BARACUTEY CUBANO

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EE UU y América Latina hablan de cambios en la política hacia Cuba. ¿Y qué hace La Habana?
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Por Ana Julia Faya
Ottawa | 08/04/2009


En los preparativos de la cumbre hemisférica, el tema Cuba vuelve a ser parte de las discusiones, aunque no de la agenda oficial. No es asunto nuevo, ni tampoco lo es el régimen; pero las actuales circunstancias políticas internacionales sí, incluidas las relaciones del continente con La Habana y el movimiento dentro de Estados Unidos para cambiar la política hacia la Isla.

( Raul Castro, junto a la congresista norteamericana Barbara Lee, el 6 de abril de 2009 en La Habana. (AP) )

Opuesto a lo escrito recientemente por Fidel Castro en una de sus reflexiones —"¿Por qué se excluye a Cuba?", Juventud Rebelde, abril 5 de 2009—, el continente de hoy no es el de la Unión Panamericana, con un Estados Unidos que intentaba abrirse paso contra las potencias europeas en suelos latinoamericanos y caribeños.

Tampoco es el posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los latinoamericanos le impusieron al vencedor, Estados Unidos, la creación de la Organización de Estados Americanos. Los vecinos esperaban de EE UU ayuda al desarrollo, a cambio de la alianza prestada durante la contienda, pero el país más poderoso logró después imponer su agenda.

No es tampoco el hemisferio de la Guerra Fría, con dictaduras militares en el poder, la Junta Interamericana de Defensa enfrentada a un insurgente movimiento guerrillero apoyado desde Punto Cero y un Tratado de Asistencia Recíproca, aplicado a Cuba para expulsar a su gobierno comunista e ignorado durante la Guerra de las Malvinas. No caben comparaciones superficiales, por ahistóricas.

El blindaje de la OEA

Los 21 firmantes del Tratado de Bogotá, en 1948, han pasado a ser un conjunto de 35, con la excepción de Cuba. Estos países mantienen la singularidad de pertenecer a la OEA, la única organización del mundo en la que se intenta mantener un balance de intereses entre un continente y una potencia.

El paso del tiempo ha dejado su huella en la aprobación de la cláusula democrática, durante la Tercera Cumbre en Québec, y la posterior adopción de la Carta Democrática. El gobierno liberal de Canadá impulsó en la región valores de adhesión a la democracia, respeto por los derechos humanos y apego al Estado de derecho. Los latinoamericanos se mostraron dispuestos a no repetir las amargas experiencias de asesinatos y desapariciones de las dictaduras militares y, Estados Unidos, a no utilizar dichas experiencias para sus fines de contrainsurgencia y roll back frente al comunismo.

En todos estos años, se pueden detallar los aciertos de la OEA, sostén del proceso de Cumbres, y también sus fallas. La principal de estas últimas es no haber elaborado, junto con la Carta Democrática, instrumentos jurídicos de sanciones, capaces de ser aplicados a un Estado miembro que incumpliese los principios democráticos.

Tampoco definió el acatamiento de dichos principios, no sólo en el ejercicio de procesos electorales, sino en cuanto al respeto de la libertad de expresión en los medios, el empoderamiento de la sociedad civil, el fortalecimiento de los sistemas jurídicos, la renovación de los mandatos presidenciales y la transparencia de los órganos estatales.

Aun con estas carencias, y a pesar de las muy diversas filiaciones políticas de los gobiernos, en América Latina y el Caribe se aprecian cambios marcados por las nuevas circunstancias continentales: Hugo Chávez se ve obligado a someterse a reiterados procesos en las urnas, Evo Morales enfrenta las discusiones con la oposición en el Congreso, el presidente electo de El Salvador toma distancia entre la ideología del FMLN y su responsabilidad al frente del ejecutivo y Óscar Arias restablece relaciones con La Habana.

Nada se mueve

Sin embargo, en Cuba no ha existido cambio político alguno que indique un acercamiento a la cláusula democrática de Québec. Ni un desarrollo hacia un socialismo más democrático, como reclaman intelectuales de la Isla, que sea respetuoso además de la libre expresión de la diversidad ideológica.

Es precisamente esta circunstancia la que deberá impedir, en Trinidad y Tobago, el reingreso de la Isla a los organismos hemisféricos —al margen de las apasionadas declaraciones de Ortega, Morales o Chávez—, y con ello la posibilidad de aceptar de facto una definición laxa de democracia y derechos humanos, conveniente para las aventuras de cambios constitucionales en los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

En las actuales circunstancias no podría repetirse aquella tendencia encabezada por Brasil y México, a fines de los años ochenta, que propugnaba el reingreso de Cuba al organismo regional, para "presionar desde dentro" hacia un cambio de sistema en la Isla. La aprobación de la Carta Democrática, en 2001, técnicamente impediría el ingreso.

Por su parte, en Estados Unidos, que sistemáticamente se ha opuesto al reingreso de la Isla al sistema interamericano, se han incrementado recientemente las acciones en el Congreso y las propuestas de instituciones políticas, académicas y de hombres de negocios y congresistas en favor de un cambio de política hacia La Habana y el levantamiento de las sanciones contra el régimen de los Castro.

La administración de Obama, en sólo dos meses, ha dado pruebas de desarrollar una política exterior sustentada sobre la base de acciones diplomáticas, el fortalecimiento de alianzas, el uso de los organismos multilaterales e incluso el ofrecimiento de diálogo con adversarios, a diferencia del gobierno anterior.

Acorralando a Obama

Es de esperar que, aunque Cuba no sea prioridad en la muy cargada agenda nacional e internacional de EE UU, algunas de las acciones hacia la Isla fructifiquen durante el mandato de Obama, como parece ser el caso del levantamiento de las sanciones a los viajes de los cubanos que residen allí.

Obama asistirá a la Cumbre de Trinidad, los días del 17 al 19 de abril, junto a varias democracias de la región que también aspiran a sacar provecho de la nueva política exterior norteamericana, para sus muy diversos intereses domésticos y regionales. Todo esto, en medio de una crisis económica global que ya amenaza con borrar los logros de los últimos años contra la pobreza.

Al decir del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la Cumbre prevalecerá "el sentido común", y en la relación con Estados Unidos deberá dársele al presidente Obama "la posibilidad de desarrollar su política, pero no lo presionen demasiado en asuntos que todos sabemos que él no puede resolver hoy", en lo que podría ser una alusión al tema del embargo.

No obstante, Fidel Castro, quien parece seguir dirigiendo la política exterior y no participa en las Cumbres, lanza una "reflexión" tras otra contra la cita de Trinidad, se reúne con Ortega en La Habana, alaba las posiciones del senador Lugar y de otros congresistas y le reclama a Obama el levantamiento del embargo. Todo lo anterior, después de sabotear cualquier acercamiento durante las administraciones de Carter y Clinton.

El de ahora es un claro intento de acorralar al nuevo presidente en la Cumbre y continuar su sempiterna confrontación con "el enemigo". Ya anunció las "importantes reservas" que algunos jefes de Estado harán —Nicaragua, Venezuela, Bolivia y quizás Ecuador— "para que se comprenda que, a pesar de las modificaciones alcanzadas en duras discusiones, existen ideas que son para ellos inaceptables".

Inercia sin fin

La carta del republicano Lugar, el ingreso de La Habana al Grupo de Río, las reiteradas declaraciones del propio secretario general de la OEA —inclinadas a una revisión de las sanciones contra la Isla— y las declaraciones de algunos mandatarios latinoamericanos, tendientes a aceptar a Cuba en el sistema regional, hacen pensar en la posibilidad de que se inicie un proceso de discusiones al respecto, dentro de un abanico de posibilidades; desde el gesto de levantar las sanciones aplicadas en 1962 —el TIAR hoy es inexistente—, hasta un muy complicado proceso de reingreso en el futuro mediato.

Para el reingreso, habría que contar, en primer lugar, con la anuencia del gobierno de la Isla, y luego pasar por alto, o entrar a revisar, la letra de los documentos en vigor, dando por sentado que La Habana no daría pasos hacia una democracia representativa.

En estos términos, la aceptación del reingreso de Cuba al sistema interamericano significaría un retroceso de casi dos décadas de defensa de la democracia en la región, desde que se aprobó la Declaración de Santiago en 1991. De adoptarse este curso de acción, habría triunfado la realpolitik de los países miembros, con la complacencia de los integrantes del ALBA, por encima del cuerpo de documentos constitutivos del sistema y la OEA.

Paradójicamente, mientras en Trinidad puede redimirse el sentido de colaboración de las Cumbres, después de que sucumbiera en Mar del Plata, y su población se apresta a recibir al primer presidente negro de Estados Unidos, Cuba languidece en el inmovilismo y la confrontación.

Las modificaciones de política exterior y acercamiento a La Habana de Costa Rica, Chile, El Salvador, Brasil o México, y la retórica de las declaraciones y gestos de la presidencia de Obama, en defensa de los derechos de los cubanos residentes en Estados Unidos, contrastan con una inercia en el régimen de los Castro que parece no tener fin.

Los permisos de salida y entrada de los cubanos hacia y desde su país no se han derogado, las remesas siguen gravadas por el Estado y no se permite su inversión en empresas familiares, los medios de información continúan controlados por el Estado, no existe una sociedad civil con participación real en las decisiones que se adoptan, se carece de un Estado de derecho, no existe la libertad de asociación ni de expresión y persiste la sistemática represión y hostigamiento contra la oposición y la disidencia.



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