BARACUTEY CUBANO

Para Cuba, el cambio político debe preceder al cambio económico

Por Julio M. Shiling

Sept. 25, 2026

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Durante más de seis décadas, la dictadura castrocomunista ha sobrevivido utilizando como armas la escasez, el miedo y el cálculo paciente de que las naciones democráticas acabarían cansándose de sus principios. Ese cálculo se encuentra ahora bajo presión. La política exterior estadounidense sigue considerando el derrocamiento de este régimen como una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, para Occidente y para la propia América Latina. Las pruebas recientes son evidentes: la denuncia directa del presidente Trump ante las Naciones Unidas sobre el papel de La Habana en el fomento de la subversión comunista; el discreto análisis de la Reserva del Ejército sobre la posibilidad de proporcionar al Mando Sur unidades policiales, médicas y de apoyo con poca antelación; y la continua ronda de sanciones del Departamento de Estado dirigidas contra las élites cubanas, los canales financieros y el aparato de extracción de recursos. No se trata de gestos. Son los instrumentos concretos de un juicio estratégico de larga data.

Los exiliados cubanos han respondido de la misma manera. En Miami —la segunda ciudad cubana más grande después de La Habana— se ha reunido una impresionante coalición de líderes empresariales cubano-estadounidenses para anunciar la creación de la Cámara de Comercio Nacional Cubano-Estadounidense y declarar su disposición a financiar la reconstrucción poscomunista de la isla. Su mensaje es claro y bienvenido: la nación en el exilio está dispuesta a correr con los gastos de una Cuba libre. Washington toma nota. El cambio de régimen parece, de repente, más atractivo desde el punto de vista fiscal.

Sin embargo, el atractivo no es lo mismo que la sensatez. La verdad fundamental que tanto el Gobierno estadounidense como la comunidad cubano-estadounidense deben tener presente es la siguiente: en Cuba, el cambio político debe preceder al cambio económico. Bajo un sistema totalitario, ambos no pueden avanzar con seguridad en paralelo durante la fase inicial de la transición. Un orden económico de mercado no crea democracia; opera bajo el orden político que ya existe. China, Vietnam y la Rusia postsoviética son ejemplos que lo recuerdan constantemente. El capital puede fluir, la empresa privada puede prosperar y las mismas estructuras dictatoriales —o sus sucesoras recicladas— pueden seguir firmemente al mando.

El castrismo no es simplemente un conjunto de políticas ineficaces. Es un sistema institucional, epistémico y hegemónico que ha colonizado todas las estructuras formales e informales de la vida cubana. Los tribunales, las universidades, los órganos de seguridad, los medios de comunicación, las organizaciones sindicales e incluso el lenguaje del discurso cotidiano se han moldeado para preservar el monopolio del régimen. Abrir las arcas a la inversión mientras esas estructuras permanecen intactas no liberaría a los cubanos; subvencionaría precisamente el aparato que los ha mantenido cautivos. El resultado no sería una economía de mercado democrática, sino un despotismo híbrido: capitalismo sin libertad, enriquecimiento sin rendición de cuentas y una nueva generación de nomenklatura con trajes diferentes.

Lo primero que se requiere es un período deliberado de justicia transicional. Esto es esencial. Se trata del desarraigo sistemático de la toxicidad que deja tras de sí el totalitarismo: la depuración de las instituciones corrompidas, la recuperación de la verdad histórica, el desmantelamiento de las redes de privilegios y vigilancia, y el establecimiento del Estado de derecho como algo más que un eslogan. Solo tras esa depuración podrá comenzar una auténtica reconstrucción económica sin el riesgo de que el comunismo regrese en una forma reciclada. La ayuda humanitaria de emergencia y las medidas básicas para aliviar el sufrimiento deben llegar de inmediato. Pero los flujos de capital más importantes —la reconstrucción que la riqueza cubano- estadounidense, así como los inversores extranjeros, están dispuestos a financiar— deberían esperar con cautela hasta que se hayan afianzado los cimientos políticos.

La creencia de que el capitalismo por sí solo generará automáticamente la democracia es una ilusión reconfortante que la historia ha refutado repetidamente. Los mercados son instrumentos. Amplifican los propósitos del orden político que los dirige. Cuando ese orden sigue siendo totalitario o incluso una variante autoritaria blanda, los mercados se convierten en herramientas para el enriquecimiento de las élites y la perpetuación del régimen, en lugar de motores de la libertad popular. El propio colapso soviético demostró el coste de una liberalización económica prematura sin una purificación política e institucional paralela: el surgimiento de sucesores oligárquicos y dictatoriales que aún amenazan a la región.

Los exiliados cubanos han conservado, a lo largo de generaciones de exilio, lo mejor de la historia, la cultura y las aspiraciones democráticas de la nación. Ese legado les impone ahora una doble responsabilidad: apoyar la reconstrucción material de la patria y, con mayor urgencia, insistir en que dicha reconstrucción no se convierta en el mecanismo mediante el cual el castrismo sobreviva bajo otro nombre. El Gobierno estadounidense, por su parte, debe resistir la tentación de tratar el capital como un sustituto de la ardua labor de apoyar una auténtica ruptura política y la justicia transicional.

El orden de los pasos es innegociable. Primero, el cambio político. A continuación, la depuración institucional. Solo entonces, toda la fuerza del capital cubano-estadounidense y el compromiso occidental. Si se invierte ese orden, Cuba corre el riesgo de cambiar una forma de cautiverio por otra: más próspera para unos pocos, pero sin libertad para la mayoría, y que seguirá siendo un lastre estratégico para el hemisferio. La oportunidad que se nos presenta es histórica. Desperdiciarla al confundir la inversión con la liberación sería una tragedia de nuestra propia fabricación.

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En entrevista con el periodista y presentador Tony Benítez en Tony Benítez TV, el politólogo, escritor, historiador y director de Patria de Martí y TheCubanAmericanVoice, Julio M. Shiling, analiza el denominado Informe de Harvard sobre el futuro de Cuba y expone los elementos que considera indispensables para alcanzar una verdadera transición democrática. Entrevista grabada el 22 de septiembre de 2026.

Daniel Benitez News

Septiembre 28, 2026

URGENTE: EL SECRETARIO DE ESTADO MARCO RUBIO DA ULTIMÁTUM A CUBA "ESTÁN EQUIVOCADOS: APRENDERÁN POR LAS MALAS SI NO CORRIGEN"

El informe de Harvard: elaborado en Boston, pero concebido en La Habana

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Por Julio M. Shiling

14 de septiembre, 206

El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba se presenta como un ejercicio académico sereno destinado a trazar un camino para salir de la catástrofe nacional. En realidad, ofrece algo mucho más insidioso: un plan para una continuidad controlada bajo un orden dictatorial renovado. Envuelto en el lenguaje del pluralismo, el gradualismo y la reforma pragmática, el documento funciona menos como una hoja de ruta hacia la democracia que como una justificación intelectual para una variante cubana del capitalismo concesionario postsoviético: el modelo putinista con un toque tropical. Propone una transición, sí, pero una cuidadosamente diseñada para preservar el esqueleto institucional, las redes de personal y la impunidad moral del actual régimen cleptocrático y sultanista.

En el núcleo de cualquier transición democrática genuina desde un régimen totalitario se encuentra la justicia transicional. Las transiciones exitosas desde el comunismo —o desde cualquier sistema que haya violado sistemáticamente la dignidad humana— han requerido medidas retributivas contra quienes dirigieron la represión, una restitución correctiva para las víctimas, una reforma sistémica que desmantele el aparato de seguridad y una ruptura simbólica con el antiguo orden. La depuración, el escrutinio de la vieja guardia, las comisiones de aclaración histórica y las garantías de no repetición no son adornos opcionales. Son las condiciones mínimas para impedir que la antigua élite se limite a cambiarse de uniforme y siga gobernando.

La experiencia postsoviética demuestra las consecuencias de omitirlas. Allí donde se aplazó o se negó la rendición de cuentas —Rusia, Bielorrusia, las repúblicas de Asia Central—, el resultado no fue la democracia, sino un autoritarismo más flexible y menos ideológico en el que la antigua nomenklatura del partido y los servicios de seguridad se convirtieron en los nuevos dueños del Estado y de la economía. Georgia, Ucrania, Moldavia y Armenia lograron aperturas democráticas imperfectas solo tras levantamientos populares que forzaron una ruptura más clara. La transición incompleta de Nicaragua produjo el mismo resultado previsible: las viejas estructuras se reafirmaron. El Informe de Harvard no menciona nada de esto. Guarda silencio sobre la justicia transicional, sobre la rendición de cuentas por sesenta y siete años de crímenes contra la humanidad, sobre la necesidad de disolver los órganos represivos que han sostenido el orden castrista. Ese silencio no es un descuido. Es la elección política central del documento.

En cambio, el informe se apoya en gran medida en el marco constitucional existente. Insta a la restauración de derechos que ya están nominalmente presentes en la Constitución de 2019, al tiempo que trata ese mismo instrumento como un punto de partida viable. Sin embargo, esa Constitución se elaboró precisamente para constitucionalizar la supremacía del Partido Comunista y para proporcionar cobertura legal a las mismas prácticas a las que el informe afirma oponerse. Tratarla como un fundamento en lugar de como un obstáculo equivale a aceptar la propia ficción jurídica del régimen. La propuesta de una futura Asamblea Constituyente se aplaza al medio o largo plazo, una vez que las autoridades actuales ya se hayan posicionado como «facilitadoras» del proceso. En otras palabras, se invita a los artífices del desastre actual a diseñar la arquitectura del futuro. Esto no es democratización; es cooptación.

El lenguaje del Informe sobre la «amnistía» para los presos políticos revela aún más su orientación. La liberación inmediata e incondicional es un imperativo moral y jurídico. Ningún poder estatal legítimo ha tenido jamás la autoridad para encarcelar a ciudadanos por el ejercicio de derechos que incluso los propios documentos del régimen reconocen hipócritamente. Hablar de «amnistía» es otorgar un reconocimiento implícito al teatro judicial que produjo esas condenas. Plantea la libertad como una concesión en lugar de como la restitución de lo que nunca se les quitó legítimamente.

La misma lógica aparece en el tratamiento del fracaso económico. La catástrofe se atribuye principalmente a la ineficiencia, a malas decisiones de inversión y a la mala gestión —síntomas, no causas—. La etiología más profunda —el monopolio totalitario del poder, la destrucción sistemática de la vida social y económica independiente y la extracción de riqueza por parte de una casta gobernante organizada en torno al control personalista— queda en gran medida sin examinar. La receta que se propone a continuación es, por tanto, predecible: mejorar el funcionamiento del sistema existente, abrir espacio a la propiedad privada dentro de límites cuidadosamente gestionados, reintegrarse en las instituciones financieras internacionales e invitar a la diáspora a financiar la reconstrucción. El resultado sería una dictadura más productiva, no un Estado libre.

Resulta especialmente revelador el interés del informe por la eventual derogación de la Ley Helms-Burton. Esa ley condiciona el levantamiento del embargo a reformas políticas y civiles concretas: la legalización de la actividad política, la liberación de presos, la disolución del aparato de seguridad, la celebración de elecciones libres bajo observación internacional y avances hacia un poder judicial independiente y una economía de mercado. La Ley Helms- Burton no permite un aterrizaje suave para la antigua élite. El documento de Harvard, por el contrario, busca precisamente ese aterrizaje suave. Al abogar por la eliminación de la principal barrera jurídica que vincula la normalización económica a los requisitos previos democráticos, proporciona una justificación académica para el objetivo diplomático de larga data del régimen: el alivio sin renunciar al poder.

Lo que surge es un proyecto de autoritarismo ilustrado. El sistema castrocomunista debe racionalizarse, deben corregirse sus ineficiencias más flagrantes y deben moderarse sus excesos represivos lo justo para desbloquear recursos externos, mientras que las instituciones hegemónicas y el personal que las integra permanecen en gran medida intactas. El precedente soviético es instructivo y condenatorio. No afrontar el pasado no condujo a la democracia, sino a una nueva forma de tiranía que resultó más duradera precisamente porque se desprendió de las restricciones ideológicas residuales del marxismo-leninismo, al tiempo que conservaba los instrumentos de control. El Informe de Harvard ofrece a Cuba el mismo trato. Se trata de una transición del comunismo sultanista a un orden más moderno, menos doctrinario, pero aún así totalmente dictatorial.

Una verdadera transición democrática exige una ruptura, no una renovación. Requiere el desmantelamiento de las estructuras que hicieron posibles los crímenes, la exclusión de quienes los dirigieron de futuros puestos de poder y el establecimiento de instituciones diseñadas para impedir su regreso. Cualquier cosa que no sea esto no es un camino hacia la libertad, sino una sofisticada apología de la continuidad. El documento del Grupo de Trabajo, a pesar de su pulido académico y su prestigio institucional, es, en última instancia, propiedad intelectual de la dictadura que pretende trascender.

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Opinión  breve, clara y alta de Bismary Bacallao sobre el Informe del Grupo de Trabajo de Harvard

Etiquetas: Castro, Cuba. Cambio, cubano, desarrollo, económica, económico, Harvard, informe, inversiones, Justicia, libertad, Marco Rubio, política, Político, pueblo, Reconstrucción, Transicional, ultimátum

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Por Julio M. Shiling

Junio. 5, 2026

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Durante décadas, los detractores de la presión económica contra el régimen castrista-comunista insistieron en que las sanciones no funcionaban. Según esta opinión generalizada, La Habana había aprendido a sobrevivir a todas las restricciones, a adaptarse a todos los obstáculos y a transformar todas las dificultades en propaganda política. Sin embargo, los dramáticos acontecimientos que siguieron a la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump han puesto de manifiesto la debilidad de ese argumento. Los acontecimientos del último mes demuestran que las sanciones no solo funcionan, sino que son más eficaces cuando se diseñan partiendo de una comprensión clara de la estructura real del régimen y de sus fuentes de poder.

Firmada el 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 representa el desafío más serio jamás dirigido contra la arquitectura financiera que ha sostenido el castro-comunismo desde el colapso de la Unión Soviética. En lugar de centrarse exclusivamente en funcionarios individuales o restricciones simbólicas, la orden apunta a la extensa red de corporaciones extranjeras, inversores, bancos, empresas navieras, operadores hoteleros y socios comerciales. Estos han permitido al régimen sobrevivir mucho tiempo después de la desaparición de las subvenciones soviéticas.

Para apreciar la importancia de esta medida, hay que comprender cómo la dictadura cubana se reinventó tras la caída de la URSS. La pérdida del apoyo soviético sumió al régimen en una crisis existencial. Ante el colapso económico, la dirección no abandonó el socialismo. En su lugar, desarrolló gradualmente un sistema híbrido que combinaba el totalitarismo político con una forma de capitalismo concesionario controlado por los militares.

Los cimientos de esta transformación se sentaron a través del proceso de Perfeccionamiento Empresarial iniciado en 1988. Bajo la bandera de la eficiencia y la modernización, se concedió a las empresas militares una autonomía y una autoridad económica cada vez mayores. Con el tiempo, estas entidades controladas por los militares se expandieron a prácticamente todos los sectores rentables de la economía. Esta evolución alcanzó su máxima expresión en GAESA, el extenso conglomerado militar que llegó a dominar el turismo, el comercio minorista, el transporte, la banca, el sector inmobiliario, la logística y la inversión extranjera.

El resultado no fue un mercado libre, sino un imperio militar-comercial. Los inversores extranjeros que llegaban a Cuba no invertían en los trabajadores cubanos, los empresarios cubanos o la clase media cubana. Estaban estableciendo asociaciones con empresas controladas por las fuerzas armadas y alineadas con el Partido Comunista. Los ingresos generados por estos acuerdos fluían en su gran mayoría hacia las arcas del régimen, mientras que los cubanos de a pie seguían excluidos de una propiedad significativa, de la organización laboral independiente, de la participación política y de las oportunidades económicas.

Durante años, las corporaciones internacionales participaron voluntariamente en este acuerdo. Las cadenas hoteleras firmaron acuerdos de gestión con empresas turísticas de propiedad militar.

Las empresas mineras se asociaron en empresas conjuntas con monopolios estatales. Las instituciones financieras facilitaron transacciones que sustentaban las necesidades de divisas fuertes del régimen. Las empresas navieras transportaban mercancías a través de infraestructuras controladas por el ejército. Al hacerlo, muchas de estas corporaciones se convirtieron en componentes indispensables del sistema económico que preservaba el régimen de partido único.

Su participación tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del comercio. El sistema laboral cubano ha violado durante mucho tiempo los principios más básicos consagrados en los convenios internacionales del trabajo. Los trabajadores contratados a través de empresas extranjeras veían sus salarios confiscados por el Estado, carecían de representación independiente y se les negaba el derecho a negociar libremente con los empleadores. Mientras las empresas disfrutaban de acceso a una mano de obra cautiva, el pueblo cubano seguía privado de sus derechos fundamentales. Los beneficios generados por estos acuerdos ayudaron a sostener las mismas instituciones responsables de la represión política, la censura, las detenciones arbitrarias y la denegación de las libertades civiles.

Por eso la Orden Ejecutiva 14404 ha resultado tan disruptiva. Al imponer sanciones secundarias a las entidades extranjeras que operan en sectores estratégicos de la economía cubana y a aquellas que hacen negocios con empresas controladas por el ejército, la orden transformó a Cuba de un riesgo comercial manejable en una responsabilidad financiera potencialmente devastadora. El acceso al sistema financiero estadounidense, a las redes bancarias internacionales y a los mercados globales se volvió de repente más valioso que la participación continuada en la economía cubana en contracción.

Las sanciones no se limitaron a las empresas extranjeras. El 4 de junio, Washington amplió también su enfoque a las familias gobernantes del régimen y a los pilares institucionales que durante mucho tiempo han sostenido el poder castrista. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza; a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel; y a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, respectivamente hijo y nieto de Raúl Castro. Las medidas congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben las transacciones con ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses. Con ello, ponen de manifiesto una creciente voluntad de actuar no solo contra los titulares de cargos públicos, sino contra la red más amplia de familiares, intermediarios y beneficiarios que ha rodeado a la élite gobernante durante décadas.

Igualmente significativa ha sido la decisión de sancionar al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y su agencia de viajes Amistur Cuba S.A., así como a Minera la Victoria S.A. Estas entidades han servido como instrumentos fundamentales para el control militar, la vigilancia vecinal, las operaciones de influencia internacional, la financiación del régimen y la movilización política. Al dirigirse a organizaciones en lugar de únicamente a individuos, las sanciones golpean la infraestructura institucional a través de la cual la dictadura ha ejercido el poder. En el contexto de una futura transición democrática, tales medidas refuerzan un principio importante: la rendición de cuentas debe extenderse tanto a figuras concretos, así como a las estructuras que permitieron, financiaron y perpetuaron la represión sistemática.

La reacción ante la Orden Ejecutiva 14404 era previsible. Antes de la fecha límite del 5 de junio para la exposición de las sanciones, una lista cada vez mayor de destacadas empresas extranjeras anunció su intención de retirarse, suspender sus operaciones, reducir su presencia o distanciarse del régimen. La española Meliá, durante mucho tiempo el mayor operador hotelero extranjero en Cuba, comenzó a rescindir los acuerdos de gestión que afectaban a numerosas propiedades. Iberostar siguió con medidas similares. La canadiense Blue Diamond Resorts anunció su salida. La indonesia Archipelago International puso fin a sus operaciones. En el sector minero, la canadiense Sherritt International, uno de los socios extranjeros más importantes del régimen, suspendió su participación directa y comenzó a reducir sus operaciones. Los gigantes del transporte marítimo y los intermediarios financieros también tomaron medidas para limitar su exposición, mientras que las redes de pago conectadas con Cuba sufrieron importantes interrupciones.

Este éxodo revela una verdad esencial. El modelo económico postsoviético del régimen de Castro nunca fue autosuficiente. Dependía de una afluencia continua de capital extranjero, experiencia, marcas, tecnología y legitimidad. Una vez que esos socios comenzaron a marcharse, las vulnerabilidades de todo el sistema se hicieron visibles. La clase militar-empresarial cultivada a lo largo de décadas de Perfeccionamiento Empresarial y consolidada bajo GAESA se ha visto ahora privada de gran parte de su capacidad de inversión extranjera. Como consecuencia, el acceso del régimen a divisas fuertes se verá inevitablemente afectado.

La importancia de estos acontecimientos va mucho más allá de las pérdidas económicas inmediatas. Lo que se está desarrollando hoy es el desmantelamiento progresivo de la maquinaria institucional que permitió al castrismo-comunismo sobrevivir tras la caída del bloque soviético. La red de empresas militares, monopolios privilegiados, asociaciones extranjeras y acuerdos laborales controlados por el Estado que enriqueció a una élite gobernante reducida está empezando a desmoronarse.

Ese proceso tiene profundas implicaciones para la futura transición de Cuba hacia la democracia. La justicia transicional no consiste únicamente en enjuiciar a funcionarios individuales. También requiere desenmascarar y desmantelar las estructuras que hicieron posible el régimen totalitario. El imperio económico construido en torno a GAESA y sus socios extranjeros se convertirá inevitablemente en objeto de aclaración histórica, escrutinio legal y rendición de cuentas pública una vez que comience la democratización.

Muchas de las empresas que ahora se apresuran a salir del país preferirían presentarse como actores empresariales inocentes. Sin embargo, los registros históricos demostrarán que numerosas empresas extranjeras se asociaron a sabiendas con instituciones controladas por una dictadura que violaba sistemáticamente los derechos laborales, las libertades civiles y la dignidad humana. Si bien la responsabilidad de estos abusos recae ante todo en el propio régimen, quienes se beneficiaron del sistema no pueden eludir por completo la responsabilidad moral de haber contribuido a mantenerlo.

La rápida desintegración de este complejo militar-comercial demuestra que las sanciones, cuando se diseñan adecuadamente y se aplican con rigor, pueden alcanzar objetivos estratégicos qu muchos consideraban antes imposibles. Al apuntar a las fuentes reales de poder financiero del régimen, en lugar de limitarse a sus símbolos políticos, la Orden Ejecutiva 14404 ha golpeado el corazón del modelo de supervivencia postsoviético que mantuvo a flote el comunismo castrista durante más de tres décadas.

La historia puede preguntarse por qué una política que comparte la claridad de estas medidas fundamentales, destinadas a privar de fondos a un régimen criminal, no se aplicó décadas antes. No obstante, más vale tarde que nunca. Irónicamente, el día que se celebra internacionalmente como el Día del Trabajador, el presidente Trump promulgó una medida que desafiaba directamente un sistema construido sobre la explotación de la mano de obra cubana y el enriquecimiento de una élite militar privilegiada. Ya sea intencionado o casual, puede que resulte ser uno de los regalos más trascendentales jamás otorgados a los trabajadores cubanos. Supuso un golpe decisivo contra la maquinaria financiera que se beneficiaba de su opresión y representó un paso significativo hacia el día en que Cuba pueda finalmente comenzar la difícil pero necesaria labor de reconstrucción democrática y justicia transicional.

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ESTAMPIDA MASIVA: Meliá, Iberostar, Visa y Mastercard abandonan a la dictadura cubana

Etiquetas: 14404, castrismo, cuba, desmorona, dictadura, Donald Trump, EE:UU:;EEUU, empresas, extranjeras, GAESA, ICAP, imperio, inversiones, minfar, orden ejecutiva, reacción, sanciones, Shiling, Trump, URSS

 Tomado de https://www.cubanet.org/

La irresponsable política inversionista del régimen cubano

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En 2022 las inversiones para la construcción de hoteles superaron a las destinadas a la agricultura en más de 1.300 millones de pesos. 

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Construcción del Hotel Primera y D, en La Habana, en 2019 (Foto: Cubadebate)

Por Orlando Freire Santana

6 de marzo, 2024

LA HABANA, Cuba. – Uno de los problemas más graves que afronta la sociedad cubana en la actualidad es la escasez de alimentos para la población. Esta es una situación que incide grandemente en la espiral inflacionaria que padece la economía, ya que ante una oferta disminuida, los precios de los alimentos que se venden fuera de la deprimida libreta de racionamiento tienden a subir constantemente.

En tales circunstancias lo lógico sería que las autoridades implementaran una política inversionista que favoreciera a las ramas productoras de alimentos, como la agricultura, la ganadería y la pesca; máxime si tenemos en cuenta la escasez de recursos con que cuenta el país para atender simultáneamente a todas las actividades de la economía. 

Sin embargo, la realidad indica que los gobernantes cubanos no actúan en esa dirección. Según datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el año 2022 la agricultura, ganadería y silvicultura (juntas) recibieron una inversión de 1.855 millones de pesos; la pesca 511 millones de pesos; y la industria azucarera tan solo 410 millones de pesos. En cambio, la inversión en el sector turístico ascendió a 3.226 millones de pesos. 

La capacidad hotelera del país ha sido ocupada en los últimos tiempos en un 25% como promedio debido a la baja presencia de turistas internacionales. No obstante, el castrismo ha continuado construyendo hoteles, que permanecen semivacíos, en lugar de destinar la mayoría de las inversiones a los sectores que producen alimentos. Esa diferencia de más de 1.300 millones de pesos entre lo invertido en 2022 en el turismo y la agricultura, en favor del primero, es una muestra fehaciente de una estrategia fallida. 

No hace mucho apareció en el periódico Granma un artículo del académico José Luis Rodríguez, un tanque pensante del castrismo, que llegó a ocupar la titularidad en el Ministerio de Economía y Planificación. El articulista dio a conocer que entre enero y septiembre del pasado 2023, la agricultura absorbió solamente el 2,8% del total de las inversiones del país, mientras que a la industria azucarera correspondió el 0,5%. Y agregó el académico: “Esta desproporción es preciso eliminarla si se quiere avanzar en la producción de alimentos y en la del azúcar”. 

Algunos de los que lean el artículo del señor Rodríguez podrían llegar a la conclusión de que el exministro sugiere enmendar un error cometido por quienes dirigen la política inversionista del país. Sin embargo, conviene aclarar que aquí no estamos en presencia de un error, sino de una irresponsabilidad de la cúpula castrista, que prefiere construir hoteles antes que destinar esos recursos para mitigar el hambre que padece el cubano de a pie. Claro, la maquinaria del poder es consciente de que hay que mantener contentos a los militares que dirigen el conglomerado GAESA, que controla los ingresos que produce la industria turística cubana.  

La baja recepción de inversiones que recibe la agricultura, unida a otra serie de problemas, como los impagos a los productores, las trabas para el otorgamiento de tierras en usufructo, y el éxodo de las personas que habitan en los campos, entre otros, han hecho que se incumplan casi todos los planes productivos en los últimos años. 

Un estado de cosas que se refleja también en el bajo aporte de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la ONEI para el 2022, la agricultura, la ganadería y la silvicultura clasificaron en el lugar 14 entre 19 actividades económicas reportadas. La contribución de esa triada al PIB fue solo del 0,8%. 

Etiquetas: agricultura, alimentos, azucarera, cuba, ganaderia, hotelera, hoteles, industria, inversiones, inversionista, irresponsable, PIB, política, producción, turismo

 Tomado de https://diariodecuba.com/

De 'gusanos' a 'comunitarios', ¿y ahora a 'connacionales'?

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Según se vaticina, los 'connacionales' podrán invertir en aquellos renglones que convengan a la elite de poder de Cuba

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Por Juan Antonio Blanco

Miami 21 Nov 2023

A los llamados gusanos, que desde 1959 hasta 1979 se opusieron a la instauración de un régimen totalitario, creyeron haberlos liquidado con el paredón, la cárcel, el exilio y el despojo total de sus propiedades y capital financiero. Aquellos que pudieron escapar de la Isla se llevaron lo más valioso en sus cabezas y libretas telefónicas: capital humano y capital social. Con ellos reconstruyeron sus vidas y alcanzaron niveles de éxito insospechados por sus perseguidores. Con sus conocimientos y relaciones sociales previas a enero de 1959 erigieron una capital alternativa en Miami y se destacaron en las ciencias, artes, letras, empresas y política en muchos países.

Irónicamente, la prohibición de tener contactos con sus familiares en Cuba, enviarles dinero o paquetes e incluso de escribirles o visitarlos, a la larga permitió a aquellas primeras olas de exiliados poder concentrarse en su propia prosperidad, al ahorrar y emprender negocios en el país de acogida.  

Así, a mediados de los años 80 y sobre todo en la década de los 90, cuando ya había caído la URSS, se transformaron de gusanos en comunitarios. Los dólares ganados con su talento en libertad ahora eran codiciados por una clase burocrática improductiva que durante décadas se había mostrado incapaz de generarlos.

Los comunitarios podían por unas pocas semanas visitar la Isla —si recibían permiso para ello, porque miles siguieron hasta hoy en las listas negras de destierro permanente— a fin de que pudieran gastarse sus ahorros en Cuba. Después de la explosión social en el Malecón habanero se descriminalizó la tenencia de dólares y se abrió la puerta para que los recién estrenados comunitarios —antes gusanos— pudieran enviar remesas mientras los burócratas buscaban nuevos mecenas extranjeros. El ascenso del chavismo al poder en Venezuela les dio un respiro, pero la dependencia del capital financiero de la diáspora también creció.

Pero 30 años después de nombrarlos amablemente comunitarios, ni ellos —aunque ahora los llamen connacionales— ni los nuevos oligarcas rusos se apresuran a invertir en la Isla.

La apertura que le ofreció el presidente Obama a Raúl Castro para que pudiera reformar estructuralmente la economía cubana la ningunearon y así terminaron en un hoyo más profundo que el que ya habitaban antes. El presidente Trump no se dejó seducir por la verborrea procedente de La Habana, ni por las de sus amigos internacionales, ni por las canciones infantiles de La Colmenita. Las concesiones de la Administración Biden resultan insuficientes para salvar el Titanic del régimen cubano, que el 11 de julio de 2021 chocó con un curioso témpano tropical: la mayor rebelión popular de toda la historia de Cuba. Desde entonces la nave sigue hundiéndose cada vez con mayor rapidez.

La oligarquía, angustiada con la crisis sistémica y multisectorial que enfrenta, así como con la volatilidad de la sociedad cubana, pivoteó hacia sus exitosos desterrados. Había llegado de nuevo la hora de vender a los gusanos/comunitarios una nueva "concesión". Podrían pasar de su categoría de comunitarios a otra supuestamente mejor: la de connacionales. Todo por un precio, claro está. 

El nuevo modelo de explotación de los "connacionales"

Los connacionales, según vaticinan, podrán invertir en aquellos renglones que convengan a la elite de poder siempre que sean autorizados, caso a caso, por el Gobierno. En nombre de las buenas costumbres humanitarias también se facilitarán las cosas para que puedan hacerse cargo de sus familiares en Cuba de manera más amplia y estable que hasta hoy.

En lo adelante, con ahorros y salarios ganados duramente en el exterior, tendrán que garantizar alimentos e incluso asistencia médica por medio de ofertas de las recién creadas MIPYMES cercanas y/o leales al nuevo régimen oligárquico. Al final, todo el dinero gastado en tiendas de GAESA y MIPYMES o enviado como remesas irá a parar a la misma caja contadora de la oligarquía cubana.

El mercado cubano es singular. Tiene en Cuba su demanda, pero los compradores están fuera y es según el nivel de ingresos de estos (no de los que están en la Isla) que se ajustan los precios. Precios de Nueva York y Madrid impuestos en Mayabeque y Cacarajícara a productos de primera necesidad ofertados directamente por GAESA o indirectamente por medio de algunas de las nuevas MIPYMES conectadas a esa oligarquía. Para garantizar el éxito de semejante abuso cuentan con el escudo humano de una población rehén que gana menos que el nivel de ingresos que define la pobreza según el Banco Mundial, pero que tiene muchos "connacionales" que La Habana manipula sentimentalmente para que la mantenga después de darles la espalda a sus necesidades básicas.

Mientras tanto, la llave de entrada al país sigue en las manos de las autoridades que a su capricho y antojo destierran y excluyen a miles de personas (que siguen clasificando como gusanos). Las mismas que también "regulan" (bloquean) la salida al exterior de cualquier ciudadano que se les antoje peligroso.

Con esas limitaciones al Artículo 13 de la Declaración de DDHH es que seleccionaron a los invitados a la recién celebrada Conferencia de la Nación y la Emigración, y bajo esas condiciones es que aquellos aceptaron acudir al cónclave con los mismos verdugos que nunca han pedido perdón.  Los mismos que siguen presentando cada paso atrás que se han visto obligados a dar en su política anticubana como una generosa dádiva a sus víctimas. 

En las circunstancias actuales hay otro problema adicional. La nueva modalidad de someter a cada vez mayor penuria a los rehenes de la Isla y obligar a sus familiares a sostenerlos obstaculiza y ralentiza el progreso en el exterior de las más recientes olas migratorias cubanas, al dificultarse el que puedan ahorrar lo suficiente para poder invertir en sus propios negocios en el nuevo país de acogida.  

Se les impone de facto la obligación de sostener simultáneamente a sus familiares en el exterior y a las familias que quedaron atrás de rehenes de la oligarquía cubana con salarios de miseria y precios del Primer Mundo. Y a ellas, por otra parte, se les bloquea la posibilidad de prosperar por sus propios medios para no depender de sus familiares en el exterior.

Aplicando ese modelo de explotación, las remesas y paquetes de los excluidos ayudan a financiar la estabilidad política interna porque con ello permiten a una parte considerable de la población subsistir, aunque no vivir, sin que el régimen de gobernanza tenga que ser realmente cambiado.

Los salarios de los recién llegados a duras penas alcanzan para sostener dos familias e invertir en el progreso del núcleo familiar en el nuevo país de acogida. La oligarquía cubana los nombra ahora connacionales para vampirizar sus salarios e impedir su progreso fuera de Cuba. De esa manera también procuran que no puedan incrementar su influencia política en los países de acogida.  No habrá prosperidad sino solo supervivencia para los familiares que están en Cuba y no pueden valerse por sí mismos por continuar negándoseles derechos y libertades económicas, civiles y políticas.

La única manera de liberar y hacer progresar a los cubanos dentro y fuera

A menos que se dé un vuelco radical a esa situación las nuevas generaciones de cubanos en el exterior seguirán estando irónicamente bajo el control de un Estado que los ha excluido y desterrado a su antojo. Los exprimirá a distancia y ralentizará su progreso en los países de acogida al echarles encima el fardo de sostener, casi íntegramente, a sus familiares dentro de Cuba.

Bajar la cabeza y adaptarse a las nuevas regulaciones presentadas ahora a los flamantes "connacionales" es una opción, pero no la única. Es también posible decir basta. Hoy eso es factible porque la rueda ha dado una vuelta completa. Ahora, como explicara el economista Emilio Morales "sin gusanos no hay país".

El exilio creció y se esparció por todo el mundo hasta transformarse en una genuina diáspora. Su creciente entramado de relaciones y la interdependencia entre ellas han hecho de las dos partes de la nación una sola entidad transnacional. Hoy somos un solo pueblo transnacional cuyo constante quehacer multidimensional (económico, político y cultural) sobrepasa de facto, día a día, las fronteras territoriales de jure cubanas. La nación es una sola y sus verdugos siguen siendo los mismos que la esparcieron por todo el planeta.

En el siglo XXI este pueblo sin fronteras tiene todo el capital humano, social y financiero necesarios para emprender con éxito un proyecto común de prosperidad en libertad. Solo en libertad se logrará de forma acelerada y estable un proceso de prosperidad que, en muy breve tiempo, de un vuelco a la vida cotidiana en la Isla.

La nueva Cuba del siglo XXI ha tardado en hacerse presente, pero, quizás por primera vez en más de seis décadas, su materialización no es solo una posibilidad real, sino una probabilidad creciente.

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Nota del Bloguista de Baracutey Cubano

A Cuba antes de 1959 se le llamaba la azucarera del mundo por su gran capacidad de exportar azúcar de caña dada su pequeña población; me explico:  otros paíse producían más azúcar, ya fuera de remolacha o de la caña de azúcar,  pero eran países poseían una  población de muchos  millones de habitantes y tenían que satisfacer al mercado interno con esa produción.  En ese período la agricultura cañera no era de las mejores del mundo pero sí la industria azucarera pues se llegaron a alcanzar hasta 13 de recobrado, que es el porciento (%) de azúcar que se le saca a 100 partes de la caña que llega al central.

 La caña de azúcar es un recurso renovable (el petróleo nolo es) del cual, además de azúcar, se extrae: ¨miel de purga¨ para la alimentación animal;  madera (del bagazo) para muebles;  alcohol para bebidas de consumo humano (el ingreso de la marca Bacardí es superior al PIB de la Cuba Castrista);  etanol para combustible de automóviles. El azúcar es un ingrediente fundamental para la fabricación de confituras (bombones, caramelos, africanas, galletas finas, dulces finos, etc.) y  dulces en conservas ya que el azúcar es un gran conservante. No olvidar que los centrales azucareros  contribuían a la generación de electricidad  y la aportaban  a la red nacional. Ya sabemos lo que ocurrió (por la voluntad de Fidel Castro Ruz y la sumisa cúpula Castrista)  con la mitad o la mitad del número de centrales en Cuba.

Observemos, en la siguiente slide show, por años cómo los países incrementaeon su producción de azúcar nientras que en Cuba  se reducía  alegando que los precios del mercado mundial  hacían de la industria azucarera una industria no rentable. Tomado de https://www.facebook.com

Los Países que Más Azúcar Producen en el Mundo

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Tomado de http://www.diariodecuba.com/

Sin azúcar y sin país

"Sin azúcar no hay país", decía una muy popular frase en Cuba,  atribuida al hacendado cubano José Manuel Casanova. Siempre pensé que era una exageración, un decir. Pero estaba equivocado, Fidel Castro demostró que era verdad.

Hoy en la Isla no hay azúcar, y tampoco país, pues, ya en ruinas, suelta los pedazos y es el fantasma de la otrora próspera nación que llevamos en la memoria quienes vimos al barbudo comandante entrar en La Habana en 1959.

Pretender abarcar en un solo trabajo periodístico  el devastador legado económico del Führer cubano, ya definitivamente fuera del escenario político, no es viable. Me limitaré a la industria azucarera, la espina dorsal de la economía cubana desde fines del siglo XVIII.

De entrada, Castro convirtió a nuestro país en importador de azúcar, luego de haber sido el mayor productor y exportador mundial durante más de un siglo y medio. La producción azucarera cayó al mismo nivel de 1894, cuando la Isla era colonia de España.

En 2002 Fidel tuvo una "perreta" debido a la ineficiencia azucarera y, sin convocar al Consejo de Ministros o al Buró Político del Partido, ordenó desmantelar 95 de los 156 centrales azucareros del país y reducir la superficie cañera de dos millones de hectáreas a 750.000. Luego se desmantelaron otras cinco fábricas. Quedaron en pie 56.

Y  él declaró por la televisión: "el azúcar es la ruina del país". Calificó de "disparate" la actividad azucarera. Todo ello cuando el precio mundial del azúcar comenzaba a repuntar por la escasez de oferta. Desde el 2000, antes de la rabieta de Fidel,  el precio aumentó en un 8,8% anual, y de seis centavos la libra llegó a 31 centavos en 2010, récord en 32 años. Luego ha oscilado en torno a los 20 centavos. Hace unos días, el 28 de noviembre, el azúcar se cotizó a 19,98 centavos en el mercado de Nueva York.

Parte de la cultura nacional

El azúcar se enraizó en la cultura y el paisaje cubanos por casi  200 años. Recuerdo que de niño cuando yo dibujaba un bohío de guano, alguna vaca pastando y palmeras, siempre incluía una espigada chimenea a lo lejos echando humo. Los centrales azucareros eran una constante en la imaginería infantil isleña.

El azúcar comenzó a obtenerse en forma  sólida hace 2.500 años en la India y en Persia. La caña de azúcar ya se conocía en Nueva Guinea hace 8.000 años. La palabra azúcar viene del vocablo árabe hispano "assukkar", que se origina del árabe clásico "sukkar", a su vez tomada del griego  "sakjar", derivada de la palabra persa "sakar".

(Directiva del Central Chaparra en la primera década del siglo XX. En la fila sentado y al centro  Mario García  Menocal Deop, posteriormente  Presidente de la República de Cuba (1913-1921). Fotos y comentarios añadidos por el bloguista de Baracutey Cubano)

A España la caña la llevaron los árabes, Cristóbal Colón la introdujo en La Española en su tercer viaje, en 1498, y Diego Velázquez la llevó a Cuba en 1523. Haití, con mano de obra esclava  era ya en 1750 el mayor productor y exportador mundial de azúcar. Pero en 1791, aprovechando el caos resultante de la Revolución Francesa, estalló la insurrección liderada por Toussaint L'Ouverture y  los esclavos haitianos destruyeron los ingenios en los que eran explotados.

Ello propició una colosal expansión en Cuba, convertida en la azucarera del planeta.

Este auge lo aceleró la llegada de la Revolución Industrial a la Isla. En 1819 se introdujo en el ingenio Cambre, de Pedro Diago, en Güines, la primera máquina de vapor en el mundo que sustituyó a los bueyes para mover los molinos. En 1850 se instaló por primera vez a nivel mundial, en el ingenio Amistad, de Joaquín Ayestarán, también en Güines, la  primera centrífuga, que sustituyó el sistema de purgar el azúcar con barro.

Ya con el más alto nivel  tecnológico en materia azucarera, el 19 de noviembre de 1837 Cuba se convirtió en el primer país de Latinoamérica con ferrocarril, segundo del continente luego de EEUU (Albany, 1831),  y el séptimo en el mundo, 11 años antes que en España  (aún hay quienes dicen que el primer ferrocarril en territorio español fue el de Barcelona a Mataró, en 1848), y sólo 12 años después de estrenarse el primer tren de la historia entre Stockton y Darlington, Inglaterra.

Para que las carretas de caña tiradas por bueyes no se atascaran (muchas no llegaban al ingenio) con las lluvias, se construyó un primer "camino de hierro" de 50 kilómetros entre Güines y La Habana, cuando muchas naciones europeas aún lo no tenían, y antes que los mayores países latinoamericanos: México (en 1850), Brasil (1854) y Argentina (1857).

También los habaneros viajaban en cómodos coches "con ventanillas corredizas, el techo cubierto con cuero muy fuerte, cojines de paño en los asientos, molduras y manijas de bronce",segúnlas crónicas de la época.

(obreros del central Cunagua, Camaguey, antes de  1959)

Cuba fue la azucarera del mundo durante más de 160 años. En 1894 la Isla alcanzó el millón de toneladas métricas  (1,1 millones), un tercio de toda el azúcar producida globalmente. Con la guerra de independencia la producción cayó, pero en 1905 se produjeron 1,3 millones de toneladas métricas en 174 ingenios. Y en 1925 la zafra llegó a 5,1 millones de toneladas métricas. Una de cada cuatro libras de azúcar producidas en el mundo era cubana.

En  1940 Cuba devino el productor de azúcar de caña más eficiente mundialmente al registrar un 13,17% de rendimiento industrial: por cada 100 partes de peso verde de la caña se extrajo más de 13 partes de azúcar. Algo nunca visto. En los años 50 la Isla exportaba la mitad de toda el azúcar mundial, con una producción entre 5,3 y 7,1 millones de toneladas métricas, en 161 fábricas y un rendimiento industrial promedio de 12,7%, el mayor del planeta.

Desde 1934 hasta 1959  las exportaciones cubanas de azúcar hacia EEUU se rigieron por un sistema de cuotas de importación fijadas por Washington, que pagaba un precio superior al del mercado mundial. Era ese el Mercado Preferencial Azucarero de EEUU para Cuba y otros  países azucareros. Por entonces la Isla exportaba a EEUU más de tres millones de toneladas métricas anuales.

La plaga Castro-Guevara

Algo que la propaganda fidelista  distorsionó es que si bien en la primera mitad del siglo XX el grueso del capital invertido en la industria azucarera era estadounidense, para mediados de la centuria eso había cambiado con el avance de lo que Manuel Moreno Fraginals llamó la "sacarocracia criolla".

En 1939 eran propiedad de hacendados cubanos 56 centrales, que producían el 22% del azúcar. Pero en 1958, con 121 de los 161 centrales (36 eran de capital norteamericano y otros cuatro de otras naciones), los industriales cubanos producían el 67% del azúcar. Ese porcentaje habría seguido subiendo en los años sucesivos.

Pero llegó Castro y, asesorado por el Che Guevara, a fines de 1960 estatizó toda la industria azucarera. En solo dos años la producción se derrumbó de 6,8 millones de toneladas métricas a  3,8 millones en la zafra 1962-1963.

El "genial" dueto Castro-Guevara consideró que Cuba no podía depender más del azúcar y que había que industrializar el país. El 23 de febrero de 1961 el dictador creó el Ministerio de Industrias y puso de ministro al Che —hasta entonces presidente del Banco Nacional de Cuba—,  a cargo de  las industrias del país nacionalizadas cuatro meses antes.

Mostrando su ignorancia  olímpica en economía, Castro y el Che no advirtieron que solo exportando azúcar podrían obtener las divisas para instalar  fábricas. El ministro argentino  viajó por el mundo y  gastó cientos de millones de dólares en la compra de plantas completas , casi todas obsoletas tecnológicamente. Y se desmantelaron 130.000 hectáreas de caña.

La plaga Castro-Guevara  se propuso  realizar buena parte de la cosecha cañera con trabajo voluntario  para forjar la "conciencia revolucionaria" y crear el "hombre nuevo" comunista.

Con la consigna "Que no quede una caña en pie", desde 1961  los cañaverales fueron invadidos por  oficinistas, médicos, ingenieros, obreros, profesores, artistas, y otros profesionales  que machete en mano cortaban la gramínea cómo podían en jornadas extenuantes.

Fue implantada la "emulación socialista".  Las brigadas de macheteros —habituales o "voluntarios"—, compulsadas a ganar la banderita  de la emulación (los estímulos monetarios estaban prohibidos), arrojaban resultados desastrosos. Al cortar las cañas dejaban unos tronquitos de hasta tres pulgadas en la parte baja, que es la más rica en sacarosa. Esa azúcar se perdía y obligaba a emplear equipos pesados para arrasar los campos y sembrar caña nueva para la siguiente cosecha, lo cual elevaba los costos.

También el corte inadecuado arriba dejaba caña en el cogollo (parte verde de donde salen las hojas y que no contiene azúcar), o quedaba cogollo en la caña que iba para el central. Eso bajaba el rendimiento industrial.

Costaba más transportar, albergar, avituallar y alimentar a aquellos improvisados macheteros citadinos  —que seguían cobrando su salario normal— que el dinero que generaban con su trabajo. Los costos por libra de azúcar superaban el precio en el mercado mundial.

"Los diez millones van"

La zafra solo se recuperó a fines de los años 60 cuando la Unión Soviética, interesada en tener en Cuba una "cabeza de playa" político-ideológica para expandirse hacia Latinoamérica, comenzó a subsidiar las zafras, incluyendo los camiones, equipos, fertilizantes, pesticidas, etc.

La URSS enviaba el algodón que en Ariguanabo y otras textileras se transformaba en tela dura para ropa de trabajo. Las camisas y pantalones "de salir" casi desaparecieron y la industria del calzado casi solo producía botas y zapatos "de trabajo". De paso, Castro prohibió celebrar la Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y el Día de Reyes, porque interferían con la zafra.

En el delirium tremens de su megalomanía, el caudillo quiso realizar en 1970 la mayor producción azucarera lograda jamás en la historia universal: 10 millones de toneladas métricas.  Fueron virtualmente paralizadas las restantes industrias al compás de la febril  consigna "Los diez millones van". El músico Juan Formell se lo creyó y creó la orquesta de Los Van Van.

Ni había caña suficiente, ni capacidad industrial para ello. El ministro del ramo, Orlando Borrego, se lo dijo a Fidel  y fue destituido al instante. Además, una gran producción derrumbaría el precio del azúcar, pues Moscú  compraría solo 3,5 o cuatro millones de toneladas métricas y el resto aumentaría la sobreoferta que ya había internacionalmente. Se produjeron 8,5 millones de toneladas métricas a un costo tan alto que el país entró en una recesión de varios años.

Durante 30 años, hasta su desintegración en 1991, la URSS gastó miles de millones de dólares para mantener y ampliar la producción azucarera cubana (que alcanzó nuevamente ocho millones en 1990), y  construyó seis grandes fábricas. Y pagaba a Castro 45 centavos por libra de azúcar cubana, mientras en el mercado mundial estaba a cinco centavos o menos. Un subsidio fabuloso que se multiplicaba con la reexportación de parte del petróleo soviético gratis  "asignado" por Moscú. Al desintegrarse la URSS la zafra se hundió, hasta el día de hoy.

Logro fidelista: importar azúcar

Si a Julio Lobo, Pepe Gómez Mena, los Falla Gutiérrez o los Fanjul (los productores cubanos de azúcar más poderosos en los años 50) les hubiesen dicho que Cuba tendría que importar azúcar para cubrir el consumo y cumplir sus compromisos de exportación (que ahora prácticamente se reducen a 400.000 toneladas métricas destinadas a China), se habrían desternillado de la risa.

Pero lo absurdo devino realidad. A fines de 2001 los cubanos vieron sorprendidos que procedían de Brasil las cinco libras mensuales de azúcar sin refinar que les entregaban mediante la "libreta".  Según el Gobierno brasileño, entre 2001 y 2006 esa nación exportó a Cuba 384.204 toneladas métricas de azúcar. Y Colombia le exportó 425.609 toneladas métricas de azúcar refino entre 2002 y 2006. En 2005 Bielorrusia exportó a Cuba 50.000 toneladas métricas de azúcar de remolacha. Y también de República Dominicana y hasta de EEUU (el colmo) Cuba ha importado azúcar.

Por otra parte, desde 1967 los rendimientos cubanos de caña por hectárea son los más bajos de las Américas y probablemente del mundo.  Luego de 1960 nunca los cañaverales cubanos han llegado siquiera a las 69-72 toneladas de caña por hectárea del promedio mundial. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), desde 2002 el promedio cubano ha oscilado entre 24 y 41 toneladas por hectárea.

En Perú, Guatemala y Colombia obtienen entre 93 y 120 toneladas; Brasil entre 80 y 90; El Salvador, 82; Honduras, 70; México 75-85 toneladas. Antes del castrismo  ninguna nación latinoamericana superaba a Cuba en rendimientos cañeros. Y en la industria, la dictadura  admite que la eficiencia  hoy apenas supera el 10% de obtención de azúcar por cada 100 partes de caña verde.

Sin azúcar, ni etanol

En la última zafra, la de 2015-2016,  la producción azucarera no llegó a los 1,6 millones de toneladas métricas, de las cuales unas 700.000 corresponden al consumo nacional. O sea este año se produjo tres veces menos que en 1925.

Y ello ocurre cuando  el precio mundial del  azúcar ha subido a su mayor nivel en los últimos cuatro años. La Organización Internacional del Azúcar (OIA) prevé un déficit de azúcar de 6,7 millones de toneladas métricas y que no habrá azúcar suficiente para cubrir la demanda global a corto plazo. Y cualquier precio superior a los 20 centavos la libra supera los costos de producción y da ganancia,  según los expertos.

Si Fidel no hubiese destruido la industria azucarera y Cuba en 2016 hubiese producido seis millones de toneladas, la Isla habría podido exportar 5,3 millones de toneladas, por valor de 2.332 millones de dólares, tres veces más que los ingresos netos por el turismo.

Además, Cuba podría ser un importante exportador de biocombustibles. Con un millón de hectáreas de caña (la mitad de las que había en 2002) destinadas a producir solamente etanol, con un rendimiento como el de Brasil, de 7.500 litros por hectárea, la Isla podría producir 7.500 millones de litros de etanol, que a 1,60 dólares el litro habrían significado probablemente unos 12.000 millones de dólares, seis veces el ingreso por turismo.

Pero el comandante calificó de "monstruosidad" producir biocombustibles con alimentos como la caña y el maíz.

Cuba  podría también desarrollar una gran industria de derivados de la caña para producir y exportar papel, madera de bagazo para la construcción y  muebles, electricidad, fertilizantes, medicamentos y alimento animal. Una sólida industria de la caña podría generar hasta 13.000 millones de dólares anuales.

Hoy los cubanos que viven en la Isla no tienen idea de que los hermanos Fanjul, industriales azucareros cubanos despojados de todos sus bienes por Fidel Castro, producen actualmente más de siete millones de toneladas de azúcar en sus fábricas de EEUU, México, República Dominicana, Canadá, Gran Bretaña y Portugal.

La  catástrofe azucarera es solo un capítulo dentro del cataclismo causado a Cuba por el dictador que más tiempo ha gobernado en la historia moderna. Pero solo por haber destrozado el ancestral "sueldo" de Cuba, lejos de ser absuelto por la historia el dictador mayor fue ya condenado y enviado por los cubanos al noveno círculo del infierno, ese que Dante Alighieri reservó para los peores tiranos.

Para expresar el cataclismo económico causado por Fidel Castro  le doy la palabra, con tristeza,  a Luis de Góngora: "ayer maravilla fui/ y hoy sombra de mí  no soy".

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El régimen pide a los 'yanquis' enriquecerse en Cuba

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Mientras el régimen de Raúl Castro se preparaba para presentar sus denuncias ante el 'criminal bloqueo' , se reunía en La Habana con empresarios de EEUU.

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Por Roberto Álvarez Quiñones

Miami

05 Nov 2022

Mientras el régimen de Raúl Castro se alistaba en Nueva York para presentar en la Asamblea General de la ONU su habitual resolución de condena al "criminal bloqueo" de EEUU,  en La Habana Miguel Díaz-Canel se reunía con empresarios estadounidenses y cubanoamericanos para implorarles que inviertan capital y hagan negocios con Cuba, y en Cuba.

Y apenas unas horas después calificó de "lumpen, pillos, vagos y corruptos" a los trabajadores por cuenta propia y propietarios de negocios privados, porque "no trabajan y no aportan". Y despotricó contra el sector privado independiente en la Isla.

Hay en esos dos párrafos cuatro detalles significativos: 1) se confirma oficialmente el fariseísmo castrista acerca del "bloqueo"; 2) hay un sigiloso "deshielo light" emprendido, por debajo de la mesa, por la Administración Biden con la dictadura cubana 3) los extranjeros y cubanos residentes en el exterior son invitados a invertir en Cuba y a los cubanos residentes en la Isla se les prohíbe; y 4) a falta de argumentos para calzar su "continuidad", Díaz-Canel repasa discursos de Fidel Castro y copia  argumentos "revolucionarios" de hace 54 años.

Lo primero que salta a la vista es que en todo esto se advierte que la Administración Biden y sus asesores están dispuestos a enriquecer más a GAESA y prolongar la vida del castrismo, porque es "progresista" (progressive) como ellos. No es casualidad que el anterior foro empresarial bilateral de este tipo tuvo lugar en 2016, facilitado muy a gusto por la Administración Obama.

Díaz-Canel exhorta a fortalecer relaciones con el “bloqueador”

En el foro empresarial citado, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, reveló que en 2021 las importaciones cubanas desde EEUU alcanzaron unos 370 millones de dólares. Solo en pollo congelado se importaron 280 millones. Curioso bloqueo ese.

Miguel Díaz-Canel exhortó a los empresarios a "fortalecer las relaciones económicas de EEUU con Cuba" y Carricarte enfatizó la necesidad de "aumentar la participación de empresarios estadounidenses en el desarrollo cubano (…) dada su cercanía geográfica y posición en la economía mundial, pudiera incorporarse de una manera más significativa a la economía cubana".  Y le hizo publicidad a las MIPYMES.

Luego el jefe de Estado designado a dedo, en una reunión del Consejo de Ministros, arremetió contra los propietarios de pequeños negocios privados independientes y los cuentapropistas que no han querido someterse al embuste de las MIPYMES, acogotadas todas por el Estado y sometidas a las reglas y frenos impuestos por la mafia militar que manda en Cuba.

Y para no meter la pata, como le ocurre constantemente, esta vez acudió al discurso de Fidel Castro del 13 de marzo de 1968, cuando estatizó los 57.280 pequeños negocios privados que aún subsistían en Cuba y calificó a los propietarios de pequeños negocios y a los cuentapropistas de "holgazanes en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, un negocio cualquiera, para ganar 50 pesos todos los días (...) ¿Vamos a hacer socialismo o vamos a hacer timbiriches?"

Para el "presidente" los emprendedores cubanos no aportan nada

Con el mimetismo de todo hombre mediocre (como diría José Ingenieros), Díaz-Canel repitió el calificativo fidelista de "vagos" a los comerciantes y productores que nutren el salvador mercado negro. Y arremetió contra "los que no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan (…) ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo".

Increíble, el régimen súplica a extranjeros, incluso a los "yanquis" y  "gusanos" capitalistas en EEUU a hacer negocios con Cuba e invertir en grande en las MIPYMES, pero se lo impide a sus propios ciudadanos. No hay duda alguna, el Gobierno castrista es el más anticubano y "vendepatria" (palabrita muy manoseada por el Partido Comunista) en toda su historia.

Ver para creer: en Cuba rinde más beneficios ser extranjero, o cubano residente en el extranjero, que vivir en su país natal. Un forastero, o un cubano emigrado, puede invertir capital, importar y exportar mercancías y servicios, y hacerse muy rico, si se asocia con los mafiosos que usurpan el poder, los soborna, les da "regalos", y entre todos explotan la mano de obra más barata del mundo y se enriquecen a costa de ella.

El cubano residente en la Isla, con un salario promedio de unos 27 o 30 dólares mensuales y una cartilla de racionamiento de alimentos que lo hambrea, no tiene derecho a nada de eso. Ni siquiera a decir lo que piensa de esa prohibición y abuso.

Cuando Cuba era "explotada por el imperialismo" ocurría exactamente lo contrario. El 8 de noviembre de 1933, luego del derrocamiento de Gerardo Machado, el Gobierno provisional presidido por Ramón Grau San Martín dictó un decreto conocido como Ley del 50%, que impuso que al menos la mitad de los empleados de las empresas cubanas y extranjeras tenían que ser cubanos.

Pero hay más, mucho antes, desde la inauguración de la República, casi todos los inmigrantes, incluyendo los cientos de miles de españoles que llegaban a Cuba, adquirían la ciudadanía cubana, pues obtenían así grandes ventajas. Hoy es al revés, los cubanos anhelan ser extranjeros. Y se forman colas multitudinarias ante la Embajada de España para solicitar la ciudadanía española.

Hoy si un cubano residente en la Isla consiguiese un préstamo bancario extranjero para instalar una pequeña fábrica de zapatos, o de ropa, o comprar tierras, o ampliar en grande su pequeño negocio familiar, no puede. La Constitución se lo prohíbe tajantemente en su artículo 22: "El Estado debe regular la concentración de la riqueza, la propiedad y la tierra".

Y si el cuentapropista se arriesga y amplía su negocio y produce "demasiado", o adquiere una segunda propiedad, está violando la Constitución. Se la expropian y va a la cárcel por "enriquecimiento ilícito". Unos cuantos campesinos han sido metidos en la cárcel por producir "demasiada" carne de cerdo, de pollo, leche o quesos.

Claro, este delito no existe para dirigentes castristas y sus familiares, y mucho menos para los militares que controlan las empresas que aún dejan ganancias, que explotan descaradamente negocios privados de restaurantes, cafeterías, discotecas, tiendas "finas" para turistas, etc.

El capital va a donde se cumplen condiciones imposibles en Cuba

Pero no obstante todo lo dicho hasta ahora, a decir verdad ningún inversionista en su sano juicio va a arriesgar capital significativamente en Cuba en las actuales circunstancias. Y es lo que no acaban de entender los burócratas ineptos que integran el Gobierno castrista, y en especial el "número uno" Raúl Castro.

Es una ley universal, una verdad de Perogrullo, que el capital no tiene bandera ni ideología alguna. Va en forma "apolítica" a donde se cumplan al menos tres condiciones: 1) garantías legales a la propiedad y la operatividad de la compañía, 2) seguridad de que obtendrá un rápido retorno en ingresos que cubran el monto de la inversión realizada, y 3) la existencia de un mercado, interno o externo, que garantice buenas ganancias. Y Cuba hoy no ofrece ninguna de esas condiciones.

En la Isla no hay un mercado interno, y de facto circulan a la vez dos monedas: la cubana, la más devaluada del mundo según los expertos y con la que se pagan los salarios, y el dólar. Pero la masa circulante de dólares y euros es insuficiente.

Y para finalizar viene como anillo al dedo un cuento de Pepito muy popular que una ocasión cité aquí, pero que hoy se hace nuevamente imprescindible. En una escuela primaria de La Habana la maestra le pregunta a varios alumnos qué quieren ser cuando sean adultos. "Médico", dice uno. "Ingeniero", responde otro. "A ver Pepito, ¿y tú qué quieres ser?". Y Pepito responde: "Yo, extranjero".

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