BARACUTEY CUBANO

Por Soren Triff

Los opositores continúan muriendo en manos del régimen cubano. A finales de junio murió el opositor y activista de la sociedad civil Manuel Acosta Lareda, de 47 años, mientras se encontraba encarcelado en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. Hay suficientes hechos de sangre y ejecuciones extrajudiciales para observar el nuevo patrón de violencia de las autoridades isleñas, posiblemente porque el terror institucional ya no funciona.

Los asesinados parecen ser hombres jóvenes, a menudo negros, activistas de la sociedad civil poco conocidos, residentes en las provincias, donde la prensa extranjera tiene una presencia muy limitada. Si el régimen no está involucrado entonces debe aclarar las circunstancias de la muerte de Acosta, como han pedido sus familiares según la agencia EFE. Si el control social ya no detiene las críticas de los cubanos contra sus gobernantes, como informó Will Weissert, de la agencia AP, entonces la comunidad internacional debe intervenir de manera franca para que se detengan los asesinatos.

La ejecución de Acosta mientras se encontraba ''bajo custodia policial'' es una mala noticia para todos. Si fue ordenada por los Castro, podría ser señal de pérdida del ''control de la calle'', es decir, el control del orden público que algunos asocian con un estado inestable (failing state). Las muertes extrajudiciales se emplean cuando el control social comienza a fracasar y los dirigentes pretenden aterrorizar a la población para que regrese a la obediencia.

Si la ejecución fue ordenada por algún líder local o fue un accidente, es una mala noticia también. Podría significar una pérdida de autoridad del régimen entre sus seguidores. Los opositores y presos políticos son propiedad privada de los Castro; nadie puede disponer de la vida de ellos sin autorización de los gobernantes. Los presos políticos son una ''materia prima'' importante para la propaganda. El régimen los utiliza para ''confeccionar'' enemigos exteriores e interiores, para hacer gestos diplomáticos liberando o apresando activistas ante figuras internacionales y finalmente para lanzarlos como ''armas biológicas'' contra países que reclaman libertad y democracia para Cuba. Si un funcionario se toma la atribución de ejecutar a un opositor, es un ''desafío'' a la autoridad; si la muerte sucede por error entonces es un problema grave de ''daño'' a la propiedad de los Castro.

En todos los casos, la ejecución de Acosta tiene un factor común: el avance de la burguesía ante el vacío de poder, tanto de la burguesía burocrática (los compañeros empresarios), como de la burguesía democrática, la que sabe que sus problemas de resuelven mediante conductas y valores democráticos. El asesinato es una reacción al brío de los agentes de cambio democrático, o es consecuencia del distanciamiento entre la burocracia y la ``familia''.

Las ejecuciones del activista Miguel Tamayo a principios de año y la de Acosta ahora constituyen un alarmante aumento del nivel de violencia del régimen que no puede pasar desapercibido por las organizaciones internacionales, los medios de prensa y los gobiernos que contribuyen a legitimar al régimen con sus relaciones comerciales, incluido Estados Unidos.

Pese a un notable embargo de la Unión Europea a Zimbabwe y de tener al prestigioso presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, como mediador entre el régimen de Robert Mugabe y la oposición, Zimbabwe se convierte en un estado fracasado y se desliza hacia una emergencia humanitaria precisamente por el uso de la violencia política contra la oposición, entre otras cosas. Cuba podría estar dando las primeras señales de convertirse en un Zimbabwe.