BARACUTEY CUBANO

( Editorial de la revista Vitral, escrito en Cuba)


“Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.”
(Declaración Universal de Derechos Humanos, art.13)


Viajar libremente, entrar y salir del propio país como un ciudadano normal cada vez que lo desee, circular libremente y sin continuos registros y chequeos, así como escoger el lugar de residencia dentro de la propia patria: estos son derechos de toda persona humana, sin tener en cuenta, su sexo, su raza, su lugar de procedencia, sus creencias religiosas ni sus ideas políticas.
Estos también deberían ser derechos inalienables de todos los cubanos sin distinción. Cuando decimos de todos los cubanos y cubanas, queremos decir: todos. Los que viven aquí y los que viven en la Diáspora, es decir, en cualquier país del mundo, ya sea por razones económicas, políticas, familiares, profesionales o de cualquier otra causa honrada.
Nada ni nadie puede arrebatar este derecho fundamental de toda persona porque es un derecho que le viene dado desde el momento de su gestación en el vientre materno por la única y suprema razón de ser un ser humano. Los derechos humanos no son otorgados o concedidos por ninguna autoridad ni civil, ni militar, ni religiosa, ni estatal, ni partidista. Podrán ser “reconocidos” por las leyes y constituciones de los Estados democráticos o no reconocidos por los Estados tiránicos o dictatoriales, hoy llamados eufemísticamente, Estados o gobiernos autoritarios. En otros casos, puede que sean “reconocidos” sólo en teoría, en la letra, de las leyes y constituciones, pero sistemática y conscientemente violados o negados según convenga política o económicamente.
Pero en todos los casos, ningún organismo, ley, decreto, regulación, documento oficial, y menos aún, una orientación secreta o “interna” de ningún ministerio u otra estructura del Estado, puede violar, ignorar, restringir o denegar ni este derecho humano irrenunciable, ni ninguno de los otros 29 contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948; Cuba no sólo fue uno de los países que inmediatamente la aprobó, sino que fue una de las naciones que más trabajó activamente en su redacción, en su debate y fue, nada más y nada menos, que el país elegido para hacer la presentación del proyecto de Declaración a la Asamblea General, aquel 10 de diciembre histórico, en la voz del embajador cubano ante la ONU de entonces que era el artista, crítico de arte, escritor y profesor universitario Dr. Guy Pérez Cisneros.
Por tanto, también para Cuba como para todos los pueblos del mundo, esta Declaración Universal y cada uno de sus 30 derechos constituyen no sólo una norma suprema de la convivencia social y de las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos, sino que deben ser causa de inspiración y rasero de eticidad para cualquier ley, norma o conducta adoptada por cualquier organismo del Estado cubano.
¿Por qué entonces la mayoría de los cubanos no tiene posibilidades reales de vivir libremente y conocer a su patria e incluso a otros países? ¿Obedece esto a una política de aislamiento para que los cubanos no conozcan su nación y el resto del mundo?
Si del derecho a viajar libremente se trata, entonces podemos comprobar que este derecho es violado de forma sistemática, tanto por los organismos competentes de Cuba como por los de los Estados Unidos, al no permitir que sus ciudadanos viajen libremente o poner plazos de años para que lo puedan hacer. Tanta violación a un derecho humano elemental es aquella injusta medida contra la familia cubana, que vive en la Diáspora como la de no permitir viajar a un cubano que vive aquí, por razón de sus ideas políticas o religiosas, o por razón de la profesión que ejerza, como es el conocidísimo e injusto caso de los trabajadores del sector de la salud en Cuba.
Si bien, en un momento determinado, un país tiene que velar para que los profesionales no se vayan en busca de mejoras económicas o de consideración profesional, o no caigan fácilmente en lo que comúnmente se reconoce como “fuga o robo de cerebros”, también es verdad que esto no se resuelve negando un derecho humano fundamental sino, por el contrario, se consigue mejorando la situación económica y la consideración profesional a esos universitarios o técnicos de modo que tengan un estímulo no sólo moral, en cuanto al tratamiento que reciben y al servicio que prestan, sino que puedan llevar una vida decorosa y digna del sacrificio que han hecho para terminar satisfactoriamente una carrera universitaria o de técnico especializado.
Otra solución a esta fuga de cerebros es abriendo aún más los estudios universitarios para poder disponer de los servicios de nuevos profesionales sin afectar los programas, el tiempo necesario para garantizar la calidad de la formación, ni hacerlo de manera emergente como de alguna manera ya hace nuestro país, para cubrir el lugar que dejan los que se marchan, aún cuando sea a las llamadas “misiones”. Nadie niega la importancia y prevalencia de la solidaridad humana, en todos los casos, aún más en caso de catástrofes naturales o conflictos humanos, pero esa solidaridad no puede hacerse a costa de disminuir o afectar seriamente los servicios de la propia ciudadanía. Como dice un refrán popular:” la caridad empieza por casa”, o como dice otro: “nadie debe ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.
Pero para ir a la raíz del problema, aún cuando los miles de profesionales que se gradúen se queden a cubrir los lugares de los que optan por irse, esa “fuga de cerebros” no podrá ser detenida sin antes mejorar las condiciones económicas de esos profesionales, sus facilidades de trabajo y sobre todo la consideración que tienen y gozan en el mundo entero los graduados universitarios que logran acceder a un puesto de trabajo en correspondencia con su profesión. Otra cosa es los que no desean servir en su propio país.
De todos modos, los profesionales, las personas con ideas políticas diferentes, los religiosos y demás ciudadanos, no pueden y no deben pagar el costo de ver violado su derecho a viajar libremente, ni aquí en Cuba ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país, por las mal llamadas “razones de estado”, o por la muchas veces ambigua razón de “la lucha contra el terrorismo”. En la etapa actual en que se encuentra el mundo, ya es conciencia común de la humanidad que ninguna razón de los gobiernos o los Estados puede ser esgrimida para violar o denegar un derecho humano fundamental; ya es consenso aceptado universalmente, por lo menos en la teoría, que primero está la integridad de la persona humana, su dignidad imprescriptible y sus derechos irrenunciables y luego las razones de estado, o ideológicas, o políticas, o estratégicas.
Si un país pone por encima de la dignidad, los derechos y la integridad de cualquier persona, las razones de estado, o de seguridad nacional, o de lucha contra el terrorismo, o contra un enemigo potencial, sea real o inventado, ese país se está colocando él mismo fuera de la actual convivencia internacional, no porque sea condenado o denunciado en alguno de los organismos internacionales que cuidan o deberían cuidar más eficazmente de la persona humana y sus derechos, sino que se pone fuera de la normalidad internacional por sus propias decisiones, la mayoría de las veces de carácter público, legal y notorio. Esos países se colocan, a sí mismos, en la condición de países parias, es decir, que parece que abandonaran la convivencia de la familia humana. ¿Qué prueba o proceso podría esgrimirse, quizá farisaicamente, contra otro país, cuando el propio viola de la misma forma o de otras maneras la misma e indivisible dignidad humana?
Es por ello que los organismos de la ONU, que deben cuidar de la convivencia mundial, no sólo deberían evitar que los juegos de política interior de los países miembros no sean usados como “moneda de cambio” en materia de derechos humanos en la arena internacional, sino que deberían hacer valer real y efectivamente, para todos y sin doble moral o rasero, ese “marco ético internacional” que conforman las Declaraciones, Pactos y Convenciones que aún esperan ser tomados en serio y firmados por todos los países que se consideren civilizados y democráticos, de modo que, una vez que se haya llegado al consenso ético de mínimos en esta materia, los gobiernos que se salgan sistemáticamente de ese marco ético internacionalmente adoptado, sean llevados a los tribunales internacionales para que den razón de sus actitudes y conductas impropias. Sea quien sea: sea un país rico y una potencia mundial como Estados Unidos, sean países pobres o en vías de desarrollo como Cuba; sean países de la cultura occidental o países de cultura oriental; sean países de religión cristiana o islámica o animista.
Mientras este marco no sea claramente adoptado por todos, honestamente respetado por todos y universalmente reconocido como el límite de lo tolerable en cualquier país, ideología, cultura o circunstancia y mientras que todo el que se salga de esa “ética de mínimos” no tenga que responder ante los tribunales internacionales, el mundo de los derechos y los deberes será una ficción manipulada y manipuladora de intereses económicos, políticos, religiosos, de países, bloques o centros de poder.
En cuanto al derecho de circular libremente dentro del propio país, queda diáfanamente establecido por el mismo artículo 13 de la Declaración Universal adoptada por Cuba desde 1948 y reflejado también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos -promulgado por la ONU desde 1976 y al que aún Cuba no se ha adherido- cuando en su artículo 12 dice:

“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado, tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país incluso del propio.
(...)
3. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.”

De este modo, queda claro que la voluntad de los pueblos es que se respete el derecho a circular sin ser molestado, sin discriminaciones por vivir en una zona más lejana o menos desarrollada o más incomunicada con respecto a las capitales o grandes centros económicos, turísticos o de administración del Estado.
En Cuba es necesario regular el crecimiento de las grandes ciudades, pero ello no puede hacerse a costa del derecho irrestricto de todos los cubanos y cubanas de moverse y mudarse dentro de su propio país en la forma ordenada que regulen las leyes sin tener que sufrir discriminación o segregación por vivir, por ejemplo, en las provincias orientales de la Isla. Todos los cubanos y cubanas deberíamos disfrutar, dentro de nuestro propio país, del derecho a “escoger libremente en él su residencia”.
Es verdaderamente increíble que se permitan o toleren expresiones discriminatorias en lugares públicos, programas de televisión o presentaciones humorísticas, al referirse al lugar de origen de orientales u occidentales.
Del mismo modo violan los derechos de los ciudadanos a circular libremente, sin ser molestados, los continuos, repetidos y humillantes controles en nuestras carreteras y autopistas, tanto al registrar los maleteros de los automóviles, su interior, exigir que se abran los paquetes envueltos, las correspondencias de terceros, los maletines, bultos, cajas y mochilas de todos, sin mediar una orden de registro y con el mismo trato y falta de tacto y consideración que se le impone tanto a un ciudadano que evidentemente viaja con su familia o por razones de trabajo como a aquellos que visiblemente son violadores de la ley.
Ya una vez en Cuba, se reconocieron como un error esos registros masivos, sistemáticos, repetidos varias veces en el mismo trayecto entre provincias, conducir hasta la estación de policía más cercana, sin más trámite ni respeto alguno, a quien transite con cualquier cosa “sospechosa” para los policías de carretera, no sólo comidas “prohibidas” como langostas, pescados de algunas especies, puré de tomate, etc., sino otras “cosas” como libros, máquinas de escribir o computadoras, así como la existencia misma de los llamados “puntos de control”. Todas estas “medidas”, violan los derechos de las personas a viajar y circular sin ser molestados. No se trata de chequeos rutinarios para evitar las violaciones a las regulaciones de tránsito, no son documentos de identificación o licencias de conducir o artículos del Código de Vialidad el tema de estas continuas paradas forzosas a cualquier hora del día y de la noche, se trata de otra cosa y de otros tratos que todos los que viajan dentro de las fronteras de su propio país han experimentado. Quizá haya, relativamente, más controles, más paradas y más registros en nuestras carreteras que en las fronteras aeroportuarias y marítimas de nuestro país.¿Qué significa esto?
El mismo hecho de que no exista un transporte adecuado, digno, humano y seguro para trasladarse de un municipio a otro, o de una provincia a otra, es una restricción forzada del derecho a viajar libremente. Viajar en camiones, en jaulas de animales, en carretas de la agricultura o en contenedores, unas veces a la intemperie como animales y otras encerrados sin ventilación suficiente, no sólo es una ignominia a la dignidad de las personas que viajan, sino una violación de su derecho a viajar segura y decorosamente, un peligro potencial y real para los viajeros y una vergüenza para cualquier país. No nos debemos acostumbrar nunca a esta calamidad pública, por mucha necesidad de transporte y de movilidad que tenga nuestro pueblo. No debemos acostumbrarnos ni los que tienen la responsabilidad de resolverlo ni los que tenemos la necesidad de viajar.
Por último, sería conveniente discernir un problema semántico y otro de trámite: Si en un país se reconoce y garantiza el derecho a viajar libremente y a circular dentro y fuera del país y a regresar a él cuando se desee, entonces ¿qué significa que se necesite una “liberación” de un ministro o de otro funcionario para poder viajar? La palabra “liberación” habla de cautiverio, de personas que no gozan de libertad. Confiamos que el uso común y oficial de esa palabra para nombrar un trámite de permiso de un organismo que, por lo demás, no debería ser necesario y no existe en ningún otro lugar del mundo como requisito indispensable para viajar, sea abolido junto con el trámite innecesario.
De igual forma, en casi todos los países del mundo lo que se necesita para viajar fuera del territorio nacional son sólo tres cosas: tener un pasaporte, tener el dinero para pagar el pasaje y obtener el visado o permiso de entrada al país de destino, pero jamás se necesitan otros permisos del propio país a no ser que las personas estén detenidas, presas o con algún asunto legal pendiente. Decimos en casi todos los países, porque, sabemos que en otros lugares se requieren más trámites, pero, por lo menos, conocemos bien dos sitios en lo que esto es así: uno es Estados Unidos en el que se necesita un permiso del Departamento del Tesoro para poder viajar a Cuba y el otro país que ahora mencionamos es Cuba, además de lo que se necesita en cualquier lugar, es obligatorio tener una Carta de Invitación legalizada y con el consiguiente pago de honorarios, la mal llamada “liberación” del ministro si es profesional, y para todos, además, la “Tarjeta Blanca” que es el permiso de viaje de las autoridades competentes de la Dirección de Inmigración y Extranjería del propio país, aún cuando el viaje sea temporal.
Creemos que cada Estado tiene el derecho de regular las entradas a su país de extranjeros. Con la entrega o la negación de los visados correspondientes el gobierno abre o cierra el país a las migraciones. Dar visado de entrada es un derecho del que recibe a los que viajan. Pero otra cosa es tener necesidad también de un permiso para salir o para entrar en la propia patria. Ningún gobierno tiene derecho a negar permiso de salida a un ciudadano normal ni derecho a exigir una visa de entrada a los ciudadanos del propio país considerándolo como un extranjero. Cerrar el país para las entradas a sus propios ciudadanos o cerrar la salida a los naturales es convertir la nación en una gran prisión.
Si la causa para cerrar nuestro país es el miedo a contaminar nuestra cultura con los males de otra, este criterio es muy paternalista y en la historia de Cuba se ha demostrado que en “los períodos que hemos sufrido de influencias foráneas o advenedizas se comprueba el gran poder de recuperación de nuestra cultura. De algunos de ellos hemos salido, aún siendo más cubanos” (cf. Ciclo 2 del CFCR. Tema 5). Para lograr esto, debemos ser fieles a nuestra herencia cultural y tradiciones, pero al mismo tiempo, realizar nuevas síntesis culturales con los nuevos aportes fruto del intercambio internacional.
Del mismo modo debemos decir claramente que nosotros consideramos que la mejor opción para los ciudadanos de una nación es permanecer en su patria, luchar por mejorarla, comprometerse con su presente y trabajar aquí para transformar su futuro. Es para nostros, lo mejor para Cuba y para sus hijos, a pesar de todo.
Por otro lado el Papa en su visita nos dijo “que se abra Cuba al mundo”. Esta apertura, para que sea real y efectiva, tiene que pasar necesariamente por el intercambio de culturas. Una forma de ir lográndolo, es que los cubanos sencillos y no sólo un grupo selecto de personas, puedan viajar con libertad y confrontar estilos de vida diferentes siendo los protagonistas en ese proceso de diálogo entre culturas que, enriquece y desarrolla a los pueblos cuando se hace sobre bases de respeto y solidaridad.
Hoy día, cada vez más, se derrumban los muros y fronteras que aíslan a los hombres. Alguien ha dicho que uno de los principales aportes de la globalización es que ha contribuido para que el mundo sea una aldea, pero también las aldeas se han convertido, de cierta forma, en un mundo de relaciones. Para que este proceso de diálogo entre las culturas se dé sin que nuestra nación quede al margen, se necesita que los cubanos entren en contacto con otros pueblos. Nuestro país debe de recorrer un largo trayecto al respecto.
Estamos seguros que esta situación debe mejorar en lo adelante, tanto en lo referente a los trámites para viajar fuera del territorio nacional como para poder circular libremente y sin ser requisados y continuamente parados y molestados dentro de nuestra Isla.
Cuba es un país de gente tranquila y de costumbres hospitalarias seculares. Cuba es un pueblo acogedor y sosegado, respetuoso de la intimidad del viajero, preocupado por la seguridad de los que se trasladan, suficientemente educado como para poder distinguir en plena carretera o autopista a un buen ciudadano de un bandolero de caminos.
Confiamos en que Cuba, es decir, todos los cubanos, autoridades y ciudadanía, aprendamos a respetar las leyes de vialidad, las normas de seguridad, pero también aprendamos a respetar el derecho de cada cubano y cubana a viajar sin ser registrado, a mudarse a cualquier lugar sin ser discriminado y a entrar y salir de su patria sin más limitaciones que las mínimas existentes en cualquier lugar de este mundo que debe ser, cada vez más, una Casa común, una familia de hermanos, un hogar seguro y acogedor para emigrantes y turistas.
Cuba puede y debe ser imagen y adelanto de ese mundo mejor que haremos posible si respetamos los derechos de todos y abrimos la casa al movimiento libre y ordenado de sus hijos.