BARACUTEY CUBANO

Tomado de http://www.diariodecuba.com/

Cataluña en su laberinto

Por Miguel Sales
Málaga
4 de Enero de 2018

El jueves 21 de diciembre el 80% del electorado catalán acudió a las urnas para votar de manera tranquila y ordenada, en unas elecciones autonómicas realizadas con todas las garantías democráticas, aunque caracterizadas también por algunas anomalías.

De los cabezas de lista de los principales partidos, uno estaba en prisión preventiva (Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya) y otro se encontraba prófugo de la justicia en Bruselas (Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya). Ambos están acusados de haber proclamado la República Catalana el pasado 27 de octubre, cuando presidían el Gobierno autonómico, saltándose la legalidad vigente y vulnerando la Constitución Española.

El meollo de la cuestión, como se viene planteando desde hace algunos años, es la posibilidad de separar a Cataluña del Reino de España y constituirla en república independiente. En la configuración actual del Estado español, en el que Cataluña es una comunidad autónoma sujeta a las leyes y la Constitución de 1978, esa secesión es imposible. El ordenamiento jurídico vigente garantiza la integridad territorial del país y el concepto de soberanía nacional implica que no bastaría el voto mayoritario de los residentes de una región para que ésta pudiera independizarse.

Ni siquiera una mayoría abrumadora de votos locales podría privar al resto de los españoles del derecho a decidir sobre el conjunto del territorio nacional. Un señor de Ayamonte o una señora de Gijón tienen los mismos derechos a decidir sobre Cataluña —una parte de España, que es su país— que los que tiene cualquier vecino de Badalona a decidir sobre Huelva o Asturias. De modo que solo una reforma constitucional que autorizara el desmembramiento del país mediante un referéndum nacional vinculante podría abrir el camino hacia un divorcio pacífico. Y ningún gobierno, ni de la izquierda ni de la derecha, parece estar dispuesto a acometer un proceso así, que fácilmente podría terminar con la secesión de otros territorios (País Vasco, Galicia, Valencia), la caída de la monarquía borbónica y la desaparición de un país que tiene más de 500 años y que ha desempeñado en el mundo una función histórica y cultural de enorme importancia.

Ante esa situación, los partidos separatistas catalanes decidieron en 2017 oponer a la legalidad constituida una presunta legitimidad constituyente. El problema con que han tropezado es que esa legitimidad que invocaron no era suficiente ni siquiera para reformar el Estatuto de Autonomía y mucho menos para proclamar la independencia. En respuesta, el Estado español aplicó el artículo 155 de la Constitución, destituyó al Gobierno regional y convocó las elecciones que acaban de celebrarse.

El resultado de los comicios era previsible y ha sido muy similar al de años anteriores. Algo menos de la mitad de los votantes apoyó al separatismo y un 52% se inclinó por el constitucionalismo. Inés Arrimadas, cabeza de lista del partido centrista Ciudadanos, ganó en número de sufragios y escaños, pero difícilmente podrá formar gobierno, porque los partidarios de la independencia, al unir fuerzas, cuentan con una exigua mayoría parlamentaria.

Como viene ocurriendo desde hace muchos años, alrededor del 45% de los residentes en Cataluña no quieren seguir siendo españoles. Fue ese sentimiento, azuzado desde el Gobierno autonómico por Puigdemont, Junqueras y sus colaboradores, lo que condujo al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la posterior proclamación unilateral de independencia, que terminó anulada por los tribunales y la acción del gobierno central.

Pero entre el fallido referéndum separatista de octubre y la aplicación del artículo 155, ocurrieron tres acontecimientos que no fueron obra del gobierno de Mariano Rajoy y que los independentistas no habían previsto, al menos en la escala en la que efectivamente sucedieron: 3.000 empresas se marcharon de la región, la otra mitad de la población de Cataluña, que se siente tan catalana como española, salió a la calle en dos ocasiones para manifestarse masivamente contra la independencia, y todos los Estados europeos respondieron con una negativa al intento de secesión.

Este baño de realidad desmontó las falacias del relato separatista y, sin embargo, no ha propiciado la solución que el Gobierno esperaba de las urnas.

Cuando el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 para hacer frente al golpe separatista que estaba en marcha en Cataluña, Mariano Rajoy tuvo en sus manos la herramienta que le hubiera permitido solucionar el problema, al menos para los próximos decenios. Antes de celebrar nuevas elecciones hubiera sido preciso desarticular la red clientelar que el separatismo había implantado mediante prácticas de corrupción, malversación y prevaricación, intervenir los medios de comunicación a su servicio, sanear el sistema educativo que se había convertido en una máquina de adoctrinamiento nacionalista, purgar el aparato de seguridad, instrumento de los partidos catalanistas que han ejercido el poder durante casi 40 años y, de ser posible, cambiar la ley electoral que privilegia al voto rural, en las zonas donde los separatistas son mayoría. Entre otros fines, esas medidas hubieran permitido que, mientras tanto, los tribunales juzgasen e inhabilitasen a los culpables de la trama golpista, y que la estabilidad política frenara la fuga de empresas y la recesión que amenazaba a la región.

Pero una tarea así habría requerido una intervención prolongada del poder central y la adopción de medidas impopulares. En su lugar, Rajoy optó por la aplicación efímera y homeopática del 155: cesantía de la cúpula gubernamental y convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. Para que el nuevo Gobierno se ocupara de acometer la labor que él no quería o no podía realizar.

En la medida en que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental ha avanzado hacia la integración y la formación de una entidad supranacional que consolide la paz, la democracia y el desarrollo en el continente, el empeño separatista de una fracción de los catalanes constituye un esfuerzo antihistórico. Como quedó demostrado en octubre, ningún Gobierno europeo apoyaría la independencia unilateral del territorio de un Estado miembro, simplemente porque cada país de Europa contiene en su interior una o varias cataluñas. Si el precedente de una Cataluña independiente se hiciera realidad, Córcega, Padania, Baviera o Bretaña podrían plantear mañana reivindicaciones similares. (El caso de Escocia, que durante siglos fue un reino soberano y luego se unió a Inglaterra por voluntad propia y mediante un tratado revocable, no tiene casi nada que ver con la situación de los otros aspirantes).

Por eso, en el hipotético caso de que la secesión se produjese, Cataluña llegaría a ser exactamente lo contrario de lo que auguraban los dirigentes independentistas: un país dividido y empobrecido, fuera de la OTAN, del euro y de la Unión Europea. Y, como queda explicado, las consecuencias para el resto de España serían aún peores.

Una parte del electorado catalán, cegado todavía por el fervor nacionalista, votó el 21 de diciembre por mantener el pulso al Estado. Los demás, la mayoría, optaron por seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Un voto histórico y una lección de democracia. Pero también la prolongación de un conflicto sin perspectivas de solución ni a corto ni a medio plazo.