BARACUTEY CUBANO

Ministerio del Interior autoriza salida del país, de sospechosa de asesinato




Por Laritza Diversent
15 septiembre, 201



MININT mantiene por bajo prisión a 6 personas por un supuesto delito de asesinato mientras deja escapara a la testigo presencial y principal sospechosa del caso.

Leonardo Rodríguez, Pedro Valerino, Jesús Daniel Forcade, Ramón Hechavarría, Leonardo Limonta y Juan Enrique Galindo, fueron detenidos entre octubre y noviembre del 2010, por el asesinato del joyero, Humberto González, en la madrugada del 14 de septiembre de ese año. Al presente, el caso sigue en proceso instructivo.

La fiscalía decidió aplicar la medida cautelar de prisión provisional, porque supuestamente ocasionaron, al joyero lesiones que desencadenaron en su fallecimiento. No obstante, la muerte fue violenta, provocada por asfixia mecánica, por presión sobre el cuello y obstrucción de los orificios nasales y la boca, según certificó Medicina Legal.

Según la hipótesis de las autoridades, los sospechosos robaron en la vivienda del señor González Otaño con el rostro cubierto, mientras este dormía junto a su esposa, Esther Fernández Almeida. Después de hacerlo confesar donde guardaba el dinero y las joyas, se marcharon dejándolos encerrados en la vivienda.

La esposa del orfebre no pudo identificar a los dos agresores que penetraron en su vivienda, vestidos con ropas oscuras, mascaras y guantes. Según sus declaraciones, entre los objetos sustraídos se encontraban 5 sortijas, 3 cadenas y 2 pulsos todos de oro 18 quilates, además de dinero en moneda nacional, pesos convertibles y dólares norteamericanos, sin poder precisar cifra exacta.

No obstante ser la única testigo presencial de los hechos y la última persona que vio con vida al joyero asesinado, las autoridades le dieron a Fernández Almeida, un permiso para salir del país, el pasado 23 de marzo, hacia España.

Humberto González Otaño, se dedicaba a comercializar joyas, cambiar pesos convertibles por dólares norteamericanos y guardaba elevadas sumas de dinero y prendas, en su casa sita en San Miguel del Padrón. Según declararon los detenidos, era conocido en La Habana como el hombre que mejor pagaba el oro.

Según consta en el Expediente de fase preparatoria a cargo de la División de Investigaciones Criminales y Operaciones (DIVICO), conocido como 100 y Aldabó, en el capitalino municipio de Boyeros, los detenidos confesaron que planearon, y en dos ocasiones intentaron, robar en casa de Tarzán, apodo con el que conocían al joyero, pero desistieron.

Tampoco existe evidencia física que ubique a los sospechosos en la escena del crimen. No obstante las autoridades los mantienen bajo prisión provisional, aun cuando los actos preparatorios a la ejecución de un delito y el desistimiento, según el Código Penal cubano, no son sancionable.

La mayoría de los encausados residen en Mantilla, barrida marginal y de alto índice de peligrosidad del periférico municipio Arroyo Naranjo, el más pobre de la capital cubana. Sus Familiares protestan porque las autoridades no tienen prueba que destruyan la inocencia de estos, y afirman, que los mantienen bajo prisión, por tener antecedentes penales en delitos de robo con fuerza.

A pesar de que la prolongación excesiva de la detención preventiva afecta la presunción de inocencia y lesiona el derecho a la libertad personal, en la legislación cubana no existen plazos máximos establecidos para mantener en prisión a una persona durante el desarrollo de un proceso penal.

Una de las madres de los detenidos, presentó escrito de quejas ante el Ministerio Fiscal y del Interior y el órgano de justicia en la capital. Recibió respuesta del Tribunal de la Habana, que se reconoció incompetente para conocer el asunto, porque el caso aun se encontraba bajo proceso instructivo.

El gobierno cubano irrespeta las garantías del debido proceso, mientras sus ciudadanos carecen de recursos legales efectivos para defenderse del exceso de poder de las autoridades, más cuando en Cuba, ningún tribunal tiene jurisdicción para conocer asuntos de materia constitucional, aun cuando se trate de violación de los derechos humanos.