Alberto Roteta Dorado: Adiós a la represora Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador.
Santa Cruz de Tenerife. España.- Tal vez muy pocos recuerden la primera intervención de Lenín Moreno a solo unos días de haber asumido la presidencia del país. Los grandes cambios que han tenido lugar en Ecuador durante su mandato, así como los preocupantes sucesos ocurridos recientemente en la frontera con Colombia han desplazado de su protagonismo aquella histórica intervención suya en la que participaron numerosos periodistas, comunicadores y activistas sociales, los que con sumo respeto le pidieron que hiciera una revisión de la llamada Ley de Comunicación, impuesta por el régimen del dictador Rafael Correa para asegurar el control absoluto de los medios de prensa, y por consiguiente de aquellos que trabajan la noticia, la opinión y el debate del acontecer nacional y del mundo en la nación andina.
Justamente en ese momento – hace solo poco más de un año– comprendí que Ecuador podría experimentar un viraje radical en su política y en su sistema de gobierno con la llegada del nuevo presidente, independientemente de que en realidad era el representante del Partido Alianza PAIS y el otrora candidato presidencial promovido y defendido por Rafael Correa, elementos más que suficientes como para saber que estábamos en presencia de un caso de continuismo político.
Sin embargo, Moreno supo escuchar, y trató de modo muy afable a todos aquellos que tuvieron la ocasión de participar en aquella tenida, cuasi privada, pero no por esto menos importante dada su repercusión ulterior, y en primer lugar para percibir que Lenín Moreno tomaría las riendas y conduciría al país por el buen camino. Lo de la tendencia izquierdista y el absurdo del socialismo del siglo XXI ya se iría resolviendo con el transcurso de los meses, como efectivamente ocurrió.
Ecuador se salió definitivamente de las garras del aparente comunismo que en realidad jamás tuvieron, se restablecieron relaciones de camaradería con naciones como Estados Unidos – lo que fortalecería los lacerados vínculos en lo económico–, amén de mantenerse al margen de las atrocidades de los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los únicos de la región en los que sobrevive a modo de arcaico rudimento la tendencia socialista.
Ha pasado un año para que se haga pública la noticia de la determinación definitiva de la presidencia del país en relación con la Ley de Comunicación –considerada por muchos periodistas y medios como inconstitucional y violatoria de derechos humanos– que tanto ha afectado el desempeño de los profesionales de la comunicación ecuatoriana.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación será enviado este viernes 18 de mayo para su trámite en la Asamblea. Así lo anunció en su habitual enlace Lenín Moreno. Además, ha decidido vender las acciones de los medios incautados por el gobierno anterior.
En sus casi cinco años de existencia la ley de comunicación ha generado observaciones y cuestionamientos respecto a su aplicación, sobre todo relacionados a la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), organismo que también decidió suprimir definitivamente de acuerdo al proyecto de reforma. Supercom frenó la libertad de expresión y pensamiento durante los últimos años de la administración de Correa mediante la imposición de restricciones, numerosas multas y demandas que condujeron a la reducción de personal e incluso al cierre de distintos medios independientes.
Según un informe de la ONG Fundamedios, desde que entró en vigor dicha ley, hasta la llegada de Moreno a la presidencia en mayo de 2017, la Supercom procesó 1.081 casos en contra de medios y periodistas, de los que 675 terminaron en sanciones, y se recaudaron en multas al menos unos 531 mil dólares.
El régimen dictatorial de Rafael Correa se apropió de algunos medios de comunicación, los que hoy se encuentran en quiebra toda vez que resultan insostenibles por el estado. Gamavisión fue al abismo y TC Televisión, según la valoración de Andrés Michelena, gerente de Medios Públicos, dejó de ser un canal rentable. De ahí que el nuevo gobierno determinó vender los paquetes accionarios de estos medios.
Los canales antes mencionados han tenido pérdidas de alrededor de 23 millones de dólares en los últimos diez años – la década dictatorial de Rafael Correa quien se apropió de estos medios–. Desde octubre de 2017 el directivo denunció la pérdida de 17 millones en pérdidas de Gamavisión desde 2008 y de 6 millones en TC Televisión. Las llamadas Sabatinas, enlaces que Rafael Correa realizaba los sábados – al estilo de las antiguas tribunas antiimperialistas de Cuba– originaron pérdidas estimadas en más de 5 millones de dólares. "¿Quién fue el responsable de tomarse la pantalla de Gamavisión todos los sábados durante diez años?", se cuestionó Michelena.
Lenín Moreno declaró que “estos medios no pueden seguir en manos del Estado porque, además, fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica” (…) "Salimos de un Estado de propaganda a un Estado de comunicación bidireccional, de diálogo, a un Estado democrático" (…) “La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado”, lo que demuestra la apertura que está teniendo lugar en Ecuador y los pasos que se dan continuamente para lograr el restablecimiento de la democracia luego de una década de represión que dejó al país no solo devastado desde el punto de vista económico – téngase en cuente su enorme deuda y sus elevados índices de pobreza y desempleo (los reales, y no los que declaró Rafael Correa), sino demasiado polarizado en lo político.
Pero no solo sorprende por estos días a los trabajadores de los medios de comunicación esta acción tan esperada, sino que ya se oficializó realizar una detallada investigación para precisar todas las amenazas hechas contra los periodistas.
Para esto se cuenta con una misión conformada por miembros del Comité para Protección de Periodistas (CPJ), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Universidad de Columbia de Estados Unidos, los que han llegado a Ecuador para iniciar dicha investigación.
La delegación, que trabajará durante una semana en Quito y Guayaquil, tiene previsto reunirse con el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y con varios asambleístas para abordar las restricciones de la aun vigente Ley Orgánica de Comunicación impuesta por el gobierno anterior. Las conclusiones se harán públicas el próximo viernes durante una rueda de prensa prevista a realizarse en las oficinas de Fundamedios.
Así las cosas, todo parece indicar que Ecuador dará su adiós definitivo a la represora Ley Orgánica de Comunicación impuesta por la dictadura de Correa para ejercer su manipulación sobre los medios de prensa y las cadenas televisivas.
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