La dictadura que oprime a Cuba anuncia 176 reformas económicas y financieras limitadas para mantener el control político ante la crisis que presenta el país
RÉGIMEN CUBANO ANUNCIA 176 MEDIDAS ECONÓMICAS PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS SIN CEDER CONTROL POLÍTICO
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El régimen apuesta nuevamente por reformas económicas limitadas destinadas a generar oxígeno financiero y contener el deterioro social, mientras preserva sin cambios la estructura de poder que gobierna Cuba desde hace más de seis décadas.
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Por ADNCUBA
Junio 19, 2026
El régimen cubano presentó este jueves un amplio paquete de 176 medidas económicas y sociales con las que pretende reactivar una economía en caída libre, marcada por la escasez crónica, la inflación, los apagones y el éxodo masivo de ciudadanos. Sin embargo, pese al alcance de algunas de las propuestas, el plan no contempla cambios políticos ni una redistribución del poder dentro del sistema instaurado por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Durante una sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero defendió las transformaciones como una actualización del 'modelo económico socialista', insistiendo en que todas las medidas han sido concebidas para preservar el sistema político vigente.
"Hacer lo necesario para conservar lo esencial" fue la fórmula utilizada por el alto funcionario para resumir una estrategia que busca introducir mayores mecanismos de mercado sin alterar el monopolio político del PCC.
Las reformas incluyen una ampliación significativa del espacio para la supuesta iniciativa privada. El régimen propone agilizar la aprobación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), permitir que una persona pueda ser propietaria de varias empresas, eliminar el límite actual de 100 trabajadores y autorizar por primera vez la creación de mipymes agrícolas.
Asimismo, se prevé reducir las actividades económicas prohibidas para el sector privado, reconocer nuevas formas societarias y permitir la participación mediante acciones. También se contempla otorgar determinados derechos de usufructo y superficie, a actores económicos no estatales.
En el ámbito empresarial, el paquete promete una mayor autonomía para las empresas estatales, más flexibilidad para fijar precios y modificaciones en los sistemas de remuneración. Además, se facilitaría la apertura de cuentas bancarias en el exterior y se permitiría a las empresas desarrollar actividades complementarias a su objeto social principal.
La Habana también apuesta por atraer inversión extranjera hacia sectores considerados estratégicos. Entre las novedades figura la posibilidad de que capital extranjero participe en centros de datos de ETECSA, redes móviles y otras infraestructuras digitales, con excepción de aquellas vinculadas a la seguridad nacional.
Otra de las medidas más sensibles es la eliminación progresiva de la libreta de racionamiento universal. Según explicó Marrero, la canasta básica subsidiada quedará reservada para jubilados y personas consideradas vulnerables, en un intento de sustituir los subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Para ello se prevé la creación de un Fondo de Protección Social destinado a financiar programas de asistencia.
En materia energética, el Ejecutivo propone abrir espacios a la inversión privada y extranjera en la comercialización de combustibles y ampliar la red de servicentros, mientras intenta incentivar el uso de fuentes renovables mediante beneficios fiscales.
Reformas no representan apertura política
Pese a la amplitud del paquete, el propio discurso oficial dejó claro que las reformas no representan una apertura política ni un abandono del modelo de partido único. Marrero insistió en que la planificación socialista seguirá siendo el eje rector de la economía y subrayó que la incorporación de mecanismos de mercado no constituye una "claudicación", sino una herramienta para preservar el proyecto político.
El primer ministro también reveló que las propuestas fueron elaboradas siguiendo orientaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, principal figura de poder dentro del régimen durante las últimas décadas.
Analistas independientes han señalado durante años que muchas de las medidas ahora anunciadas recuerdan reformas parciales que las autoridades han prometido anteriormente, pero cuya implementación ha sido limitada por la propia resistencia del aparato burocrático y político a perder control sobre la actividad económica.
Un reporte reciente de ADN Cuba recoge las consideraciones expertos y analistas sobre estas supuestas reformas que quedarán en el aire mientras cuna dictadura continúa rigiendo los destinos del país.
En declaraciones previas del economista Carlos Martínez, "esto parece una apertura tardía, incompleta y condicionada. No creo que haya mucho que puedan hacer para mejorar significativamente la vida del cubano mientras mantengan intacto el monopolio político y económico que produjo la crisis".
Las nuevas disposiciones llegan además en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado la Isla desde la desaparición de la Unión Soviética. La producción nacional permanece deprimida, los apagones se han convertido en una constante, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de la población y cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años.
En ese contexto, las medidas parecen responder más a la necesidad urgente de evitar el colapso económico que a una voluntad de liberalización. Aunque amplían el margen de acción para el sector privado y reconocen un papel mayor para el mercado y la inversión extranjera, mantienen intacto el control político del Partido Comunista y no incluyen avances en materia de pluralismo, libertades civiles o participación ciudadana.
De esta manera, el régimen apuesta nuevamente por reformas económicas limitadas destinadas a generar oxígeno financiero y contener el deterioro social, mientras preserva sin cambios la estructura de poder que gobierna Cuba desde hace más de seis décadas.
El escepticismo sobre el alcance de las nuevas medidas se sustenta en la experiencia reciente. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, el régimen ha anunciado múltiples procesos de "actualización" económica que prometían dinamizar la producción, atraer inversiones y mejorar el nivel de vida de los cubanos. Sin embargo, la ausencia de reformas políticas y de garantías para la propiedad privada, sumada a la permanente capacidad del Estado para intervenir o revertir cualquier apertura, terminó frenando gran parte de esos esfuerzos. Para numerosos analistas, el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba no es únicamente la falta de nuevas medidas de mercado, sino la permanencia de un sistema político altamente centralizado que concentra las decisiones fundamentales en una élite gobernante y limita la autonomía real de los actores económicos.
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