jueves, noviembre 16, 2023

Video. El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU le tumbó la careta a la dictadura Castrista de Cuba

Tomado de https://diariodecuba.com/

El Examen Periódico Universal le tumbó la careta al régimen cubano

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Activistas cubanos ven con satisfacción que 'un número importante de estados ha dado la cara en favor del pueblo cubano'.

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Por Ángeles Rosas

Madrid

15 noviembre 2023

Activistas cubanos que participaron en el escrutinio del Gobierno cubano este miércoles en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideraron que el proceso "le tumbó la careta al régimen" en el escenario internacional y demostró que "un número considerable de estados han dado la cara en favor del pueblo".

Carolina Barrero dijo a DIARIO DE CUBA desde Ginebra, Suiza, que "ha sido muy impactante ver a muchos de los estados miembros haciéndole críticas en materia de derechos humanos al Gobierno cubano".

"Muchos han hablado del Código Penal, de moratoria de la pena de muerte, de los presos políticos, se escuchó varias veces el 11J, se habló de retroceso en la Isla en materia de derechos humanos", señaló.

La historiadora del arte consideró "gravísima la participación en el hemiciclo de un funcionario del Ministerio del Interior, seguramente un agente de la Seguridad del Estado", cuyo cargo no fue revelado. "Esta persona mintió, dijo que en Cuba no había presos políticos o que las condiciones son óptimas en las prisiones", lamentó.

"El nivel de cinismo, de mentira de la delegación que presidió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se evidenció en el informe central y en cada de una de las respuestas dadas a los países y recomendaciones. Fue verdaderamente impactante para nosotros ver la forma en que negaron las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, tuvieron que responder, tuvieron que escuchar y tuvieron que ver a la sociedad civil real que estaba observándolos también", dijo.

El abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez recordó que el Gobierno de Cuba viene arrastrando incumplimientos muy graves como la firma o ratificación de varios instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Estimó como muy positivo que en este examen "se han sumado países aliados a decirle al Estado cubano que tiene que trazar medidas legislativas, tiene que abandonar prácticas represivas y tiene que trascender hacia un estatus superior en la cuestión de los derechos humanos".

"¿Cómo ha respondido Cuba? Con un discurso político. De hecho, no ha podido responder de manera categórica a la realidad. Se mantiene el divorcio entre el Estado y el pueblo cubano", lamentó González.

"A pesar de que Bruno Rodríguez dijo que había más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil (en el escrutinio) todos los que participaron fueron representantes de instituciones estatales. Las más de 200 organizaciones de la verdadera sociedad civil de dentro y fuera de Cuba que participaron con informes fueron escuchados por los estados", dijo.

La coordinadora de la Red Femenina de Cuba, Frisia Natista Mokárzel, tras ser testigo de los cuestionamientos recibidos por el régimen en materia de violencia de género, declaró a DIARIO DE CUBA que participar en el EPU ha afianzado su convicción de seguir trabajando a favor de la defensa de las mujeres cubanas, exigiendo en el cronograma legislativo una ley integral contra la violencia de género y que no haya que esperar a 2028 para concretarlo.

Más de 144 estados le enviaron recomendaciones al Gobierno. La mayoría de los cuestionamientos fueron emitidos por gobiernos democráticos, pero también aliados como México realizaron señalamientos críticos.

Para Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, "el Examen Periódico Universal le tumbó la careta al régimen cubano, quedando al descubierto en el escenario internacional la nefasta situación de los derechos humanos en Cuba y la represión contra activistas y opositores pacíficos".

"Importantes estados exigieron la liberación de todos los prisioneros de conciencia, el respeto a la libertad de expresión y manifestación, el combate al feminicidio y la abolición total de la pena de muerte", señaló Cires.

"Con gran satisfacción escuchamos las frecuentes exigencias de abolición de la pena de muerte, sanción vigente para más de una veintena de delitos y que constituye una gran amenaza para cualquier ciudadano. También podría ser un obstáculo para una transición pacífica", consideró

En opinión Cires, "un número importante de estados ha dado la cara en favor del pueblo cubano después de la bochornosa reelección del régimen como miembro del Consejo de derechos humanos de la ONU".

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 Tomado de https://diariodecuba.com

El régimen cubano ante el Examen Periódico Universal de la ONU

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DIARIO DE CUBA conversa con activistas y juristas cubanos presentes en Ginebra durante la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

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DDC TV

Madrid

15 noviembre 2023 


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martes, enero 05, 2021

Con el dinero de los cubanos. Yaxis Cires Dib: Todos los funcionarios, incluidos los represores de la policía política, son pagados por los bolsillos de los ciudadanos. Solo en 2021, la deuda pública será de 132.524.200.000 pesos.

 
Tomado de https://diariodecuba.com/cuba/1609751632_27751.html

Con el dinero de los cubanos

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Todos los funcionarios, incluidos los represores de la policía política, son pagados por los bolsillos de los ciudadanos. Solo en 2021, la deuda pública será de 132.524.200.000 pesos.

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Por Yaxis Cires Dib

Ciudad de Panamá

04 Ene 2021

Todos los funcionarios, incluidos los represores de la policía política y periodistas de la prensa oficialista, que criminalizan a otros ciudadanos, reciben sus salarios del presupuesto del Estado, es decir, de la caja a la que aportan todos los cubanos; parece una obviedad, pero no lo es después de seis décadas de falta de cultura económica y desconocimiento sobre cómo se financia el Estado.

Según el presupuesto general para 2021, los ingresos tributarios serán de 113.910.000.000, el 39% de los ingresos del Estado. Estos son los tributos a pagar por las empresas y los ciudadanos a través de, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos personales, por la propiedad de viviendas, por la propiedad o posesión de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre, el impuesto sobre transmisiones de bienes inmuebles y muebles registrables y el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo asalariada, entre otros.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación tributaria de Cuba en 2018 representó el 42.3% del Producto Interno Bruto, ubicándose por encima del promedio de América Latina y el Caribe (23.1%), de 19.2 puntos porcentuales, y por encima del promedio de los países miembros de la OCDE (34.3%). Es decir, la presión fiscal en Cuba es significativamente alta, por muy disimulada que esté.

La recaudación tributaria junto a otros ingresos van a la caja del Estado y éste los administra, dedicándolos a los diferentes sectores y actividades.

Otro elemento importante es la deuda pública, aquella que el Estado tiene con inversores particulares y con otros países, la contrae para financiarse ante el déficit y el pago de obligaciones vencidas, pero que deberá ser pagada por el conjunto de la ciudadanía, incluso aunque el régimen actual cambiara.

Para ser más claros, la deuda externa que Cuba asume con otros países o con instituciones financieras internacionales, no es del Partido Comunista ni del Gobierno, sino del país, de todos los cubanos. La deuda pública que las actuales generaciones y las futuras asumirán, solamente en 2021, será de 132.524.200.000, alrededor de 12.000 pesos por cada ciudadano, lo que equivale a 5.7 salarios mínimos de cada uno de estos.

Razones no faltan para que estos asuntos fueran objeto de amplia difusión y parte de una formación integral en las escuelas. Ello tiene importantes consecuencias cívicas: el dinero público, aunque sea manejado por el Estado, es de todos los cubanos. La deuda que contrae el Estado es también la deuda de todos. Por ello los ciudadanos deberían tener el derecho y el deber de fiscalizar la actividad de la administración y asegurarse de que el dinero de los contribuyentes esté siendo empleado de manera correcta y no para reprimir o para mantener estructuras parasitarias.

A la vez, existe una obligación del propio Estado, y en especial del Gobierno, de emplear el dinero público de manera transparente y eficiente, respondiendo a las principales necesidades del país, por ejemplo, en los servicios públicos, la salud, la educación, el apoyo a los desamparados.

En ningún caso se justifica la financiación estatal del improductivo aparato de propaganda política nacional e internacional mientras el 76% de los cubanos consultados califica entre regular y muy malo el "abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios", y seis de cada diez consideran entre regular y muy malo tanto el "acceso a exámenes médicos complementarios" como el "estado de las instalaciones hospitalarias"; todos ellos según el último Informe sobre los Derechos Sociales.

La actividad de la policía y de los diferentes órganos de seguridad es medular para cualquier país y Cuba no es la excepción. El Estado enfrenta amenazas muy complejas, entre ellas la del crimen organizado trasnacional, y por tanto, debe tener capacidad de anticipación y respuesta. Pero por esta misma razón es que se impone una reflexión sobre la importancia de que los recursos de todos y el tiempo de los funcionarios no sean dedicados a reprimir ni a desacreditar a otros cubanos, ni a quienes viven dentro de Cuba ni a quienes residen en el exterior.

Todo ello se refuerza todavía más bajo el principio de que las funciones estatales deben desarrollarse con estricto respeto a los derechos humanos.

El abuso físico o moral ejecutado por un funcionario público, por iniciativa propia o por una supuesta obediencia debida, es una lacra social que hay que erradicar. La zafiedad actual es consecuencia de una forma de entender el poder basada en el sometimiento y no en el servicio. En la medida en que los ciudadanos sean más conscientes de que deberán apretarse el cinturón, entre otras cosas, para mantener a estos malos funcionarios, estarán menos dispuestos a tolerar los abusos.

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domingo, octubre 11, 2020

Yaxys Cires Dib: Hay que abolir la pena de muerte en Cuba. 'Hay que introducir cambios legales y estructurales, dada la proclividad de algunos a dejarse arrastrar por sus pasiones.'

 
Tomado de https://diariodecuba.com/

Hay que abolir la pena de muerte en Cuba

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'Hay que introducir cambios legales y estructurales, dada la proclividad de algunos a dejarse arrastrar por sus pasiones.'

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Por Yaxys Cires Dib

Ciudad de Panamá

10 octubre, 2020 

La vigencia legal de la pena de muerte no es buena para el presente ni para el futuro de Cuba.

La nueva Constitución no proscribió la pena de muerte como sanción. Además, si bien desde 2003 existe en Cuba una moratoria de hecho a la aplicación de esta, la legislación penal actual la prevé para un importante número de delitos.

La aprobación de un nuevo Código Penal figura en el calendario legislativo para julio de 2021. Se trata, según el propio cronograma publicado por Granma, de una derivación de la Constitución, que busca "modificar y actualizar las penas para las conductas socialmente peligrosas que son consideradas delitos".

Sin embargo, no ha habido declaración pública de ninguna autoridad haciendo referencia a la posibilidad de que la pena de muerte deje de ser contemplada como sanción penal o de que la misma sea abolida para siempre.

La pena de muerte pone en manos del Estado la facultad de terminar con el bien más preciado que Dios o la naturaleza nos ha dado: la vida.

Entre los diversos argumentos contra la pena capital, hay que destacar su uso por parte de regímenes dictatoriales para amenzar o eliminar a los adversarios políticos o para dar escarmientos generales; pero también hay que recordar que a consecuencia del carácter imperfecto de los sistemas de investigación y judiciales, se ha llegado a condenar a muerte a personas cuya inocencia ha quedado acreditada posteriormente, incluso en Estados de derecho.  

En el caso de nuestro país, la pena de muerte, además, podría desincentivar cualquier proceso de cambio democrático. Desestimula a quienes dentro del propio régimen quisieran dar un paso en favor de algo nuevo, porque estará la muerte como una espada de Damocles, que en otras ocasiones sus propios compañeros de partido y de carrera no han dudado en aplicar.

Pero también infunde temor a quienes han hecho daño y creen que un eventual cambio tendrá un efecto bumerang.

La cultura de la vida debe triunfar en Cuba, y para ello la muerte, como sanción y como discurso político, tiene que comenzar a causar estupor en una gran mayoría de cubanos. Todavía es un misterio cómo en 1959 una sociedad que se declaraba tan creyente, pasó de la noche a la mañana a gritar: "¡Paredón! ¡paredón!",  o a permanecer aquiescente ante tanto horror.

Lamentablemente, no podemos asegurar que hayamos cambiado mucho desde entonces. Por ello, mientras apelamos al asidero moral o a la bondad de cada cubano, hay que introducir cambios legales y estructurales, dada la proclividad de algunos a dejarse arrastrar por sus pasiones.

Hoy muchas personas de buena voluntad creen que Cuba va a mejorar si todos nos dejamos llevar por la idea de "amistad social". Sin embargo, la apelación a las virtudes y valores debe ir acompañada del efectivo desmantelamiento de estructuras legales y políticas que sostienen la cultura de la represión y de la muerte.

Este es un asunto que no puede escapar de las propuestas democráticas ni de la agenda del diálogo bilateral entre la Unión Europea (UE) y Cuba.


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