Venezuela y Cuba. Anthony Daquin: “Albet es un camuflaje del G2 cubano”. El monopolio cubano en Venezuela de los controles de identidad electrónicos
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Tomado de http://www.elnuevoherald.com
El monopolio cubano en Venezuela de los controles de identidad electrónicos
Por ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Congregada en la ciudad china de Shenzhén para la demostración, la delegación cubana captó de inmediato cómo la nueva tecnología podía ser empleada para ejercer un mayor control sobre la población -y aplastar cualquier brote contrarrevolucionario- en Venezuela.
El agente de seguridad chino caminaba casualmente por la calle, llevando en una mano lo que lucía como un teléfono inteligente, mientras los transeúntes paseaban a su alrededor sin sospechar que estaban siendo vigilados, narró a El Nuevo Herald el ingeniero venezolano Anthony Daquin, quien estuvo presente durante la demostración.
Después de un breve trecho, el agente se acercó a los invitados. En el pequeño aparato había registrado la información personal de decenas de personas que habían pasado a su lado. Todos los datos vinculados con sus carnés de identidad habían sido transmitidos subrepticiamente por un diminuto chip RFID incrustado dentro del propio documento de plástico.
Los cubanos, la mayoría vinculados con los servicios de seguridad de la isla, se miraban las caras sin poder ocultar su asombro ante el acto de magia tecnológica que permitía detectar la ubicación exacta de un individuo sin que éste lo supiera.
Uno de los representantes del equipo se acercó a Daquin, y muy entusiasmado, le manifestó: “Esto es lo que necesitamos, es lo que estábamos esperando, Anthony. Esto es lo que vamos a implementar en Venezuela”, relató el ex asesor del ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
Y es lo que el gobierno venezolano tiene previsto introducir en el país sudamericano en caso de de que el presidente Hugo Chávez gane las elecciones del 2012, como parte de un elaborado sistema diseñado para aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos.
Es un sistema, según Daquin, diseñado y operado por Cuba, que ya tiene bajo su control el sistema de emisión de cédulas de identidad y de pasaportes, así como toda información privada y sensible de todos los venezolanos, incluyendo las propiedades que poseen, cuánto ganan, dónde viven y, quizás más importante, si respaldan o se oponen a la revolución socialista de Chávez.
Es un instrumento de control cuyo desarrollo y administración ha significado un jugoso negocio para el régimen de La Habana, que ha comenzado a ofrecer esos servicios a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, dijo el ingeniero.
“La información es poder […] y la información íntima de los venezolanos ha sido manejada de forma objetiva, y de forma centralizada desde La Habana, de una manera que le ha permitido al presidente Chávez mantenerse en el poder”, expresó.
Daquin, cuyas declaraciones iniciales a la prensa venezolana generaron cierto revuelo en el país, dijo que pudo ver de cerca los primeros pasos dados por Chávez para implantar mejores mecanismos de control sobre la ciudadanía después del golpe de Estado en su contra, en abril del 2002.
El ingeniero sostuvo que él estuvo presente en algunos de esos primeros pasos, en representación de una empresa que asesora al gobierno en materia de tecnología, y participó activamente en la modernización del sistema de cédulas de identidad hasta que al entender los alcances de lo que se pretendía hacer, discutió con la comisión cubana.
“[Les dije que] si ustedes implementan este documento [la cédula de identidad electrónica] en Venezuela, yo me voy a sentir como cuando la época de [el dictador Marco] Pérez Jiménez, cuando la gente le temía a la Seguridad Nacional [policía secreta] y nadie tenía la oportunidad de expresarse públicamente”, comentó Daquin sobre el enfrentamiento que condujo a su caída en desgracia con el gobierno venezolano y posteriormente a convertirse en el blanco de un atentado.
“[Con el documento], ahora tengo una Seguridad Nacional, pero electrónica”, explicó Daquin, quien actualmente solicita asilo político en Estados Unidos.
En realidad luce más como el G2 cubano, cuya presencia en Venezuela era notable incluso antes de que el gobierno de Chávez firmara con Cuba una concesión de emitir los documentos de identidad del país sudamericano.
“Ya desde antes [de la firma del convenio], los cubanos habían tenido acceso a lo que les daba la gana en cuanto a la identidad de los venezolanos”, aseguró el general de Brigada de la Guardia Nacional, Marco Ferreira, quien fue jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIEX) de Venezuela.
Ese acceso cobró fuerza durante la gestión en el 2004 del ex ministro del Interior, Jesse Chacón, quien, según Ferreira, terminó por abrirle las puertas totalmente al personal cubano al sistema de documentación y extranjería.
Hoy en día, es personal cubano el que tiene el control de los sistemas de documentación de los venezolanos. Un contrato redactado en el 2007 otorgó a la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A., división comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, la concesión para emitir la documentación venezolana.
A cambio de los documentos, cuya elaboración en realidad Albet subcontrató a la multinacional Gemalto debido a su incapacidad técnica de elaborar la tarjeta, el gobierno venezolano se comprometió a pagar $172 millones, de acuerdo con el contrato suministrado por Daquin a El Nuevo Herald.
El contrato estipulaba la entrega de ocho millones de tarjetas vírgenes, pero Albet solo entregó seis millones, en lo que constituye una clara violación del contrato, dijo Daquin.
Según Daquin, el control de Albet sobre el proceso de emisión de documentación y sobre las bases de datos utilizadas en el proceso es absoluto y el régimen de la isla cuenta con todas las herramientas necesarias para expedir documentos venezolanos legítimos a cubanos o a cualquier otro extranjero.
La información vinculada a esos documentos comenzó a ser recabada por Cuba incluso desde el 2002, y actualmente se encuentra almacenada en una gigantesca base de datos administrada desde Cuba por personal de la UCI, dijo Daquin.
La base de datos, que inicialmente sólo incluía la información de la DIEX, fue sistemáticamente ampliada para incluir la información recaudada por los otros organismos, como la autoridad fiscal, los programas sociales conocidos como “Misiones” e incluso la información pertinente a la afiliación política del ciudadano, dijo Daquin.
También fueron incluidas toda la información de las notarías y la de los registros civiles.
Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características personales de cualquier individuo, su edad, su última residencia fiscal, y cuánto gana, sino también las propiedades que tiene.
El gobierno venezolano, por su parte, niega que el régimen de La Habana esté en control del sistema de identificación venezolano.
“[La base de datos para la cedulación] es administrada de manera soberana e independiente por venezolanos”, sostuvo recientemente el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami.“Es falso lo que dice el oposicionismo [de que está en manos cubanas]”.
Daquin, no obstante, aseguró que el ministro miente.
“Venezuela le entregó todo esto a Cuba como parte de su estrategia para controlar al ciudadano”, reiteró Daquin. “El objetivo es: ‘tenemos que controlar a la población venezolana, a los ciudadanos y a la ciudadanas para presentar, llevar e implementar nuestro modelo’, modelo completamente socialista”.
Por otro lado, la cédula electrónica le otorga una nueva dimensión al instrumento de control, ya que otorga la facultad de las autoridades de detectar a un ciudadano al instante y cualquier opositor que se exprese negativamente contra el gobierno en la calle podría ser identificado sin que se de cuenta, explicó Daquin.
El gobierno venezolano actualmente está en posesión de seis millones de tarjetas con el chip RFID (sistema de identificación por radiofrecuencia) y tiene planes de iniciar un proceso de reemplazar los viejos documentos con los nuevos a partir del 2013.
El polémico sistema RFID es utilizado actualmente por las autoridades chinas por los beneficios que otorga en la gigantesca tarea de controlar a más de 1,200 millones de ciudadanos.
En un momento dado la tecnología fue considerada por algunas compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos para acelerar los pagos sin que el instrumento tuviese que ser pasado a través de un lector, pero esos planes fueron descartados debido al alto riesgo vinculado con el robo de identidad.
La elaboración de la base de datos con la información de los venezolanos comenzó en los primeros años de mandato del presidente Chávez sin autorización de la Asamblea Nacional tras la firma de un acuerdo de cooperación con Cuba.
Esa información se encontraba en gran medida recaudada en papel haciendo uso de un formato que era aplicado en el país por décadas y la tarea de digitalización fue asignada a miles de jóvenes venezolanos pertenecientes al denominado Frente Francisco de Miranda, muchos de los cuales fueron entrenados en Cuba para convertirse en los guardianes de la revolución de Chávez.
“Se trata de una serie de venezolanos que desprecian la identidad venezolana, desprecian lo que deberían ser su sentido patriótico y se han convertido en agentes más radicales que los cubanos”, comentó Ferreira.
“Son gente del Frente Francisco de Miranda. Los llevaron para que se formaran como milicianos, y luego les dan la función de comisarios políticos, y los regaron por todas las instituciones del Estado”, añadió.
Los integrantes del frente estuvieron a cargo de la denominada Misión Identidad, iniciativa que en cuestión de pocos años emitió más de cinco millones de cédulas de identidad a extranjeros que residían en el país, dijo Daquin.
Daquin, no obstante, dijo que es poco probable que las leyes venezolanas hayan sido cumplidas a cabalidad durante la emisión de los documentos en una operación que además tenía serías implicaciones electorales.
“Esta es una pregunta que debe realizarse todo venezolano: ¿Está usted seguro de que la persona que tiene al lado es el ciudadano que dice ser? ¿Quién asegura que es así? Las bases de datos en Venezuela tienen una discrepancia muy grande”, expresó el ingeniero.
La experiencia en Venezuela es una que Cuba aspira a replicar en otros países del ALBA.
Daquin dijo que personal cubano estuvo involucrado en el proceso de emitir nuevos documentos de identidad en Nicaragua y ha tenido acercamientos con Ecuador y Bolivia.
“Cada país tiene su propia base de datos, pero cuando Cuba accede a esa información, obviamente excede a las base de datos, a su estructura principal. Y realmente el objetivo es el mismo que se hizo en Venezuela. Es un objetivo de integración bajo un solo modelo, y una sola ideología política”, expresó.
Anthony Daquin, ex asesor de gobierno venezolano video
EXCLUSIVO: Informe de sistema de identificación venezolano previo al convenio con Cuba
EXCLUSIVO: Contrato confidencial entre Cuba y Venezuela para transformación del sistema de identificación
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Tomado de http://www.reportero24.com
Anthony Daquin: “Albet es un camuflaje del G2 cubano”
Por: ADRIANA RIVERA
4 de septiembre 2011
Danquin tiene en sus archivos el contrato que el MIJ firmo con Albet y las fotos de visitas oficiales con funcionarios venezolanos a los países que podían proveer la nueva cédula.
Esta pidiendo asilo político en EEUU con toda su familia
■ “Albet es un camuflaje del G2 cubano”
■ “Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime”.
■ Anthony Daquin, ex asesor del Gobierno, asegura que fue secuestrado y forzado a salir del país por conocer las condiciones del contrato que el Ministerio de Interior y Justicia firmó con una empresa cubana para la elaboración de la cédula electrónica.A nthony Daquin saca de su maletín sus credenciales de asesor del Ejército venezolano y varios ejemplares de cédulas y pasaportes modelo con los que ilustra la conversación.
Dijo que tardaría 43 minutos en llegar, lo que demora el tren, y cumplió casi cronométricamente. Aunque se encuentra en Estados Unidos, la idea de que podrían espiarlo hace que el ingeniero de computación se fije en el techo del café al que entra y aguce los pequeños ojos verdes detrás de sus lentes para detallar a los comensales que le rodean.
Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 laboró para una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa. Por eso las credenciales que aún porta. De allí pasó a dos empresas más del área, que prestan servicio al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Era una cara conocida en ese organismo; para 2006 ya se había convertido en asesor.
“La empresa dio cursos de inducción a Albet para que los cubanos aprendieran técnicas de identificación, seguridad de la información, informática.
Albet es un camuflaje del G2 cubano. Cuando conocí a los funcionarios de esa compañía, ellos escribían en libretas. Yo enseñé a algunos a manejar teléfonos inteligentes y cámaras digitales”, recuerda.
Daquin pone sobre la mesa álbumes de fotos en los que aparece rodeado de chinos, en medio de banquetes oficiales, o en el malecón de La Habana flanqueado por funcionarios venezolanos de guayaberas rojas. Asegura que integró las comisiones que la entonces Onidex (ahora Saime) envió a países como China, Portugal, Alemania, España y Suiza para evaluar qué cédula electrónica le convenía comprar. Muestra los cuadernos de su pasaporte repletos de sellos. Afirma ser uno de los pocos que tuvo acceso a los contratos que suscribió el Gobierno venezolano con la empresa Albet en materia de cedulación.
– ¿Cuál fue su papel en la contratación de la nueva cédula?
- Se hizo la evaluación, se discutió sobre el contrato y las características técnicas del documento que se iba a comprar.
La licitación se hizo en Cuba, sin presencia de venezolanos.
Conocí el contrato porque un amigo me lo envió; sus condiciones fueron la primera irregularidad que vi. Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime.
– ¿Hizo alguna observación luego de ver el contrato?
-Mi intención era que Venezuela tuviera el documento con la mejor tecnología. No tengo la culpa de que Cuba tenga el control. En 2009, Albet le pidió a Gemalto (firma que ganó la licitación para proveer las cédulas) que me despidiera porque manejaba mucha información.
– Usted era asesor del ministerio y al mismo tiempo trabajaba para Gemalto. ¿Recibió alguna comisión o soborno por ese contrato?
- No recibí comisión. Pero yo manejaba información privilegiada y vi el aspecto comercial.
Quería comprar la licencia para importar otro mecanismo de seguridad para la cédula, con lo que me ganaría en ese negocio podría retirarme. No estuve incurso en acciones ilegales ni contra el Estado. Me amenazaron y por eso salí del país.
– ¿Qué amenazas recibió?
- El 12 de noviembre de 2009 fui secuestrado a las 9:07 de la mañana, en El Rosal. Estaba solo, en una panadería de la avenida Tamanaco. Cuando salí al estacionamiento vi 3 motos tipo comando alrededor de mi carro. Los motorizados iban uniformados de negro, con armas 9 milímetros. No tenían insignias de policía, tenían chalecos, parecían de la Disip (actual Sebin). Me dijeron: “Móntate como si nada, Anthony, que necesitamos hablar, camarada”.
Sólo me hablaron 2 de ellos, uno con acento andino, que fue el que me montó en el carro, y otro con acento cubano.
Me enseñaron fotos de mi hija en un celular, pronunciaron su nombre y que estaba en el receso, en el colegio, con su amiguita Ana. Me dijeron que era un traidor por haber ido con mis hijos a la marcha contra la Ley de Educación del 22 de agosto de 2009. “Estuviste en la marcha, te cambiaste de bando y tú tienes información vital”, dijeron. Fueron 3 horas de terror.
Me hicieron manejar en dirección a Guatire, me golpearon con la pistola y me la metieron en la boca. Me preguntaban a quién le iba a enviar la información y qué recordaba del contrato. Les dije que no sabía de qué me hablaban. En Guarenas me dijeron que tomara la carretera vieja y me hicieron detenerme en un paraje. Me puse a llorar. Acababa de cambiar unos dólares y tenía en mi casa, en El Valle, como 60.000 bolívares. Se los ofrecí y ellos se bajaron del carro para hablar; me quitaron las llaves. Ya era mediodía. Me dieron 3 horas para buscar el dinero. Amenazaron con matar a mi hijo si no se los daba. Fui a la casa a buscarlo.
Nos encontramos a las 3:05 de la tarde en la misma panadería de El Rosal. Le dieron la plata a 2 motorizados que tomaron rumbo a Prados del Este. Me hicieron manejar a Guarenas otra vez. Me pidieron más dinero.
La liquidación de Gemalto me la daban la primera semana de diciembre, me pidieron que se las diera en dólares. Pero debía ir a Estados Unidos a buscarla.
Después de ese día, los muchachos no fueron más a clases. La casa estaba vigilada siempre.
Separé al grupo familiar y nos volvimos a encontrar en el aeropuerto el 5 de diciembre de 2009. El 7 de enero de 2010 los hombres me esperarían con el resto del dinero. El G2 me interrogó en el aeropuerto, me preguntaron por qué estaba viajando con el perro, cuánto tiempo me quedaría. Creo que mis secuestradores tenían contactos allí y sabían que iba a pasar esa seguridad. Al llegar a Estados Unidos le conté a mi familia sobre el secuestro. Decidimos ir con un abogado y pedir asilo. En la primera audiencia, en marzo de 2010, me lo negaron y estamos apelando. Mi último abogado dejó de representarme porque tiene familiares en Venezuela y los amenazaron.
– ¿Por qué hasta ahora cuenta lo que le sucedió?
- Porque estoy cansado de vivir con miedo. Yo sé que me van a matar; lo que quiero es que mis hijos vivan tranquilos.
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Convenios con Cuba:
La mayoria de los contratos violan normas de software libre.
Por los desarrollos tecnológicos que vende la isla, Venezuela debe pagar licencias de uso, lo que contraviene el decreto presidencial que obliga al uso de estos programas.
L a soberanía tecnológica es una de las banderas que el gobierno de Hugo Chávez ha levantado. Que Venezuela sea autónoma en materia de tecnologías de la información es una de las metas trazadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. Uno de los objetivos establecidos fue lograr, en un máximo de cinco años, la migración de los sistemas de la administración pública nacional al software libre, que tiene sus códigos fuente abiertos, para que los usuarios puedan programarlo, adaptarlo o redistribuirlo según sus necesidades. De otro modo, tendrían que pagar la licencia de uso, como lo hace cualquier usuario que en su computadora desea instalar el sistema Office, por ejemplo.
Pero los contratos de desarrollo de programas suscritos con Cuba por varios organismos públicos venezolanos establecen el uso de software propietario, por el que hay que pagar a grandes productoras internacionales. Esto pese al decreto presidencial 3390, emitido en diciembre de 2004, que establece que todas las oficinas del Estado emplearán prioritariamente software libre.
El Ejecutivo señala la norma debe fortalecer la industria nacional del software. “En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en software libre bajo estándares abiertos, los órganos y entes de la administración pública nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios establecidos por ese ministerio”, establece.
Irregular. “Los convenios internacionales pasan por encima de cualquier norma nacional o resolución ministerial. A las empresas nacionales que licitan para cualquier proyecto les exigen desarrollar software libre y todas las normativas laborales, pero a empresas de afuera no. La mayoría de los contratos se adjudican a la empresa cubana Albet, por el convenio Cuba-Venezuela”, señala un ingeniero que trabaja en la administración pública y pide mantener su nombre en reserva.
Desde el chavismo han surgido críticas al incumplimiento de esa normativa. El 3 de junio pasado apareció en la página progubernamental Aporrea.org el artículo de Feijoo Jiménez, conductor de radio y defensor del uso de software libre, en el que cuestiona que varios desarrollos informáticos que ejecuta Albet fueron fabricados por transnacionales que cobran a Venezuela la renovación de las licencias de uso de sus productos. También critica que el sistema de registro del censo nacional no fue diseñado en el país. “El sistema operativo es de la transnacional Microsoft, cuya empresa fue demandada por el gobierno del imperio (Estados Unidos) por monopolio.
Además, el manejo de bases de datos es de la empresa Oracle, una transnacional, lo que indica que las licencias de desarrollo no están dentro de la ley”, denuncia Jiménez.
“En vista de que Venezuela se convirtió en un mercado prácticamente seguro y cautivo, surge en 2005 Albet Ingeniería y Sistemas S. A.”, indica Maniuryis Peña, alumna de posgrado de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, en un trabajo académico para el Centro de Tecnologías para la Formación de esa casa de estudios.
El pago que hace el Estado a esa compañía dependiente de la UCI es mayor, por ejemplo, al presupuesto total de la Universidad Central de Venezuela para el año pasado, que fue de 236 millones de dólares.
La UCI señala en su página web que tiene un solo laboratorio de desarrollo de software, mientras que las universidades venezolanas tienen decenas de ellos.
“Creo que hay una buena cantidad de personas capaces, salidas de nuestras universidades y de los tecnológicos públicos y privados, que pueden hacer el trabajo de programación”, opina Edmundo Vitale, ex director de la Escuela Latinoamericana de Redes, que tiene sede en la Universidad de los Andes. Recuerda que hay muchas microempresas formadas por profesionales venezolanos que se dedican a la creación de programas informáticos y que son contratados tanto en el país como en el extranjero por la calidad de sus trabajos.
Por: ADRIANA RIVERA
ARIVERA@EL-NACIONAL.COM
SUFRAGIO2012 | ELECCIONES
EL NACIONAL
El monopolio cubano en Venezuela de los controles de identidad electrónicos
Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela
Por ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Congregada en la ciudad china de Shenzhén para la demostración, la delegación cubana captó de inmediato cómo la nueva tecnología podía ser empleada para ejercer un mayor control sobre la población -y aplastar cualquier brote contrarrevolucionario- en Venezuela.
El agente de seguridad chino caminaba casualmente por la calle, llevando en una mano lo que lucía como un teléfono inteligente, mientras los transeúntes paseaban a su alrededor sin sospechar que estaban siendo vigilados, narró a El Nuevo Herald el ingeniero venezolano Anthony Daquin, quien estuvo presente durante la demostración.
Después de un breve trecho, el agente se acercó a los invitados. En el pequeño aparato había registrado la información personal de decenas de personas que habían pasado a su lado. Todos los datos vinculados con sus carnés de identidad habían sido transmitidos subrepticiamente por un diminuto chip RFID incrustado dentro del propio documento de plástico.
Los cubanos, la mayoría vinculados con los servicios de seguridad de la isla, se miraban las caras sin poder ocultar su asombro ante el acto de magia tecnológica que permitía detectar la ubicación exacta de un individuo sin que éste lo supiera.
Uno de los representantes del equipo se acercó a Daquin, y muy entusiasmado, le manifestó: “Esto es lo que necesitamos, es lo que estábamos esperando, Anthony. Esto es lo que vamos a implementar en Venezuela”, relató el ex asesor del ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
Y es lo que el gobierno venezolano tiene previsto introducir en el país sudamericano en caso de de que el presidente Hugo Chávez gane las elecciones del 2012, como parte de un elaborado sistema diseñado para aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos.
Es un sistema, según Daquin, diseñado y operado por Cuba, que ya tiene bajo su control el sistema de emisión de cédulas de identidad y de pasaportes, así como toda información privada y sensible de todos los venezolanos, incluyendo las propiedades que poseen, cuánto ganan, dónde viven y, quizás más importante, si respaldan o se oponen a la revolución socialista de Chávez.
Es un instrumento de control cuyo desarrollo y administración ha significado un jugoso negocio para el régimen de La Habana, que ha comenzado a ofrecer esos servicios a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, dijo el ingeniero.
“La información es poder […] y la información íntima de los venezolanos ha sido manejada de forma objetiva, y de forma centralizada desde La Habana, de una manera que le ha permitido al presidente Chávez mantenerse en el poder”, expresó.
Daquin, cuyas declaraciones iniciales a la prensa venezolana generaron cierto revuelo en el país, dijo que pudo ver de cerca los primeros pasos dados por Chávez para implantar mejores mecanismos de control sobre la ciudadanía después del golpe de Estado en su contra, en abril del 2002.
El ingeniero sostuvo que él estuvo presente en algunos de esos primeros pasos, en representación de una empresa que asesora al gobierno en materia de tecnología, y participó activamente en la modernización del sistema de cédulas de identidad hasta que al entender los alcances de lo que se pretendía hacer, discutió con la comisión cubana.
“[Les dije que] si ustedes implementan este documento [la cédula de identidad electrónica] en Venezuela, yo me voy a sentir como cuando la época de [el dictador Marco] Pérez Jiménez, cuando la gente le temía a la Seguridad Nacional [policía secreta] y nadie tenía la oportunidad de expresarse públicamente”, comentó Daquin sobre el enfrentamiento que condujo a su caída en desgracia con el gobierno venezolano y posteriormente a convertirse en el blanco de un atentado.
“[Con el documento], ahora tengo una Seguridad Nacional, pero electrónica”, explicó Daquin, quien actualmente solicita asilo político en Estados Unidos.
En realidad luce más como el G2 cubano, cuya presencia en Venezuela era notable incluso antes de que el gobierno de Chávez firmara con Cuba una concesión de emitir los documentos de identidad del país sudamericano.
“Ya desde antes [de la firma del convenio], los cubanos habían tenido acceso a lo que les daba la gana en cuanto a la identidad de los venezolanos”, aseguró el general de Brigada de la Guardia Nacional, Marco Ferreira, quien fue jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIEX) de Venezuela.
Ese acceso cobró fuerza durante la gestión en el 2004 del ex ministro del Interior, Jesse Chacón, quien, según Ferreira, terminó por abrirle las puertas totalmente al personal cubano al sistema de documentación y extranjería.
Hoy en día, es personal cubano el que tiene el control de los sistemas de documentación de los venezolanos. Un contrato redactado en el 2007 otorgó a la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A., división comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, la concesión para emitir la documentación venezolana.
A cambio de los documentos, cuya elaboración en realidad Albet subcontrató a la multinacional Gemalto debido a su incapacidad técnica de elaborar la tarjeta, el gobierno venezolano se comprometió a pagar $172 millones, de acuerdo con el contrato suministrado por Daquin a El Nuevo Herald.
El contrato estipulaba la entrega de ocho millones de tarjetas vírgenes, pero Albet solo entregó seis millones, en lo que constituye una clara violación del contrato, dijo Daquin.
Según Daquin, el control de Albet sobre el proceso de emisión de documentación y sobre las bases de datos utilizadas en el proceso es absoluto y el régimen de la isla cuenta con todas las herramientas necesarias para expedir documentos venezolanos legítimos a cubanos o a cualquier otro extranjero.
La información vinculada a esos documentos comenzó a ser recabada por Cuba incluso desde el 2002, y actualmente se encuentra almacenada en una gigantesca base de datos administrada desde Cuba por personal de la UCI, dijo Daquin.
La base de datos, que inicialmente sólo incluía la información de la DIEX, fue sistemáticamente ampliada para incluir la información recaudada por los otros organismos, como la autoridad fiscal, los programas sociales conocidos como “Misiones” e incluso la información pertinente a la afiliación política del ciudadano, dijo Daquin.
También fueron incluidas toda la información de las notarías y la de los registros civiles.
Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características personales de cualquier individuo, su edad, su última residencia fiscal, y cuánto gana, sino también las propiedades que tiene.
El gobierno venezolano, por su parte, niega que el régimen de La Habana esté en control del sistema de identificación venezolano.
“[La base de datos para la cedulación] es administrada de manera soberana e independiente por venezolanos”, sostuvo recientemente el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami.“Es falso lo que dice el oposicionismo [de que está en manos cubanas]”.
Daquin, no obstante, aseguró que el ministro miente.
“Venezuela le entregó todo esto a Cuba como parte de su estrategia para controlar al ciudadano”, reiteró Daquin. “El objetivo es: ‘tenemos que controlar a la población venezolana, a los ciudadanos y a la ciudadanas para presentar, llevar e implementar nuestro modelo’, modelo completamente socialista”.
Por otro lado, la cédula electrónica le otorga una nueva dimensión al instrumento de control, ya que otorga la facultad de las autoridades de detectar a un ciudadano al instante y cualquier opositor que se exprese negativamente contra el gobierno en la calle podría ser identificado sin que se de cuenta, explicó Daquin.
El gobierno venezolano actualmente está en posesión de seis millones de tarjetas con el chip RFID (sistema de identificación por radiofrecuencia) y tiene planes de iniciar un proceso de reemplazar los viejos documentos con los nuevos a partir del 2013.
El polémico sistema RFID es utilizado actualmente por las autoridades chinas por los beneficios que otorga en la gigantesca tarea de controlar a más de 1,200 millones de ciudadanos.
En un momento dado la tecnología fue considerada por algunas compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos para acelerar los pagos sin que el instrumento tuviese que ser pasado a través de un lector, pero esos planes fueron descartados debido al alto riesgo vinculado con el robo de identidad.
La elaboración de la base de datos con la información de los venezolanos comenzó en los primeros años de mandato del presidente Chávez sin autorización de la Asamblea Nacional tras la firma de un acuerdo de cooperación con Cuba.
Esa información se encontraba en gran medida recaudada en papel haciendo uso de un formato que era aplicado en el país por décadas y la tarea de digitalización fue asignada a miles de jóvenes venezolanos pertenecientes al denominado Frente Francisco de Miranda, muchos de los cuales fueron entrenados en Cuba para convertirse en los guardianes de la revolución de Chávez.
“Se trata de una serie de venezolanos que desprecian la identidad venezolana, desprecian lo que deberían ser su sentido patriótico y se han convertido en agentes más radicales que los cubanos”, comentó Ferreira.
“Son gente del Frente Francisco de Miranda. Los llevaron para que se formaran como milicianos, y luego les dan la función de comisarios políticos, y los regaron por todas las instituciones del Estado”, añadió.
Los integrantes del frente estuvieron a cargo de la denominada Misión Identidad, iniciativa que en cuestión de pocos años emitió más de cinco millones de cédulas de identidad a extranjeros que residían en el país, dijo Daquin.
Daquin, no obstante, dijo que es poco probable que las leyes venezolanas hayan sido cumplidas a cabalidad durante la emisión de los documentos en una operación que además tenía serías implicaciones electorales.
“Esta es una pregunta que debe realizarse todo venezolano: ¿Está usted seguro de que la persona que tiene al lado es el ciudadano que dice ser? ¿Quién asegura que es así? Las bases de datos en Venezuela tienen una discrepancia muy grande”, expresó el ingeniero.
La experiencia en Venezuela es una que Cuba aspira a replicar en otros países del ALBA.
Daquin dijo que personal cubano estuvo involucrado en el proceso de emitir nuevos documentos de identidad en Nicaragua y ha tenido acercamientos con Ecuador y Bolivia.
“Cada país tiene su propia base de datos, pero cuando Cuba accede a esa información, obviamente excede a las base de datos, a su estructura principal. Y realmente el objetivo es el mismo que se hizo en Venezuela. Es un objetivo de integración bajo un solo modelo, y una sola ideología política”, expresó.
Anthony Daquin, ex asesor de gobierno venezolano video
EXCLUSIVO: Informe de sistema de identificación venezolano previo al convenio con Cuba
EXCLUSIVO: Contrato confidencial entre Cuba y Venezuela para transformación del sistema de identificación
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Tomado de http://www.reportero24.com
Anthony Daquin: “Albet es un camuflaje del G2 cubano”
Por: ADRIANA RIVERA
4 de septiembre 2011
Danquin tiene en sus archivos el contrato que el MIJ firmo con Albet y las fotos de visitas oficiales con funcionarios venezolanos a los países que podían proveer la nueva cédula.
Esta pidiendo asilo político en EEUU con toda su familia
■ “Albet es un camuflaje del G2 cubano”
■ “Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime”.
■ Anthony Daquin, ex asesor del Gobierno, asegura que fue secuestrado y forzado a salir del país por conocer las condiciones del contrato que el Ministerio de Interior y Justicia firmó con una empresa cubana para la elaboración de la cédula electrónica.A nthony Daquin saca de su maletín sus credenciales de asesor del Ejército venezolano y varios ejemplares de cédulas y pasaportes modelo con los que ilustra la conversación.
Dijo que tardaría 43 minutos en llegar, lo que demora el tren, y cumplió casi cronométricamente. Aunque se encuentra en Estados Unidos, la idea de que podrían espiarlo hace que el ingeniero de computación se fije en el techo del café al que entra y aguce los pequeños ojos verdes detrás de sus lentes para detallar a los comensales que le rodean.
Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 laboró para una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa. Por eso las credenciales que aún porta. De allí pasó a dos empresas más del área, que prestan servicio al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Era una cara conocida en ese organismo; para 2006 ya se había convertido en asesor.
“La empresa dio cursos de inducción a Albet para que los cubanos aprendieran técnicas de identificación, seguridad de la información, informática.
Albet es un camuflaje del G2 cubano. Cuando conocí a los funcionarios de esa compañía, ellos escribían en libretas. Yo enseñé a algunos a manejar teléfonos inteligentes y cámaras digitales”, recuerda.
Daquin pone sobre la mesa álbumes de fotos en los que aparece rodeado de chinos, en medio de banquetes oficiales, o en el malecón de La Habana flanqueado por funcionarios venezolanos de guayaberas rojas. Asegura que integró las comisiones que la entonces Onidex (ahora Saime) envió a países como China, Portugal, Alemania, España y Suiza para evaluar qué cédula electrónica le convenía comprar. Muestra los cuadernos de su pasaporte repletos de sellos. Afirma ser uno de los pocos que tuvo acceso a los contratos que suscribió el Gobierno venezolano con la empresa Albet en materia de cedulación.
– ¿Cuál fue su papel en la contratación de la nueva cédula?
- Se hizo la evaluación, se discutió sobre el contrato y las características técnicas del documento que se iba a comprar.
La licitación se hizo en Cuba, sin presencia de venezolanos.
Conocí el contrato porque un amigo me lo envió; sus condiciones fueron la primera irregularidad que vi. Las cláusulas entregan la base de datos de venezolanos cedulados, lo que permite cruzar la información del Consejo Nacional Electoral, el Seniat y el Saime.
– ¿Hizo alguna observación luego de ver el contrato?
-Mi intención era que Venezuela tuviera el documento con la mejor tecnología. No tengo la culpa de que Cuba tenga el control. En 2009, Albet le pidió a Gemalto (firma que ganó la licitación para proveer las cédulas) que me despidiera porque manejaba mucha información.
– Usted era asesor del ministerio y al mismo tiempo trabajaba para Gemalto. ¿Recibió alguna comisión o soborno por ese contrato?
- No recibí comisión. Pero yo manejaba información privilegiada y vi el aspecto comercial.
Quería comprar la licencia para importar otro mecanismo de seguridad para la cédula, con lo que me ganaría en ese negocio podría retirarme. No estuve incurso en acciones ilegales ni contra el Estado. Me amenazaron y por eso salí del país.
– ¿Qué amenazas recibió?
- El 12 de noviembre de 2009 fui secuestrado a las 9:07 de la mañana, en El Rosal. Estaba solo, en una panadería de la avenida Tamanaco. Cuando salí al estacionamiento vi 3 motos tipo comando alrededor de mi carro. Los motorizados iban uniformados de negro, con armas 9 milímetros. No tenían insignias de policía, tenían chalecos, parecían de la Disip (actual Sebin). Me dijeron: “Móntate como si nada, Anthony, que necesitamos hablar, camarada”.
Sólo me hablaron 2 de ellos, uno con acento andino, que fue el que me montó en el carro, y otro con acento cubano.
Me enseñaron fotos de mi hija en un celular, pronunciaron su nombre y que estaba en el receso, en el colegio, con su amiguita Ana. Me dijeron que era un traidor por haber ido con mis hijos a la marcha contra la Ley de Educación del 22 de agosto de 2009. “Estuviste en la marcha, te cambiaste de bando y tú tienes información vital”, dijeron. Fueron 3 horas de terror.
Me hicieron manejar en dirección a Guatire, me golpearon con la pistola y me la metieron en la boca. Me preguntaban a quién le iba a enviar la información y qué recordaba del contrato. Les dije que no sabía de qué me hablaban. En Guarenas me dijeron que tomara la carretera vieja y me hicieron detenerme en un paraje. Me puse a llorar. Acababa de cambiar unos dólares y tenía en mi casa, en El Valle, como 60.000 bolívares. Se los ofrecí y ellos se bajaron del carro para hablar; me quitaron las llaves. Ya era mediodía. Me dieron 3 horas para buscar el dinero. Amenazaron con matar a mi hijo si no se los daba. Fui a la casa a buscarlo.
Nos encontramos a las 3:05 de la tarde en la misma panadería de El Rosal. Le dieron la plata a 2 motorizados que tomaron rumbo a Prados del Este. Me hicieron manejar a Guarenas otra vez. Me pidieron más dinero.
La liquidación de Gemalto me la daban la primera semana de diciembre, me pidieron que se las diera en dólares. Pero debía ir a Estados Unidos a buscarla.
Después de ese día, los muchachos no fueron más a clases. La casa estaba vigilada siempre.
Separé al grupo familiar y nos volvimos a encontrar en el aeropuerto el 5 de diciembre de 2009. El 7 de enero de 2010 los hombres me esperarían con el resto del dinero. El G2 me interrogó en el aeropuerto, me preguntaron por qué estaba viajando con el perro, cuánto tiempo me quedaría. Creo que mis secuestradores tenían contactos allí y sabían que iba a pasar esa seguridad. Al llegar a Estados Unidos le conté a mi familia sobre el secuestro. Decidimos ir con un abogado y pedir asilo. En la primera audiencia, en marzo de 2010, me lo negaron y estamos apelando. Mi último abogado dejó de representarme porque tiene familiares en Venezuela y los amenazaron.
– ¿Por qué hasta ahora cuenta lo que le sucedió?
- Porque estoy cansado de vivir con miedo. Yo sé que me van a matar; lo que quiero es que mis hijos vivan tranquilos.
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Convenios con Cuba:
La mayoria de los contratos violan normas de software libre.
Por los desarrollos tecnológicos que vende la isla, Venezuela debe pagar licencias de uso, lo que contraviene el decreto presidencial que obliga al uso de estos programas.
L a soberanía tecnológica es una de las banderas que el gobierno de Hugo Chávez ha levantado. Que Venezuela sea autónoma en materia de tecnologías de la información es una de las metas trazadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030. Uno de los objetivos establecidos fue lograr, en un máximo de cinco años, la migración de los sistemas de la administración pública nacional al software libre, que tiene sus códigos fuente abiertos, para que los usuarios puedan programarlo, adaptarlo o redistribuirlo según sus necesidades. De otro modo, tendrían que pagar la licencia de uso, como lo hace cualquier usuario que en su computadora desea instalar el sistema Office, por ejemplo.
Pero los contratos de desarrollo de programas suscritos con Cuba por varios organismos públicos venezolanos establecen el uso de software propietario, por el que hay que pagar a grandes productoras internacionales. Esto pese al decreto presidencial 3390, emitido en diciembre de 2004, que establece que todas las oficinas del Estado emplearán prioritariamente software libre.
El Ejecutivo señala la norma debe fortalecer la industria nacional del software. “En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en software libre bajo estándares abiertos, los órganos y entes de la administración pública nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios establecidos por ese ministerio”, establece.
Irregular. “Los convenios internacionales pasan por encima de cualquier norma nacional o resolución ministerial. A las empresas nacionales que licitan para cualquier proyecto les exigen desarrollar software libre y todas las normativas laborales, pero a empresas de afuera no. La mayoría de los contratos se adjudican a la empresa cubana Albet, por el convenio Cuba-Venezuela”, señala un ingeniero que trabaja en la administración pública y pide mantener su nombre en reserva.
Desde el chavismo han surgido críticas al incumplimiento de esa normativa. El 3 de junio pasado apareció en la página progubernamental Aporrea.org el artículo de Feijoo Jiménez, conductor de radio y defensor del uso de software libre, en el que cuestiona que varios desarrollos informáticos que ejecuta Albet fueron fabricados por transnacionales que cobran a Venezuela la renovación de las licencias de uso de sus productos. También critica que el sistema de registro del censo nacional no fue diseñado en el país. “El sistema operativo es de la transnacional Microsoft, cuya empresa fue demandada por el gobierno del imperio (Estados Unidos) por monopolio.
Además, el manejo de bases de datos es de la empresa Oracle, una transnacional, lo que indica que las licencias de desarrollo no están dentro de la ley”, denuncia Jiménez.
“En vista de que Venezuela se convirtió en un mercado prácticamente seguro y cautivo, surge en 2005 Albet Ingeniería y Sistemas S. A.”, indica Maniuryis Peña, alumna de posgrado de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, en un trabajo académico para el Centro de Tecnologías para la Formación de esa casa de estudios.
El pago que hace el Estado a esa compañía dependiente de la UCI es mayor, por ejemplo, al presupuesto total de la Universidad Central de Venezuela para el año pasado, que fue de 236 millones de dólares.
La UCI señala en su página web que tiene un solo laboratorio de desarrollo de software, mientras que las universidades venezolanas tienen decenas de ellos.
“Creo que hay una buena cantidad de personas capaces, salidas de nuestras universidades y de los tecnológicos públicos y privados, que pueden hacer el trabajo de programación”, opina Edmundo Vitale, ex director de la Escuela Latinoamericana de Redes, que tiene sede en la Universidad de los Andes. Recuerda que hay muchas microempresas formadas por profesionales venezolanos que se dedican a la creación de programas informáticos y que son contratados tanto en el país como en el extranjero por la calidad de sus trabajos.
Por: ADRIANA RIVERA
ARIVERA@EL-NACIONAL.COM
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posted by PPAC @ 11/29/2011 02:44:00 a. m.
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