BARACUTEY CUBANO

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Arrestos, golpizas, multas, amenazas, juicios y otros actos represivos caracterizaron 2008, según el informe del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
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Por Raúl Rivero, Madrid | 16/01/2009


La cábala política, los sueños, la hipocresía, la aventura de la predicción o el legítimo derecho de opinar y ofrecer una visión de la vida cotidiana en Cuba, suelen sufrir el fuetazo de la realidad con el testimonio de quienes están allá adentro, a pecho descubierto, alertas y lúcidos, con la disposición de contarlo todo. Y de contarlo bien.

Ese es el caso de los informes que redactan las instituciones de derechos humanos que laboran en la geografía de la Isla desde hace años. Su experiencia, el entrenamiento de sus activistas y observadores, el compromiso de esos equipos de trabajo con la oposición pacífica y con los sectores mayoritarios y más desfavorecidos de la sociedad, los convierten en la fuente más solvente del país.

Tengo en mi mesa el examen —fechado esta semana— que hace del año 2008 el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, con la colaboración de los Círculos Democráticos Municipales.

Es un dilatado retrato en tercera dimensión, con detalles, entrevistas, precisiones, anécdotas y relatos de primera mano, que saca al aire aspectos relevantes de los encarcelamientos, la situación de las prisiones, arrestos, golpizas, multas, amenazas, enjuiciamientos, citaciones a unidades policiales y otros muchos actos represivos.

En 2008, dice el informe, 67 disidentes fueron encarcelados o enjuiciados por motivos políticos. Y 51 fueron condenados a penas entre dos meses y cinco años de cárcel. Unos 15 estaban acusados por peligrosidad social predelictiva; es decir, sin cometer delito aun ante las leyes del gobierno.

El Consejo de Relatores recuerda que, en febrero, cuatro prisioneros del llamado Grupo de los 75, encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, fueron liberados y obligados a viajar a España. Sin embargo, asegura que otros nueve presos de conciencia de ese mismo grupo están enfermos, en estado crítico, y se les niega la licencia extrapenal.

En el capítulo de prisiones, el informe explica que se han incrementado los suicidios, autoagresiones y palizas. Miles de inocentes, enajenados mentales, minusválidos y enfermos viven hacinados, subalimentados y con falta de atención médica. "Están desnutridos —dice el documento—, muchos duermen en el suelo, barracas enteras se afeitan con una misma cuchilla, y se propagan el sida y otras patologías".

Ofensiva contra la población

El informe ofrece pormenores de los arrestos y juicios celebrados contra los disidentes en el último año y recoge denuncias sobre la situación de otros presos políticos. Según una nota del periodista independiente Adolfo Fernández Saínz, que cumple 20 años en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, el preso político Ramdol Roca Mursulí lleva seis meses en una celda de castigo, sin pertenencias, sin cama, privado de su derecho a llamadas telefónicas, visitas y correspondencia.

Roca Mursulí, de 32 años, está preso desde 2002, condenado a nueve años por escribir letreros de "Abajo Fidel" en paredes de centros comerciales de su ciudad natal, Punta Alegre.

Los activistas aseguran que han confirmado, a lo largo del año 2008, 71 muertos (suicidios, infartos, accidentes, abandonos) sólo en 21 prisiones, "pero desconocemos lo que ocurre en más de 200 centros carcelarios, pues el gobierno no sólo oculta la información, sino que persigue y encarcela a quienes la difunden o revelan".

Otro aspecto de la represión que señala el Consejo es la ofensiva desatada contra la población por luchar, por sobrevivir en la desastrosa situación económica que vive el país. El texto de los defensores de derechos humanos dice que se ha llegado al extremo de sanciones de entre uno y tres años de cárcel por transportar alimentos en cantidades destinadas a la familia. Por ejemplo, unas decenas de huevos, un quintal de yuca y 20 libras de queso criollo.

El documento, firmado por Margarito Broche, Juan Carlos González Leiva, Noelia Pedraza Jiménez y Tania Maceda, entre otros activistas, señala que en los últimos meses se ha aumentado la represión contra los disidentes pacíficos y los periodistas independientes, al tiempo que el gobierno intenta confundir a la opinión pública internacional "con la eliminación de trabas domésticas de escasa entidad y la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

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