BARACUTEY CUBANO

 Tomado de https://diariodecuba.com

Tras 40 días en huelga de hambre, fallece el preso político cubano Yan Carlos González González

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Mientras, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas documenta casi 60 violaciones a los derechos humanos de los reclusos durante junio.

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DDC

Santa Clara

08 Jul 2025

La represión en las cárceles de Cuba es una actitud diaria dentro del patrón de violación de los derechos humanos ejecutado por el régimen cubano. Así, tras permanecer durante 40 días en huelga de hambre, falleció el preso político Yan Carlos González González, informó en su perfil de Facebook el activista y ex preso político Ángel Moya.

González González, de 45 años y oriundo de Manacas, un pequeño pueblo de Villa Clara, fue condenado, sin pruebas inculpatorias suficientes, a 20 años de prisión por un incendio en un cañaveral. Sin embargo, "sus familiares aseguran que fue encarcelado como forma de cerrar el caso rápidamente, sin justicia ni evidencias claras", indicó el medio independiente La Tijera en su perfil de Facebook.

La activista Isis Ro indicó en su perfil de la misma red social que las autoridades penitenciarias, "al verlo moribundo lo excarcelaron, pero ya era muy tarde". Por lo que, si bien González González no falleció en prisión, su muerte es consecuencia directa de los malos tratos a los que fue sometido y de los 40 días que permaneció en huela de hambre como protesta por un encarcelamiento que, dijo siempre, era injusto. Así, el fallecimiento de González González es responsabilidad del Estado cubano y del patrón represivo que despliega a diario.

Sin embargo, este caso no es aislado, toda vez que el grupo de asesoría legal Cubalex informó recientemente que, en los primeros seis meses de 2025, documentó 37 muertes bajo custodia: 12 en el servicio militar, 23 en centros penitenciarios y dos en unidades de la policía.

"Estas cifras no solo reflejan una crisis de derechos humanos dentro del sistema carcelario y represivo cubano, sino que evidencian un patrón sistemático de negligencia estatal, violencia institucional y desprotección absoluta hacia personas bajo custodia", subrayó al tiempo que sostuvo que "cada muerte bajo custodia es una alerta urgente sobre la desprotección, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades".

"El Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad física de toda persona bajo su custodia. La falta de transparencia, sumada a las denuncias de malos tratos y negligencia médica, exige una investigación inmediata, independiente y exhaustiva", concluyó la organización defensora de los derechos humanos.

Mientras en junio representantes del régimen cubano mintieron en el debate de alto nivel celebrado en la sede la de ONU en ocasión del décimo aniversario de las Reglas Mandela, al asegurar que "Cuba aplica buenas prácticas en su sistema penitenciario", el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), documentó, durante el mes recién concluido, casi 60 violaciones a los derechos humanos de las personas reclusas en la Isla, según un informe publicado esta semana.

"Se identificaron violaciones en 29 prisiones y centros de detención, distribuidos en 13 provincias. Las regiones con más incidentes violatorios registradas fueron La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. Entre las cárceles más señaladas están la prisión de Quivicán (Mayabeque), Mar Verde (Santiago de Cuba), Agüica (Matanzas), la prisión de Guanajay (Artemisa), el Combinado del Este y la 1.580 (ambas en La Habana)", detalló la organización.

"Al menos 47 personas privadas de libertad fueron víctimas directas (7 mujeres y 40 hombres). Además, se recibieron diez denuncias que describieron afectaciones colectivas al total de la población penal de un establecimiento determinado. Los grupos más vulnerables fueron los de personas privadas de liberad por razones políticas, las personas opositoras políticas y los que viven con enfermedades crónicas", agregó.

"De manera estructural, se identifican patrones reiterados como la insalubridad general de los centros penitenciarios —que favorece la propagación de enfermedades—, la falta de provisión estatal de medicamentos, y el uso sistemático de la negación de atención médica como mecanismo de castigo o represalia por parte de las autoridades", indicó el CDPC

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