BARACUTEY CUBANO

 Tomado de https://patriademarti.com/

Por Julio M. Shiling

Junio. 5, 2026

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Durante décadas, los detractores de la presión económica contra el régimen castrista-comunista insistieron en que las sanciones no funcionaban. Según esta opinión generalizada, La Habana había aprendido a sobrevivir a todas las restricciones, a adaptarse a todos los obstáculos y a transformar todas las dificultades en propaganda política. Sin embargo, los dramáticos acontecimientos que siguieron a la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump han puesto de manifiesto la debilidad de ese argumento. Los acontecimientos del último mes demuestran que las sanciones no solo funcionan, sino que son más eficaces cuando se diseñan partiendo de una comprensión clara de la estructura real del régimen y de sus fuentes de poder.

Firmada el 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 representa el desafío más serio jamás dirigido contra la arquitectura financiera que ha sostenido el castro-comunismo desde el colapso de la Unión Soviética. En lugar de centrarse exclusivamente en funcionarios individuales o restricciones simbólicas, la orden apunta a la extensa red de corporaciones extranjeras, inversores, bancos, empresas navieras, operadores hoteleros y socios comerciales. Estos han permitido al régimen sobrevivir mucho tiempo después de la desaparición de las subvenciones soviéticas.

Para apreciar la importancia de esta medida, hay que comprender cómo la dictadura cubana se reinventó tras la caída de la URSS. La pérdida del apoyo soviético sumió al régimen en una crisis existencial. Ante el colapso económico, la dirección no abandonó el socialismo. En su lugar, desarrolló gradualmente un sistema híbrido que combinaba el totalitarismo político con una forma de capitalismo concesionario controlado por los militares.

Los cimientos de esta transformación se sentaron a través del proceso de Perfeccionamiento Empresarial iniciado en 1988. Bajo la bandera de la eficiencia y la modernización, se concedió a las empresas militares una autonomía y una autoridad económica cada vez mayores. Con el tiempo, estas entidades controladas por los militares se expandieron a prácticamente todos los sectores rentables de la economía. Esta evolución alcanzó su máxima expresión en GAESA, el extenso conglomerado militar que llegó a dominar el turismo, el comercio minorista, el transporte, la banca, el sector inmobiliario, la logística y la inversión extranjera.

El resultado no fue un mercado libre, sino un imperio militar-comercial. Los inversores extranjeros que llegaban a Cuba no invertían en los trabajadores cubanos, los empresarios cubanos o la clase media cubana. Estaban estableciendo asociaciones con empresas controladas por las fuerzas armadas y alineadas con el Partido Comunista. Los ingresos generados por estos acuerdos fluían en su gran mayoría hacia las arcas del régimen, mientras que los cubanos de a pie seguían excluidos de una propiedad significativa, de la organización laboral independiente, de la participación política y de las oportunidades económicas.

Durante años, las corporaciones internacionales participaron voluntariamente en este acuerdo. Las cadenas hoteleras firmaron acuerdos de gestión con empresas turísticas de propiedad militar.

Las empresas mineras se asociaron en empresas conjuntas con monopolios estatales. Las instituciones financieras facilitaron transacciones que sustentaban las necesidades de divisas fuertes del régimen. Las empresas navieras transportaban mercancías a través de infraestructuras controladas por el ejército. Al hacerlo, muchas de estas corporaciones se convirtieron en componentes indispensables del sistema económico que preservaba el régimen de partido único.

Su participación tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del comercio. El sistema laboral cubano ha violado durante mucho tiempo los principios más básicos consagrados en los convenios internacionales del trabajo. Los trabajadores contratados a través de empresas extranjeras veían sus salarios confiscados por el Estado, carecían de representación independiente y se les negaba el derecho a negociar libremente con los empleadores. Mientras las empresas disfrutaban de acceso a una mano de obra cautiva, el pueblo cubano seguía privado de sus derechos fundamentales. Los beneficios generados por estos acuerdos ayudaron a sostener las mismas instituciones responsables de la represión política, la censura, las detenciones arbitrarias y la denegación de las libertades civiles.

Por eso la Orden Ejecutiva 14404 ha resultado tan disruptiva. Al imponer sanciones secundarias a las entidades extranjeras que operan en sectores estratégicos de la economía cubana y a aquellas que hacen negocios con empresas controladas por el ejército, la orden transformó a Cuba de un riesgo comercial manejable en una responsabilidad financiera potencialmente devastadora. El acceso al sistema financiero estadounidense, a las redes bancarias internacionales y a los mercados globales se volvió de repente más valioso que la participación continuada en la economía cubana en contracción.

Las sanciones no se limitaron a las empresas extranjeras. El 4 de junio, Washington amplió también su enfoque a las familias gobernantes del régimen y a los pilares institucionales que durante mucho tiempo han sostenido el poder castrista. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel; y a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, respectivamente hijo y nieto de Raúl Castro. Las medidas congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben las transacciones con ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses. Con ello, ponen de manifiesto una creciente voluntad de actuar no solo contra los titulares de cargos públicos, sino contra la red más amplia de familiares, intermediarios y beneficiarios que ha rodeado a la élite gobernante durante décadas.

Igualmente significativa ha sido la decisión de sancionar al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y su agencia de viajes Amistur Cuba S.A., así como a Minera la Victoria S.A. Estas entidades han servido como instrumentos fundamentales para el control militar, la vigilancia vecinal, las operaciones de influencia internacional, la financiación del régimen y la movilización política. Al dirigirse a organizaciones en lugar de únicamente a individuos, las sanciones golpean la infraestructura institucional a través de la cual la dictadura ha ejercido el poder. En el contexto de una futura transición democrática, tales medidas refuerzan un principio importante: la rendición de cuentas debe extenderse tanto a figuras concretos, así como a las estructuras que permitieron, financiaron y perpetuaron la represión sistemática.

La reacción ante la Orden Ejecutiva 14404 era previsible. Antes de la fecha límite del 5 de junio para la exposición de las sanciones, una lista cada vez mayor de destacadas empresas extranjeras anunció su intención de retirarse, suspender sus operaciones, reducir su presencia o distanciarse del régimen. La española Meliá, durante mucho tiempo el mayor operador hotelero extranjero en Cuba, comenzó a rescindir los acuerdos de gestión que afectaban a numerosas propiedades. Iberostar siguió con medidas similares. La canadiense Blue Diamond Resorts anunció su salida. La indonesia Archipelago International puso fin a sus operaciones. En el sector minero, la canadiense Sherritt International, uno de los socios extranjeros más importantes del régimen, suspendió su participación directa y comenzó a reducir sus operaciones. Los gigantes del transporte marítimo y los intermediarios financieros también tomaron medidas para limitar su exposición, mientras que las redes de pago conectadas con Cuba sufrieron importantes interrupciones.

Este éxodo revela una verdad esencial. El modelo económico postsoviético del régimen de Castro nunca fue autosuficiente. Dependía de una afluencia continua de capital extranjero, experiencia, marcas, tecnología y legitimidad. Una vez que esos socios comenzaron a marcharse, las vulnerabilidades de todo el sistema se hicieron visibles. La clase militar-empresarial cultivada a lo largo de décadas de Perfeccionamiento Empresarial y consolidada bajo GAESA se ha visto ahora privada de gran parte de su capacidad de inversión extranjera. Como consecuencia, el acceso del régimen a divisas fuertes se verá inevitablemente afectado.

La importancia de estos acontecimientos va mucho más allá de las pérdidas económicas inmediatas. Lo que se está desarrollando hoy es el desmantelamiento progresivo de la maquinaria institucional que permitió al castrismo-comunismo sobrevivir tras la caída del bloque soviético. La red de empresas militares, monopolios privilegiados, asociaciones extranjeras y acuerdos laborales controlados por el Estado que enriqueció a una élite gobernante reducida está empezando a desmoronarse.

Ese proceso tiene profundas implicaciones para la futura transición de Cuba hacia la democracia. La justicia transicional no consiste únicamente en enjuiciar a funcionarios individuales. También requiere desenmascarar y desmantelar las estructuras que hicieron posible el régimen totalitario. El imperio económico construido en torno a GAESA y sus socios extranjeros se convertirá inevitablemente en objeto de aclaración histórica, escrutinio legal y rendición de cuentas pública una vez que comience la democratización.

Muchas de las empresas que ahora se apresuran a salir del país preferirían presentarse como actores empresariales inocentes. Sin embargo, los registros históricos demostrarán que numerosas empresas extranjeras se asociaron a sabiendas con instituciones controladas por una dictadura que violaba sistemáticamente los derechos laborales, las libertades civiles y la dignidad humana. Si bien la responsabilidad de estos abusos recae ante todo en el propio régimen, quienes se beneficiaron del sistema no pueden eludir por completo la responsabilidad moral de haber contribuido a mantenerlo.

La rápida desintegración de este complejo militar-comercial demuestra que las sanciones, cuando se diseñan adecuadamente y se aplican con rigor, pueden alcanzar objetivos estratégicos qu muchos consideraban antes imposibles. Al apuntar a las fuentes reales de poder financiero del régimen, en lugar de limitarse a sus símbolos políticos, la Orden Ejecutiva 14404 ha golpeado el corazón del modelo de supervivencia postsoviético que mantuvo a flote el comunismo castrista durante más de tres décadas.

La historia puede preguntarse por qué una política que comparte la claridad de estas medidas fundamentales, destinadas a privar de fondos a un régimen criminal, no se aplicó décadas antes. No obstante, más vale tarde que nunca. Irónicamente, el día que se celebra internacionalmente como el Día del Trabajador, el presidente Trump promulgó una medida que desafiaba directamente un sistema construido sobre la explotación de la mano de obra cubana y el enriquecimiento de una élite militar privilegiada. Ya sea intencionado o casual, puede que resulte ser uno de los regalos más trascendentales jamás otorgados a los trabajadores cubanos. Supuso un golpe decisivo contra la maquinaria financiera que se beneficiaba de su opresión y representó un paso significativo hacia el día en que Cuba pueda finalmente comenzar la difícil pero necesaria labor de reconstrucción democrática y justicia transicional.

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ESTAMPIDA MASIVA: Meliá, Iberostar, Visa y Mastercard abandonan a la dictadura cubana

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Invertir en Cuba: suicidio seguro

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¿Qué hay detrás de los anuncios de permitir la inversión privada en la Isla?

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Por Emilio Morales

Miami

16 septiembre 2022

En su desesperado intento por sobrevivir a la crisis multisistémica que está a punto de liquidarlo, el régimen cubano ha dado una serie de pasos que, más que estrategia, parecen acrobacia. Su nuevo plan no contempla lo primero que ha de ponerse en práctica en el ámbito económico: una ruta de reformas que reestructuren el modelo a base de libre empresa y libre mercado.

Sí, el régimen ha anunciado que permitirá inversiones en el sector privado. Y también lo ha hecho la Administración Biden, en su política de empoderamiento al pueblo cubano a través de permitir la inversión de empresas norteamericanas junto a empresas privadas de la Isla. Sin embargo, es ingenuo pensar que en Cuba existe un verdadero sector privado.

Para los cubanos de la Isla es imposible abrir empresas de manera espontánea. El sistema no lo permite ni lo promueve. Dichas empresas deben ser aprobadas por varias instancias gubernamentales, y es el Estado el que decide a quién se le otorga el favor, en qué sector y bajo qué condiciones. Los que finalmente resultan autorizados, suelen ser personas afines al Gobierno. Aun así, estas empresas no pueden importar ni exportar productos y servicios de forma directa; para ello deben utilizar empresas estatales que cobran un 20% por la gestión. Más allá, estas entidades "privadas" pueden tener cuentas en dólares, pero solo disponer de ellos para los pagos de los procesos de importación y exportación.

En el sentido inverso, para los cubanos radicados en el exterior, y tras casi 60 años negándoles invertir en el país, el régimen también ha lanzado una fórmula para atraerlos, creando una cartera de oportunidades de unos escasos 60 proyectos que, considera, pueden ser atractivos a la diáspora. Dichos proyectos son patrocinados por los Gobiernos provinciales, y los montos de inversión no superan los 500.000 dólares. Fuera de esto, para los cubanos de la diáspora no hay opción de inversión en el país. De esta manera, pretender atraer a aquellos que en la comunidad empresarial cubanoamericana sueñan y se dejan seducir por quienes los expropiaron, expulsaron o persiguieron políticamente, es una maniobra que fracasará, por mucho que se apoye en la ignorancia, el oportunismo, la bajeza moral, la complicidad o la avaricia de algunos.

El falso sueño americano de invertir en Cuba

Los recientes anuncios hechos por los gobiernos de Cuba y EEUU sobre las opciones de inversión en la Isla sugieren que un nuevo deshielo podría estar tramitándose tras bambalinas. Si así fuera, sería una política errada de EEUU. Sobre todo, a la luz de la experiencia del deshielo anterior y el infeliz final de freno a las reformas, cerco al movimiento de emprendedores y ataques sónicos a diplomáticos. El cliché de que ciertos sectores de la economía cubana —el turismo, la energía, la agroindustria, la producción de alimentos, el sector inmobiliario, la minería, la biotecnología…— presentan atractivas posibilidades de inversión, no es más que eso, un cliché.

Además, los empresarios norteamericanos deben saber que el argumento de que las empresas de Canadá, España, Gran Bretaña, otros países de Europa y de Asia disfrutan de ventajas por "ser los primeros", por conocer el terreno, tener las verdaderas relaciones con el poder y dominar las invisibles reglas del juego que mueven los negocios en la Isla —argumento sembrado por el lobby antiembargo— es otra zanahoria que les hará perder tiempo y capital.

Al hacer una inversión, es obligatorio realizar una valoración exhaustiva del mercado, que permita determinar el nivel de riesgo y, sobre todo, el tiempo de retorno del capital. En el caso de Cuba, las consideraciones a tener en cuenta son obviamente de un grado mayor de dificultad que las que se deben hacer en cualquier otro país, dadas las prohibiciones del embargo y las limitaciones legales que impone la propia dictadura. En este punto, el mercado cubano comienza con una gran desventaja en la dura carrera de atraer inversiones. En términos de libertad financiera, la Isla ocupa el lugar 172 de un listado de 184 naciones. Entre las categorías que se utilizan para evaluar a los países y conformar este ranking internacional están el derecho de propiedad, la libertad financiera, el estado de derecho, la libertad laboral y la salud fiscal.

A esto hay que sumar el deteriorado estado de la infraestructura del país. La matriz energética está colapsada, mas del 70% de la estructura inmobiliaria se encuentra entre regular y mal estado, el transporte público y privado es casi nulo y el que funciona está en ruinas. El país se halla inmerso en una profunda crisis de liquidez, su deuda externa ya casi es la misma que la que tenía cuando logró condonarla en 2015 con varios de sus acreedores más importantes a raíz del deshielo con EEUU, y la economía está sumida en una volátil crisis inflacionaria.

Economistas oficialistas no se esconden para criticar al Gobierno por su mala gestión. El tema de la deuda ha sido manejado como un problema marginal y poco importante. La condonación de 42.089,9 millones de dólares en el 2015 por varios acreedores, entre los que destacan Rusia (29.000 millones), México (340.9 millones), Japón (1.400 millones), China (2.830 millones), Uruguay (35 millones) y el Club de Paris (8.484 millones) fue una oportunidad perdida5. Al respecto, el economista Juan Triana ha expresado: "Lamentablemente fue mal aprovechado, y hemos vuelto a caer en una situación insostenible. La deuda eleva el riesgo país, daña las finanzas y enturbia el ambiente de negocios, eleva el costo financiero de cualquier operación mercantil".

Bajo estas condiciones, lejos de ser un mercado atractivo, Cuba es un mercado de muy alto riesgo. La situación actual de los inversionistas extranjeros en la Isla es caótica y tensa. Muchos no saben qué hacer ante el corralito financiero que les impide repatriar capital. Los que ya tienen un contrato no se deciden a invertir ante la magnitud de la crisis multisistémica. Y los que ya están en el mercado, operan con pérdidas y tratan de producir lo mínimo posible para justificar mantenerse y no perder la inversión.

Conclusiones

La Isla no es ninguna fruta prohibida en términos de oportunidad-inversiones. Esto es solo un mito alimentado por décadas para atraer la inversión extranjera, algo que no ha dado resultado.

Al final del día, cualquier inversión por parte de un empresario norteamericano, aun con el anuncio de la Administración Biden de permitir inversiones en el sector privado (un sector que en la práctica no existe), tendrá que ser escrutado bajo las reglas que determinan el costo de oportunidad. Y el resultado será evidente. Invertir en una dictadura, donde el capitalismo y las leyes que soportan el libre mercado y la libre empresa están ausentes, no es comparable a invertir en una nación democrática, incluso imperfecta, donde exista un sistema de libre mercado, con libertad de precios y separación de poderes. En Centroamérica y el Caribe existen mercados donde sobran las oportunidades con bajo riesgo. República Dominicana, Guatemala, México, Costa Rica, Panamá o Jamaica, entre otros países, presentan posibilidades de inversión en infraestructura, logística, IT, manufactura, producción de alimentos, transporte, turismo, etc.

En cambio, podríamos afirmar que el empresario que quiera ir a suicidarse financieramente a Cuba, tendrá un éxito 100% garantizado. La única forma de invertir en la Isla de manera exitosa y segura será cuando en La Habana exista un Gobierno democrático que promulgue leyes que permitan el libre mercado, la libre empresa y la libertad ciudadana.

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