Miguel Sales Figueroa escribe La Estafeta del Güikén (III): El Informe Harvard sobre Cuba y el fentanilo de los intelectuales
La religión es el opio del pueblo.
Karl Marx
El marxismo es toda una religión, en el más impuro sentido de la palabra.
Simone Weil
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En 1955, Raymond Aron publicó El opio de los intelectuales, a juicio de muchos críticos uno de los libros de política y sociología más importantes del siglo XX. El título de este nada modesto artículo mío rinde tributo a la enorme contribución aroniana a la búsqueda de la verdad y trata de arrimar la brasa de su clarividencia a nuestra maltrecha sardina caribeña.
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Por Miguel Sales
Málaga, España
16 de septiembre de 2026
El Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el futuro de Cuba acaba de ver la luz esta semana. Aunque no he tenido acceso al texto íntegro, he leído atentamente el resumen publicado por la institución. Son unas 20 páginas, 15 de las cuales se consagran a una minuciosa descripción de la realidad actual del país, lo que podría considerarse la parte expositiva, y las cinco finales están dedicadas a las soluciones propuestas, que vienen a conformar la parte ejecutiva del documento.
Debo señalar que los autores del Informe Harvard integran una impresionante nómina de intelectuales y activistas, mayoritariamente cubanos de la Isla y la diáspora. Profesores universitarios, dirigentes de oenegés y especialistas de diversas ramas, que durante seis meses han trabajado “para examinar la crisis que enfrenta [sic] Cuba y elaborar recomendaciones para abordarla”. Es de lamentar que la mala calidad de la traducción española no haga justicia a tanto esfuerzo de cogitación.
Tras glosar las características de la crisis multisectorial que padece la población cubana en todos los ámbitos -escasez de servicios sociales, educativos y sanitarios; deterioro de infraestructuras, colapso del sistema energético, el transporte y la distribución de agua, falta de alimentos y combustibles y un largo etcétera de penurias harto conocidas por cualquiera que se mantenga al tanto de lo que ocurre en la Isla- , los autores emiten un juicio categórico sobre el origen de la situación, lo que un epígrafe denomina “El problema fundamental”: “La crisis cubana afecta a múltiples áreas de la vida nacional, pero al centro de la misma hay un problema político: la existencia de un gobierno cuya legitimidad se ha erosionado profundamente, fruto de su propia ineptitud, de su incapacidad de dar respuesta a los problemas fundamentales del país, de prácticas represivas en la gestión del disenso ciudadano y de estructuras autoritarias e inmovilistas que obstaculizan el emprendimiento, la creación artística y cultural, la actividad científica y educacional, y el debate sobre cualquier tema importante o sensible”. [Los subrayados son míos].
Hasta aquí, la claridad es meridiana. Aunque previamente se ha mencionado la repercusión de medidas adoptadas por el gobierno estadounidense como factores agravantes de la crisis, el párrafo citado no deja dudas acerca de la responsabilidad del régimen cubano en la génesis del problema: un sistema anacrónico de partido único y economía ineficiente, que se mantiene en el poder mediante la represión y el encarcelamiento de quienes discrepan y el vaciamiento demográfico de la Isla.
El Informe analiza luego algunos de los mecanismos mediante los cuales el régimen cubano tergiversa los preceptos constitucionales. Según los autores, “la Constitución vigente, aprobada en el 2019, supuestamente consagra un estado de derecho, pero funciona en la práctica como sostén de un estado autoritario […] El sistema político está dominado por un partido único que, según afirma el artículo 5, ‘es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado’” . Todo lo anterior configura un ordenamiento político “irrevocable”. Esa estructura típica del Estado totalitario hace que “numerosos derechos (pensamiento y expresión, prensa, asociación, libertad de movimiento) sean sistemáticamente violados por las autoridades”.
Es importante este reconocimiento explícito de que la Constitución vigente es, en el mejor de los casos, un documento inane, incapaz de garantizar a la ciudadanía los derechos al uso en cualquier régimen democrático. Porque, como veremos más adelante, el recurso al andamiaje institucional constituye una de las muchas contradicciones entre la parte expositiva y las propuestas concretas que se formulan en la última sección. Como bien saben los cubanos, todos los artículos de la Constitución contienen, de manera explícita o implícita, una coda o coletilla en la que se aclara que su aplicación queda supeditada al interés superior del Estado socialista. Los derechos y las libertades que supuestamente se consagran en el ordenamiento jurídico están sujetos siempre a la conveniencia del Partido Comunista.
La parte más polémica del Informe Harvard llega en la última sección del documento, con las conclusiones y recomendaciones que pretenden contribuir a la acción futura en pro de la transición democrática. Porque los autores del Informe plantean la necesidad de que las autoridades cubanas no solo participen en ese tránsito sino que dirijan su evolución, fijen su calendario y orienten sus resultados.
Eso se llevaría a cabo mediante un sistema de toma y daca, en el que el régimen adoptaría paulatinamente normas liberalizadoras a las que Estados Unidos y la comunidad cubana en el exterior responderían con medidas que aliviarían las graves carencias de todo orden que padece hoy la población de la Isla. Así, el gobierno cubano aceptaría amnistiar a unos 1.300 presos políticos (de los comunes nada se dice, aunque hay miles de reclusos de derecho común condenados por delitos como el sacrificio de ganado, la tenencia de moneda extranjera o el ‘acaparamiento’ de bienes de consumo) y a cambio de esa medida de clemencia habría “una respuesta inmediata, positiva y contundente de la administración americana [sic] para frenar los peores efectos de la crisis humanitaria que vive el país, empezando por la eliminación de sanciones contra los suministros de combustibles”. Nótese la acumulación de adjetivos en torno a la presunta respuesta estadounidense.
La serie de cambios que empezaría con la amnistía conduciría, según el Informe, al restablecimiento “del estado de derecho inscrito en la Constitución vigente, a pesar de sus limitaciones” y propiciaría la instalación de un gobierno de transición que la ciudadanía consideraría legítimo.
En esta fórmula de avenencia –“estamos hablando de soluciones por vías pacíficas”, recuerda el texto – “las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa y convertirse en facilitadoras”.
Este método se basa en la idea de que el gobierno cubano, autor, como el propio Informe reconoce, del desastre que aqueja al país desde hace décadas, estaría ahora en disposición de aplicar medidas que vulnerarían su sistema de control y represión, a cambio de ayuda exterior. Lo que los jerarcas del castrismo se han negado a hacer durante 67 años, lo harían de buen grado para acceder a suministros de combustible y comida. Y no solo eso, sino que además emprenderían un proceso de democratización que culminaría en el desmantelamiento del aparato represivo del régimen, la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones libres y pluralistas.
La premisa inicial ya resulta bastante inverosímil. Si el régimen comunista ha regido el país con mano de hierro, indiferente al sufrimiento de la población, por más de seis decenios, ¿por qué desmontaría ahora la cadena de mando y control a cambio de gasolina y pollo congelado? Porque la amnistía de 1.300 presos políticos no sería otra cosa que la renuncia a una pieza esencial del aparato represivo, una larga cadena que empieza en los comités de delatores del barrio (CDR) y pasando por la policía política, las brigadas de respuesta rápida y las tropas de Ministerio del Interior, termina en el goulag isleño, compuesto por cientos de cárceles, granjas de reeducación y campos de trabajo forzado.
La otra pregunta que viene al espíritu al leer esta propuesta es ¿por qué el gobierno de Cuba no promulgó ya motu proprio esa amnistía hace 15, 10 o 5 años, cuando no estaba sometido a la misma presión? La respuesta más lógica es: porque los presos siempre han sido y son una moneda de cambio, de la que es posible sacar algún rédito, mediante indultos parciales o ‘regalándolos’ a los mandatarios o figuras famosas que visitan la Isla y se interesan por ellos. Durante años, cada uno de los ‘amigos de Cuba’ que quiso solicitarlo, -Mitterrand, Cousteau, Ted Kennedy- recibió su cuota de presos excarcelados, como prueba de la clemencia del gobierno revolucionario… que tres días después ordenaba una nueva redada para rellenar las existencias. Resulta difícil no asociar esta pauta de comercio de rehenes con la sugerencia que el documento plantea como medida inicial del proceso negociador.
A la amnistía seguirían otras medidas de ambos gobiernos para escalonar los cambios. Todo eso se llevaría a cabo en un periodo indeterminado cuya duración el documento no especifica y que “en el mediano y largo plazo” desembocaría en la ya citada nueva Constitución y la celebración de elecciones. La Constitución vigente, a pesar de sus evidentes deficiencias y su carácter fraudulento, (“funciona en la práctica como sostén de un estado autoritario”) serviría como hoja de ruta de un proceso cuyo calendario y modo de ejecución quedarían al arbitrio de las autoridades cubanas.
Según los autores del Informe, “pasos [sic] iniciales como una amnistía señalarían claramente que los cubanos, todos, cualquiera que sea su ideología, trayectoria, raza, género, religión u orientación sexual, hacen parte [sic] de la comunidad nacional. La Cuba ‘con todos y para todos’ de Martí. Diversa, plural, múltiple, transnacional”. Aparte de la mutilación del apotegma martiano, las afirmaciones precedentes hacen hincapié en el sesgo de inclusión, igualdad y diversidad (DEI) que el Informe desearía imprimir al futuro de Cuba, bajo los auspicios del Partido Comunista. La estrategia basada en la lucha de clases y el dominio de la vanguardia del proletariado ha quedado obsoleta. Ahora urge implantar las políticas identitarias, la ecología anticapitalista y la barra libre a las migraciones.
No se olvide de que “estamos hablando de soluciones por vías pacíficas”. Buenismo, angelismo y pacifismo gozan de buena prensa en los medios de izquierda de América y Europa occidental. Constituyen casi siempre una postura loable, salvo cuando sirven para prolongar la esclavitud y el sufrimiento. Como señaló a principios del siglo XX el poeta Patrick Pearse, mientras los irlandeses luchaban para independizarse del Imperio Británico, “hay cosas más horribles en la vida que la violencia y la esclavitud es una de ellas.”
En las escuelas de la República, a los niños cubanos nos hicieron aprender una canción que dice lo mismo: “en cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido”.
La fórmula de avenencia propuesta en el Informe Harvard promete la prolongación sine die de la afrenta y el oprobio implantados en Cuba hace 67 años por un régimen totalitario. Sin mencionar ni en una sola línea la justicia real y la reparación debida a las víctimas, que deberán aceptar mansamente la convivencia con sus antiguos verdugos. De ahí que las soluciones propuestas hagan hincapié en la justicia social y otros conceptos etéreos, como inclusión, igualdad y diversidad, característicos del wokismo, pero soslayen asuntos medulares como las vulneraciones a la vida, la libertad, el derecho a la propiedad privada y otras prerrogativas humanas esenciales, perpetradas por el régimen castrista a lo largo de varias décadas.
El final previsible de un proyecto así sería un poscastrismo a la rusa, con un partido hegemónico que controle la falsa pluralidad democrática y una nueva clase de hijos y nietos del régimen que dominen la economía y la política, en connivencia con elementos afines del exilio. El marxismo sacralizado o neocomunismo que predomina en Harvard -el de la DEI, las políticas de género y la ecología anticapitalista- tiene más probabilidades de prosperar en un contexto como ese, que en un país donde el Partido Comunista haya sido barrido del poder por medios más expeditivos.
Dejar la recuperación de las libertades y los derechos de los cubanos al arbitrio del PCC, la familia Castro y sus subalternos no es precisamente una idea muy luminosa. Resulta desconcertante que, para llegar a esa conclusión, la Universidad de Harvard haya necesitado el trabajo de una docena de expertos durante medio año. El Departamento Ideológico del PCC podría haberles servido un resultado idéntico, en menos tiempo y a un costo netamente inferior.
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Post scriptum- Hace 20 años, en 2006, terminé un libro que la editorial Verbum publicó al año siguiente con el título El poscastrismo y otros ensayos contrarrevolucionarios, firmado con el pseudónimo Julián B. Sorel. Por entonces yo era funcionario de la UNESCO y no podía usar mi nombre real en una publicación de este tipo.
En el volumen figura un ensayo titulado Rectificación de la República, que contiene un largo comentario sobre los programas de los grupos de oposición que operaban en la Isla. En la página 128 escribí lo siguiente:
“Si yo tuviera la suerte de tener 20 años -que por desgracia no tengo- y tuviera la desgracia de vivir en Cuba -que por suerte tampoco tengo- creo que me agradaría leer un documento programático o de consenso de una sola página, que propusiera con palabras sencillas más o menos lo siguiente:
Amnistía inmediata de todos los presos políticos
Abolición de la pena de muerte
Reforma de la Constitución y el Código Penal, para suprimir todas las cláusulas que violan, por la letra o por el espíritu, los preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Convocatoria, en un plazo máximo de seis meses, de elecciones generales, abiertas a todos los partidos y bajo supervisión internacional
Formación de un parlamento y un gobierno que reflejen las preferencias de la ciudadanía, expresadas en las urnas
Redacción de una nueva Constitución, que el gobierno someterá a referendo, y elaboración posterior de los nuevos códigos legislativos
Reforma del poder judicial.
Ese documento ideal dejaría todas las demás medidas a cargo del gobierno y el parlamento legítimos que saldrían de los comicios. Esta sería la manera más simple de devolver a cada ciudadano su soberanía personal, que desde hace medio siglo ve sacrificada en aras de la soberanía nacional”.
Por supuesto, en ningún punto de mi ensayo se planteaba la posibilidad de que esas medidas corriesen a cargo del gobierno o del Partido Comunista de Cuba, y mucho menos que “las autoridades cubanas deban tomar la iniciativa y convertirse en facilitadoras”, como postula el Informe Harvard. Las ideas adelantadas en mi libro estaban dirigidas explícitamente a la oposición porque, “si los cubanos que afronten la era poscastrista carecen de ideas nítidas acerca de los efectos que el revolucionarismo ha ejercido sobre la historia del país, si no están conscientes de cuáles han de ser las competencias y los límites del Estado en una sociedad moderna, si no han puesto en claro sus creencias acerca Estados Unidos e ignoran la función que ese país ha desempeñado en Cuba desde el siglo XVIII, nunca llegarán a elaborar y adoptar un nuevo proyecto de nación que sea, como planteaba Renan, un plebiscito cotidiano y que les permita superar definitivamente la resaca de la era castrista”. (p.131)
Las 150 páginas de mi libro El poscastrismo… las escribí en dos meses, recluido en la antigua casona de mi amigo Dennis Rousseau, en un pueblito encantador del centro de Francia. No contaba con una docena de colaboradores, aunque me habría gustado tenerlos.
Cualquier parecido con trabajos o informes posteriores sobre el futuro de Cuba es pura coincidencia. O no
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Opinión breve, clara y alta de Bismary Bacallao sobre el Informe del Grupo de Trabajo de Harvard
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ErnestoMiami
15 de septiembre, 2026
El Informe de Harvard sobre Cuba: Lo bueno, lo malo y lo feo
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posted by PPAC @ 9/18/2026 08:06:00 a. m.
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