BARACUTEY CUBANO

Por Alberto Muller


El socialismo autoritario, demos las vueltas teóricas e históricas que se nos ocurra dar, siempre transcurre y concluye en un escenario de tribalismo político amenazador y desintegrante.

Y ese es el marco del proyecto constitucional de Hugo Chávez para Venezuela, que pretende imponer las ideas de su tribu de socialistas autoritarios para el Siglo XXI.

Por supuesto que debemos aclarar, que no nos referimos al socialismo democrático que respeta el juego pluripartidista y el estado de derecho, como sostén fundamental de la comunidad.

A la mano, ejemplos recientes como los de Felipe González (España), Francois Mitterrand (Francia) y Michelle Bachelet (Chile) nos parecen suficientes para mostrar la decencia cívica del socialismo democrático y su eficiencia en el desarrollo económico, sin descontar que existen otras opciones políticas viables, algunas más conservadores, liberales o centristas, pero todas con plenos derechos dentro del escenario democrático en libertad.

En el terreno del socialismo autoritario nos encontramos con un conglomerado de nombres despreciables por sus crímenes en la historia reciente, como: José Stalin (Unión Soviética), Adolfo Hitler (Alemania), Kim-Il-Sun (Corea del Norte), Pol-Pot (Cambodia) y Fidel Castro (Cuba), entre otros, que muestran los niveles más abyectos del abuso criminal.

Todos estos autoritarios del más puro centralismo estatal provocan el tribalismo político más sectario e insolente, que han concluido con que millones de seres humanos hayan sido injustamente sacrificados por este ideal político devorador .

Suponemos que con esta comparación entre el libre juego democrático y el autoritarismo socialista represor, sea suficiente para sustentar la tesis de esta viñeta periodística:

Revisemos con calma el escenario de la propuesta de constitución de Hugo Chávez para Venezuela, bajo el rimbombante título de Socialismo para el Siglo XXI y comprobemos la intención autoritaria y tribalista inherente en el proyecto.

Resulta significativo que de los dos mentores más connotados del presidente Hugo Chávez en su corta historia de golpista, de llorón acobardado ante monseñor Baltasar Porrás y de presidente electo: uno haya sido Ceresole, el conocido teórico fascista argentino, y el otro Fidel Castro, el gánster-comunista que ha hundido a Cuba en un caos desesperante de tristezas y de encarcelamientos.

Pero concentrémonos en el proyecto constitucional, pues cualquier constitución democrática debe tener un fundamento de contrato social para la comunidad que representa.

Toda Constitución, menos las fascistas, las fundamentalistas religiosas y las comunistas, tiene la obligación de ser integradora y abarcadora. Lo que quiere decir, en términos jurídicos, que primero integra a toda la comunidad de ciudadanos, y por ende, automáticamente los protege a todos.

Si no cumple con este requisito protector y de enlace, sin excepciones, ya presenta el primer contrasentido o incongruencia como documento constitucional de corte democrático.
Por eso es importante que el proceso constituyente sea siempre independiente y autónomo de los Poderes Públicos y que toda la comunidad, repetimos, esté representada en sus propuestas y decisiones.

La Asamblea Nacional de Venezuela que le está dando el visto bueno al Proyecto Constitucional, desgraciadamente sólo representa al chavismo.

Y ese sectarismo precisamente es el que invalida moralmente a este cuerpo legislativo para ser foro de revisión y de aprobación, pues su metodología está parcializada. Y lo excluyente contradice la aspiración de participación democrática que tiene que estar presente en todo foro constituyente.

Por otra parte el proyecto chavista pretende imponer un modelo ideológico a la Constitución, al calificarla de SOCIALISTA. Esta naturaleza impositiva, de IPSO-FACTO, la convierte en un documento tribal.

Cualquier proceso de modificación constitucional tiene la obligación de buscar el mayor consenso posible dentro de la comunidad ciudadana. Y algo aún más grave en el proyecto constitucional de Chávez, la pretensión a la reelección indefinida del presidente es un estímulo al caudillismo, que rememora la época autoritaria y antidemocrática del dictador venezolano del siglo pasado Juan Vicente Gómez.

También en el contenido de la propuesta de modificación constitucional de Chávez, se menoscaban los principios democráticos básicos, al defenderse: el centralismo exacerbado del Estado, la ideologización de una institución independiente y moderadora como la Fuerza Armada Nacional, la modificación sobre la naturaleza del derecho de propiedad y la eliminación o menoscabo de la libertad e iniciativa económica privada.

Pero aún más grave que todo lo anterior, es el tratamiento de irrespeto que muestra el proyecto chavista con los derechos fundamentales de la persona humana y finalmente el desprecio por las instituciones democráticas elegidas al proponer la creación de los Consejos Comunales, que están inspirados en la Constitución comunista cubana, cuyos miembros son todos nombrados por el Poder Ejecutivo y cuyo principal objetivo es neutralizar e interferir con las autoridades elegidas, ya sea a nivel regional, como local.

Un Consejo Comunal sólo podría ser legítimo, si es electo por el voto directo y secreto de la comunidad. De lo contrario se convertirá en un arma adicional para el abuso autoritario de la tribu chavista.

También la reforma constitucional chavista elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela para convertirlo en un instrumento del Presidente de la República y de sus planes políticos.

Las instituciones políticas, profesionales y religiosas de Venezuela deben alzar su voz de protesta cívica para frenar en seco este nuevo desenfreno de Hugo Chávez, que anda a la vera de repetir las locuras criminales en Venezuela de proyectos despreciables como los de Stalin, Hitler, Kim-Il-Sun, Pol Pot y Fidel Castro.

Chávez pretende imponer el tribalismo político más abyecto en la tierra del Libertador Simón Bólivar.

Confiemos en que los valores de libertad y de participación democrática triunfen ante este desafuero impositivo de un estado opresor y autoritario.