BARACUTEY CUBANO

Carolina Barrero.sobre La información en manos de la DEA y el FBI sobre la vinculacion de los Castro  al narcotrafico

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Tomado de https://www.in-cubadora.com/

Carolina Barrero: Raúl Castro, el narcotraficante / La historia del ‘draft indictment’ del dictador cubano

DD.HH. | Memoria | 20 de enero de 2026

En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un  jurado indagatorio federal de Florida. Este suceso, extrañamente olvidado, fue documentado en la prensa de la época, y años más tarde, en el año 2000, fue tratado en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia, la investigación fue archivada por la administración de Bill Clinton. Durante más de tres décadas el tema ha sido reducido a meras menciones de notas al pie. Una reducción  que quizás sea la clave para entender por qué seguimos fallando al analizar el papel de Cuba en las redes de ilícitas que atraviesan el Caribe y Latinoamérica.

El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que fiscales federales del Distrito Sur de Florida habían redactado un borrador de acusación penal (draft indictment) que imputaba al gobierno cubano como una empresa criminal de racketeering (delincuencia organizada estructural, conforme a la ley RICO de EE. UU.) y al ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como jefe de una conspiración destinada a enviar toneladas de cocaína de carteles colombianos a través de Cuba hacia Estados Unidos.El documento, producto de meses de testimonio secreto ante un gran jurado, identificaba a quince altos funcionarios del Estado cubano como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos durante los años ochenta. Entre los nombres figuraba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como «el jefe de la conspiración», José Abrantes, Aberlado Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro (Barba Roja), Nelson Blanco, Rosa María Abierno Gobín, entre otros, que incluían al coronel Antonio de la Guardia, que fue fusilado tras la Causa 1, en 1989.

El borrador atribuía a esa red el movimiento de al menos 7,5 toneladas de cocaína. Describía un esquema sostenido en el tiempo, apoyado en el uso del espacio aéreo, puertos y rutas marítimas cubanas. La hipótesis penal construida tras meses de investigación, formulada por fiscales federales, era lo suficientemente sólida como para haber sido considerado seriamente como acusación formal. Sin embargo, el indictment nunca llegó.

The Miami Herald explicó entonces que presentar una acusación de ese calibre requería la aprobación directa del Departamento de Justicia. No era un caso ordinario: implicaba imputar penalmente a un gobierno extranjero en su conjunto. Algo que recientemente había sucedido con Manuel Noriega en Panamá, acusado por un gran jurado federal en Miami y Tampa en febrero de 1988 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, lo que derivó en su captura tras la invasión estadounidense de 1989 y su eventual condena en Estados Unidos y Francia.

En Cuba, el precedente Noriega había tenido repercusiones inmediatas: el juicio sumario contra el general Arnaldo Ochoa y otros oficiales, conocido como la Causa 1, se celebró en junio de 1989, seis meses después de la captura de Noriega, culminó en con el fusilamiento de cuatro de los acusado y funciono como chivo expiatorio de los Castro para librarse del mismo destino. Una purga diseñada para concentrar responsabilidades en figuras intermedias y blindar a la cúpula del poder. Cuatro años después, la investigación que preparaba un gran jurado federal del distrito sur de Miami mostraba que el problema del narcotráfico en Cuba no había terminado con los fusilados de 1989, sino que ascendía hasta los niveles más altos del poder.

Desde comienzos de los 80, diversos testimonios judiciales en Estados Unidos habían señalado contactos logísticos entre el cartel de Medellín y autoridades cubanas. Carlos Lehder, cofundador del cartel, declaró haber mantenido reuniones directas con Raúl Castro y haber obtenido facilidades para el tránsito de cargamentos. A estas declaraciones se sumaban las conocidas relaciones del régimen con organizaciones guerrilleras en Centroamérica con las FARC, el ELN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, entre otras,  un entramado donde la ideología, el financiamiento político y las economías ilícitas se superponían con inquietante normalidad.

En el año 2000, el caso fue retomado en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en la que se presentaron suficientes indicios que añadían información a la investigación de 1993, en a que participaron, entre otros Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia, uno de los fusilados por Fidel Castro durante la Causa 1. La pregunta no es si había indicios suficientes, que los hay, sino si Estados Unidos estaba dispuesto a asumir las consecuencias políticas de llevar esa acusación hasta el final. Evidentemente la administración de Bill Clinton no lo estaba.

Hoy, cuando el debate internacional se centra en las acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios venezolanos y en la noción de «narco-Estado», este antecedente resulta ineludible. El caso de Nicolás Maduro suele presentarse como una anomalía, una degeneración reciente del poder en Venezuela. Pero la historia sugiere una continuidad de prácticas, saberes y modelos de control que Cuba no solo desarrolló, sino que exportó. Como cuando una empresa externaliza funciones y procesos fuera de su territorio para abaratar costos o evadir implicaciones legales: el régimen de los Castro simplemente identificó que era más conveniente sacar las operaciones fuera de su territorio; el destino fue Venezuela.

Desde principios de los años 2000, La Habana ha mantenido una presencia profunda y estructural en los aparatos militares, de inteligencia y de seguridad venezolanos. Esa relación no se limita a la cooperación política e ideológica. Implica transferencia de métodos, cadenas de mando paralelas y formas de gestión del poder donde la línea entre lo estatal y lo ilícito se vuelve deliberadamente borrosa. Observado a la luz de la investigación de 1993, resulta cada vez más difícil sostener que Cuba ha sido un mero espectador del auge del narcotráfico estatal en la región.

El silencio de entonces ha tenido consecuencias. Al no confrontarse a tiempo la dimensión estatal del narcotráfico cubano, se dejó intacto un modelo que luego encontraría terreno fértil en otros países. Tres décadas después, continúa impune el régimen de los Castro, artífice, y arquitecto de las redes de narcotráfico de la región, que en su momento sobrevivió a la captura de Noriega, y hoy pretende otra vez zafar tras la captura de Maduro.__________

Publicación fuente ‘Ciudadanía y libertad’

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Quizas Carolina Barrero en este articulo publicado en Baracutey Cubano ( por primera vez hace mas de una decada) encuentre algunas respuestas  ... 

Tomado de http://neoliberalismo.com/prologo_nttr.htm

Las relaciones de Castro con el tráfico de drogas a través de Cuba y en el lavado de dinero son más que confirmadas por hechos anteriores y posteriores al juicio de Ochoa y han sido motivo de acciones legales en los tribunales de Estados Unidos. Norberto Fuentes agrega detalles reveladores en su narrativa que dan validez a esta hipótesis.

Esta implicación directa de Castro continúa mucho después del fusilamiento de Tony de la Guardia. El contrabandista Jorge «Gordito» Cabrera, actualmente cumpliendo una sentencia de diez y nueve años, fue capturado en los Cayos de la Florida, en Enero de 1996, con 6,000 libras de cocaína y una foto de él con Fidel Castro. Esto alcanzó gran publicidad cuando, durante el escándalo sobre contribuciones ilegales a la campaña del Presidente Clinton, se descubrió que Cabrera había contribuido $20,000 a dicha campaña y había sido invitado a una fiesta de Navidad en la Casa Blanca, donde se retrató con la Primera Dama, y a otra en Miami, donde se retrató con el Vice Presidente Al Gore.

 

 Jorge Luis «Gordito» Cabrera y Hillary Clinton

 Por su parte, de acuerdo con el periodista Andrés Oppenheimer, las autoridades mexicanas encontraron vínculos del Rey de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, con el régimen cubano. Este disfrutaba de una casa de protocolo del gobierno de Cuba durante sus visitas a la Habana, privilegio que cualquiera que sepa cómo se gobierna Cuba sabe es imposible de obtener sin la aprobación del propio Castro. Estas casas son asignadas personalmente por Fidel Castro y la administración de esas propiedades es una de las funciones de su Jefe de Despacho, el Dr. José M. Miyar Barruecos.

(Norberto Fuentes entre Fidel y Raúl Castro; nótese a Raúl eufórico. ¿estaría tomando  vodka con jugo de naranja  o de ?)

Finalmente, en este caso, lo que pudiera llamarse el «smoking gun», de acuerdo con el argot policíaco, es el incidente, ocurrido en enero 18 de 1991, en la prisión de Guanajay que albergaba tanto a los procesados en el caso Ochoa como en el caso Abrantes. En esa oportunidad Abrantes, antiguo Ministro del Interior, le confesó al general Patricio de la Guardia, cuyo hermano gemelo Tony fue uno de los ejecutados por Fidel Castro,  que él mantenía a Fidel Castro informado de todas las acciones de su Ministerio relacionadas con el tráfico de drogas.   Patricio reaccionó violentamente ante esta evidencia que confirmaba que su hermano había sido ejecutado por cumplir misiones aprobadas por Fidel.   Esta indiscreción de Abrantes ocasiona su misteriosa muerte el 21 de enero de 1991, tres días después, a causa de un fallo cardíaco que, en el mejor de lo casos, no fue atendido debidamente por sus carceleros y, en el peor, fue ocasionado deliberadamente por las inyecciones que le daban éstos.  

El que hubiera apoyado la operación de ataque a la guarnición militar La Tablada en Buenos Aires sin haber consultado a la alta jerarquía del régimen (Ochoa había conocido a Gorriarán, el guerrillero argentino que lideró esa violenta acción, en Nicaragua y se habían hecho amigos); y, finalmente,

 

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Tomado de http://taniaquintero.blogspot.com

(Ex diplomático Castrista vinculado a la Inteligencia)

En el curso de la década de los 70 se dieron cita dos coyunturas importantes. La primera tendría que ver con el consumo de narcóticos, que vería una gran expansión en Estados Unidos primero con la marihuana y luego con la cocaína.

La otra coyuntura tenía que ver con el narcotráfico en sí. El Cartel de Medellín necesitaba de un punto intermedio cercano para operar hacia aguas norteamericanas. El Cartel de Medellín llegará a introducir unas 45 toneladas de cocaína en Estados Unidos, representando 25 billones de dólares, y alrededor de 10 toneladas en Europa.

En una intervención ante el Senado, en abril de 1983, James H. Michel, Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expresó que existían pruebas de que en 1979, el buró político del Partido Comunista de Cuba había aprobado un plan para intervenir en el narcotráfico utilizando a Cuba como puente y base de apoyo para las redes de traficantes de Estados Unidos.

El suministro se organizó desde las fuentes de abastecimiento en América del Sur y el gobierno de La Habana necesitaba recursos en moneda convertible que estaría dispuesto a obtener de cualquier manera. La vinculación cubana con el narcotráfico era inevitable desde un principio, y además tenía que producirse de manera casi natural: primero, porque en las áreas de producción de Suramérica, los guerrilleros sostenidos por Cuba ocupaban el mismo espacio ilegal que los narcotraficantes.

La guerrilla necesitaba armas y dinero, mientras que el narcotráfico, siempre abundante en dinero, necesitaba protección armada y, sobre todo, acceso a las redes de organización clandestina de la guerrilla y su experiencia conspirativa. Además, una parte importante de todo el tráfico de drogas cayó en manos de exilados cubanos, sobre los cuales La Habana tenía abundante información para el chantaje. La parte del exilio que se vinculó al narcotráfico con Cuba también se sentía razonablemente segura de que no sería traicionada.

En la medida que la crisis financiera y económica se hacía más profunda, la dependencia de la Isla para con los recursos extraídos de Angola y del narcotráfico se amplió. Apurado por lograr una nueva fuente de recursos, Castro se fue involucrando cada vez más en el tráfico de drogas, como apuntara el general cubano exiliado Rafael del Pino.

Tradicionalmente los barcos usados en el narcotráfico colombiano tenían que atravesar el Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití, lo que muchas veces les situaba en aguas territoriales cubanas, donde eran interceptados. Las pérdidas de los narcotraficantes se incrementaron con alarma.

(Al centro el Embajador Fernando Ravelo y a su lado el alto Johny Crump)

Según el testimonio dado en 1982 por el narcotraficante colombiano de Miami Juan Lozano (alias Johnny Crump), es alrededor de 1975 que algunos de los más importantes narcotraficantes colombianos se entrevistaron en Bogotá con el embajador cubano Fernando Ravelo Renedo para negociar la devolución de los barcos y las tripulaciones.

El embajador cubano contestó con una contraoferta de La Habana: a cambio de 800 mil dólares por cada barco, Cuba estaba preparada no sólo para ignorar la actividad de los buques madres que se detectasen en sus aguas, sino que podía proveerles de servicios de reparación y gasolina en sus puertos, así como identificación y escolta cubana hasta las proximidades de los cayos de la Florida.

Así, los poderosos colombianos Alfonso Cotés y Alfonso García comenzaron sus negocios de tráfico a través de Cuba. Los agentes de inteligencia cubanos se pusieron en contacto con algunos potentados de la droga en Miami, como por ejemplo Johnny Crump y el conocido narcotraficante Jaime Guillot-Lara, quien con posterioridad sería empleado de los servicios secretos cubanos y se casaría con una hija de Raúl Castro.

Entre los cubanos exiliados en Estados Unidos implicados en el narcotráfico con Cuba estaban José Alvero Cruz y Osiris Santi. En noviembre de 1976, Alvero había viajado a España donde disponía de fondos bancarios, y allí obtuvo de la propia embajada cubana en Madrid un pasaporte cubano. En 1978, actuando como agente de Cuba, Alvero arregló el envío de 5,000 armas para las guerrillas sandinistas en Nicaragua. Por su parte, Osiris Santi era un narcotraficante cuyos barcos ya recibían protección en los puertos cubanos. Su lugarteniente, Orlando Torres, se entrevistaba constantemente en México con los funcionarios del régimen cubano destacados en Mérida.

El narcotraficante colombiano, Jaime Guillot-Lara -casado con la hija del ministro de defensa cubano Raúl Castro- será el contacto entre Cuba y el movimiento M-19. El 7 de noviembre de 1981, Guillot-Lara tiene que escapar a toda prisa de Colombia y se refugia en México, donde los agentes cubanos negocian su libertad con las autoridades mexicanas con el fin de evitar que se descubriera su conexión con La Habana. En 1982, Castro hablaba de Guillot-Lara como "un buen amigo".

(Jaime Guillot Lara, foto superior, y en la foto inferior René Rodríguez Cruz quien fuera una de las personas especializadas en dar el tiro de gracia a los fusilados en la Sierra Maestra  y al principio del triunfo de la Revolución; posteriormente fue Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos o ICAP, una dependencia Castrista vinculada con la Dirección de Inteligencia. Murió en extrañas circunstancias en Cuba después de llegar huyendo por las acusaciones de narcotráfico. Comentarios y fotos añadidas por el bloguista de Baracutey Cubano)

La conexión cubana sería descubierta y probada más tarde. Los informes de la participación cubana en el tráfico de drogas saldrían por vez primera a la luz pública en 1982, cuando la Oficina Legal de los Estados Unidos en Miami nombró entre los acusados al jefe de la marina de guerra de Cuba, almirante Aldo Santamaría, y al ex embajador cubano en Colombia, Fernando Ravelo, en un caso que incluía 23 toneladas de marihuana.

El 15 de noviembre de 1982, los colombianos Guillot-Lara y Johnny Crump, y los cubanos Lázaro Visuña, Mario Estévez y David L. Pérez, brindaron a un tribunal en Miami amplias pruebas de las actividades de narcotráfico por parte de Cuba desde el año 1975, tráfico que tenía como uno de sus objetivos el envió de armas a la guerrilla colombiana del M-19.

Según la deposición de Johnny Crump, él y Guillot-Lara se dirigieron a La Habana en compañía del embajador Ravelo, donde éste y el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto de la Osa, les confirmaron que el barco Viviana, dedicado al narcotráfico, obtendría salvoconducto todas las veces que atravesase las aguas jurisdiccionales cubanas.

Por la protección de este tránsito, Guillot-Lara pagaba 20 mil dólares por cada tonelada de marihuana a bordo. A su vez, el compromiso incluía el transporte de armas a las guerrillas del M-19 en Colombia. Según Guillot-Lara, a su retorno a Colombia inició los trámites para preparar otro barco para enviar a Cuba en 1980.

(El embajador Fernando Ravelo bautizando a Viviana, hija de Johny Crump, el cual se encuentra en la extrema derecha de la foto)

Conforme al testimonio de Johnny Crump, los funcionarios cubanos Ravelo y René Rodríguez Cruz -presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)-, le sugirieron la posibilidad de comprar y enviar armas para elementos anti-Pinochet en Chile a través de Panamá. Una semana después, un chileno de apellido Galván, le hacía entrega de un microfilm en un cigarrillo que contenía la lista de las armas, alimentos y municiones para 300 hombres.

Por otra parte, Johnny Crump cuenta cómo durante una campaña en la costa norte del Pacifico, las autoridades colombianas cercaron a un grupo guerrillero del M-19 comandados por Carmenea Cardona, muchos de los cuales figuraron en el secuestro de la embajada dominicana en Bogotá y que supuestamente debían haber estado refugiados en Cuba.

Entre los detenidos y testigos de la causa de Miami figuraba también Mario Estévez, un agente de la inteligencia cubano, infiltrado en los Estados Unidos en 1980. En su deposición ante el Gran Jurado, Estévez expresó que había sido infiltrado con el objetivo de activar el tráfico de drogas, comenzando por transacciones de marihuana hasta que fue arrestado el 29 de noviembre de 1981. Estévez testificó ante una comisión del senado de los Estados Unidos que había introducido en la Florida marihuana y gualudes desde Cuba, y de ahí trasladado a Nueva York.

Las declaraciones de Estévez resultaron desconcertantes: la alta cúpula de la dirigencia cubana había organizado una extensa red de narcotráfico desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades norteamericanas, usando sus propios servicios secretos. Estévez identificó al alto oficial de inteligencia cubana, René Rodríguez Cruz y al vicealmirante Aldo Santamaría como las personas encargadas por Castro para canalizar este tráfico.

Estévez apuntó que desde los inicios de la década de los setenta se producía marihuana en la región cubana de Manzanillo para venderla en los Estados Unidos, operación que Castro venía madurando desde los días de la guerra de Vietnam. Estévez estimó en 200 millones de dólares anuales los ingresos cubanos sólo por concepto de la marihuana.

Durante el período de su actividad ilícita, Estévez logró el traslado de Cuba a Estados Unidos de alrededor de 270 kilogramos de cocaína, posteriormente vendida en Miami, Chicago, Ohio, Nueva Jersey, Nueva York y otras ciudades. El dinero acumulado lo llevaba a Cuba él personalmente. También informó que en un momento de su actividad, sus jefes en el gobierno cubano le recomendaron se trasladase a Bimini, en Las Bahamas, para conocer y entrenar a Frank Bonilla, otro agente proveniente de Cuba.

De regreso a Cuba, recalaron en la pequeña isla de Paredón Grande, donde hallaron el buque Viviana del colombiano Guillot-Lara con un cargamento de 8 millones de qualudes. El yate estaba escoltado por buques de guerra cubanos.

De acuerdo con la narración de Estévez, corroborada luego por otros narcotraficantes, estando en Paredón Grande concurrieron el jefe de la Marina de Cuba, almirante Santamaría, y el alto jefe de la inteligencia René Rodríguez, presidente del ICAP, organismo pantalla de la inteligencia cubana, con quienes sostuvo una extensa conversación sobre el narcotráfico. Explicó que cuando salió de Cuba a bordo del Viviana se acarreaba otro barco, el Lazy Lady, hasta la isla de Andros en Las Bahamas, donde se hizo el traspaso de los qualudes. Después fue ordenado a seguir hasta Cayo Güincho donde recogió 23,000 libras de marihuana procedente de Cuba.

(fotos superiores:  Gonzalo Bassols y el ya fallecido Vicealmirante  Aldo Santamaría Cuadrado; fotos inferiores: el extrañamente  fallecido en Cuba  René Rodríguez Cruz  y el embajador Fernando Ravelo)

El testimonio de Estévez implicó en el narcotráfico internacional a Santamaría, René Rodríguez, al embajador Ravelo, a Gonzalo Bassols Suárez, diplomático cubano en Colombia; a Teodobaldo Rico Rodríguez y Francisco Echemendía, funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba.

Con posterioridad, René Rodríguez moría en La Habana, en circunstancias misteriosas, después del fusilamiento de los militares el general Ochoa, Tony de La Guardia, en 1989, y al deceso en prisión, en 1991, del general José Abrantes Fernández, exministro del Interior.

Coincidentemente, Estévez también fallecería en una prisión norteamericana. Los hilos de la trama que conducían hasta Fidel y Raúl Castro irían desapareciendo con el tiempo.

El ex secretario de Estado, Shultz, refiriéndose a los resultados del Gran Jurado de Miami, indicó que se "demostró la evidencia de la complicidad de Cuba en el tráfico de narcóticos en América Latina”. En marzo de 1983 fue confiscado en la Florida un velero con 750 libras de marihuana a bordo. Durante el registro del bote se halló un diario con la ruta seguida. Había zarpado de la Florida para Las Bahamas, siguió a Haití, luego a Cuba, después a Jamaica, retornó a Las Bahamas y finalmente llegó a la Florida de nuevo.

Poco después, el 20 de mayo de 1983, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan declaraba en Miami que existían fuertes pruebas de que funcionarios de Castro estaban involucrados en el tráfico de drogas desde Cuba. Un mes después, el administrador de la DEA, Francis Mullen ratificaba ante el senado estadounidense que el gobierno de Cuba estaba consciente de los movimientos de drogas a través de su territorio, y que facilitaban tales movimientos.

Del libro Las guerras secretas de Fidel Castro, de Juan F. Benemelis.

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