BARACUTEY CUBANO

Carolina Barrero.sobre La información en manos de la DEA y el FBI sobre la vinculacion de los Castro  al narcotrafico

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Tomado de https://www.in-cubadora.com/

Carolina Barrero: Raúl Castro, el narcotraficante / La historia del ‘draft indictment’ del dictador cubano

DD.HH. | Memoria | 20 de enero de 2026

En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un  jurado indagatorio federal de Florida. Este suceso, extrañamente olvidado, fue documentado en la prensa de la época, y años más tarde, en el año 2000, fue tratado en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia, la investigación fue archivada por la administración de Bill Clinton. Durante más de tres décadas el tema ha sido reducido a meras menciones de notas al pie. Una reducción  que quizás sea la clave para entender por qué seguimos fallando al analizar el papel de Cuba en las redes de ilícitas que atraviesan el Caribe y Latinoamérica.

El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que fiscales federales del Distrito Sur de Florida habían redactado un borrador de acusación penal (draft indictment) que imputaba al gobierno cubano como una empresa criminal de racketeering (delincuencia organizada estructural, conforme a la ley RICO de EE. UU.) y al ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como jefe de una conspiración destinada a enviar toneladas de cocaína de carteles colombianos a través de Cuba hacia Estados Unidos.El documento, producto de meses de testimonio secreto ante un gran jurado, identificaba a quince altos funcionarios del Estado cubano como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos durante los años ochenta. Entre los nombres figuraba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como «el jefe de la conspiración», José Abrantes, Aberlado Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro (Barba Roja), Nelson Blanco, Rosa María Abierno Gobín, entre otros, que incluían al coronel Antonio de la Guardia, que fue fusilado tras la Causa 1, en 1989.

El borrador atribuía a esa red el movimiento de al menos 7,5 toneladas de cocaína. Describía un esquema sostenido en el tiempo, apoyado en el uso del espacio aéreo, puertos y rutas marítimas cubanas. La hipótesis penal construida tras meses de investigación, formulada por fiscales federales, era lo suficientemente sólida como para haber sido considerado seriamente como acusación formal. Sin embargo, el indictment nunca llegó.

The Miami Herald explicó entonces que presentar una acusación de ese calibre requería la aprobación directa del Departamento de Justicia. No era un caso ordinario: implicaba imputar penalmente a un gobierno extranjero en su conjunto. Algo que recientemente había sucedido con Manuel Noriega en Panamá, acusado por un gran jurado federal en Miami y Tampa en febrero de 1988 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, lo que derivó en su captura tras la invasión estadounidense de 1989 y su eventual condena en Estados Unidos y Francia.

En Cuba, el precedente Noriega había tenido repercusiones inmediatas: el juicio sumario contra el general Arnaldo Ochoa y otros oficiales, conocido como la Causa 1, se celebró en junio de 1989, seis meses después de la captura de Noriega, culminó en con el fusilamiento de cuatro de los acusado y funciono como chivo expiatorio de los Castro para librarse del mismo destino. Una purga diseñada para concentrar responsabilidades en figuras intermedias y blindar a la cúpula del poder. Cuatro años después, la investigación que preparaba un gran jurado federal del distrito sur de Miami mostraba que el problema del narcotráfico en Cuba no había terminado con los fusilados de 1989, sino que ascendía hasta los niveles más altos del poder.

Desde comienzos de los 80, diversos testimonios judiciales en Estados Unidos habían señalado contactos logísticos entre el cartel de Medellín y autoridades cubanas. Carlos Lehder, cofundador del cartel, declaró haber mantenido reuniones directas con Raúl Castro y haber obtenido facilidades para el tránsito de cargamentos. A estas declaraciones se sumaban las conocidas relaciones del régimen con organizaciones guerrilleras en Centroamérica con las FARC, el ELN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, entre otras,  un entramado donde la ideología, el financiamiento político y las economías ilícitas se superponían con inquietante normalidad.

En el año 2000, el caso fue retomado en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en la que se presentaron suficientes indicios que añadían información a la investigación de 1993, en a que participaron, entre otros Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia, uno de los fusilados por Fidel Castro durante la Causa 1. La pregunta no es si había indicios suficientes, que los hay, sino si Estados Unidos estaba dispuesto a asumir las consecuencias políticas de llevar esa acusación hasta el final. Evidentemente la administración de Bill Clinton no lo estaba.

Hoy, cuando el debate internacional se centra en las acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios venezolanos y en la noción de «narco-Estado», este antecedente resulta ineludible. El caso de Nicolás Maduro suele presentarse como una anomalía, una degeneración reciente del poder en Venezuela. Pero la historia sugiere una continuidad de prácticas, saberes y modelos de control que Cuba no solo desarrolló, sino que exportó. Como cuando una empresa externaliza funciones y procesos fuera de su territorio para abaratar costos o evadir implicaciones legales: el régimen de los Castro simplemente identificó que era más conveniente sacar las operaciones fuera de su territorio; el destino fue Venezuela.

Desde principios de los años 2000, La Habana ha mantenido una presencia profunda y estructural en los aparatos militares, de inteligencia y de seguridad venezolanos. Esa relación no se limita a la cooperación política e ideológica. Implica transferencia de métodos, cadenas de mando paralelas y formas de gestión del poder donde la línea entre lo estatal y lo ilícito se vuelve deliberadamente borrosa. Observado a la luz de la investigación de 1993, resulta cada vez más difícil sostener que Cuba ha sido un mero espectador del auge del narcotráfico estatal en la región.

El silencio de entonces ha tenido consecuencias. Al no confrontarse a tiempo la dimensión estatal del narcotráfico cubano, se dejó intacto un modelo que luego encontraría terreno fértil en otros países. Tres décadas después, continúa impune el régimen de los Castro, artífice, y arquitecto de las redes de narcotráfico de la región, que en su momento sobrevivió a la captura de Noriega, y hoy pretende otra vez zafar tras la captura de Maduro.__________

Publicación fuente ‘Ciudadanía y libertad’

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Quizas Carolina Barrero en este articulo publicado en Baracutey Cubano ( por primera vez hace mas de una decada) encuentre algunas respuestas  ... 

Tomado de http://neoliberalismo.com/prologo_nttr.htm

Las relaciones de Castro con el tráfico de drogas a través de Cuba y en el lavado de dinero son más que confirmadas por hechos anteriores y posteriores al juicio de Ochoa y han sido motivo de acciones legales en los tribunales de Estados Unidos. Norberto Fuentes agrega detalles reveladores en su narrativa que dan validez a esta hipótesis.

Esta implicación directa de Castro continúa mucho después del fusilamiento de Tony de la Guardia. El contrabandista Jorge «Gordito» Cabrera, actualmente cumpliendo una sentencia de diez y nueve años, fue capturado en los Cayos de la Florida, en Enero de 1996, con 6,000 libras de cocaína y una foto de él con Fidel Castro. Esto alcanzó gran publicidad cuando, durante el escándalo sobre contribuciones ilegales a la campaña del Presidente Clinton, se descubrió que Cabrera había contribuido $20,000 a dicha campaña y había sido invitado a una fiesta de Navidad en la Casa Blanca, donde se retrató con la Primera Dama, y a otra en Miami, donde se retrató con el Vice Presidente Al Gore.

 

 Jorge Luis «Gordito» Cabrera y Hillary Clinton

 Por su parte, de acuerdo con el periodista Andrés Oppenheimer, las autoridades mexicanas encontraron vínculos del Rey de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, con el régimen cubano. Este disfrutaba de una casa de protocolo del gobierno de Cuba durante sus visitas a la Habana, privilegio que cualquiera que sepa cómo se gobierna Cuba sabe es imposible de obtener sin la aprobación del propio Castro. Estas casas son asignadas personalmente por Fidel Castro y la administración de esas propiedades es una de las funciones de su Jefe de Despacho, el Dr. José M. Miyar Barruecos.

(Norberto Fuentes entre Fidel y Raúl Castro; nótese a Raúl eufórico. ¿estaría tomando  vodka con jugo de naranja  o de ?)

Finalmente, en este caso, lo que pudiera llamarse el «smoking gun», de acuerdo con el argot policíaco, es el incidente, ocurrido en enero 18 de 1991, en la prisión de Guanajay que albergaba tanto a los procesados en el caso Ochoa como en el caso Abrantes. En esa oportunidad Abrantes, antiguo Ministro del Interior, le confesó al general Patricio de la Guardia, cuyo hermano gemelo Tony fue uno de los ejecutados por Fidel Castro,  que él mantenía a Fidel Castro informado de todas las acciones de su Ministerio relacionadas con el tráfico de drogas.   Patricio reaccionó violentamente ante esta evidencia que confirmaba que su hermano había sido ejecutado por cumplir misiones aprobadas por Fidel.   Esta indiscreción de Abrantes ocasiona su misteriosa muerte el 21 de enero de 1991, tres días después, a causa de un fallo cardíaco que, en el mejor de lo casos, no fue atendido debidamente por sus carceleros y, en el peor, fue ocasionado deliberadamente por las inyecciones que le daban éstos.  

El que hubiera apoyado la operación de ataque a la guarnición militar La Tablada en Buenos Aires sin haber consultado a la alta jerarquía del régimen (Ochoa había conocido a Gorriarán, el guerrillero argentino que lideró esa violenta acción, en Nicaragua y se habían hecho amigos); y, finalmente,

 

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Tomado de http://taniaquintero.blogspot.com

(Ex diplomático Castrista vinculado a la Inteligencia)

En el curso de la década de los 70 se dieron cita dos coyunturas importantes. La primera tendría que ver con el consumo de narcóticos, que vería una gran expansión en Estados Unidos primero con la marihuana y luego con la cocaína.

La otra coyuntura tenía que ver con el narcotráfico en sí. El Cartel de Medellín necesitaba de un punto intermedio cercano para operar hacia aguas norteamericanas. El Cartel de Medellín llegará a introducir unas 45 toneladas de cocaína en Estados Unidos, representando 25 billones de dólares, y alrededor de 10 toneladas en Europa.

En una intervención ante el Senado, en abril de 1983, James H. Michel, Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expresó que existían pruebas de que en 1979, el buró político del Partido Comunista de Cuba había aprobado un plan para intervenir en el narcotráfico utilizando a Cuba como puente y base de apoyo para las redes de traficantes de Estados Unidos.

El suministro se organizó desde las fuentes de abastecimiento en América del Sur y el gobierno de La Habana necesitaba recursos en moneda convertible que estaría dispuesto a obtener de cualquier manera. La vinculación cubana con el narcotráfico era inevitable desde un principio, y además tenía que producirse de manera casi natural: primero, porque en las áreas de producción de Suramérica, los guerrilleros sostenidos por Cuba ocupaban el mismo espacio ilegal que los narcotraficantes.

La guerrilla necesitaba armas y dinero, mientras que el narcotráfico, siempre abundante en dinero, necesitaba protección armada y, sobre todo, acceso a las redes de organización clandestina de la guerrilla y su experiencia conspirativa. Además, una parte importante de todo el tráfico de drogas cayó en manos de exilados cubanos, sobre los cuales La Habana tenía abundante información para el chantaje. La parte del exilio que se vinculó al narcotráfico con Cuba también se sentía razonablemente segura de que no sería traicionada.

En la medida que la crisis financiera y económica se hacía más profunda, la dependencia de la Isla para con los recursos extraídos de Angola y del narcotráfico se amplió. Apurado por lograr una nueva fuente de recursos, Castro se fue involucrando cada vez más en el tráfico de drogas, como apuntara el general cubano exiliado Rafael del Pino.

Tradicionalmente los barcos usados en el narcotráfico colombiano tenían que atravesar el Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití, lo que muchas veces les situaba en aguas territoriales cubanas, donde eran interceptados. Las pérdidas de los narcotraficantes se incrementaron con alarma.

(Al centro el Embajador Fernando Ravelo y a su lado el alto Johny Crump)

Según el testimonio dado en 1982 por el narcotraficante colombiano de Miami Juan Lozano (alias Johnny Crump), es alrededor de 1975 que algunos de los más importantes narcotraficantes colombianos se entrevistaron en Bogotá con el embajador cubano Fernando Ravelo Renedo para negociar la devolución de los barcos y las tripulaciones.

El embajador cubano contestó con una contraoferta de La Habana: a cambio de 800 mil dólares por cada barco, Cuba estaba preparada no sólo para ignorar la actividad de los buques madres que se detectasen en sus aguas, sino que podía proveerles de servicios de reparación y gasolina en sus puertos, así como identificación y escolta cubana hasta las proximidades de los cayos de la Florida.

Así, los poderosos colombianos Alfonso Cotés y Alfonso García comenzaron sus negocios de tráfico a través de Cuba. Los agentes de inteligencia cubanos se pusieron en contacto con algunos potentados de la droga en Miami, como por ejemplo Johnny Crump y el conocido narcotraficante Jaime Guillot-Lara, quien con posterioridad sería empleado de los servicios secretos cubanos y se casaría con una hija de Raúl Castro.

Entre los cubanos exiliados en Estados Unidos implicados en el narcotráfico con Cuba estaban José Alvero Cruz y Osiris Santi. En noviembre de 1976, Alvero había viajado a España donde disponía de fondos bancarios, y allí obtuvo de la propia embajada cubana en Madrid un pasaporte cubano. En 1978, actuando como agente de Cuba, Alvero arregló el envío de 5,000 armas para las guerrillas sandinistas en Nicaragua. Por su parte, Osiris Santi era un narcotraficante cuyos barcos ya recibían protección en los puertos cubanos. Su lugarteniente, Orlando Torres, se entrevistaba constantemente en México con los funcionarios del régimen cubano destacados en Mérida.

El narcotraficante colombiano, Jaime Guillot-Lara -casado con la hija del ministro de defensa cubano Raúl Castro- será el contacto entre Cuba y el movimiento M-19. El 7 de noviembre de 1981, Guillot-Lara tiene que escapar a toda prisa de Colombia y se refugia en México, donde los agentes cubanos negocian su libertad con las autoridades mexicanas con el fin de evitar que se descubriera su conexión con La Habana. En 1982, Castro hablaba de Guillot-Lara como "un buen amigo".

(Jaime Guillot Lara, foto superior, y en la foto inferior René Rodríguez Cruz quien fuera una de las personas especializadas en dar el tiro de gracia a los fusilados en la Sierra Maestra  y al principio del triunfo de la Revolución; posteriormente fue Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos o ICAP, una dependencia Castrista vinculada con la Dirección de Inteligencia. Murió en extrañas circunstancias en Cuba después de llegar huyendo por las acusaciones de narcotráfico. Comentarios y fotos añadidas por el bloguista de Baracutey Cubano)

La conexión cubana sería descubierta y probada más tarde. Los informes de la participación cubana en el tráfico de drogas saldrían por vez primera a la luz pública en 1982, cuando la Oficina Legal de los Estados Unidos en Miami nombró entre los acusados al jefe de la marina de guerra de Cuba, almirante Aldo Santamaría, y al ex embajador cubano en Colombia, Fernando Ravelo, en un caso que incluía 23 toneladas de marihuana.

El 15 de noviembre de 1982, los colombianos Guillot-Lara y Johnny Crump, y los cubanos Lázaro Visuña, Mario Estévez y David L. Pérez, brindaron a un tribunal en Miami amplias pruebas de las actividades de narcotráfico por parte de Cuba desde el año 1975, tráfico que tenía como uno de sus objetivos el envió de armas a la guerrilla colombiana del M-19.

Según la deposición de Johnny Crump, él y Guillot-Lara se dirigieron a La Habana en compañía del embajador Ravelo, donde éste y el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto de la Osa, les confirmaron que el barco Viviana, dedicado al narcotráfico, obtendría salvoconducto todas las veces que atravesase las aguas jurisdiccionales cubanas.

Por la protección de este tránsito, Guillot-Lara pagaba 20 mil dólares por cada tonelada de marihuana a bordo. A su vez, el compromiso incluía el transporte de armas a las guerrillas del M-19 en Colombia. Según Guillot-Lara, a su retorno a Colombia inició los trámites para preparar otro barco para enviar a Cuba en 1980.

(El embajador Fernando Ravelo bautizando a Viviana, hija de Johny Crump, el cual se encuentra en la extrema derecha de la foto)

Conforme al testimonio de Johnny Crump, los funcionarios cubanos Ravelo y René Rodríguez Cruz -presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)-, le sugirieron la posibilidad de comprar y enviar armas para elementos anti-Pinochet en Chile a través de Panamá. Una semana después, un chileno de apellido Galván, le hacía entrega de un microfilm en un cigarrillo que contenía la lista de las armas, alimentos y municiones para 300 hombres.

Por otra parte, Johnny Crump cuenta cómo durante una campaña en la costa norte del Pacifico, las autoridades colombianas cercaron a un grupo guerrillero del M-19 comandados por Carmenea Cardona, muchos de los cuales figuraron en el secuestro de la embajada dominicana en Bogotá y que supuestamente debían haber estado refugiados en Cuba.

Entre los detenidos y testigos de la causa de Miami figuraba también Mario Estévez, un agente de la inteligencia cubano, infiltrado en los Estados Unidos en 1980. En su deposición ante el Gran Jurado, Estévez expresó que había sido infiltrado con el objetivo de activar el tráfico de drogas, comenzando por transacciones de marihuana hasta que fue arrestado el 29 de noviembre de 1981. Estévez testificó ante una comisión del senado de los Estados Unidos que había introducido en la Florida marihuana y gualudes desde Cuba, y de ahí trasladado a Nueva York.

Las declaraciones de Estévez resultaron desconcertantes: la alta cúpula de la dirigencia cubana había organizado una extensa red de narcotráfico desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades norteamericanas, usando sus propios servicios secretos. Estévez identificó al alto oficial de inteligencia cubana, René Rodríguez Cruz y al vicealmirante Aldo Santamaría como las personas encargadas por Castro para canalizar este tráfico.

Estévez apuntó que desde los inicios de la década de los setenta se producía marihuana en la región cubana de Manzanillo para venderla en los Estados Unidos, operación que Castro venía madurando desde los días de la guerra de Vietnam. Estévez estimó en 200 millones de dólares anuales los ingresos cubanos sólo por concepto de la marihuana.

Durante el período de su actividad ilícita, Estévez logró el traslado de Cuba a Estados Unidos de alrededor de 270 kilogramos de cocaína, posteriormente vendida en Miami, Chicago, Ohio, Nueva Jersey, Nueva York y otras ciudades. El dinero acumulado lo llevaba a Cuba él personalmente. También informó que en un momento de su actividad, sus jefes en el gobierno cubano le recomendaron se trasladase a Bimini, en Las Bahamas, para conocer y entrenar a Frank Bonilla, otro agente proveniente de Cuba.

De regreso a Cuba, recalaron en la pequeña isla de Paredón Grande, donde hallaron el buque Viviana del colombiano Guillot-Lara con un cargamento de 8 millones de qualudes. El yate estaba escoltado por buques de guerra cubanos.

De acuerdo con la narración de Estévez, corroborada luego por otros narcotraficantes, estando en Paredón Grande concurrieron el jefe de la Marina de Cuba, almirante Santamaría, y el alto jefe de la inteligencia René Rodríguez, presidente del ICAP, organismo pantalla de la inteligencia cubana, con quienes sostuvo una extensa conversación sobre el narcotráfico. Explicó que cuando salió de Cuba a bordo del Viviana se acarreaba otro barco, el Lazy Lady, hasta la isla de Andros en Las Bahamas, donde se hizo el traspaso de los qualudes. Después fue ordenado a seguir hasta Cayo Güincho donde recogió 23,000 libras de marihuana procedente de Cuba.

(fotos superiores:  Gonzalo Bassols y el ya fallecido Vicealmirante  Aldo Santamaría Cuadrado; fotos inferiores: el extrañamente  fallecido en Cuba  René Rodríguez Cruz  y el embajador Fernando Ravelo)

El testimonio de Estévez implicó en el narcotráfico internacional a Santamaría, René Rodríguez, al embajador Ravelo, a Gonzalo Bassols Suárez, diplomático cubano en Colombia; a Teodobaldo Rico Rodríguez y Francisco Echemendía, funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba.

Con posterioridad, René Rodríguez moría en La Habana, en circunstancias misteriosas, después del fusilamiento de los militares el general Ochoa, Tony de La Guardia, en 1989, y al deceso en prisión, en 1991, del general José Abrantes Fernández, exministro del Interior.

Coincidentemente, Estévez también fallecería en una prisión norteamericana. Los hilos de la trama que conducían hasta Fidel y Raúl Castro irían desapareciendo con el tiempo.

El ex secretario de Estado, Shultz, refiriéndose a los resultados del Gran Jurado de Miami, indicó que se "demostró la evidencia de la complicidad de Cuba en el tráfico de narcóticos en América Latina”. En marzo de 1983 fue confiscado en la Florida un velero con 750 libras de marihuana a bordo. Durante el registro del bote se halló un diario con la ruta seguida. Había zarpado de la Florida para Las Bahamas, siguió a Haití, luego a Cuba, después a Jamaica, retornó a Las Bahamas y finalmente llegó a la Florida de nuevo.

Poco después, el 20 de mayo de 1983, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan declaraba en Miami que existían fuertes pruebas de que funcionarios de Castro estaban involucrados en el tráfico de drogas desde Cuba. Un mes después, el administrador de la DEA, Francis Mullen ratificaba ante el senado estadounidense que el gobierno de Cuba estaba consciente de los movimientos de drogas a través de su territorio, y que facilitaban tales movimientos.

Del libro Las guerras secretas de Fidel Castro, de Juan F. Benemelis.

Etiquetas: «Gordito» Cabrera, acusación, Bill, Carolina Barrero, Castro, Clinton, cuba, DEA, FBI, Fernando Ravelo, Fidel, hillary, indicment, Johny Crump, Jorge Luis Cabrera, Manuel de Beunza, narcotráfico, Raúl, reunión

 Sanchez Grass

9 de agosto, 2023

La jueza federal Tanja Chutkan, debe conciliar entre el abogado especial y la defensa de Trump, al borde de la Primera Enmienda.

El Departamento de Justicia quiere para Trump un juicio silente.

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Sanchez Grass

9 de agosto, 2023

Sánchez Grass en contra de que sea secreto el juicio contra Donald Trump correspondiente al encausamiento hecho contra Trump por  el Fiscal  Jack Smith 

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Tomado de http://www.lanuevanacion.com

LOS TRES CERDOS DEL PANTANO

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“El diablo los cría y ellos se juntan”

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nacion

http://www.lanuevanacion.com/index.php

8-8-23

 Siempre he estado consciente de que la similitud de principios y de objetivos une a los seres humanos. Pero en tiempos recientes he aprendido que el odio es tan fuerte como los principios para unir a los resentidos. Lo he aprendiendo observando la alianza oprobiosa de Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. Parodiando un dicho popular: “El diablo los cría y ellos se juntan”. Su escenario preferido es el pantano de Washington en el cual los tres han navegado con éxito. Su enemigo preferido es Donald Trump que se ha impuesto como meta drenar ese pantano y poner a trabajar a los burócratas que viven de los impuestos que nosotros pagamos.

Procedo a poner las cosas en  su sitio. Pantano es una metáfora que compara al Gobierno Federal en Washington—con todos sus burócratas y políticos—a un pantano. Es un lugar desagradable con un ambiente pútrido que se traga a los seres humanos y donde nada se logra. Una gente atrincherada en el pantano y que decide los destinos de la nación sin haber recibido un mísero voto.

Y, dicho sea de paso, el noventa por ciento de ellos votan por los demócratas que son quienes les pagan sin obligarlos a trabajar. Donald Trump, por el contrario ha dicho que los obligara a ganarse el pan con el sudor de la frente y utiliza con frecuencia el término de “desecar el pantano” como una especie de lema, tal como utiliza el lema de “Hagamos grande a América”.

Ilustro el tema con un ejemplo. El 12 de enero de 2010, un devastador terremoto asoló la empobrecida nación de Haití con un saldo de 220,00o muertos y más de 300,00 heridos. Bill Clinton y George W. Bush se unieron al Presidente Obama para recaudar fondos para la reconstrucción de Haití. El Presidente Obama nombró al corrupto de Bill Clinton a cargo del proyecto. El resultado fue que no todos los fondos fueron a parar al bolsillo de los haitianos.

La prueba la tengo en las declaraciones de Vijaya Ramachandran  Directora de Energía y Desarrollo del Breakthrough Institute. A tal efecto la Ramachandran declaró: “A partir del terremoto de 2010, 6 MIL MILLONES DE DÓLARES han sido destinados a la ayuda del pueblo de Haití. Casi todos los fondos han sido administrados por intermediarios como organizaciones internacionales no-gubernamentales y contratistas privados”. Por su parte, Kim Ives, Director del periódico Haiti Liberte, declaró a la BBC: “No caben dudas de que muchos haitianos no son fanáticos de los Clinton.”

Al mismo tiempo, algunos contratistas describieron la operación como “la carrera del oro”. Además, en correos electrónicos con altos funcionarios de la Fundación Clinton aparecen notas especificando que los contratos serían otorgados a corporaciones identificadas por las letras FOB (en español “Amigos de Bill Clinton”)

Por su parte, ni Obama ni Bush—aunque es difícil que no lo supieran—se dieron por enterados de estas manipulaciones. Obama describió la operación diciendo: “El Presidente Clinton ha ayudado a restablecer la democracia en Haití”. George W. Bush dijo, por su parte: “Felicito al Presidente Obama por su rápida respuesta a este desastre y me siento complacido de haber trabajado junto a Bill Clinton”. Elogios para dos demócratas que siempre han sido sus enemigos y nunca una frase favorable para su compañero de partido Donald Trump. Prueba de que ahora el enemigo de Bush no es Obama sino Donald Trump. A tal punto, que Bush ha sellado su nueva amistad con Obama abrazando a Michelle.

Y se ha hecho amigo hasta del corrupto Biden. Bush se unió a Obama y a Clinton en la filmación de un video en apoyo a Joe Biden, el tránsfuga que le robó las elecciones a Donald Trump. Estoy convencido de que Bush apoyó a Biden para contradecir las declaraciones de Trump sobre el robo de las elecciones de 2020. En dicho video, los tres expresidentes destacaron la importancia de escuchar a personas con diferentes opiniones. Desde luego, Bush no incluye las opiniones de Donald Trump entre las de esas personas que discrepan de la política de los dos partidos.  

De hecho, el silencio de Bush durante la campaña de Trump por la presidencia fue motivo de disgusto para los partidarios del millonario neoyorkino. Es más, la presencia de Bush junto a Obama y Clinton durante la toma de posesión de Joe Biden fue un testimonio elocuente de donde están las lealtades de Bush. Aceite para los demócratas y vinagre para Trump.

Y quede bien claro que ninguno de estos tres cerdos tiene un futuro político ni tiene relevancia para seguir haciendo daño. Son páginas borrosas de un pasado que los americanos quisieran olvidar. Además, los dos partidos han cambiado radicalmente. Mientras los demócratas han girado hacia la izquierda, los republicanos se han movido hacia la derecha. Y en eso no creo que habrá retroceso.

Pero los tres cerdos siguen empeñados en seguir hablando aunque ya nadie los escuche. En  el video de apoyo a Biden dijeron: “El hecho de que los tres hagamos estas declaraciones juntos quiere decir que este país disfruta de una transición institucional. América es un país generoso con gente de gran corazón. Los tres nos sentimos afortunados de haber sido presidentes de esta gran nación”. Y yo digo que más afortunados son unos Estados Unidos en que estos tres cerdos no tienen probabilidad de regresar a la Casa Blanca y están condenados a seguirse revolcando en el pantano de Washington.

8-8-23

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POR OTRA PARTE:

Sanchez Grass

Agosto 8, 2023

La jueza federal Aileen Cannon, con sede en Florida, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que justifique el uso continuo de un gran jurado del Distrito de Columbia.

La Jueza Cubana del caso Trump desafía al Departamento de Justicia.

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RECORDEMOS:

I) Video donde se muestra antes de las elecciones Presidenciales  del 2016 la campaña de la izquierda en contra deTrump: Trump Nunca Será Presidente 

II)  12 Minutes Democrats Denying Election Results

III) Donald Trump is perhaps best known for the money he's made (and lost) in real estate, his less-than-humble demeanor and his hit reality TV show, 'The Apprentice'. In recent years, the business tycoon has also been chasing the dream of holding the highest office in the land. Although many people know he has been eyeing the Oval Office for a couple of election cycles, you may be surprised to learn just how far back his presidential aspirations reach. Watch as Donald, in a 1988 appearance on 'The Oprah Winfrey Show', shares his thoughts on running for office.

Donald Trump Teases a President Bid During a 1988 Oprah Show | The Oprah Winfrey Show 

Etiquetas: Alfredo Cepero, Bush, Clinton, defensa, DOJ, Donald Trump. Trump, EE.UU., EEUU, equipo, Estados Unidos, Jack Smith, jueza, juicio secreto, Obama, público, Sanchez Grass, Tanja Chutkan, Washington

Acusación contra Trump III: ¿libertad de expresión y elecciones justas?

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Amañar unas elecciones es una forma de robo, y hay muchas maneras de conseguirlo

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Por Julio M. Shiling

3 de agisto, 2923

Read in English

La última acusación contra el expresidente Donald J. Trump, la tercera, no solamente consolida el hecho de que Estados Unidos tiene ahora un sistema judicial de dos niveles. Sus arquitectos, la administración Biden, que cada día que pasa nos recuerda que es un régimen más que un gobierno, están centrando su guerra contra la república estadounidense en el ámbito de la libertad de expresión y las elecciones justas. La búsqueda de un modelo autoritario blando, pseudodemocrático y de partido único es inequívoca.

A través del consejero especial Jack Smith, el fiscal seleccionado por Biden para el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal de Washington, D.C. (la sede legal más izquierdista de Estados Unidos) acusó a Trump de cuatro cargos criminales relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 el martes 1 de agosto. Estos son: (1) conspiración para defraudar a Estados Unidos; (2) conspiración para obstruir un procedimiento oficial; (3) obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y (4) conspiración contra los derechos civiles de los estadounidenses. Todos ellos están relacionados con los desafíos de Trump a las elecciones presidenciales de 2020. Estas acusaciones son tan peligrosas para los principios subyacentes de una sociedad libre como absurdas en lo que respecta a la teoría jurídica.

La base de los supuestos actos de “fraude”, según los acusadores, es que cuando Trump dijo que las elecciones habían sido robadas, sabía que no lo habían sido. En otras palabras, el Departamento de Justicia de Biden afirma que el expresidente hacía declaraciones que sabía que eran falsas. “Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”, reza parte del documento, pero “las repitió y difundió ampliamente de todos modos”. Además, la acusación afirma, entre otras cosas, que Trump “difundió mentiras de que había habido fraude determinante en las elecciones y que en realidad había ganado.”   

La idea central de la acusación se basa en la premisa de que Trump creía sinceramente que había perdido de forma justa. Esto no es demostrable, y con una alta probabilidad, es una suposición incorrecta. No hay nada que pueda sugerir honestamente que Trump no pensó y no cree que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas. El 45° presidente no es el único que cuestiona los resultados. Lo cierto es que ningún tribunal de Estados Unidos juzgó un caso en el que se presentaran todas las pruebas —estadísticas, videográficas y testimonios de testigos— relacionadas con las flagrantes irregularidades en ciertos distritos fundamentales. Las derrotas legales sufridas por Trump, el Partido Republicano y los grupos de defensa de los ciudadanos que impugnaron la legitimidad del proceso consiguieron que sus casos fueran desestimados, anulados o derrotados basándose en cuestiones técnicas o temporales del asunto. Los méritos completos de los desafíos a la legitimidad nunca se escucharon en un tribunal de justicia estadounidense.

Lo cierto es que nunca sabremos, con certeza, quién ganó las elecciones presidenciales de 2020. Amañar unas elecciones es una forma de robo, y hay muchas maneras de conseguirlo. El papel que desempeñaron el FBI y otras agencias de inteligencia, por ejemplo, al presionar a medios de comunicación social como Twitter y Facebook para que censuraran historias, como los escándalos de Hunter Biden, con la falsa teoría conspirativa de que se trataba de desinformación rusa, es intromisión electoral. El FBI sabía que el contenido del portátil de Biden afectaría negativamente a la campaña del candidato demócrata en vísperas de las elecciones. Como dejó claro el histórico artículo de Time del 4 de febrero de 2021, escrito por Molly Ball, sí hubo una “cábala” conspirativa compuesta por oligarcas de las grandes tecnológicas, élites de los medios corporativos, jefes sindicales y más de 150 grupos activistas de izquierda que se confabularon para derrotar a Trump utilizando metodologías cuestionables.

Bajo la lógica política de la pandemia covid, las leyes electorales fueron modificadas nueve meses antes de las elecciones de 2020 por los tribunales estatales, el ejecutivo y los organismos burocráticos. Las legislaturas estatales, las únicas entidades autorizadas por la Constitución para participar en esta actividad, fueron eludidas. Estos cambios en el proceso electoral permitieron el voto por correo al por mayor, relajaron normas como la verificación de firmas, toleraron urnas desatendidas y reorganizaron los plazos permitidos para votar. Era de esperar que unas elecciones con todas estas importantes alteraciones de procedimiento produjeran anomalías impresionantes. Y así fue.   

Además, hubo fondos privados desproporcionados que ayudaron a enclaves electorales demócratas clave, eludiendo posiblemente los límites de gasto establecidos por las leyes federales de financiación de campañas que favorecían a la candidatura de Biden. El Center for Tech and Civic Life, una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro de izquierda y otras ONG financiadas por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, volcó alrededor de 500 millones de dólares en zonas electorales locales que los demócratas necesitaban para ganar. Desde 2020, al menos veinticuatro estados han prohibido este tipo de participación de dinero privado en elecciones financiadas con fondos públicos.

Las elecciones de 2020 no fueron singulares en contener irregularidades y manipulación electoral. Es un hecho irrefutable que las elecciones de 2016 se vieron empañadas desde el principio por actividades fraudulentas cometidas por el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. El escándalo de la colusión rusa, un engaño urdido por agentes de inteligencia extranjeros que trabajaban para la campaña presidencial del Partido Demócrata y alimentado tácitamente por el gobierno de Obama, violó los derechos civiles de los estadounidenses e intentó inclinar la contienda de 2016 a favor de Clinton. Esta vil estratagema, para vincular falsamente al dictador ruso con Trump, perjudicó toda su presidencia. La mentira del bulo de Rusia se mantuvo viva incluso cuando sus autores tenían claro que todo era una invención. Sin embargo, utilizando esta mentira, demócratas clave cuestionaron la legitimidad de la presidencia de Trump (no se pierdan este collage de 12 minutos de negacionistas electorales demócratas). Hillary Clinton declaró rotundamente, hasta en 2019, que Trump era un “presidente ilegítimo”.   

Lo cierto es que los demócratas tienen un historial de negación de los resultados electorales cuando pierden. Las elecciones presidenciales y de gobernadores de 2000, 2004, 2016 y 2018 también fueron negadas (aquí hay un vídeo de 24 minutos). Algunos demócratas lo insinuaron, otros dijeron rotundamente que la elección en cuestión fue “robada”. Los legisladores demócratas intentaron convencer a los electores de que no votaran a Bush o a Trump, según las elecciones. En otras palabras, estaban obstruyendo un proceso legal, según los cargos imputados a Trump. ¿Por qué Hillary Clinton y otros negacionistas electorales, demócratas y teóricos de la conspiración no están en la cárcel?  

La Primera Enmienda asegura a los estadounidenses el derecho a la libre expresión. Por eso el discurso del que se hicieron eco los negacionistas electorales demócratas, por repulsivo que fuera, no dio lugar a un delito penal. Hillary y sus compañeros negacionistas estaban ejercitando un discurso protegido, aunque se basara en una falsedad políticamente orquestada y pudiera potencialmente incitar a otros a infringir la ley. Se puede argumentar que movimientos marxistas como Black Lives Matter y Antifa se sintieron obligados a cometer actos violentos en busca de un cambio sistémico, basándose en las declaraciones emitidas por Clinton y otros que planteaban dudas sobre la legitimidad de la democracia estadounidense.

Trump también estaba haciendo uso de sus derechos de la Primera Enmienda cuando cuestionó la veracidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esta acusación contra el 45º presidente es un ataque directo a la Constitución y a la libertad de expresión. Cuando se considera la rareza circunstancial del proceso electoral presidencial en cuestión, la defensa de Trump se ve reforzada. Se puede discutir si las irregularidades en las elecciones de 2020 influyeron o no en el resultado. Sin embargo, cuando cualquiera hace una comparación estadística con los patrones de votación reportados el 3 y 4 de noviembre de 2020, así como cruza los datos históricos de votación, nadie puede negar seriamente las impresionantes anomalías descubiertas. La guerra de los demócratas contra Trump en este último asalto legal no solo saquea la libertad de expresión. 

La última acusación del Departamento de Justicia de Biden contra el favorito republicano en la contienda presidencial de 2024 es lisa y llanamente manipulación electoral. El razonamiento parcial emitido por el entonces director del FBI, James Comey, para no recomendar que Hillary Clinton fuera acusada penalmente por su manejo y destrucción de material gubernamental clasificado y privilegiado, fue, precisamente, que estaba involucrada en un proceso electoral. Comey admitió que durante toda la investigación del FBI creyó que Clinton ganaría las elecciones de 2016. La prudencia judicial ejercida por el exdirector del FBI fue con pleno conocimiento de los riesgos de deslegitimar las elecciones estadounidenses.

El legado de este intento insensiblemente audaz de impedir que un adversario político compita en unas elecciones puede socavar todo el sistema democrático estadounidense. Cuando la gente no confía en los métodos antes aceptados para elegir representación en un acuerdo de gobierno consensuado, la violencia popular sustituye al civismo. El componente añadido de criminalizar la libertad de expresión porque desafía la narrativa que promueve un partido político es perjudicial para un pueblo libre. Biden y el actual Partido Demócrata están plantando semillas tiránicas de destrucción. Una sección del Preámbulo de la Declaración de Independencia aborda estas preocupaciones. “Los Gobiernos se instituyen entre los Hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, -- Que siempre que cualquier Forma de Gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es Derecho del Pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo Gobierno”.

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* Autor Julio M. Shiling  

Julio M. Shiling  es politólogo, escritor, columnista, conferencista, comentarista de medios y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, Florida. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas y del PEN Club (Capítulo de Escritores Cubanos en el Exilio).

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 Tomado de http://www.lanuevanacion.com/

LA MALDICIÓN DEL PANTANO

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Al día siguiente de ser encauzado Donald Trump estaba jugando 18 hoyos de golf.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nacion

alfredocepero@bellsouth.net

Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

6-21-23

Donald Trump fue procesado hace una semana aquí en Miami de 37 cargos relacionados con el manejo inapropiado de documentos sensibles que se encontraban almacenados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, estado de La Florida. El encausamiento es la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un ex-presidente enfrenta cargos criminales por parte del mismo gobierno que él presidió. Los cargos son tan serios que podría ser condenado a penas tan severas como la privación de libertad.

En mis años de juventud vi una película titulada “El monstruo de la laguna negra”. A Donald Trump le ha salido al paso todo un ejército de esos monstruos, que no le perdonan la osadía de tratar de desecar el pantano pestilente de Washington donde ellos vivían y viven a sus anchas. Para vengarse de Trump, le han echado la maldición del pantano.

Por otra parte, Trump no tenía necesidad de buscarse estos problemas. Tiene fama, fortuna, mujeres bellas, una familia unida y la simpatía tanto de la izquierda como de la derecha porque a ambos los hacía objeto de su generosidad financiera. Pero cuando cometió el error de entrar al ruedo de la política le declararon una guerra sin cuartel. Ahora le dicen traidor, violador y loco. Yo digo que es un patriota que se inmola para preservar este paraíso en la Tierra que son los Estados Unidos.

Pero lo peor es la forma en que este gobierno espurio utiliza su poder para neutralizar y atacar a sus enemigos. Los actores en esta sinfonía macabra son los testaferros de Biden. El director de la orquesta es el maquiavélico Barack Obama, que tuvo una gran habilidad para esconder su odio a la nación que le dio poder, dinero y notoriedad.

Admito sin el menor reparo que Donald Trump dista mucho de ser perfecto. Nunca debió haber almacenado en su residencia personal documentos relacionados con la seguridad nacional. Pero lo mismo hicieron Clinton, Bush, Obama, Biden y hasta Ronald Reagan. Todos lo hicieron y nadie los atacó porque todos—con excepción de Reagan—fueron y son parte del pantano. La excepción fue el fumigador de cucarachas políticas Donald Trump.

Mientras tanto, quiero decirle aunque no me escuche —pero si para darme el gusto—al Fiscal Jack Smith que en este país, que es cuna de la libertad, hay dos sistemas de justicia. Uno para la demócrata Hillary Clinton y otro para el republicano rebelde Donald Trump. La Clinton borró 30,000 correos electrónicos y destruyó a martillazos su teléfono personal y nadie la molestó. Y otro para Donald Trump que hizo lo mismo que hicieron docenas de presidentes y lo quieren meter en la cárcel.

Por otra parte, muchos analistas políticos conservadores y algunos republicanos han sugerido que el encausamiento de Trump coincide con la noticia al día siguiente de que un testigo del FBI había informado en el 2020 que—mientras era vicepresidente—Joe Biden había recibido—a través de su hijo Hunter—un soborno de 5 millones de dólares de la compañía energética ucraniana Burisma a cambio de favores del gobierno de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los sobornos siguieran entrando en la forma de 10 millones de dólares del magnate ucraniano Mykola Zlochevsky y otros 10 millones de dólares de corporaciones de China Comunista. Y estoy convencido de que es también la razón por la cual se permitió a los balones de China Comunista que tomaran fotos de instalaciones militares en territorio americano y se procedió—por falsas razones de seguridad—a destruirlos una vez fuera del territorio nacional sobre la playa de Myrtle Beach en el estado de Carolina del Sur.

Los adversarios por la postulación republicana—entre ellos Ron DeSantis, Tim Scott, Mike Pence y Nikki Haley—no se han sumado a la comparsa de atacarlo. Pienso que para no antagonizar a los seguidores del ex presidente. Y, sobre todo, por temor a la artillería de un hombre como Trump que no da cuartel a quienes cometen el error de enfrentársele. Al contrario, lo que han hecho es defenderlo con la esperanza de heredarlo si el ex presidente llega a ser debilitado por los ataques y se ve obligado a retirase de la campaña.

Sin embargo, corren el riesgo del soñador que “viviendo de sueños tiene la alta probabilidad de morir de desengaño”. Según una encuesta reciente efectuada el 6 de junio los ataques—en vez de debilitarlo—lo han fortalecido. Por ejemplo, en una encuesta de 450 republicanos del estado de Iowa, el 44 por ciento apoya a Trump con una ventaja del 23 por ciento  por encima de su más cercano adversario el Gobernador de La Florida, Ron DeSantis. Otros candidatos recibieron el apoyo de 6% el Senador Tim Scott, 5% el Vice-Presidente Mike Pence y 5% la ex Embajadora Nikki Haley.

Comparto en su totalidad la proposición del congresistas republicano por el estado de Iowa, Eric Burlison. En una comparecencia en la cadena Newsmax, Burlison dijo: “Llegó la hora de enfrentarnos al estado profundo”. Y agregó: “Tenemos que negarle fondos de operación al FBI y a la Secretaría de Justicia para que nos respeten y hagan lo correcto.”

Por su parte, Donald Trump confronta la tarea gigantesca de desmentir la falsedad de rumores. Razón tenía Voltaire cuando dijo: "Calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda". Lo que sí ha dicho Trump es que no será amedrentado por estas calumnias. Y muchos de sus partidarios nos preguntamos: ¿Qué energía extraordinaria tiene este hombre para mantenerse erguido y combativo frente a estos golpes bajos?

La respuesta la tenemos en los hechos que hablan más que cualquier diccionario. Al día siguiente de ser encauzado Donald Trump estaba jugando 18 hoyos de golf. No hay más que hablar. Su conducta lo dice todo.

Etiquetas: acusación, Clinton, Donald Trump, EE.UU., EEUU, encausamiento, Estados Unidos, hillary, Joe Biden, Obama, pantano, Trump

 
Tomado de https://patriademarti.com

Diseccionando la acusación de los documentos de Trump

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“Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente

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Por Julio M. Shiling

17 de junio, 2023

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Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.

La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.

Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.

Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).  

Cuando existe una discrepancia entre un expresidente y la NARA, el caso puede llegar a juicio, y un juez federal resolvería el asunto. Así es como, históricamente, se han gestionado las discrepancias de propiedad relativas a objetos presidenciales. La Casa Blanca de Biden ha manejado este asunto bajo la premisa de que Trump es un enemigo de la república estadounidense. Después de todo, Trump es una parte instrumental del movimiento conservador MAGA, una coalición conceptual etiquetada por Biden como “extremistas” y categorizada, en consecuencia, a nivel fiscal, por su DOJ y FBI.  

El seguimiento del precedente legal, la roca seminal de la jurisprudencia estadounidense, ha sido abandonado por exploraciones novedosas y posmodernas de la ley. El mentor de Barack Obama en Harvard y fundador de la variante marxista de la Teoría Legal Crítica, Derrick Bell, estaría encantado. El Departamento de Justicia de Biden, sin embargo, está insistiendo en su caso sin apenas mencionar la Ley de Archivos Presidenciales (PRA). Esto se debe probablemente a que la PRA no tiene un estatuto penal. En otras palabras, no podría producir los resultados de encarcelar potencialmente a Trump. En el peor de los casos, la PRA solamente podría imponer una sanción civil, normalmente una multa. Los fiscales, en cambio, se han basado en la Ley de Espionaje de 1917, que sí penaliza los delitos.

La Ley de Espionaje se aprobó dos meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Prohíbe obtener información, grabar imágenes o copiar descripciones de datos de defensa nacional con la intención o la creencia de que la información podría utilizarse para perjudicar a Estados Unidos o beneficiar a una nación extranjera. Además de implicar que Trump cometió traición y tuvo un deseo premeditado de dañar al país que representaba como presidente, también presupone criminalidad cuando el jefe del Ejecutivo de la nación tiene problemas con reclamaciones de propiedad de documentos durante su mandato.

Siguiendo los principios del common law, el modelo legal en EE. UU. (excepto parcialmente en Luisiana), hay suficientes comparaciones empíricas, lo que hace que el caso de los documentos contra Trump sea surrealista. Entre las muchas cosas que Bill Clinton se llevó de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia había más de 79 grabaciones de audio. Se alegó que esas copias de audio eran conversaciones telefónicas grabadas con líderes mundiales que contenían información clasificada. En 2012, Judicial Watch, una organización sin ánimo de lucro que investiga la mala conducta del gobierno, presentó una demanda solicitando que las cintas de audio de Clinton se transfirieran a la NARA para su adecuada investigación. La jueza Amy Berman Jackson, nombrada por Obama, dictaminó que la autoridad exclusiva para clasificar archivos, según la PRA, recae exclusivamente en el presidente. En otras palabras, la NARA no puede determinar la clasificación, ni puede llevarse por la fuerza los archivos presidenciales. 

Los tristemente célebres 30.000 correos electrónicos en los que la secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, eludió los protocolos de seguridad gubernamentales, poniendo en peligro la seguridad nacional estadounidense, son otro ejemplo de ello. El entonces director del FBI, James Comey, concluyó, tras investigar a Clinton, que había 110 correos electrónicos que contenían información clasificada y que otros 2.000 habían sido “subidos” a la categoría de clasificados. Además de esta enorme cantidad de información privilegiada, se encontraron otros 49.000 correos electrónicos con información clasificada en un ordenador portátil privado y no seguro perteneciente a Huma Abedin, una de las principales asesoras de Clinton. El delincuente caído en desgracia y exdiputado demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, utilizaba habitualmente el ordenador de Abedin mientras estaba casado con ella y solicitaba sexo con mujeres, incluida una menor de 15 años. Clinton fue reprendida, pero no procesada. La justificación de Comey para no recomendar cargos penales incluía que Clinton era candidata presidencial en unas elecciones.

Antes de la promulgación de la PRA en 1978, los expresidentes eran propietarios de todos los documentos de sus presidencias. Esto incluía información de la que hoy se acusa a Trump de poseer y de enfrentarse a posibles penas de prisión de larga duración. Sería inconcebible imaginar a cualquier expresidente estadounidense enfrentándose a cargos de traición por poseer potencialmente documentos que cada uno de ellos, antes de 1978, tenía la discreción de conservar. El precedente histórico y la importancia de la continuidad en la tradición de gobierno democrático están siendo hechos añicos por el activismo fanático de ultraizquierda de la actual administración.

La obliteración del privilegio abogado-cliente, un sacrosanto principio del Estado de derecho, es otra bárbara parodia legal que está cometiendo el gobierno de Biden. Parte de las “pruebas” para procesar a Trump se obtuvieron mediante la declaración forzosa de facto de información, por lo demás privilegiada, dada por Evan Corcoran, antiguo abogado del 45° presidente, que reveló conversaciones abogado-cliente que tuvieron lugar. Rara vez un juez o un fiscal se aventuran en el territorio de anular la privacidad que se concede a un acusado y a su abogado. Este mecanismo suele ser una garantía férrea para dar cabida al debido proceso y a un juicio justo.

La jueza federal de Washington DC Amy Berman Jackson, la misma jueza de distrito que se mostró excesivamente altiva en su sentencia de 2012 a favor de Bill Clinton, muestra una disposición legal totalmente distinta cuando el acusado es un conservador. Jackson es una activista judicial radical de izquierdas. Cada decisión importante dictada contra cualquier persona asociada con Trump, MAGA, o remotamente sesgada como parte de la Derecha ha sufrido su ira fundamentalista. No contento con fallar a favor de las causas que ayudan a la "marcha a través de las instituciones", Jackson ha añadido discursos vitriólicos que se hacen eco del sentimiento de lo peor de la izquierda extremista. El estrado, para la designada judicial de Obama, es un púlpito, un medio para hacer proselitismo de la religión política jacobina de la que es devota. 

Paul Manfort, Roger Stone, Rick Gates y los acusados del 6 de enero han sufrido la ira y la injusticia de Jackson. El juez federal de DC, que ha supervisado los casos de más alto perfil, nunca se ha echado atrás a la hora de sostener narrativas que desde entonces han sido refutadas, como el engaño Trump-Rusia y el prurito de las elecciones de 2020. No debería sorprender a nadie que Jackson asestara un golpe brutal al debido proceso al hacer una carnicería con el privilegio abogado-cliente. 

Conceder la admisibilidad en juicio de las comunicaciones entre Trump y su abogado fue una flagrante violación del privilegio abogado-cliente. Esto perjudicó al jurado a favor del fiscal. La “excepción de delito-fraude”, la base para anular el factor de confidencialidad entre abogado y cliente, es difícil de probar en un caso penal. Ya que su umbral requiere que se esté ocultando o fomentando un delito. Sin embargo, esa es una presuposición que constituye un veredicto de facto en sí mismo. En otras palabras, los acusados y sus abogados defensores deben contar con garantías procesales que aseguren la imparcialidad. Jackson emitió un veredicto de culpabilidad incluso antes de que Trump tuviera el juicio. 

Joe Biden guardaba documentos ilegalmente desde los años setenta. Los senadores no tienen la facultad discrecional de llevarse documentos a casa. Como vicepresidente, Biden se llevó documentos, los cambió de lugar y los dejó al alcance de potenciales enemigos de EE. UU. El 12 de enero, Robert Hur fue nombrado fiscal especial para investigar al actual presidente. El público no sabe nada sobre la situación de esta investigación. Probablemente, seguirá el curso de Hunter, su hijo. No irá a ninguna parte.

El hecho de que la acusación de Trump se anunciara el mismo día en que se supo que Mykola Zlochevsky, ejecutivo de Burisma y exfuncionario del gobierno ucraniano, tiene 17 grabaciones (FD-1023) que implican a los Biden en una millonaria estafa de sobornos, es un insulto al pueblo estadounidense. Según Zlochevsky, dos de las grabaciones son del actual presidente y citan un pago de 5 millones de dólares.

No cabe duda de que el sistema legal de doble rasero en los EE. UU. hoy en día, se ha normalizado. Uno solo puede esperar aterrizar en un distrito donde los jurados y los jueces no estén ideológicamente contaminados. Los demócratas son expertos en elegir sus sedes. Esta grave injusticia solamente cesará el día en que los republicanos tengan los medios para llevar a juicio, exigir responsabilidades y encarcelar a muchos de los que han abusado del poder y cometido crímenes atroces contra la república estadounidense.

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