BARACUTEY CUBANO

No hay excusa: el gobierno dividido y la liberación de Cuba

Por Julio M. Shiling

Noviembre 6, 2026

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A los cubanos que aún sueñan con la libertad, que han soportado la larga noche del castrismo- comunismo y observan a Washington con una mezcla de esperanza y escepticismo ganado a pulso: los resultados de las elecciones de mitad de legislatura no cierran la puerta. Simplemente confirman un viejo patrón estadounidense. El gobierno dividido no es una crisis excepcional ni una aberración constitucional. Es una característica recurrente, incluso distintiva, del sistema estadounidense: la consecuencia previsible de la separación de poderes y de las elecciones independientes al Congreso. Un presidente que debe gobernar sin tener el control total del poder legislativo no queda incapacitado. La historia demuestra que sigue siendo plenamente capaz de tomar medidas decisivas, especialmente en política exterior y seguridad nacional, ámbitos que la Constitución atribuye claramente al poder ejecutivo.

Las cifras son inequívocas. Entre 1856 y 2006, el control partidista dividido existió durante 62 de los 150 años —aproximadamente el 41 % del tiempo—. En la posguerra, esta tendencia se intensificó: entre 1946 y 2006, el gobierno dividido prevaleció durante 36 de los 60 años, lo que supone un sólido 60 %. De 1969 a 2017, siete de los ocho presidentes vivieron períodos en los que la oposición controlaba una o ambas cámaras. Entre 1969 y 2003, el gobierno unificado duró solo seis años y cuatro meses y medio. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno dividido se convirtió en la norma establecida, no en la excepción. Los estadounidenses han vivido bajo este sistema durante generaciones sin que la república se haya derrumbado ni la presidencia se haya convertido en una nulidad.

Ninguna figura ilustra esta verdad con más fuerza que Ronald Reagan. El líder mundial que más contribuyó al colapso del comunismo soviético gobernó durante ocho años con el Partido Demócrata, ejerciendo un control firme sobre la Cámara de Representantes. Eso no le detuvo. Puso en práctica la Doctrina Reagan: financiando, entrenando y proporcionando apoyo militar y logístico a la resistencia nicaragüense que luchaba contra el régimen marxista sandinista; sosteniendo al gobierno democrático de El Salvador frente a una insurgencia comunista; liberando Granada; ayudando a los gobiernos democráticos de todo el continente americano; creando Radio Martí para romper el monopolio informativo del castrocomunismo; apoyando a Jonas Savimbi en Angola; y prestando un apoyo generoso a las fuerzas anticomunistas de Europa del Este que contribuyeron a derribar el Muro de Berlín. No se trataba de gestos simbólicos, sino de instrumentos concretos de presión que aceleraron el desmoronamiento de un imperio totalitario. Reagan los logró a pesar de enfrentarse a una Cámara de Representantes muy hostil. La lección es clara: cuando lo que está en juego es la seguridad nacional y la defensa de los pueblos libres, el poder ejecutivo conserva tanto la autoridad como la capacidad para actuar.

La política exterior, especialmente cuando está en juego la seguridad nacional, es competencia de la presidencia. La Constitución confiere al presidente las facultades de comandante en jefe, la dirección de la diplomacia y el reconocimiento de gobiernos extranjeros. El Congreso controla el presupuesto y tiene la potestad de declarar la guerra, pero la dirección cotidiana de la estrategia, el ajuste de la presión y la sincronización de las operaciones siguen siendo responsabilidades del poder ejecutivo. La historia no trata a un presidente que carece de mayoría en el Congreso como a un simple «guardián». Lo trata como al funcionario que sigue encargado de defender los intereses de la nación y los de sus aliados.

Esa realidad tiene implicaciones inmediatas para Cuba. El cambio de régimen en la isla se ha de producir ahora en un plazo más reducido. Los dos años que le quedan a la Administración no contarán con el apoyo legislativo que podría haber existido anteriormente. Si se quiere que los objetivos de expulsar la influencia china y rusa de las Américas, y de privar a las redes terroristas y subversivas internas de Estados Unidos de su aliado externo más fiable —el régimen castrista— sigan teniendo sentido, se requiere una acción audaz. Las medias tintas y las negociaciones prolongadas no serán suficientes.

El camino a seguir está claro. En primer lugar, iniciar operaciones militares quirúrgicas cuidadosamente dirigidas para neutralizar las bases militares y de inteligencia cubanas lo antes posible —preferiblemente antes de que se reúna el 120.º Congreso el 3 de enero de 2027—. En segundo lugar, proceder a la incautación de los activos de GAESA depositados en bancos panameños y europeos, golpeando así el corazón económico del aparato de seguridad del régimen. En tercer lugar, desclasificar y hacer públicas las pruebas acumuladas de la participación de Cuba comunista en el tráfico internacional de drogas. Ese historial proporciona la justificación pública para adoptar medidas resueltas. En cuarto lugar, abandonar la ficción de que seguir negociando con La Habana producirá avances significativos para la libertad y la democracia en la isla. Décadas de conversaciones de este tipo solo han traído retrasos y el sufrimiento continuado del pueblo cubano.

El presidente Trump tiene la oportunidad de forjar un legado trascendental: un hemisferio más seguro, un mundo más libre de los últimos reductos del totalitarismo del siglo XX. Cuba sigue siendo el más obstinado de esos reductos: una plataforma de inteligencia y logística para los adversarios, una fuente de subversión entrenada y un monumento viviente al fracaso de los experimentos marxistas. Actuar ahora no requiere el consentimiento previo de un Congreso recién elegido. Requiere la misma claridad de propósito que Reagan demostró cuando la Cámara de Representantes estaba en manos de los demócratas. El sistema constitucional estadounidense fue diseñado precisamente para permitir esto: un ejecutivo enérgico capaz de defender los intereses nacionales incluso cuando el poder legislativo está dividido o se opone.

Los cubanos que aún albergan esperanzas de libertad deberían, por tanto, animarse. El resultado de las elecciones de mitad de término no anula la capacidad ni la responsabilidad estadounidenses. Simplemente devuelve al país a una situación familiar —una en la que presidentes de ambos partidos han impulsado anteriormente la causa de la libertad frente a enemigos decididos—. El momento de actuar respecto a Cuba no es después del próximo ciclo electoral. Es ahora, mientras los instrumentos del poder ejecutivo siguen estando disponibles y mientras la ventana estratégica, por muy estrecha que sea, permanece abierta. Una Cuba más libre no solo supondría el fin de una larga dictadura, sino también una contribución decisiva a un hemisferio occidental más seguro. Ese logro sigue estando a nuestro alcance.

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Tomado de https://cubanamericanvoice.com

No Excuse: Divided Government and Cuba's Liberation

By Julio M. Shiling

Nov. 6, 2026

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To Cubans who still dream of liberty, who have endured the long night of Castro-Communism and watch Washington with a mixture of hope and hard-earned skepticism: the midterm results do not close the window. They merely confirm an old American pattern. Divided government is not an exceptional crisis or a constitutional aberration. It is a recurring, even characteristic, feature of the American system—the predictable consequence of separated powers and independent elections for Congress. A president who must govern without full control of the legislature is not disabled. History shows he remains fully capable of decisive action, especially in foreign policy and national security, domains the Constitution places squarely with the executive.

The numbers are unambiguous. From 1856 to 2006, divided party control existed for 62 of 150 years—roughly 41 percent of the time. In the postwar era the pattern intensified: between 1946 and 2006, divided government prevailed for 36 of 60 years, a solid 60 percent. From 1969 to 2017, seven of eight presidents experienced periods in which the opposition controlled one or both chambers. Between 1969 and 2003, unified government lasted only six years and four and a half months. After the Second World War, divided government became the established norm, not the exception. Americans have lived under it for generations without the republic collapsing or the presidency becoming a nullity.

No figure illustrates this truth more powerfully than Ronald Reagan. The single world leader who contributed most to the collapse of Soviet communism governed for eight years with the Democratic Party in firm control of the House of Representatives. That did not stop him. He put the Reagan Doctrine into practice: financing, training, and providing military and logistical support to the Nicaraguan resistance fighting the Marxist Sandinista regime; sustaining the democratic government of El Salvador against a communist insurgency; liberating Grenada; assisting democratic governments throughout the Americas; establishing Radio Martí to pierce Castro-Communism’s information monopoly; aiding Jonas Savimbi in Angola; and giving generous support to the anti-communist forces in Eastern Europe that helped bring down the Berlin Wall. These were not symbolic gestures. They were concrete instruments of pressure that accelerated the unraveling of a totalitarian empire. Reagan achieved them while facing a very hostile House. The lesson is plain: when the stakes are national security and the defense of free peoples, the executive retains both the authority and the capacity to act.

Foreign policy, particularly when national security is engaged, belongs to the presidency. The Constitution vests the president with the powers of commander-in-chief, the conduct of diplomacy, and the recognition of foreign governments. Congress holds the purse and the power to declare war, but the day-to-day direction of strategy, the calibration of pressure, and the timing of operations remain executive responsibilities. History does not treat a president who lacks a congressional majority as a caretaker. It treats him as the officer still charged with defending the nation’s interests and those of its allies.

That reality carries immediate implications for Cuba. Regime change on the island now operates on a shortened clock. The remaining two years of the administration will not enjoy the legislative alignment that might have existed earlier. If the objectives of driving Chinese and Russian influence out of the Americas, and of denying American domestic terrorist and subversive networks their most reliable external ally—the Castro regime—are to retain meaning, bold action is required. Half-measures and prolonged negotiation will not suffice.

The course is clear. First, initiate carefully targeted military surgical operations to neutralize Cuban military and intelligence bases at the earliest opportunity—preferably before the 120th Congress convenes on January 3, 2027. Second, move to seize GAESA assets held in Panamanian and European banks, striking at the economic heart of the regime’s security apparatus. Third, declassify and release the accumulated evidence of communist Cuba’s participation in the international drug trade; that record supplies the public justification for resolute measures. Fourth, abandon the fiction that further negotiation with Havana will produce meaningful advances for freedom and democracy on the island. Decades of such talks have yielded only delay and the continued suffering of the Cuban people.

President Trump has the opportunity to build a consequential legacy: a hemisphere more secure, a world freer of the residual outposts of twentieth-century totalitarianism. Cuba remains the most stubborn of those outposts—an intelligence and logistical platform for adversaries, a source of trained subversion, and a living monument to the failure of Marxist experiments. Acting now does not require the prior consent of a newly elected Congress. It requires the same clarity of purpose Reagan displayed when the House was in Democratic hands. The American constitutional system was designed to permit precisely this: an energetic executive capable of defending national interests even when the legislative branch is divided or opposed.

Cubans who still hope for freedom should therefore take heart. The midterm outcome does not cancel American capacity or American responsibility. It simply returns the country to a familiar condition—one in which presidents of both parties have previously advanced the cause of liberty against determined enemies. The time to act on Cuba is not after the next election cycle. It is now, while the instruments of executive power remain available and while the strategic window, however narrowed, remains open. A freer Cuba would mark not only the end of a long dictatorship but also a decisive contribution to a safer Western Hemisphere. That achievement is still within reach.

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