BARACUTEY CUBANO

La prensa oficialista cubana exime de responsabilidad a la banda terrorista ETA de los últimos atentados y extorsiones y señala a la oposición (descontenta con el “proceso de paz” emprendido por el gobierno de Zapatero) como «los émulos de Hitler y Nerón que fabrican pretextos para hacer fracasar la tregua».

La “solidaridad” con los afectados expuesta por Joseba Permach, portavoz de la ilegalizada Batasuna, ha sido para el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, la prueba irrefutable de que el brazo político de los terroristas va por buen camino pese a que no ha habido condena explícita a estos actos violentos. Si a ello le sumamos las sospechas vertidas por la más alta dirección de ETA desde su "prensa oficial" en La Habana, de que los actos violentos han sido provocados por la oposición para acabar con el “proceso de paz”, el cuadro se cierra, en apariencias, a favor de los propios terroristas y el gobierno.

Por una parte, los terroristas que negocian con el gobierno se eximen de su responsabilidad por la incapacidad de controlar a sus comandos y simpatizantes; y por otra, el gobierno, con un tuteo creciente con el brazo político de los etarras, arremete contra el principal partido de la oposición por tener un propósito “mezquino” de querer acabar con el diálogo “por la paz”.

Si el articulista de la oficialista prensa cubana, refiriéndose a los últimos actos de violencia en España, considera defendible una hipótesis acusando al Partido Popular (PP) como el autor material de un hecho, por ser los supuestos beneficiados políticamente de un fracaso del “proceso de paz”, también consideraría una hipótesis, más que creíble, sobre todo si estudiara todas las pruebas presentadas, la autoría de los anteriores líderes de la oposición, hoy en el gobierno, en el atentado del 11-M, por ser los indiscutibles beneficiados políticos de la muerte de 192 personas en marzo del 2004.

Si para Zapatero es más difícil entenderse y buscar el apoyo del principal partido de la oposición que con los responsables de la violencia y del asesinato de cientos de conciudadanos, sería equivoco deducir con ello que es la oposición quien entorpece la cercanía, aunque así lo quiera intentar hacer ver por todos los medios el gobierno. Y si el ejecutivo español persiste en creer que esta obteniendo réditos mediáticos con cada reacción del PP a sus incompetentes pasos en materia antiterrorista, provocará una espiral de insensateces de calado mucho mayor que las que ha hecho hasta el momento en estos dos años de legislatura.

La sola idea de negar o dudar que ETA o su entorno no están detrás de los actos violentos o de extorsión que se han o se harán en el futuro, le deja un margen de acción al terrorismo dentro del anonimato que aterrorizará igualmente a la sociedad, pero que en la fabricación de hipótesis maquiavélicas apuntará a los “enemigos” políticos del gobierno. Ya, al menos, Fidel Castro le ha echado una ayudita a Zapatero en su prensa.

Madrid 27-04-2006
Wenceslao Cruz Blanco


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El acoso a los dirigentes del PP y la ruptura de España

Alberto Recarte
Vicepresidente de la Fundación Hispano Cubana


I) LOS POLÍTICOS DIALOGANTES DEL PP

Si los votantes, los militantes y los directivos del PP tuvieran un cauce para manifestar su opinión, sin desestabilizar a Mariano Rajoy y sin poner en riesgo la unidad del partido al que votan o pertenecen, personas como Piqué y Ruiz Gallardón habrían desaparecido hace mucho tiempo de los órganos de dirección de ese partido.

En un arrebato de confusión, un Ruiz Gallardón, descentrado por las alabanzas de Prisa, creyó, hace tres años, que su personalidad era tal que podía enfrentarse con éxito a Esperanza Aguirre –que sí representa a los militantes del PP– para conseguir el liderazgo del PP de Madrid. Fue laminado. No le apoyaron ni sus hombres de confianza. Pero Mariano Rajoy lo rescató, como representante no se sabe muy bien de qué ni por consejo de quién.

Piqué, por su parte, sabe que no cuenta con ningún apoyo en el PP, ni en el nacional ni, por supuesto, en el catalán pero, con su mayor experiencia política, nunca se enfrentará en una votación abierta a quien sí represente al PP. Sea quien sea. Sabe que perdería siempre.

Ambos, junto con otros menos significados, aunque no menos importantes, son parte de la materia blanda del PP. Su ideología es el diálogo. Diálogo, con todos, menos con los votantes, los militantes y los directivos de su partido. Tienen aliados importantes. Les acompañan –por contraponerlos a los firmes del PP– el PSOE de Rodríguez Zapatero y los nacionalistas autodenominados moderados, tipo Durán i Lleida. Reciben elogios y ánimo de los medios de comunicación de Prisa, de las televisiones públicas y de los asimilados y, ahora, con más intensidad que antes, de Vocento, a través del periódico ABC. Y, naturalmente también les apoyan un grupo de empresarios, siempre cercanos al poder del momento.

II) EL DERROTISMO COMO ESTRATEGIA

Singularmente llamativa es la toma de posición del nuevo ABC de Vocento, que ha pasado de ser un periódico conservador y monárquico a defender posturas de enorme ambigüedad. Ahora atacan el liderazgo de Mariano Rajoy, tanto directamente como mediante la crítica a la supuesta radicalidad de los principales dirigentes del PP, Acebes, Zaplana y la propia Esperanza Aguirre, así como a todos los que defienden posturas de firmeza antes temas como los atentados del 11M. Sus ataques a la COPE y a Federico Jiménez Losantos son una cortina de humo. Por supuesto que saben que si la COPE y Jiménez Losantos desparecieran todo sería mucho más fácil para sus candidatos a dirigir el PP. Pretenden ese cambio de liderazgo no a través de una confrontación de ideas, sino mediante un golpe palaciego, que situaría en puestos de la máxima responsabilidad a personajes como Piqué y Ruiz Gallardón.

La estrategia de la parte blanda del PP y sus aliados pasa por convencer al PP y a sus posibles votantes de que las próximas elecciones generales están perdidas. Pasa por convencer a oyentes y lectores de todo tipo de medios de comunicación de que no debería plantearse la próxima confrontación electoral por parte del PP sobre la defensa de la Constitución del 1978, o sobre la propuesta de un nuevo texto constitucional que, al tiempo que recupere las competencias imprescindibles para que el gobierno central, pueda proponer políticas nacionales, y asegure la libertad y la igualdad entre todos los españoles. La estrategia pasa por mantener que los atentados políticos del 11 de marzo de 2004 ya están esclarecidos. La estrategia pasa por convencer a los votantes moderados de que el engendro confederal en que se está convirtiendo la nación española es constitucional.

La decisión de intentar romper España, de expulsar de la vida pública al PP y a la mitad de la población española, se tomó por Prisa y el PSOE hace mucho tiempo. Y ha tenido éxito en lo que se refiere a la unidad política de España, pues la Constitución de 1978 es papel mojado; pero ha fallado estrepitosamente en su intento de expulsar a todo lo que representa el PP de la vida pública. Los votantes del PP no han dejado de apoyar el partido al que votaron en las elecciones de 2004. Incluso ha aumentado, según las encuestas de estos dos últimos años, su intención de voto, hasta igualar o superar a la del PSOE. Una mayoría de votantes siguen unidos sólidamente –para desesperación del PSOE– en defensa de la libertad y la igualdad entre todos los españoles. El aumento de la intención de voto al PSOE, tras la rendición del gobierno a ETA-Batasuna, vendido como alto el fuego permanente por parte de una banda terrorista que ya había sido derrotada policial y políticamente por los gobiernos del PP, es un fenómeno puntual, que refleja el deseo de paz de los españoles y que desaparecerá una vez que se asimile que esa tregua es sólo un paso más para la ruptura del orden constitucional, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña.

III) LAS NUEVAS SEÑAS DE IDENTIDAD MONÁRQUICA

Esa estrategia de romper el PP ha recibido otro apoyo adicional por parte del ABC de Vocento. En su caso, pasaría por convencer a sus lectores de que, por más que la unidad de España se haya roto, no ha ocurrido nada irreparable y que los que presentan la actual situación política española con la gravedad que tiene, son radicales extremistas que alimentan el enfrentamiento entre españoles. Y quieren transmitir la impresión de que la Corona estaría dispuesta a adaptarse a ese magma en el que confluyen aspectos confederales y otros que supone la independencia de parte de las actuales autonomías españolas. En esa nueva confederación de países hispánicos, los Borbones pasarían a ser los Austrias, aunque sin ninguna responsabilidad ni capacidad de representación. Y España, en lugar de ser una nación pasaría a ser un conjunto de diferentes naciones, a las que uniría, en teoría, una monarquía aceptada, básicamente, y ante todo, por la izquierda y los nacionalistas. A cambio, la Corona debería permanecer en silencio mientras se consuma la ruptura del consenso constitucional y de la propia Constitución de 1978.

Una posición de ese tipo acerca al ABC a los medios de Prisa, que no son, por supuesto, monárquicos. Para Prisa y para el PSOE, el de siempre y el de Rodríguez Zapatero, la monarquía es una institución aceptable sólo en la medida en que legitime el supuesto derecho perpetuo de la izquierda a gobernar en España. Si la monarquía acepta ese papel será respetada. Si no lo hace, será atacada sin piedad. Para la izquierda, la monarquía tiene asignado el papel de recordar a los españoles que la única legitimidad, digan lo que digan las urnas, es la que ellos encarnan.

Un triste final para un periódico que quizá está adaptándose ya a la nueva realidad política española, pues podría estar ocurriendo que sea ahora preponderante el papel de los consejeros vascos con inclinaciones nacionalistas sobre los españolistas. Lo que tiene lógica, económica y empresarial pues, para un medio de comunicación con domicilio social en el País Vasco, si España desaparece como unidad política y ese País Vasco consigue que le otorguen la independencia , lo más práctico sería tener las mejores relaciones posibles con cualquier gobierno vasco, que será, a imagen y semejanza de lo que se deriva del Estatuto de Cataluña, un gobierno intervencionista y capaz de una infinita corrupción; un gobierno con el que habría que pactar para sobrevivir.

IV) EL OBJETIVO DE LOS PRÓXIMOS MESES: QUEBRAR LA UNIDAD DEL PP

En cualquier caso, el objetivo básico de los medios de comunicación cercanos al PSOE es convencer al PP de que las próximas elecciones generales ya las ha perdido y de que Mariano Rajoy tiene que rodearse de gente blanda. De que ese nuevo PP tiene que aceptar ser la oposición parlamentaria de forma indefinida, mientras el gobierno se lo reparten socialistas y nacionalistas. El papel del PP sería el que ya tuvo AP, con Fraga a la cabeza, durante los gobiernos de Felipe González.

Esos objetivos, junto con la afirmación de que el Estatuto de Cataluña y otros similares que se aprobarán próximamente, empezando por uno para el País Vasco y siguiendo, si hay tiempo parlamentario, con Galicia, Canarias y Andalucía, son y serían, en su caso, constitucionales, es el centro de la estrategia del gobierno. Y de que no pasa nada. Que España seguirá funcionando igual, con Constitución o sin ella. Y, desgraciadamente, en el corto plazo eso es así. Aunque sea radicalmente falso en otros plazos algo más extensos.

Esa estrategia pasa por la eliminación de personas como Acebes y Zaplana y, si pudieran, por la de Esperanza Aguirre y otros líderes constitucionalistas del PP. La teoría, repetida machaconamente, a todas horas y en todos lo medios, es que Acebes, por ejemplo, no puede seguir, por haber sido el portador de las malas noticias de los atentados y porque como ministro del Interior no controló a los terroristas. Una tremenda tergiversación, porque durante el ministerio de Acebes ETA fue derrotada y un atentado político como el que se produjo, por lo que vamos conociendo, no era prevenible, tal y como están demostrando los artículos, entre otros, de Luis del Pino en Libertad Digital. Y a Zaplana no se le perdona que haya sido el portavoz del PP en la comisión de investigación del 11M. La campaña está destinada a los militantes y directivos del PP más que a los votantes, que nunca decidirán su voto por la personalidad de un dirigente determinado, sino por principios éticos o por intereses personales. Los organizadores de la campaña saben que el PP se mantiene unido por la fidelidad y firmeza de personas como Acebes, Zaplana y Esperanza Aguirre. Y saben, también, que un equipo directivo blando resultaría en la división del partido y el nacimiento de partidos conservadores regionalistas, que se corromperían con facilidad. Los que critican a los supuestamente duros y aparentemente quemados directivos del PP tienen por objetivo último romper el PP. Son enemigos de un partido conservador y liberal unido con ejemplar solidez. Son los enemigos de la Constitución de 1978.

Pero no sería bueno olvidar, en esta tesitura, una realidad política, constatable una y otra vez: las elecciones rara vez se ganan por la oposición. En la mayoría de las ocasiones no tiene la menor importancia incluso quien sea el líder de la oposición. Y quienes sean sus segundos o terceros es absolutamente irrelevante en el momento de decidir a quién votar; o mejor, a quién negar el voto. Las elecciones las suelen perder los gobiernos, como hemos tenido ocasión de comprobar en España en 2004, aunque haya sido necesario asesinar a 192 personas.

Y la insistencia en criticar a los líderes fuertes del PP no tiene por objetivo mejorar las opciones electorales de ese partido. Ocurre que la insistencia de todos ellos en querer aclarar quién organizó los atentados del 11M, es una amenaza para el gobierno del PSOE. Y querer saber por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha rendido a una ETA-Batasuna derrotada, es un riesgo para ese gobierno. Y querer saber por qué se ha promovido desde La Moncloa un Estatuto inconstitucional para Cataluña, es un riesgo para el gobierno del PSOE. Y querer saber por qué se pactó con los nacionalistas catalanes y La Caixa la entrega a bajo precio de Endesa, es un riesgo para el gobierno del PSOE. Todos los que preguntan públicamente el porqué de esas decisiones son un riesgo para el gobierno del PSOE. Y por eso los medios de comunicación propios y afines les intentan descorazonar y desprestigiar. Son, efectivamente, un tremendo riesgo: pueden hacer perder las próximas elecciones generales al PSOE, con un programa que proponga una nueva Constitución, que garantice la libertad y la igualdad entre todos los españoles, pero, sobre todo, porque ponen de manifiesto la traición del gobierno del PSOE a la Constitución de 1978, que se evidencia en el Estatuto de Cataluña y en el proyecto del de Andalucía, y que dará, todavía, otros frutos aún más amargos.