BARACUTEY CUBANO

Castro se queda con los dólares, dice Bush
Associated Press

IRVINE, California, EEUU - El presidente George W. Bush dijo el lunes que no dispone una apertura comercial o de viajes de Estados Unidos hacia Cuba, como lo ha hecho con China o Vietnam, debido a que "Fidel Castro ha adquirido la capacidad de arbitrar tus dólares en provecho de su gobierno".

¿Emigrantes privilegiados?

Estados Unidos: La reforma de las leyes migratorias abre una falsa polémica sobre el estatus de los cubanos en este país.

Juan Antonio Blanco, Ottawa

Manifestación por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. (AP)

A propósito del actual debate sobre las leyes migratorias de Estados Unidos se han escuchado quejas acerca de la escasa solidaridad expresada por los emigrantes cubanos con los de otras nacionalidades. En ocasiones esta observación es atribuida a la existencia de leyes que "privilegian" a los emigrantes de la Isla en Estados Unidos y hay quienes han opinado —ese es su derecho— que la Ley de Ajuste Cubano es un insoportable privilegio que debe ser abolido en aras de la igualdad.

Pero hay quienes no tienen derecho a emitir esas opiniones porque son los causantes principales de la actual situación: Me refiero a las autoridades cubanas que han desatado de nuevo una campaña contra la Ley de Ajuste, a la que desean convertir en chivo expiatorio de todas las muertes y actividades delictivas de contrabando humano en el Estrecho de la Florida.

Estos comentarios merecen ciertas puntualizaciones.

Digamos las cosas con claridad: los emigrantes latinoamericanos, en particular los mexicanos, se han visto sometidos a una campaña mezquina y demonizadora de corte xenófobo y racista.

Las comunidades cubanas radicadas en Estados Unidos deben mostrarse —como han hecho ya importantes organizaciones de exiliados entre las que se destaca la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA)— solidarias y activas en el debate por alcanzar una nueva ley migratoria. La ley ha de ser justa, tanto para atender la necesidad que tiene Estados Unidos (al igual que cualquier otro Estado) de controlar sus fronteras, como para que se respeten los derechos y la dignidad de los emigrados queprocuran aportar su trabajo honesto y buscar un futuro más prometedor para sus hijos.

Pero decir que los emigrados cubanos son un grupo privilegiado respecto a los demás, como han aventurado algunos comentaristas, no es justo ni exacto. Se hace pertinente puntualizar ciertas realidades sobre las circunstancias en que llegan a otros países los cubanos que logran salir del propio. Los privilegios de acogida por el país receptor (Estados Unidos) han de verse en el contexto de las enormes desventajas que padece ese grupo respecto a cualquier otro, en relación con el país emisor (Cuba).

Los llamados "privilegiados emigrantes cubanos", en la práctica, ni son privilegiados ni son emigrantes.

En primer lugar son, a todo efecto práctico, desterrados a los cuales nunca se les permitirá restablecerse en la tierra en que nacieron. Los cubanos sólo pueden regresar a su país de visita, por el término máximo de un mes, si el gobierno otorga el cuño de salvoconducto para llegar a la tierra en que nacieron.

Su situación es comparable con la del desterrado José Martí, quien, en su momento, pudo visitar la Isla con la autorización de las autoridades coloniales españolas. Pero con la diferencia de que mientras la Corona sólo exigía que el conocido político e ideólogo independentista no desafiara las leyes coloniales durante su estancia en la Isla, el actual gobierno cubano exige mucho más de sus desterrados.
Raras ventajas

Para conceder un permiso de visita a la Isla se demanda que, mientras transcurra el resto de su vida en el exterior, el desterrado cubano se mantenga siempre silencioso respecto a lo que sucede en su país y distante de toda organización crítica, disidente u oposicionista radicada en Cuba o fuera de la Isla. Para garantizar esa premisa se ha establecido la política de castigar a aquel que ose no retornar de algún viaje al exterior —los denominados 'quedados'— con mantener de rehén a sus familiares en la Isla por tres, cinco años o de modo indefinido. El concepto de 'quedado' sólo existe allí, donde se requiere de un permiso de salida y de retorno al país.

Monitoreando las expresiones públicas y las filias políticas de sus desterrados, La Habana decide a quién otorgar un permiso y a quién —como ocurrió a Celia Cruz— negárselo, aunque muera una madre lejos de la hija ausente. Sin pagar un cierto grado de sumisión al gobierno cubano, la patria se torna inaccesible. El libre e irrestricto derecho al retorno, de manera temporal o permanente, es tan válido para los cubanos hoy como para cualquier otra comunidad desplazada por un conflicto interno.

En segundo lugar, ningún emigrado a Estados Unidos de ningún otro país (salvo, quizás, Corea del Norte) sufre como en el caso de los cubanos la confiscación total y completa de todos los bienes y propiedades, desde la vivienda y cuentas de ahorro hasta el juego de cubiertos del comedor, antes de su salida del país.

Ni China, ni Rusia, ni Vietnam aplican ese sistema migratorio hoy día. Desterrado con apenas una maleta al expresar su deseo de radicarse en otro lugar, el cubano —cual judío que sale de la Alemania nazi— deja en manos del Estado todo el patrimonio que él y sus antecesores pudieron acumular.

Si sus riquezas eran considerables cuando en 1959 marchaban al extranjero los miembros de las clases más pudientes —algunos de los cuales lograron sacar su patrimonio muy al principio—, hoy se trata apenas de magras propiedades confiscadas a humildes familias de trabajadores, campesinos y profesionales. Pero, bien sean magras o no las propiedades arrebatadas, es todo lo que tienen, y lo ganaron a fuerza de sudor y sacrificio por varias generaciones.

En tercer lugar, ningún emigrado paga un precio más alto que los cubanos por las artificiales y abusivas tarifas impuestas por La Habana a las comunicaciones telefónicas —sin tener Internet como medio alternativo para saber de sus familiares— y al envío de remesas.

Los costos de las llamadas telefónicas a Cuba y de las remesas enviadas a ese país se sitúan entre las más altas de todo el planeta y las más caras del hemisferio occidental. Por cinco dólares, un mexicano en Estados Unidos puede hoy hablar siete horas con su familia, mientras que un cubano apenas pagaría el costo de la conexión inicial.

Raros son, sin lugar a duda, los "privilegios" de los cubanos.

Asimetrías

Sería más justo y exacto decir que el caso de la suavemente llamada "emigración cubana" tiene atributos radicalmente diferentes a los de cualquier otra, por lo que cualquier trato pretendidamente igualitario sería injusto en el marco de esa brutal asimetría.

Esas cruciales diferencias permiten que aquellos que en otros países desean viajar a buscar mejor empleo, en otras latitudes bien pueden hacerlo y retornar —al país y a su patrimonio personal—, o bien disponer la venta de sus propiedades y emplear esos recursos para asentarse mejor en la siempre difícil etapa inicial del emigrado.
En esa primera fase, caracterizada por los escasos ingresos del recién emigrado, cualquier latinoamericano y caribeño —o asiático, africano y europeo— puede mantener frecuentes contactos telefónicos o por Internet con sus familiares y hasta remesar cantidades modestas, pero que llegarán casi integras a sus seres queridos. Cualquiera… menos los cubanos.

Esos no son privilegios, sino derechos de todo emigrado. Pero los cubanos radicados en otros países carecen de estos elementales derechos. Es esa asimetría la que la también asimétrica Ley de Ajuste Cubano mitiga en alguna medida.

Habría que preguntar a aquellos que consideran privilegiados a los cubanos, cuando se erigen en defensores de los emigrados de otras nacionalidades, si estos últimos desearían realmente, en aras de lograr una verdadera igualdad, llegar a tener una Ley de Ajuste similar, pero a cambio de perder todos sus derechos en su país.

Puede argüirse, sin faltar a la verdad, que las razones que motivaron el establecimiento de la generosa Ley de Ajuste Cubano hay que buscarlas en la Guerra Fría y en el conflicto bilateral de Washington con La Habana. Pero al menos mientras el régimen de la Isla insista en mantener un sistema de controles migratorios estalinista que nadie, salvo una o dos naciones, comparte hoy día, dicha Ley apenas ayuda a la comunidad de emigrantes cubanos a compensar sus desventajas comparativas de llegada y adaptación.

La diáspora cubana hacia cualquier punto del planeta es testigo de que hay razones más complejas que la existencia de la Ley de Ajuste. Dichas razones explican esa voluntad de votar con los pies contra el régimen imperante en La Habana. Los muertos en el Estrecho de la Florida son atribuibles también a causas diversas, entre las que se encuentran, en primerísimo lugar, la desilusión con un sistema que ha privatizado los sueños a favor de una cúpula dirigente y de un sistema migratorio estalinista que pretende impedir toda evasión de los trabajadores de su supuesto paraíso.

Las razones de seguridad que aduce el gobierno de La Habana para arrebatar la libertad de movimiento a sus ciudadanos son ridículas e inadmisibles, si se tiene en cuenta que muchos otros países —España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Filipinas, Kenya, Argelia, Jordania, Egipto, India, entre otros— enfrentan amenazas secesionistas y/o terroristas de manera permanente y no han acudido al estalinismo migratorio como solución.

Ni más, ni menos

Lamentablemente, no son sólo las restricciones migratorias de La Habana las que hoy afectan a las familias separadas por el destierro que se les ha impuesto a algunos de sus miembros. Una parte sustantiva de la comunidad cubana en Estados Unidos viene haciéndose oír en reclamo de que se deroguen las medidas ejecutivas que en el año 2004 impusieron nuevas restricciones de viajes y envío de remesas y paquetes a la Isla, haciendo aún más difícil la separación de las familias. Una agenda a favor del libre movimiento no puede dejar de lado este justo reclamo.

Pero resulta inadmisible aprovecharse del actual debate migratorio para cuestionar a una comunidad que por más de cuatro décadas ha llegado a Estados Unidos sólo con su trabajo y talento —porque fueron despojados del resto— como desterrados permanentes.

Quien considere que en aras de la simetría con los restantes extranjeros radicados en Estados Unidos el gobierno estadounidense debiera eliminar la Ley de Ajuste Cubano, tendría que sentirse moralmente obligado a reclamar también del gobierno de Cuba la eliminación del actual sistema migratorio y su estandarización con el que hoy impera en la comunidad internacional.

Esa sería la más efectiva contribución para poner fin al obsceno tráfico humano en el Estrecho de la Florida, a los naufragios accidentales de balseros desesperados y a los provocados por los ataques brutales de los guardacostas cubanos (nadie ha olvidado los múltiples hundimientos y ametrallamientos de embarcaciones cargadas solamente con familias que buscaban soñar su futuro en libertad, sin poner a nadie más en peligro).

La remoción simultánea de todas las trabas que hoy impiden la reunificación de las familias y de las legislaciones y situaciones excepcionales que ellas engendraron: Tal es la única demanda justa. Ni más ni menos.