BARACUTEY CUBANO

Por Lucas Garve
Fundación por la Libertad de Expresión

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - La campaña contra la corrupción y las ilegalidades emprendida por el gobierno cubano bate con pleno furor. Ayer mismo el Noticiero Nacional de Televisión, principal difusor de las noticias en Cuba, daba a conocer las operaciones contra vendedores por su cuenta en los alrededores y dentro del Mercado Único en La Habana, un edificio que ocupa una manzana en las cercanías de los Cuatro Caminos, una de los enclaves más populares de la capital cubana.

Según lo informado por los reporteros de televisión en su emisión noticiosa estelar, se realizaron 31 operativos policiales con un saldo de más de 800 personas detenidas y fueron allanadas 12 casas en los alrededores del mercado. Y todo esto, según lo afirmado por los diligentes periodistas oficiales, en beneficio del pueblo. Una expresión muy usada desde las purgas estalinistas del siglo pasado.

No es la primera vez que las autoridades realizan una limpieza represiva de esa índole en ese sitio. Así ocurrió en los noventa. De igual modo reaccionaron las autoridades en los años 80 contra los vendedores y artesanos de la Plaza de la Catedral. De esta manera actúan los gobernantes cubanos cuando la actividad por propia iniciativa de los ciudadanos toma el camino de escape de las riendas gubernamentales.

La eliminación de vendedores o revendedores de mercancías y comestibles en estos días no es aplicable exclusivamente al caso mencionado del Mercado de Cuatro Caminos. En otros puntos de la ciudad se han sucedido operativos de represión social. Sucedió también en la zona peatonal de la calle San Rafael, conocida como el Boulevard y en Galiano y Neptuno.

En las zonas céntricas, donde abundan los establecimientos comerciales, se agolpan los revendedores de artículos de vestir, comestibles, muebles, etc. Estos grupos están formados por personas que subsisten económicamente de forma emergente. Están al margen de la dependencia estatal para sobrevivir.

En otros casos, son ciudadanos que, además de un empleo, invierten parte de su tiempo libre en vender cualquier objeto o artículo de amplia demanda con el fin de redondear un salario que no alcanza para cubrir las necesidades familiares.

Encontramos así a una profesora que vende maní tostado al anochecer, o un joven maestro emergente que vende a escondidas pasteles a sus colegas; a un enfermero vendedor de chicles, caramelos y dulces caseros.

En los reportes de prensa sobre los resultados de la batida contra las “ilegalidades”, se destaca el desmantelamiento de fábricas de muebles, artículos de plástico, mercadería en general, cigarrillos y comestibles. Son pequeños y rudimentarios talleres montados en viviendas particulares donde varios miembros de una familia dedican su esfuerzo a fabricar piñatas, sillones, juntas de cafeteras, pasteles de cumpleaños, cafeteras, calderos, cubos, tuberías de baño y lavamanos plásticos, y un largo etc. Ocurre que hay demanda de esos artículos, y el gobierno, en pocas ocasiones, los vende en moneda convertible a precios muy altos. Entonces, ¿cómo resuelve sus necesidades el ciudadano de a pie?

La pregunta la formuló un chofer de un auto de servicio de una empresa, que al retornar a su casa recoge pasajeros a 10 pesos por cabeza. Según el hombre, “los jefes todo lo resuelven entre ellos, pero a los subordinados sólo les queda aplaudir”.

La contradicción que las autoridades no acaban de resolver es la que plantea la necesidad de subsistir con un salario que no cubre los gastos del mes, y la búsqueda de vías para solucionarlo. En este punto de la frontera no hay momento fijo para entrar en la ilegalidad.

De lo que la gran mayoría está convencida es en la imposibilidad de vivir con un salario. La sobrevivencia hay que lograrla a través de otras actividades, muchas veces ajenas a las del propio oficio o profesión. Y esto último, ya es ilegal. Pero es el sistema económico el que obliga a la ilegalidad.