BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de https://diariodecuba.com/

Los 'expertos' en Cuba sobran

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Sin cambios en la política de cooptación, el nuevo Decreto-Ley crea nuevos Consejos Técnicos Asesores disfuncionales.

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Por Marlene Azor Hernández

Ciudad de México

22 marzo 2021

El Decreto-Ley 28 del 5 de marzo del 2021 define una nueva estructura burocrática llamada Consejo Técnico Asesor (CTA) en todos los órganos de la Administración Central del Estado, empresas estatales y órganos locales del Poder Popular. Al mismo tiempo, demuestra la incompetencia de los "expertos" en los consejos técnicos asesores creados en 1983, que no han evitado las erráticas políticas públicas ni el desastre económico y político nacional. Si los políticos cubanos no cambian la política pública económica, civil y jurídica, los expertos sobran. Son los políticos los que eligen a estos últimos, y ese es un problema a resolver en un contexto de dictadura de partido único.

Una revisión de las políticas públicas de los últimos 10 años en Cuba refleja improvisación, inmovilismo e incluso retroceso. Y esto no es responsabilidad de los anteriores expertos, sino de los decisores militares y civiles.

Basta revisar los planes gubernamentales nacionales, sean de la vivienda o de la energía, hidraúlicos o sobre la seguridad alimentaria, la discriminación racial o el programa Adelanto para la mujer, el cronograma de leyes a aprobar por el Parlamento o el funcionamiento del Ministerio de Justicia, para encontrar chapucería, carencia de sustentabilidad técnica, improvisación y ausencia del diagnóstico del punto de partida para anunciar e implementar las políticas públicas vigentes.

Los expertos en Cuba no tienen voz propia porque el sistema de movilidad social y cooptación es por lealtad política y no por competencias, habilidades y experiencia. Así, la subordinación a la política del partido único y de los militares y civiles asociados, hacen disfuncionales a los expertos.

Los puestos de expertos en las instituciones estatales y de Gobierno exigen traicionar competencias y los intereses de la ciudadanía, a cambio de no perder el salario y los precarios privilegios ocultos que distribuye la dictadura. Así sucede con los profesionales en el Tribunal Supremo, la Fiscalía de la República, los tribunales, los ministerios, bancos, la Asamblea Nacional y los medios estatales de difusión.

Sin embargo, si revisamos las propuestas de numerosos economistas, abogados, artistas, periodistas, médicos, arquitectos e ingenieros que no ocupan funciones en las instituciones estatales y gubernamentales, vemos que no han sido tomadas en cuenta durante décadas, se mantienen ocultas y hasta resultan reprimidas.

Dejar de ser una República fallida pasa también por que se impongan en la sociedad cubana otros métodos de cooptación de los funcionarios públicos y de los consejos técnicos asesores. Concursos abiertos y convocatorias públicas para ocupar los puestos en la administración pública, de acuerdo a las habilidades, competencia y experiencia demostrada, debe ser una de las medidas urgentes y necesarias para que el conocimiento especializado sirva a la administración pública del país y a los intereses de los ciudadanos.

Transparencia en los procesos de selección, evaluaciones de desempeño y resultados, rendición de cuentas y control público son prácticas que diferencian las administraciones de países con una institucionalidad fuerte e independiente del partido político que gobierne, de los países con gran debilidad institucional y corrupción generalizada.

La reciente reunión del Gobierno cubano con el Ministerio de Justicia muestra una vez más la ausencia de transparencia de las instituciones gubernamentales. No se muestra ninguna información sobre los incumplimientos del cronograma legislativo, las violaciones cotidianas de los derechos y garantías constitucionales por las propias autoridades, ni sobre las arbitrariedades de decretos leyes o leyes que se aprueban en el Parlamento y que reducen los derechos constitucionales al mínimo, o directamente los anulan.

Como es habitual, el gobierno hace declaraciones públicas y llamados políticos que no tienen respaldo jurídico ni contraparte que los evalúe. La opacidad, arbitrariedad y ausencia de control público ciudadano sobre las leyes y su aplicación en el país, evidencia un ambiente de jungla, incertidumbre y arbitrariedad típico de repúblicas fallidas, que no enmendará el Decreto-Ley 28/2021.

Etiquetas: castrismo, cuba, dictadira, expertos. Marlene Azor

 
Tomado de https://diariodecuba.com/

El ministro Alejandro Gil quiere todos los dólares

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'Cuando se anunció la creación de las tiendas en divisas no se habló de prohibir la compra de equipos en el exterior.'

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Por Orlando Freire Santana

La Habana

22 febrero 2021

En medio del agudo déficit de oferta que se observa en los centros comerciales del país, causó sorpresa e incomprensión el anuncio de Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, de que no se permitiría la comercialización de productos traídos del exterior por parte de los trabajadores por cuenta propia.

Precisamente, y en el contexto de lo controversial de esa decisión, Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, declaró en una reciente Mesa Redonda de la televisión cubana que las autoridades habían recibido muchos mensajes de personas que cuestionaban semejante directiva gubernamental. Una ocasión aprovechada también por el señor Gil para explicar el motivo que indujo al Gobierno a implementar dicha prohibición.

Resulta que la cúpula del poder no desea que los dólares u otras monedas convertibles que entran al país, en lo fundamental como remesas familiares, vuelvan a salir al exterior para comprar mercancías que después se oferten en el mercado nacional. El ministro adujo que esas divisas hacían falta en el país para reactivar la industria nacional, y que impidiendo su salida se beneficiaban los 11 millones de cubanos.   

Sin embargo, no son pocos los que han creído atisbar las verdaderas intenciones del castrismo. En primer lugar trasciende ese afán de los gobernantes por apoderarse de toda la moneda convertible que entra en la Isla. Ellos quieren que toda persona natural que reciba dólares los deposite en un banco y obtenga una tarjeta magnética con que comprar en las tiendas especiales habilitadas con el objetivo gubernamental de captar esa divisa. O si no, que los cuentapropistas destinen los dólares a adquirir insumos en las tiendas estatales en aras de fortalecer sus negocios y después llegar a exportar sus producciones o servicios. Y al final, quedarse el Gobierno con el 20% de los ingresos que generen esas exportaciones.

Por otra parte, resalta el menosprecio de las autoridades hacia los niveles de  consumo de la población. Algo, por supuesto, muy ocultado por el señor Gil. Porque está claro que la importación de mercancías por los cuentapropistas, y su venta posterior en la Isla, aliviaría las colas y el desabastecimiento que hoy soportan los consumidores cubanos. Además, esas hipotéticas ventas, de realizarse en moneda nacional, beneficiarían a un amplio sector de los cubanos de a pie que no tienen acceso a la moneda convertible. Pero los personeros del régimen parecen no inmutarse por esos contratiempos de la gente común. ¡Y todavía recordamos esos manuales de Economía Política empleados en las universidades cubanas que expresan que la ley económica fundamental del socialismo es la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población!   

Existe otro elemento muy vinculado con esta última prohibición que muestra las contradicciones —o el afirmar una cosa y después hacer otra— de los gobernantes cubanos. Porque cuando se anunció la creación de las tiendas en divisas para que los dólares se quedaran en el país no se habló de prohibir la compra de equipos en el exterior. Simplemente se dio la opción de que esas compras pudieran hacerse aquí en Cuba. Entonces estábamos en presencia de un mecanismo económico o indirecto de dirección. El mismo que aparece favorecido en la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y que posteriormente fue ratificado por el propio Alejandro Gil como el método a emplear en la estrategia para el desarrollo del país.

En cambio, ahora no se sugiere que los dólares se gasten aquí en el país, sino que se prohíbe que se gasten fuera del país. El mecanismo económico o indirecto es sustituido por el método directo o administrativo. O sea, que la práctica cotidiana del castrismo desmiente sus propios postulados contenidos en los principales documentos partidistas y gubernamentales.

La prohibición de vender mercancías traídas del exterior afectará, entre otras actividades, a las ferias donde los cuentapropistas ofertaban ropa y calzado de primera calidad. Imaginamos que en lo adelante, ante la casi nula producción nacional de esos renglones, y la escasa potencialidad importadora del Gobierno, la economía sumergida o bolsa negra —siempre esquivando la represión oficialista— esté a la orden del día entre quienes insistan en el buen vestir. 

Etiquetas: Alejandro Gil. Marta Elena Feitó, cuba, cubano, cuenta propia, cuentapropistas, dictadira, dólares, MLC, pueblo, revolución cubana, tarjetas electrónicas, trabajadores