalmente por razones de despreciable demagogia política.

Hablar del "derecho a la educación", como del "derecho a una vivienda digna", un "trabajo bien remunerado" o a "servicios de salud", es crear una dudosa expectativa que tiene muy poco que ver con la realidad.

Para dotar de educación y servicios de salud a una comunidad hay que crear y acumular riquezas. ¿Cómo puede convertirse en un "derecho" un servicio que cuesta una cantidad de recursos que acaso no tenemos hoy  y se corre el riesgo de tampoco poseerlos mañana?

Para ofrecer un empleo bien remunerado hace falta una empresa, generalmente que agregue bastante valor a la producción, y que, encima, obtenga beneficios. ¿Qué sucede si no existen o no se crean esas empresas? ¿Qué debe hacer el trabajador desempleado? ¿Denunciar en el juzgado de guardia al Presidente y a sus Ministros por violar sus derechos?

Naturalmente, el Estado puede asignarle arbitrariamente un salario al desempleado, como hacen en los estados asistencialistas-clientelistas. O puede nombrar a esa persona en una empresa que no lo necesita, como hasta hace poco hizo el Gobierno cubano.

En los años setenta del siglo XX, en Venezuela, el primer Carlos Andrés Pérez creó 50.000 empleos de un plumazo. ¿Qué hizo? Obligó a que cada ascensor, aun los automáticos, fuera operado por un ascensorista absolutamente innecesario. Ese, obviamente, es un camino corto y estúpido hacia el empobrecimiento colectivo, aunque también es una manera de cumplir con el "derecho al trabajo".

La cuestión personal

Hasta este punto, el planteamiento del profesor Haroldo Dilla me parece un debate importante. Encapsula dos visiones diferentes sobre el gasto público y la misión del Estado que divide al planeta desde que en 1776 el  escocés Adam Smith, esencialmente un profesor de ética, publicó su extraordinario Indagación sobre la riqueza de las naciones, libro que sentó las bases teóricas para desmontar el mercantilismo, sistema económico propio del Antiguo Régimen que tanto parecido tiene con los rasgos principales de los estados neopopulistas de nuestros días.

De entonces a hoy, esa discusión se ha ido enriqueciendo con mil nuevos argumentos y experiencias. Hay, incluso, hasta un gracioso debate cantado en versión de reguetón entre Hayek y Keynes que puede encontrarse fácilmente en la red. Vale la pena verlo y escucharlo en YouTube porque es muy divertido.

Sin embargo, dada la trascendencia del tema, lamento que el señor Dilla personalice la cuestión y rebaje la calidad de sus razonamientos llamándome "ignorante, alguien que opina sobre lo que no conoce, ofende a sus adversarios y hace de su ideología un credo fanático". Por supuesto, no voy a responder en el mismo plano. No me interesa tratar de herirlo en su amor propio o defenderme de sus ataques.

Hace muchos años, leyendo a Albert Ellis, entendí que no tiene la menor importancia real lo que los demás piensen de ti, especialmente si no existe un trato personal que justifique el juicio.

No deja de ser una tontería suponer que muchas o todas las personas deben admirarte o quererte. Probablemente, no lo sé, las vagas noticias que acaso el señor Dilla tuvo y tiene de mi existencia, fueron por cuenta del aparato de difamación de la dictadura cubana.

En Granma, como explico en el libro El otro paredón, me describen como un peligroso terrorista y espía de la CIA, dos acusaciones absolutamente falsas y ridículas con las que ese régimen lleva muchos años intentando (inútilmente) silenciarme mediante la destrucción de mi reputación.

Por mi parte, creo que nunca he conocido personalmente a Dilla y no tengo criterio sobre su persona. He leído algunos artículos suyos que me han gustado y otros que me han parecido parcialmente equivocados o disparatados.

Me han dicho que fue miembro de la juventud o del partido comunista cubanos, algo que no me consta, pero ese dato, de ser cierto, no lo hace mejor ni peor. Lo mismo sucede con los exnazis, los exfascistas y los expinochetistas. La militancia es cuestión de ideas. Lo que importan son las acciones.

Siempre hay tiempo y espacio para rectificar los errores juveniles, mientras no se tengan las manos manchadas de sangre, y no hay ninguna evidencia ni sospecha de que Dilla haya participado directamente en la represión y la violación de los Derechos Humanos de nadie cuando formaba parte de esa lamentable dictadura, aunque fuera lateralmente y en los estribos del poco influyente aparato académico cubano.

Supongo, por el tono de sus escritos, y porque, finalmente, acabó exiliado, que le parecía repugnante la atmósfera de terror que se vivió en la universidad cuando él estudiaba, o cuando era profesor y veía cómo expulsaban y perseguían a algunos de sus compañeros por ser homosexuales o creyentes, y hasta convocaban a actos de repudio para ofenderlos y humillarlos antes de echarlos a la calle condenados a una especie de cruel ostracismo moral.

Alguien, como él, que cree que la universidad debe tener las puertas abiertas, debió sufrir como una gran afrenta la política excluyente por razones ideológicas de esa institución ("la universidad es para los revolucionarios"), aunque no tengo información de que haya manifestado públicamente su descontento por estos atropellos cuando era estudiante, o luego cuando le tocó participar del claustro de profesores.

Si defendió a las víctimas, debe aplaudírsele. Si calló y otorgó, le cabe algún grado de responsabilidad moral en toda esa barbarie, aunque no seré yo quien se lo eche en cara. No es ese mi papel. Creo que dio un buen paso cuando abandonó al régimen, y ya se sabe que las dictaduras totalitarias contienen este deprimente factor de contaminación general que las hace especialmente repulsivas.

Más que regímenes distintos, las revoluciones totalitarias son un gran charco de inmundicias en el que deben chapotear los partidarios para poder sobrevivir, ascender y mantenerse. Romper con ese lodazal es siempre meritorio y merece aplauso, aunque algunas personas queden parcialmente percudidas y psicológicamente afectadas, especialmente si tienen conciencia crítica. 

Más curioso me resulta, en cambio, que siga siendo marxista, pero ni siquiera eso, a mi juicio, lo descalifica en el orden personal, pese a lo que implica de terquedad intelectual frente a la experiencia de sus propias vivencias en la marxista "dictadura del proletariado" del manicomio cubano, a lo que se agrega un siglo de barbarie, cien millones de muertos a lo largo del siglo pasado, veinte fracasos en todas las culturas y situaciones y bajo toda clase de líderes. Sencillamente, como dicen en España los más barrocos, hay "personas inasequibles al desaliento", o, como ratificaba el torero, "hay gente pa' to".

Al fin y al cabo, he conocido seres magníficos y extraordinariamente inteligentes que son espiritistas, partidarios de Sai Baba o convencidos de que no hay mejor guía de conducta que la Cábala, ni mejor modo de pronosticar el futuro que el I Ching. Todos las creencias sobrenaturales son respetables, aun aquellas que no saben que lo son. Finalmente, me parece que el profesor Dilla escribe bien y eso es de agradecer.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.

El liberalismo

La primera aclaración es que eso que el señor Dilla llama "el neoliberalismo" como dogma ideológico, un método parecido al marxismo, sencillamente, no existe. Hay algunas creencias básicas, extraídas de la experiencia y del juicio moral, a lo que llamamos liberalismo, pero nada más.

No sé con cuántas de ellas el señor Dilla está en desacuerdo, pero le anoto las ocho más importantes para que él, si lo desea, explique por qué las rechaza:

•     Situamos la libertad a la cabeza de nuestros valores y prioridades, y la definimos como el derecho a tomar decisiones individuales sin la coerción del Estado o de otros grupos poderosos.

•     Creemos que la responsabilidad individual es la contrapartida ineludible de la libertad individual. No puede haber ciudadanos libres si no son, al mismo tiempo, responsables de sus actos.

•     Sostenemos que existen derechos naturales que no pueden ser abolidos por el Estado o por grupos poderosos. Entre ellos, existe el derecho a la propiedad privada, ámbito, por cierto, en que mejor puede preservarse la libertad individual.

•     Proponemos la existencia de un Estado limitado por un orden constitucional universal, que no favorezca a persona o grupo alguno, que establezca la separación y balance de poderes, fundamentalmente dedicado a proteger los derechos individuales, preservar la paz e impartir justicia.    

•     Suponemos que la posibilidad de crear riquezas se logra con mayor intensidad, eficiencia y justicia en el seno de la sociedad civil, aunque no descartamos la responsabilidad subsidiaria del Estado.

•     Exigimos la absoluta transparencia de los actos públicos y la constante rendición de cuentas. Para los liberales, el Estado es o debe ser un conjunto de instituciones libremente segregado para beneficio de las personas. Los empleados públicos, desde la cabeza hasta el más humilde, son nuestros servidores y han sido elegidos para obedecer la ley.

•     No creemos en las virtudes de la igualdad de resultados, sino en la de igualdad de oportunidades para luchar por conquistar el tipo de vida que libremente escogemos. De ahí que el método natural de selección de los liderazgos entre los liberales esté basado en la meritocracia, aunque sabemos que ella conduce a la desigualdad.

•     Aceptamos que la democracia representativa es el método menos ineficiente que se conoce para tomar decisiones colectivas en el ámbito público, y estamos de acuerdo en que las elecciones periódicas y limpias entre partidos diferentes que compiten por el poder y se alternan y vigilan en el ejercicio de la autoridad, es un modo razonablemente adecuado de organizar la convivencia, siempre que se respeten los derechos individuales plasmados en la constitución y las leyes.

El liberalismo en el terreno de las medidas de gobierno

Al margen de esos principios fundamentales que unifican a los sectores liberales, la experiencia de los últimos dos siglos ha ido decantando ciertas ideas, proposiciones y posturas de carácter económico que me imagino que horrorizan al señor Dilla o provocan su rechazo intelectual, pero, como en el caso anterior, sospecho que los lectores querrán saber por qué se opone a ellas con tanta vehemencia. A continuación consigno las doce medidas de gobierno más populares entre los que nos consideramos liberales:

•     Suponemos que el libre mercado, a juzgar por la experiencia, es mucho más eficiente que la planificación centralizada desde el Estado para asignar recursos y crear riqueza.

•     Impulsamos la defensa del libre comercio frente al proteccionismo.

•     Propugnamos la apertura al comercio internacional y la inversión extranjeras.

•     Proponemos la existencia de un Estado reducido que haga pocas tareas, pero que las haga bien, y ponga el acento en impartir justicia y en cuidar la vida y la seguridad de las personas.

•     Rechazamos los déficits fiscales, el endeudamiento excesivo y a la impresión de dinero "inorgánico", políticas todas que conducen a la inflación y al empobrecimiento colectivo. Es decir defendemos la moderación y la austeridad en el terreno macroeconómico.

•     Suponemos que es preferible un nivel bajo de presión fiscal para que la sociedad civil disponga de mayores recursos para crear riquezas.

•     Tenemos la convicción, derivada de la experiencia, de que el Estado es un pésimo empresario, corrupto y malgastador, y, por lo tanto, es preferible privatizar el aparato productivo que tiene en sus manos.

•     Dentro de ese espíritu, preferimos, cuando sea posible, la opción de la "tercerización" de servicios públicos antes que aumentar la burocracia.

•     Rechazamos, en general, los subsidios, por ser una fuente de corrupción y clientelismo, y porque convierten el asistencialismo en el instrumento de grupos de poder que perpetúan la pobreza y convierten a los necesitados en su base electoral.

•     Favorecemos la toma de decisiones de las personas mediante vouchers, antes que colocar esas decisiones en manos de los burócratas del Estado para que decidan cómo, cuándo y qué deben consumir los individuos o cómo alcanzamos la felicidad.

•     Optamos por desregular cuando las normas entorpecen la creación de riquezas, pero regular cuidadosamente para garantizar la competencia, la transparencia y el fair play.

•     Junto a los teóricos de la creación de "capital humano" y "capital cívico", dos nociones propuestas y muy analizadas por los pensadores liberales, creemos en la importancia extraordinaria de la educación, especialmente en los primeros años, cuando, como he señalado antes, se forjan el carácter, los hábitos y la escala de valores.

Como el señor Dilla me considera un ignorante (y seguramente lo soy, puesto que las cosas que sé son infinitamente menos que las que ignoro); y aunque no soy dado a respaldar mis posiciones con opiniones de autoridad (me parece un dudoso procedimiento para imponer las ideas extraído del método escolástico), advierto que estas doce amplias proposiciones, a las que probablemente se oponga el señor Dilla, porque tienen el tufo de lo que él llama neoliberalismo, cuentan con el respaldo parcial de una notable pléyade de pensadores e intelectuales calificados como liberales, entre los que, a vuela pluma, puedo citar a la siguiente docena de Premios Nobel de Economía: Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan, Douglass North, Robert Lucas, Robert Mundell, Edmund Phelps, Edward C. Prescott, Amartya Sen, Robert W. Fogel y Ronald H. Coase. No es conmigo, sino con ellos con quienes debe debatir estas cuestiones que él domina con tanta certeza dado que, felizmente, no es un ignorante.

Asimismo, a los efectos del debate, sería útil que explicara por qué el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo suelen recomendar  todas o algunas de estas medidas como expresiones del buen gobierno, o por qué, en Maastricht, cuando los países europeos fueron a adoptar una moneda común, el euro, crearon un marco de referencia bastante ajustado a este recetario liberal que describía a los Estados bien gobernados.

El regreso de la sensatez liberal

¿Cómo llegaron los liberales, o muchos de ellos, a proponer esas medidas de gobierno y, en algunos casos, a llevarlas a la práctica exitosamente? Básicamente, por el fracaso continuado de los planteamientos contrarios.

El profesor Dilla yerra o no sabe lo que dice (con perdón) cuando afirma que: "El neoliberalismo [sic] es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de Pinochet en Chile —con sus asesinatos, desapariciones y torturas— fue un ejemplo trágico".

Es asombroso que una persona bien informada, como pretende ser el profesor Dilla, ignore que las mayores y más exitosas reformas liberales del Estado en el siglo XX han sido llevadas a cabo en democracia, con el consentimiento de las mayorías y con arreglo a la ley.

Lo dice con bastante claridad Fareed Zakaria: "Cuando Thatcher llegó al poder, la vida del británico promedio era una serie de interacciones con el Estado: el teléfono, gas, electricidad, agua, los puertos, trenes y aerolíneas pertenecían y eran administrados por el gobierno, así como también las empresas siderúrgicas y hasta Jaguar y Rolls-Royce. En casi todos los casos esto llevaba a la ineficacia y la esclerosis. Tomaba meses el llegar a tener instalada una línea de teléfono en el hogar. Las tasas impositivas marginales eran muy altas, llegando hasta el 83%".

¿Qué hizo Margaret Thatcher? Sigamos con Zakaria: "Privatizó 50 empresas y los gobiernos de Europa, Asia, América Latina y África siguieron el mismo curso. Los impuestos se recortaron en todos lados. La tasa impositiva marginal más alta de la India en 1974 era de 97.5%. Hoy la tasa más alta es del 40%. En EEUU en 1977, los impuestos sobre las ganancias del capital y dividendo eran del 39,9%; en 2012 la tasa era del 15% (…) Esos cambios se han llevado a cabo bajo gobiernos conservadores, liberales y hasta socialistas. Como declarara Peter Mandelson, arquitecto del ascenso del partido Laborista en los años 90: Ahora todos somos thatcheristas".

Los neozelandeses, autores de una ejemplar reforma liberal, a finales de los años ochenta, hundidos por el peso del estatismo y el lastre de la fantasía del Estado de Bienestar, más pobres que España en ese momento, decidieron jugar la carta de la apertura económica, y en menos de una década le dieron la vuelta a la situación. ¿Cómo? Reduciendo los subsidios, eliminando los contratos de trabajo sectoriales, liberalizando las relaciones laborales, reduciendo los impuestos y desregulando muchas actividades económicas. Y lo interesante es que esa reforma liberal no la hizo la derecha, sino los laboristas, porque esas políticas públicas que escandalizan a los neopopulistas pertenecen al ámbito del sentido común y de la experiencia.

Le haría bien al profesor Haroldo Dilla leer los papeles del exdiputado sueco Mauricio Rojas sobre la realidad de su país de adopción, especialmente su libro Reinventar el Estado de Bienestar. Rojas, que llegó a Suecia como un exiliado chileno que huía del pinochetismo, entonces convencido de las ventajas del estatismo, poco a poco se transformó en liberal. ¿Por qué? Porque fue testigo del peligroso descalabro del mítico modelo socialista sueco cuando, en 1993, el gasto público alcanzaba el 72,4% del PIB y la inflación y el desempleo se dispararon. ¿Qué hicieron para salvar la situación? Según Rojas, liquidaron el monopolio estatal sobre la provisión de servicios abriéndose a la empresa privada, redujeron los subsidios, introdujeron la competencia y delegaron las decisiones educativas y sanitarias en el usuario mediante un sistema de vouchers. Es decir, recurrieron a muchas de las medidas propuestas por los liberales.

Otro maravilloso ejemplo de reforma liberal en libertad es el de Israel, el más exitoso de los experimentos sociales del siglo XX. La pequeña nación, que se fundó en 1948 en medio de una peligrosa guerra, con un presupuesto ideológico socialista democrático, basado en cooperativas y kibutz, evolucionó pacíficamente hacia un modelo económico que descansa en las empresas privadas y el mercado, realizando esa revolución sin recurrir a la violencia, hasta convertirse en uno de los países más prósperos y creativos del planeta, pese a los frecuentes conflictos bélicos en los que, muy a su pesar, ha debido intervenir.

Finalmente, qué duda cabe de que el gobierno de Pinochet fue responsable de execrables crímenes que jamás dejé de condenar por las mismas razones que censuraba a los cometidos por los Castro en Cuba, pero las reformas que se llevaron a cabo en ese país, y que cambiaron su faz económica hasta ponerlo a la cabeza de América Latina, no se produjeron porque el general las impulsó a sangre y fuego (lo que no deja de ser un argumento pinochetista), sino porque el país las necesitaba y el régimen, negando la usual tradición estatista y nacionalista de las dictaduras militares, aceptó el consejo de uno jóvenes chilenos formados en la Universidad de Chicago.

¿Qué pasaba en Chile tras la experiencia socialista de Allende? Así lo describe el diplomático chileno Juan Larraín: "Entonces el país gozaba de una inflación del 508%, el déficit fiscal era superior al 25% del PIB, la deuda externa había crecido en un 23%, las reservas internacionales eran apenas 200 mil dólares y había harina solo para una semana. Por la vía de las confiscaciones, expropiaciones, intervenciones y nacionalizaciones, el Estado se había apropiado de más del 70% de la actividad económica".

La grandeza de la Concertación que vino después del régimen de Pinochet, cuando se instauró la democracia, fue conservar esas medidas liberales que habían rescatado a Chile de la miseria, de la misma manera que Tony Blair profundizó, en vez de anular, las reformas iniciadas por la señora Thatcher. Por ellas, por las medidas liberales, hoy Chile, pese a todas las dificultades, continúa creciendo, se acerca a los 20.000 dólares per cápita (PPP) y ha disminuido sustancialmente el índice de pobreza.

Pero no solo Chile hizo reformas de carácter liberal. Sin recurrir a la violencia, la Bolivia del cuarto Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) fue rescatada del abismo por esas medidas, luego continuadas durante la presidencia de Sánchez de Lozada (1993-1997). La Costa Rica del primer Óscar Arias (1987-1991); la Colombia de César Gaviria (1990-1994); el México de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000); el Uruguay de Luis Alberto Lacalle (1990-1995); el Brasil de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), cuyas reformas luego respetó Lula da Silva; incluso la Argentina de Carlos Menem (1989-1999 en dos periodos consecutivos), a pesar del antiliberal aumento del gasto público y la nauseabunda corrupción que rodeó los procesos de privatización, tuvieron aciertos indudables.

¿Cuáles son hoy los países latinoamericanos que más y mejor crecen en América Latina? Sin duda, los de la Alianza del Pacífico: los que mantienen políticas dotadas de cierta orientación liberal, como México, Colombia, Perú y Chile.

¿Cuál es el peor? Sin duda, la Venezuela del chavismo, cuyo gobierno, dirigido por trágicos payasos, ya fuera el difunto "Comandante eterno" o el peculiar Nicolás Maduro, especialista en onomatopeyas ornitológicas, es el gran enemigo de las ideas de la libertad.

En fin, si el profesor Haroldo Dilla desea continuar este debate en el terreno de las ideas, yo estoy dispuesto. No lo deseo, porque me aburre mucho, pero la pelota queda en su cancha.

La buena educación

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Tomado de http://www.cubaencuentro.com

La ignorancia y el cinismo

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Cuando los neoliberales no distinguen entre una universidad y una fonda de barrio
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Haroldo Dilla Alfonso

 Carlos Durán Migliardi

 Chile |

08/07/2013


En días pasados el político cubano exiliado Carlos Alberto Montaner (CAM) publicó un artículo titulado La educación y el cinismo.

El artículo intenta descalificar al movimiento estudiantil chileno y sus demandas en pro de la desmercantilización de la educación. Pero no discutiendo las coordenadas políticas del asunto —lo cual hubiera sido muy interesante—, sino desde una atalaya moral dogmáticamente neoliberal. Por todo ello, CAM descalifica a los estudiantes —e imaginamos que también a la inmensa mayoría de la población chilena que les apoya— y les llama algo así como haraganes-aspirantes-a-que-alguien-pague-sus-estudios.

El neoliberalismo es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de Pinochet en Chile —con sus asesinatos, desapariciones y torturas— fue un ejemplo trágico.

Pero aún así, leer La Acción Humana o El camino a la Servidumbre es siempre un motivo de regocijo intelectual que sugiere que efectivamente hay cuotas de ideas atendibles en una propuesta teórica que coloca al mercado como principio ordenador de la sociedad. Pero como sucede en otros cuerpos teóricos, el argumento neoliberal se degrada cuando cae en manos de divulgadores menos ilustrados que los padres fundadores.

Y CAM es un ejemplo de esto último, a lo cual se suma su tendencia a opinar sobre lo que no conoce, desfigurar situaciones, ofender a sus adversarios y hacer de su ideología un credo fanático. Como ocurre ahora con los estudiantes chilenos, pero antes con la izquierda latinoamericana que posee brillantes representantes en el continente, y a los que en algún momento llamó —escoltados por otros dos “perfectos amigos”— “los perfectos idiotas”.

Un ejemplo de ello es su caracterización de las protestas estudiantiles chilenas como rosarios de actos vandálicos inspirados por minorías infiltradas, cuando en realidad, desde su estallido en 2011, fue un movimiento con niveles muy bajos de vandalismo, entre otras razones porque los propios estudiantes se encargaban de controlar situaciones indeseadas, sean éstas provenientes de los grupos extremistas que menciona CAM o de denunciados agentes infiltrados, dato este último que CAM no menciona.

En aras de la brevedad que siempre exige un artículo de esta naturaleza, procederemos a argumentar en torno a dos cuestiones claves del artículo: 1) el análisis del movimiento estudiantil y 2) el concepto de la educación.

Cuando CAM limita su explicación a que los estudiantes piden educación gratuita produce una desafortunada desfiguración del asunto. No porque los estudiantes no la pidan. La piden y aspiran a conseguir mejores posiciones económicas para estudiar, pero esto es, para decirlo de alguna manera, una posición icónica, pues los estudiantes saben que son una pieza en un tablero de negociación y que al final lo que están haciendo hace avanzar a la educación hacia la desmercantilización. Y en eso coinciden con la inmensa mayoría de la sociedad y con sectores significativos de la clase política chilena. Y ello, al punto que nadie con aspiraciones de credibilidad en Chile estaría dispuesto a repetir las simplicidades que nos regala CAM. Y en cambio, muchas personas, entre quienes nos encontramos, creemos que la educación es un derecho social y su acceso universal en condiciones de gratuidad es una aspiración legítima y positiva.

La arremetida de los estudiantes no solo es contra una universidad muy cara, sino también contra un sistema que ha implicado transferencias masivas de fondos públicos al sector financiero privado y a las universidades de igual signo. Y, lo que CAM evidentemente desconoce, también contra un sistema tributario regresivo a escala planetaria que descansa sobre los sectores populares y medios. Si este sistema tributario se hiciera más equitativo, y cargara más su peso sobre el 1 % de la población que recibe el 30 % del producto, entonces no fuera el pobre trabajador quien pagaría la mayor parte de la educación gratuita, sino que el puñado de potentados que habitan el sector oriente de la ciudad de Santiago.

En resumen, todo un ramillete de distorsiones neoliberales que el movimiento ciudadano y estudiantil ha colocado sobre la agenda pública, y que Michelle Bachelet, la más probable presidenta a partir del próximo año, se ha propuesto superar.

La otra cuestión tiene que ver con la manera como CAM valora el lucro en la Universidad. Obviamente no entraremos a comentar su comparación de los servicios educacionales con un restaurante, lo que se coloca —como decía Marx— por debajo de la crítica, y que asumimos más bien como una nota jocosa. Tampoco comentamos su proclamación de La Academia platónica o del Liceo aristotélico como instituciones de lucro, pues ello solo indica que entre sus fuertes no está la cultura grecolatina, lo que no es importante para lo que discutimos. Pero creemos que, definitivamente, CAM no entiende lo que significa lucro, ni una “institución sin fines de lucro” en términos legales, ni sabe diferenciar lo que es público de lo que es privado.

Veamos esto con más detalle. En Chile existen numerosas universidades, unas estatales y otras no. Para espanto de los neoliberales, las mejores y más exigentes son las estatales, y en particular la Universidad de Chile, tal y como en México es la UNAM, en Puerto Rico la UPR, en Argentina la UBA y en Brasil la USP. Pero también existen otras universidades no estatales, algunas de las cuales garantizan una alta calidad de la enseñanza, una proyección pública constante y que no tienen fines de lucro. Como son los casos conocidos de las universidades Católica, Alberto Hurtado, Diego Portales, etc. Muy pocas personas en Chile discuten la existencia de estas universidades ni de sus valores, aunque no sean estatales.

Y no lo discuten, además, porque no infringen la ley, pues CAM debe conocer que la ley chilena indica que las universidades —públicas y privadas— son “instituciones sin fines de lucro”. Y esto implica una cuestión bien simple: el excedente que generen estas instituciones no puede ser “retirado”, utilizado para otros fines que no sean los de la propia institución. Lo que en primer plano se discute es la existencia de una miríada de universidades privadas que violan la ley y operan como empresas lucrativas, al mismo tiempo que se ubican en los peores rankings nacionales. Son universidades ilegales que no distinguen, como CAM, la diferencia nada sutil que existe entre una fonda de barrio y una universidad.

Pero los estudiantes no solo están hablando del sentido legal de la palabra “lucro”. No solo objetan que, por ejemplo, el dueño de una Universidad como la Universidad SEK compre publicidad en el estadio de un equipo de futbol del que al mismo tiempo es propietario, eludiendo la prohibición del lucro ya aludida. Junto con ello, demandan la restitución de un sistema educativo, en todos sus niveles, en donde la competencia, el afán de ganancia y la desregulación salvaje del mercado no sean los principios bajo los cuales éste sea gobernado.

Aún cuando conmueve la preocupación de CAM por los “trabajadores de a pie” (no es un sentimiento común en los predios neoliberales) habría que anotar que para el caso que nos ocupa el acceso a la educación superior determina niveles de endeudamiento insostenibles para estos mismos trabajadores que, con la expectativa de un mejor futuro, envían a sus hijos a la universidad, hipotecando sus vidas y la de los futuros profesionales. Cuando se debate si puede la educación gobernarse con las leyes del mercado, la experiencia chilena de más de 30 años ha mostrado claramente que no. Existe un mercado irracional, hiperextendido, excluyente, con niveles de aranceles irracionales, superiores al promedio de América Latina. Lo llamativo de las movilizaciones estudiantiles no son sus magnitudes, sino que no se hayan producido antes.

Es una pena que Carlos Alberto Montaner, un hombre talentoso y con buena pluma, no entienda que la educación, como la salud, es un derecho social, y no un servicio comercial. Lo que afortunadamente los chilenos y chilenas han aprendido, y por lo que están apostando. Justo lo que los estudiantes y la mayoría de la sociedad chilena han estado exigiendo en esas magníficas movilizaciones que reclaman un mundo mejor y posible en que la dignidad humana deje de ser pensada como un mezquino ejercicio de costos y beneficios.

© cubaencuentro.com

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Carlos Salvatore Durán Migliardi

    Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política
    Magíster en Ciencias Sociales por FLACSO-Sede Académica México
    Sociólogo por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis), Chile

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ALGUNOS COMENTARIOS DEJADOS

Montaner puede correr algun peligro despues de esta confrontacion, creo que pudiera ser acusado por el "suicidio" del señor Dilla.

Ricardo Rodriguez