BARACUTEY CUBANO

La elección de delegados de la Asamblea Nacional de Cuba y el anuncio de presentación el próximo 24 de febrero de nuevos proyectos de candidaturas para el Consejo de Estado, ha generado expectativas sobre la posible retirada oficial del gran caudillo. Pero las reales posibilidades de reformas venideras no se fundamentan en esta ausencia --pues la verdadera libertad nunca se conquista cavando tumbas, ni reemplazando al usuario de una butaca presidencial--, sino en un florecimiento de la conciencia colectiva, en este caso la existencia de un sector reformista cada vez más creciente.

Tras el derrumbe del campo socialista, aquellos intelectuales que en Cuba continuaron creyendo en los ideales originarios del proceso plantearon a mediados de los 90 un nuevo modelo basado en un socialismo participativo: una descentralización con mayor autonomía de las bases. En 1995 uno de ellos, Hugo Azcuí, miembro del antiguo Centro de Estudios de América (CEA), abogaba, en medio de un fructífero debate, por ''una descentralización que evitara la indefensión de los sectores más expuestos al proceso de cambios [...,] ampliación y fortalecimiento de un espacio social autónomo que represente los intereses populares''. No llegaba a pedir, por supuesto, la libre elección de los representantes públicos, sin candidaturas impuestas desde arriba mediante el llamado ''voto unido'', sin comisiones con la prerrogativa de vetar a los candidatos propuestos por la ciudadanía en las circunscripciones y sin el privilegio de las altas instancias de ''proponer'' a los candidatos a los niveles superiores del Poder Popular; Azcuí murió al año siguiente por infarto el mismo día en que la élite lanzó contra este grupo una despiadada diatriba, punto de partida de un proceso inquisitorial.

Cualquier cambio futuro de política --ya lo instrumente la actual dirección o un nuevo liderato-- tiene que partir de un principio inequívoco: misericordia, piedad hacia la gente que ha vivido una vida entera en desesperanza y en lucha permanente por la supervivencia, donde la simulación es una condición de la existencia, sufriendo privaciones de toda índole: con familias numerosas hacinadas en estrechas viviendas; salarios y pensiones que no alcanzan para una vida decorosa, largas horas de espera para subir a ómnibus atestados, y sueños nunca realizados.

Misericordia sería que los actuales líderes renunciaran al poder absoluto y permitieran, en nombre de los intereses populares, que los trabajadores de empresas estatales participaran del reparto de utilidades y en la toma de decisiones, pero también que los antiguos propietarios renunciaran a reclamar sus propiedades y se avinieran a aceptar una justa indemnización. Misericordia sería que los detentadores del poder permitieran la formación espontánea de brigadas independientes para la construcción de sus propias viviendas.

No se trata de caridad pública, de limosnas otorgadas por grupos de prohombres magnificados por el dinero, el poder o una leyenda de heroísmos. No se trata de capitalismo o socialismo. Un concepto unido al principio de misericordia debe anteponerse a todo esquema político: participación. Porque, tanto estatizar latifundios con el pretexto de ''socialización'', o viceversa, privatizarlos en ventas o subastas a grandes corporaciones en nombre de la rentabilidad, el monopolio supervive bajo diferentes vestimentas. Que el águila vuele y la serpiente repte no resulta en realidad mucha diferencia para un indefenso conejo.

Una sociedad participativa --modelo probablemente predominante del tercer milenio por la descentralización que la revolución científico-tecnológica determina-- sería aquella donde se independizaran las cooperativas, se repartieran tierras entre los agricultores desposeídos, se cooperativizaran los pequeños centros de producción, comercio y servicios hoy en manos del Estado, como bodegas, farmacias, cafeterías, barberías, etc., se permitiera la producción y libre mercado a todos los cuentapropistas, se eliminaran las absurdas restricciones y elevados impuestos a los pequeños productores, se gestionaran microcréditos para la obtención de sus insumos, se instrumentara el sistema autogestionario en las empresas estatales y se permitiera a los cubanos del exterior el mismo derecho de los extranjeros a invertir en su propio país. Que no haya puerta abierta al extranjero que se cierre al cubano.

En la sociedad participativa estará más generalizado el reparto de ganancias que el sistema salarial, redundando en un mayor estímulo productivo. El dilema de la ausencia de real incentivo de la fuerza de trabajo en una relación puramente asalariada es un conflicto tan antiguo que hasta el propio Jesús lo ilustró en una parábola: ''El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas'' (Jn. 10:11-13). Aun siendo un mensaje espiritual, encierra una profunda realidad terrenal: la ausencia de un real interés del trabajador por el resultado final de su labor en la relación asalariada, ya sea ésta mediante el Estado o mediante el patrón privado.

Esa opción, la de los desamparados, debe ser defendida, con uñas y dientes, tanto del veneno de la serpiente como de las garras del águila.

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