viernes, marzo 03, 2023

Rolando Cartaya: El terrorismo de Estado castrista y el acuerdo con EEUU

 
Tomado de https://diariodecuba.com/

El terrorismo de Estado castrista y el acuerdo con EEUU

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Quienes trabajan documentando los crímenes del castrismo saben bien que el terrorismo de Estado no es cosa del pasado en Cuba.

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Por Rolando Cartaya

Miami 

02 marzo 2023

En julio pasado, quienes trabajamos en la base de datos Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba alcanzamos una meta volante en la construcción de este rompecabezas de la infamia. Pacientemente, conseguimos identificar, investigar y exponer a los que nos faltaban de los participantes en la destrucción en vuelo —el 24 de febrero de 1996, en el espacio aéreo internacional— de dos avionetas estadounidenses desarmadas y tripuladas por tres civiles cubanoamericanos y uno cubano.

Ya teníamos al teniente coronel Lorenzo Alberto Pérez Pérez, el piloto del MiG-29 UB biplaza que disparó los misiles que pulverizaron las avionetas de la organización Hermanos al Rescate. En aquel instante hallaron la muerte Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. También habíamos procesado a Juan Pablo Roque, el espía dentro de la organización que informó a la inteligencia de Cuba sobre los vuelos planeados para el 24 (no por casualidad una efeméride de la historia de Cuba) y que escapó la víspera de Miami a La Habana, vía Bahamas.

Pero nos faltaban, y ya están en la web,  los otros cinco pilotos despachados por La Habana para cometer el crimen: Luis Francisco Pérez Pérez, ubicado en el asiento trasero del MiG 29 de su hermano para tomar un video de la operación; Emilio José Palacio Blanco, wingman de los anteriores en un MiG 23 ML; Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, en un MIG 29 A, quien persiguió, hasta que se escondió entre las nubes, a una tercera avioneta en la que volaban el director de Hermanos al Rescate, José Basulto y otros tres civiles;  y José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas, piloto y copiloto de un MIG 23 biplaza,  comisionados para filmar el derribo de la aeronave de Basulto.

La destrucción de las avionetas creó un incidente internacional enfocado en el asesinato a sangre fría de tres ciudadanos estadounidenses mediante una operación militar que —luego se sabría— fue directamente autorizada por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro. Todavía puede escucharse en Vimeo una grabación de audio sacada de la Isla. La grabó la oficialista Radio Rebelde durante una charla privada de Castro con periodistas del Gobierno en la sede del Partido Comunista en la oriental ciudad de Holguín, el 21 de junio de 1996.

"Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban… Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego que va a caer arriba de la ciudad", relata Raúl Castro en la cinta, refiriéndose a una reunión militar previa al 24 de febrero de 1996. "Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades".

Fue un crimen de Estado que causó un gran revuelo diplomático y mediático, especialmente porque se demostró que las avionetas fueron derribadas en el espacio aéreo internacional (en la transcripción de las conversaciones el punto de control en San Antonio de los Baños, Cuba, instruye al piloto con Código 13, Emilio Palacios, buscar las avionetas a 30 kilómetros de Baracoa, o sea, unos diez kilómetros más allá del espacio aéreo cubano).

El régimen de La Habana solo pagó el precio de que el presidente Clinton —quien había sostenido conversaciones dirigidas a un acercamiento con Cuba, como ha reconocido públicamente su esposa Hillary— se viera forzado a no vetar la Ley Helms-Burton, un compendio de todas las disposiciones del embargo a Cuba codificadas como ley del país. Habría que ver si no era eso lo que buscaba Fidel Castro, quien se asoleó siempre bajo la leyenda de su enfrentamiento con Washington. Algo que procuró extender hasta sus últimos meses de vida, al arremolinar al Partido Comunista contra los efectos del viaje a La Habana del presidente estadounidense Barack Obama tan pronto despegó el Air Force One.

Pero el de las avionetas no ha sido el único crimen espantoso cometido por el castrismo y sus sucesores, con la particularidad de que la mayor parte del mainstream media de EEUU y los círculos partidarios del acuerdo con el régimen de Cuba (ese acuerdo es subversivo, afirman) suelen hacer la vista gorda.

Los informes del Departamento de Estado que han ratificado la condición de Estado patrocinador del terrorismo que Cuba ha merecido casi ininterrumpidamente desde 1982 han tenido en cuenta sus relaciones con organizaciones terroristas como la ETA vasca y las FARC colombianas, y también el santuario brindado por Castro a asesinos de policías como JoAnne Chesimard y Charlie Hill, terroristas como Guillermo Morales y Ronald Ali La Beet, salteadores de bancos, secuestradores de aviones y otros prófugos de la Justicia estadounidense.

Tal vez la Cancillería de este país debería tener en cuenta también el terror desplegado por el castrismo contra su propio pueblo en diversas etapas de crisis. En Represores Cubanos tenemos expuesto al fallecido Julián Rizo Alvarez, secretario del PCC en la provincia de Matanzas, quien ordenó en julio de 1980 el bombardeo del barco XX Aniversario cuando trataba de salir al mar por el río Canímar.  Cerca de 70 civiles fallecieron.

También figura en nuestra web el general de brigada Lázaro Román Rodríguez, jefe de las Tropas Guardafronteras en 1994, quien coordinó el hundimiento, del remolcador 13 de marzo con 72 civiles a bordo en la madrugada del 13 de julio de ese año,.  Otros remolcadores despachados por él lo embistieron y barrieron de cubierta con chorros de agua a las madres que levantaban a sus hijos suplicando piedad. Murieron 37 personas, incluidos diez niños.

Pero el terrorismo de Estado castrista no es cosa del pasado. Hace apenas unos meses, el 28 de octubre del año pasado, ocho cubanos, entre ellos una niña de dos años, perecieron al ser embestida una embarcación con 23 personas a bordo por una lancha de Tropas Guardafronteras que la esperaba cerca de la costa de Bahía Honda, Artemisa. Un video tomado desde la costa muestra claramente cómo la lancha agresora embiste a toda velocidad por una banda a la otra embarcación colmada de gente desesperada por escapar de Cuba. Poco antes, fuentes al interior de la Contrainteligencia castrista habían revelado a Cibercuba que habían recibido instrucciones de frenar a como diera lugar la emigración por vía marítima. ¿Gesto hacia la Administración Biden, o una manera de asegurar que cientos de miles de cubanos (a razón de unos 10.000 dólares por persona) siguieran abandonando el país vía Nicaragua para ingresar de manera irregular en EEUU por la frontera sur?

Sobre el suceso de Bahía Honda se prometió una investigación que acabó culpando a los traficantes de personas procedentes de EEUU. Tal impunidad de los ejecutores de crímenes de Estado en Cuba acaba de ser convertida en ley con la entrada en vigencia, en diciembre, de un nuevo Código Penal que exime de responsabilidad penal a quien cometa un hecho delictivo "al obrar en cumplimiento de un deber" o "en virtud de la obediencia debida" (Artículos 27.1 y 27.2).

¿Es con este régimen criminal con quien la Administración Biden intenta impulsar un deshielo 2.0? ¿Un deshielo de aperturas unilaterales de las que el castrismo solo tomará lo que le convenga? Ojalá que un frío pragmatismo no lleve al presidente Biden y su equipo a hacer caso omiso del fracaso de Obama y cruzar de nuevo la frontera que separa a la decencia política de la indecencia.

Rolando Cartaya es un periodista cubano que trabajó por 30 años en la Oficina de Transmisiones a Cuba de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales. Actualmente conduce el proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Este artículo fue escrito con la colaboración de Luis Domínguez. 

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