BARACUTEY CUBANO

El anterior mapa interactivo fue tomado de https://www.270towin.com/

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SUGERENCIAS DE LA  Christian Family Coalition Florida PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES  DEL  5 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Las sugerencias para las  boletas están dadas por columnas en el orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)   

 PÁGINA 1 y PRIMERA COLUMNA

Donald J. Trump    JD Vance

Rick Scott

Se sugiere votar por los  candidatos del Partido Republicano  para Representantes en el Congreso Federal y para el Congreso Estatal según sea el Condado y el Distrito del votante. Aquí mostraremos las sugerencia para el Condado de Miami Dade  pero   para el Condado  Doral y para el Condado  Collier   ir  al sitio  https://cfcfloridavoterguide.com/)

 En el Condado de Miami Dade  para el Congreso Federal ellos son: Distrito 24: Jesús Gabriel Navarro; Distrito 26: Mario Diaz-Balart; Distrito 27: María Elvira Salazar; Distrito 28: Carlos Gimenez

En el Condado de Miami Dade  para el Congreso  Estatal se sugieren:

Distrito 39: Bryan Avila; Distrito 110: Tom Fabricio; Distrito 111: David Borrero; Distrito 112: Alez Rizo; Distrito 113: ¿? ;  Distrito 114: ¿? ; Distrito 115: Omar Blanco; Distrito 116: Daniel A. Perez; Distrito 117: Beatrice Slawson; Distrito 119: Juan Carlos Porras; Distrito 120: James ¨JM¨ Vernon Mooney Jr

PÁGINA  1 y SEGUNDA COLUMNA

(Sugerencias para el Condado de Miami Dade; para ver las correspondientes para  los Condados  Doral y Collier ir a https://cfcfloridavoterguide.com/)

Secretario del Tribunal del Circuito y Contralo: Juan Fernandez-Barquín

Sheriff o Alguacil:  Rosanna ¨Rosie¨ Cordero-Stutz

Tasador de Inmuebles: Tomas Regalado

Recaudador de Impuestos: Dariel Fernández

Supervisor de Elecciones: Alina García

Sobre Magistrados del Tribunal Supremo. ¿Deberá retenerse en su cargo a la Magistrada del Tribunal Supremo?

Juez Renatha  Francis  YES

Juez Meredith Sasso     YES

PÁGINA 1 y  TERCERA COLUMNA

(Condado de Miami Dade)

Tribunal de Apelaciones del Distrito. ¿Deberá retenerse en su cargo al Juez del Tribunal de Apelaciones del 3er Distrito? 

Juez Kevin M. Emas:  YES

Juez Juan F. Fernandez   YES

Jueza Norma Shepard Lindsey   NO

 School Board District 7 : Mary Blanco

 Para Juez del Condado Grupo ¿? : ¿?

Para ¿?-Miembro del Concejo para toda la Zona Escaño ¿? : ¿?

PÁGINA 3

PROPOSICIONES DE ENMIENDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA FLORIDA

 Enmienda 1 que trata sobre  la elección partidista  de los miembros de las juntas escolares de los diferentes distritos. La respuesta a dar depende del Condado en que se viva,  pero el reconocido analista y activista conservador Anthony ¨Tony¨ Verdugo, Presidente de la  Christian Family Coalition Florida, propone para  el Condado Miami Dade votar:  YES

 Enmienda 2 que trata sobre el Derecho a Pescar y Cazar:  YES

 Enmienda 3 que trata sobre el consumo peronal de marihuana por adultos:  NO

PÁGINA 3

Enmienda 4 que trata de limitar en el Estado de la Florida la interferencia del gobierno en el aborto de más de 6 semanas de embarazo: NO

 Enmienda 5 que trata sobre los ajustes anuales del valor de determinados tipos de Exenciones Homestead: YES

 Enmienda 6 que trata  sobre  la derogación del requisito de financiación pública de las campañas:  YES

 PROPUESTA DE SONDEO POPULAR

Propuesta de sondeo popular para el Condado de Miami Dade sin obligatoriedad jurídica sobre acceso  público a Wifi  en todo el Condado de Miami Dade: YES

PÁGINA 4

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AmericaTeVe Miami

15 de octubre, 2024

Ex Subsecretario de Defensa da explicación MAGISTRAL de como funcionan las elecciones en EEUU

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Tengo la opinión que el partidismo político  (en el sentido de ser fanático de un partido y/o tener  la obligación de votar por un candidato de su partido para no sufrir represalias de su partido, entre las que se encuentra no recibir un puesto o responsabilidad dentro del partido o del gobierno)  es tan malo como  la no existencia de partidos  o la existencia de un sólo partido.

En determinado momento de la historia, liberales clásicos (liberales en el sentido europeo, muy  diferentes a los liberales como se entiende hoy en los  EE.UU.) no eran  partidarios del sufragio universal  ya que no  confiaban en la infalibilidad de la  voluntad mayoritaria de los pueblos; esa  posición la expresaban públicamente de diferentes maneras y sin tener  en  cuenta lo ¨politicamente correcto¨. Esos liberales clásicos no eran partidarios del voto universal por el peligro que eso representaba  en, y para, los  pueblos ignorantes, manipulables, indiferentes, etc.  en los que sus habitantes (¿ciudadanos?)  hacían dejación  de su libertad individual. bíblicamente hablando, ¨por un plato  de lentejas¨, por promesas manipuladoras,   por  miedo a  tener la responsabilidad  de hacer uso de su libertad individual, como explicaba Erich Fromm,  ante decisiones  relevantes,  y por otras causas o motivos. Estas son algunas de  las razones por la que los padres fundadores de los EE.UU. crearon  una república (federal) y no una democracia; una república con un sistema electoral donde el voto popular  es importante pero no esencial para elegir al Presidente de los EE.UU. y donde  el pertenecer a un partido no obligaba  a votar por el candidato de su partido político; otra de las razones para la existencia del Colegio Electoral  es tener en cuenta las características e intereses individuales  de cada estado de la entonces Unión Americana y otorgarle a los estados, en dicha elección,  un peso  que no  estuviese dado de manera  directa y solamente por su población.

Ya anteriormente expresé que los Padres Fundadores  d los EE.UU.  tomaron medidas para que el Presidente de este país fuera la persona  que más y mejores cualidades tuviera para desempeñar esa gran responsabilidad  en el marco de un Estado establecido en forma de  república  federal y presidencialista.  Esa es la razon por la cual, por ejemplo,  el Presidente de los EE.UU. no se elige por la mayoría de los votos populares sino por  el Colegio Electoral; es decir, por los votos compromisarios de los delegados de cada estado de los EE.UU. que van  a la reunión que cada cuatro años  se hace un día de diciembre (el primer lunes, después del segundo miércoles de diciembre;  los electores del Colegio Electoral se reúnen en las respectivas capitales del estado al que pertenecen  y emiten sus votos)  para elegir al Presidente de los EE.UU.. En esas reuniones, y no el día de noviembre  en que se  efectúan y conocen los resultados  de las votaciones populares  en cada estado de los EE.UU. de las elecciones Presidenciales, es que se elige  al Presidente. Lo que sucede es que  los políticos de cada partido votan por el elegido de su partido elegido en las primarias, algo que iba en contra de las ideas de algunos de los Padres Fundadores, pues de hacer lo contrario sería EL SUICIDIO POLÍTICO de aquellos que votaran en  esas reuniones de los Colegios Electorales en contra del candidato de su partido político, ya que casi seguramente la MAQUINARÍA ELECTORAL DE  SU PARTIDO NO LOS APOYARÍA EN LAS FUTURAS ELECCIONES EN QUE SE POSTULARAN SI ES QUE NO LOS EXPULSAN USANDO DIFERENTES SUBTERFUGIOS.

James Madison, de gran importancia en la creación de la Constitución de Virginia o Plan de Virginia la cual sirvió en gran medida para de ella  redactar la Constitución de los actuales EE.UU., estaba en contra de:

George Washington, primer presidente permanente, el cual fue elegido por unanimidad del Colegio Electoral  en sus dos períodos y  rechazó la petición que fuera Presidente vitalicio) expresó en su discurso de despedida de la presidencia  el 17 de septiembre de 1796 :

Etiquetas: coalición, Congreso, County, Cristiana, Donald Trump, EE.UU., EEUU, elecciones, Estados Unidos, Florida, Miami Dade, presidenciales, Presidente, Rick Scott, Senado, State, sugerencias, Trump, USA2024

 DEMOLEDOR INFORME: ONU revela lo que observó en presidenciales en Venezuela

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Tomado de https://diariodecuba.com/

La ONU publica sus conclusiones sobre las elecciones de Venezuela y el chavismo las tacha de 'mentiras'

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El principal asesor de Lula en temas internacionales propone nuevas elecciones con observación internacional imparcial como salida a la crisis política venezolana.

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DDC

Madrid

14 agosto 2024

Cuatro expertos electorales de Naciones Unidas concluyeron que la gestión de los resultados electorales de los comicios del 28 de julio en Venezuela —en las que, según el oficialista Consejo Nacional Electoral (CEN), se impuso el gobernante Nicolás Maduro— careció de "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".

En un informe al que tuvo acceso la agencia española EFE y que el chavismo ha desacreditado, los expertos apuntaron que el anuncio del supuesto triunfo de Maduro que realizó el CNE el 29 de julio y reiteró el 2 de agosto, "sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas".

El documento apunta que dichos anuncios consistieron en comunicaciones orales sin ningún soporte infográfico y recuerda que hasta ahora el CNE no ha hecho público el desglose de los resultados por mesas electorales "para respaldar sus anuncios orales según lo previsto en el marco legal para las elecciones".

Los expertos afirmaron que han podido examinar una muestra de las actas, entre ellas las publicadas por la principal plataforma de la oposición, que dan como ganador, por amplio margen, al candidato Edmundo González Urrutia.

De acuerdo con el informe, esas actas "exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados".

Esta conclusión de los expertos de la ONU —única organización internacional, además del Centro Carter, que fue autorizada por el chavismo para observar las elecciones presidenciales venezolanas— contradice la afirmación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez de que las actas publicadas por la oposición fueron falsificadas.

El informe también hace referencia a la denuncia que presentó Maduro el 31 de julio ante la Cámara Electoral de la Corte Suprema de Justicia venezolana, para que el Tribunal Supremo de Justicia revisara el proceso y los resultados.

Supuestamente, el Tribunal está verificando la documentación electoral, pero el informe de los expertos de la ONU señala que hasta el momento no hay información sobre cómo se está realizando esta verificación.

El informe de los expertos de la ONU confirma las conclusiones del Centro Carter, que cuestionó la "ausencia de transparencia" en las elecciones y, tras revisar las actas publicadas por la oposición, dio como ganador a González Urrutia.

El chavismo reacciona: 'Mentiras' y 'basura'

Mientras continúa sin mostrar las pruebas del proclamado triunfo electoral de Maduro, el chavismo calificó las conclusiones de la ONU de "mentiras" y "basura", y acusó al organismo de recibir órdenes de Washington.

"La opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana, con los cuales interactuaron constantemente antes, durante y después de las referidas elecciones", expresó el Ejecutivo de Venezuela en un comunicado en el que se quejó de que el panel de expertos violó "los propios términos de referencia suscritos con el Poder Electoral", al publicar este informe preliminar, contrario a lo previsto, mientras prepara una versión final para el secretario general de la ONU, António Guterres, que no será pública.

El Ejecutivo sostuvo, además, que los expertos de tuvieron "contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de Estado", razón por la que "no hay ninguna duda (de) que sus declaraciones son producto de las instrucciones hostiles emanadas de esta instancia".

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, tachó de "basura" al panel de expertos de la ONU, al intervenir ante el órgano legislativo controlado por el chavismo.

"Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras porque firmaron diciendo que el informe es privado, y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de las Naciones Unidas, pero hoy anuncian que lo harán público", sostuvo Rodríguez.

El presidente del Parlamento venezolano propuso también una reforma de las leyes que rigen los procesos electorales de Venezuela para prohibir por completo la observación internacional.

"Hagamos una reforma de las leyes electorales de este país para que nunca más ningún extranjero venga a tomar decisión sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir, a cuenta de qué, qué tipo de capacidad tienen?", cuestionó, aunque los comicios del país solo pueden ser observados por los organismos que permitan las autoridades, como ocurrió en los del 28 de julio.

Por otra parte, dichos organismos no toman ninguna decisión. Solo pueden observar y emitir sus conclusiones sobre el desarrollo del proceso.

Amorim propone nuevas elecciones 

La propuesta de Rodríguez de cerrar el camino a la observación electoral internacional transciende justo cuando varios medios de prensa difunden una propuesta para la salida de la crisis en Venezuela de Celso Amorim, principal asesor en temas internacionales del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que dicha observación sería un ingrediente esencial.

El excanciller brasileño sugirió una repetición de las elecciones, que describió como una "segunda vuelta", pero con la mediación de organismos internacionales y la participación efectiva de observadores extranjeros, que no pudieron presenciar las del 28 de julio.

Según el medio argentino Clarín, fuentes diplomáticas brasileñas se apresuraron a aclarar que "no hay nada de eso. Nosotros seguimos con la posición que tenemos desde el 28 de julio, el régimen tiene que exhibir las actas y evitar apelar a la Corte Suprema para validar los resultados".

El sábado, Brasilia advirtió que no reconocería el fallo sobre las elecciones venezolanas del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano que está controlado por el chavismo.

Amorim dijo al diario brasileño Valor Económico que trasladó "esta idea al presidente después de escuchar la sugerencia de otros actores internacionales", a los que no identificó. No obstante, dijo que se trata de una propuesta informal y "aún está en proceso".

La ONU llama a erradicar el uso "desproporcionado" de la fuerza en Venezuela

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó este martes "profunda preocupación" por la actual crisis política en Venezuela, donde la represión de las protestas contra el chavismo deja más de 2.400 personas detenidas, según cifras oficiales.

Citado por la agencia Europa Press, Turk recordó que algunos detenidos son personas vinculadas a la oposición, que denunció fraude electoral en los comicios del 28 de julio y alertó que algunas detenciones pueden constituir desapariciones forzosas.

El funcionario de la ONU reclamó garantías judiciales, así como la liberación "inmediata" de cualquier persona que haya sido detenida de manera arbitraria.

"Es especialmente preocupante que tantas personas hayan sido detenidas, acusadas o imputadas por incitación al odio o delitos terroristas. El Derecho Penal nunca debe usarse para limitar de manera indebida los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación", subrayó.

También llamó a erradicar el uso "desproporcionado" de la fuerza, que atribuyó no solo a los organismos oficiales al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, sino a grupos de civiles armados afines al chavismo.

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Tomado de https://ktvz.com/cnn-spanish/2024/08/14/

Esto dice el informe preliminar sobre las elecciones en Venezuela que elaboró el panel de expertos de la ONU

By CNN Newsource

Published August 14, 2024

Sofía Benavides

(CNN Español) — Un panel de expertos de la ONU que estuvo en Venezuela desde finales de junio hasta el 2 de agosto publicó un informe preliminar que critica el proceso electoral en el país, en el que Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador de la presidencia a Nicolás Maduro, sin hasta ahora haber publicado los resultados por centro y mesa de votación, más de dos semanas después de las elecciones.

El grupo, integrado por cuatro expertos, no cumplió con una misión de observación electoral, sino que su objetivo era informar internamente al secretario general del organismo sobre el proceso, lo que desató críticas del CNE, que en un comunicado afirmó que “la publicación de un supuesto informe no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados”.

Activistas, periodistas y líderes de la oposición detenidos en Venezuela entre marzo y agosto de 2024

Por su parte, el Gobierno venezolano ha rechazado el informe tras afirmar que la opinión emitida por el panel “no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana”.

Aquí, un desglose de los principales ejes del reporte.

Período preelectoral

El panel de la ONU estableció en el punto 4 de su informe que, a pesar de la ausencia de igualdad de condiciones entre los dos grandes contendientes, el presidente Nicolás Maduro y el principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, “el período preelectoral se desarrolló en general de manera pacífica, en medio de un renovado entusiasmo”.

La desigualdad se cristalizó, según los expertos, en varios hechos: el dominio del oficialismo de los medios de comunicación estatales para su campaña, con un acceso muy limitado para el resto de los candidatos; restricciones a algunas candidaturas, como la de María Corina Machado y su primera designada, la académica Corina Yoris; y restricciones continuas al espacio cívico y político por parte del oficialismo.

Jornada electoral y el sistema de votación

El informe preliminar de la ONU reconoce, con todo, que la jornada electoral del 28 de abril se desarrolló “en un ambiente en gran medida pacífico y estuvo bien organizada logísticamente”, y se refiere al sistema de votación como un sistema “fiable”.

El documento también hace referencia a la tasa de participación electoral informada por el CNE, que fue similar a la compartida por los partidos de la oposición y que habría rondado el 59,97%. “Se trata de un marcado aumento respecto de las elecciones presidenciales de 2018 (45,74%)”, indicaron los expertos.

“El sistema de votación electrónica estaba bien diseñado y era fiable, y estaba previsto que funcionara en combinación con importantes procedimientos de auditoría y la difusión de los protocolos de resultados en los centros de votación”, escribió el panel de la ONU.

Reconocieron también que el CNE había puesto en marcha lo que llamó “un sólido mecanismo para el proceso de transmisión de resultados”, en referencia a la transmisión digital de los resultados desde cada máquina de votación al centro de tabulación principal, “con varias capas de protección contra conexiones no autorizadas y ciberataques”.

Anuncio de los resultados y judicialización de los mismos

Este es uno de los ejes en los que el panel de la ONU hace su crítica más fuerte a las autoridades venezolanas. Allí dicen que, aunque al principio de la jornada electoral la transmisión electrónica de resultados “funcionó bien”, la misma “se detuvo abruptamente en las horas posteriores al cierre de los centros de votación”.

Según ellos, en ese momento las autoridades electorales no proporcionaron “ninguna información o explicación a los candidatos o al panel”.

Sobre la denuncia del CNE de que la transmisión de resultados había sido interrumpida por un ciberataque, el informe señala que “el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías poselectorales clave, incluida una sobre el sistema de comunicaciones, que podría haber arrojado luz sobre (posibles) ataques externos a la infraestructura de transmisión”.

El presidente de la Asamblea de Venezuela propone reformas electorales para que “ningún extranjero” se pronuncie sobre comicios en el país

En otro de los puntos del documento, los expertos exponen una de sus mayores críticas al hablar del anuncio de los resultados en la madrugada del 29 de julio de 2024: “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin respaldo infográfico. El CNE no publicó, y todavía no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados ​​por mesa de votación), para respaldar sus anuncios orales como se prevé en el marco legal para las elecciones”.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, hace gestos durante una conferencia de prensa en Caracas. (Foto: YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images).

Afirman que, al final de la jornada, el panel recibió “varios informes” de que representantes de los partidos de oposición no pudieron obtener una copia de las actas de los resultados impresas. “Además, a pesar de las garantías de que lo haría, el CNE no ha publicado esos resultados”, indicaron.

El panel dice que examinó una pequeña muestra de las actas de resultados de varios centros de votación y que actualmente son de dominio público (incluidos aquellos publicados en línea por la oposición), y concluyó que las mismas presentaban “todas las características de seguridad de las actas de resultados originales”. “Esto sugiere que puede haber una salvaguarda clave de transparencia, como se pretendía, con respecto a cualquier resultado publicado oficialmente”, aunque el panel “no se propuso verificar o revisar el total de las actas”, según el documento.

“El proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles”, establecieron los expertos en uno de los puntos de su reporte donde se condensan sus conclusiones más críticas.

Según ellos, el CNE “no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados”. Añadieron que “el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la comunicación de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas”.

Represión post electoral

Hasta el final de su estancia en el país, el panel dijo que tomó nota de informes de que “más de 20 personas, incluido un soldado, fueron asesinadas, y más de 1.000 personas fueron detenidas entre el 29 de julio y el 2 de agosto”, durante las protestas posteriores al anuncio de los resultados.

Además, añadieron que recibieron informes de “amenazas e intimidación contra representantes de partidos y funcionarios de mesas de votación”.

The-CNN-Wire

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Tomado de https://patriademarti.com

Diseccionando la acusación de los documentos de Trump

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“Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente

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Por Julio M. Shiling

17 de junio, 2023

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Pocos de los que creen en una sociedad libre pueden cuestionar la noción de que el imperio de la ley y la uniformidad en su aplicación son elementos sistémicos básicos de una democracia. “Nadie está por encima de la ley” es una frase que alguna vez tuvo profundidad en los EE. UU. Se ha convertido en un cliché poco convincente. Hay un adagio que está cobrando fuerza entre los observadores de la democracia estadounidense. “Nadie debería estar tampoco por debajo de la ley”. Este añadido a la afirmación popular refleja el clima legal que se vive hoy en Estados Unidos. La reciente imputación del expresidente Donald J. Trump por 37 cargos ejemplifica la crisis de la jurisprudencia estadounidense. Este hecho supone una amenaza global para el modelo republicano de gobierno.

La percepción de que actualmente existe un sistema judicial de dos niveles en Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en algo evidente. El terreno jurídico es ahora un frente de guerra. Los enclaves ideológicos del izquierdismo estadounidense ofrecen a los activistas de extrema izquierda el forraje humano adecuado para conseguir validaciones de procesamiento a través de esquemas de gran jurado que no obtendrían en la mayoría de las demás localidades judiciales del país. Son la versión estadounidense de los “tribunales revolucionarios”. Los distritos judiciales de lugares como Washington, D.C., Nueva York y San Francisco, por ejemplo, están siendo explotados para socavar el principio de un juicio justo y la tradición del common law (ley común), que se basa en el precedente.

Los cargos contra Trump contienen 31 acusaciones de supuesta retención intencionada de información de defensa nacional. Los demás son cargos únicos por supuesta conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos, ocultar y conspirar para ocultar documentos, ocultar un documento en una investigación federal y hacer declaraciones falsas. La premisa subyacente de la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden contra Trump, tiene que ver con el manejo de los registros presidenciales, a quién pertenecen y si hubo intención maliciosa por parte del expresidente, que resulta ser el principal líder de la oposición y candidato presidencial para 2024.

Desde 1978, la Ley de Archivos Presidenciales ha servido de guía para delimitar lo que es propiedad del Gobierno estadounidense y lo que son archivos personales de un expresidente. Se trata de memorandos, cartas, notas, correos electrónicos y otras comunicaciones escritas durante el mandato de un presidente como jefe del ejecutivo y el de su personal. La ley trata de establecer normas y es aplicada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA).  

Cuando existe una discrepancia entre un expresidente y la NARA, el caso puede llegar a juicio, y un juez federal resolvería el asunto. Así es como, históricamente, se han gestionado las discrepancias de propiedad relativas a objetos presidenciales. La Casa Blanca de Biden ha manejado este asunto bajo la premisa de que Trump es un enemigo de la república estadounidense. Después de todo, Trump es una parte instrumental del movimiento conservador MAGA, una coalición conceptual etiquetada por Biden como “extremistas” y categorizada, en consecuencia, a nivel fiscal, por su DOJ y FBI.  

El seguimiento del precedente legal, la roca seminal de la jurisprudencia estadounidense, ha sido abandonado por exploraciones novedosas y posmodernas de la ley. El mentor de Barack Obama en Harvard y fundador de la variante marxista de la Teoría Legal Crítica, Derrick Bell, estaría encantado. El Departamento de Justicia de Biden, sin embargo, está insistiendo en su caso sin apenas mencionar la Ley de Archivos Presidenciales (PRA). Esto se debe probablemente a que la PRA no tiene un estatuto penal. En otras palabras, no podría producir los resultados de encarcelar potencialmente a Trump. En el peor de los casos, la PRA solamente podría imponer una sanción civil, normalmente una multa. Los fiscales, en cambio, se han basado en la Ley de Espionaje de 1917, que sí penaliza los delitos.

La Ley de Espionaje se aprobó dos meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Prohíbe obtener información, grabar imágenes o copiar descripciones de datos de defensa nacional con la intención o la creencia de que la información podría utilizarse para perjudicar a Estados Unidos o beneficiar a una nación extranjera. Además de implicar que Trump cometió traición y tuvo un deseo premeditado de dañar al país que representaba como presidente, también presupone criminalidad cuando el jefe del Ejecutivo de la nación tiene problemas con reclamaciones de propiedad de documentos durante su mandato.

Siguiendo los principios del common law, el modelo legal en EE. UU. (excepto parcialmente en Luisiana), hay suficientes comparaciones empíricas, lo que hace que el caso de los documentos contra Trump sea surrealista. Entre las muchas cosas que Bill Clinton se llevó de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia había más de 79 grabaciones de audio. Se alegó que esas copias de audio eran conversaciones telefónicas grabadas con líderes mundiales que contenían información clasificada. En 2012, Judicial Watch, una organización sin ánimo de lucro que investiga la mala conducta del gobierno, presentó una demanda solicitando que las cintas de audio de Clinton se transfirieran a la NARA para su adecuada investigación. La jueza Amy Berman Jackson, nombrada por Obama, dictaminó que la autoridad exclusiva para clasificar archivos, según la PRA, recae exclusivamente en el presidente. En otras palabras, la NARA no puede determinar la clasificación, ni puede llevarse por la fuerza los archivos presidenciales. 

Los tristemente célebres 30.000 correos electrónicos en los que la secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, eludió los protocolos de seguridad gubernamentales, poniendo en peligro la seguridad nacional estadounidense, son otro ejemplo de ello. El entonces director del FBI, James Comey, concluyó, tras investigar a Clinton, que había 110 correos electrónicos que contenían información clasificada y que otros 2.000 habían sido “subidos” a la categoría de clasificados. Además de esta enorme cantidad de información privilegiada, se encontraron otros 49.000 correos electrónicos con información clasificada en un ordenador portátil privado y no seguro perteneciente a Huma Abedin, una de las principales asesoras de Clinton. El delincuente caído en desgracia y exdiputado demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, utilizaba habitualmente el ordenador de Abedin mientras estaba casado con ella y solicitaba sexo con mujeres, incluida una menor de 15 años. Clinton fue reprendida, pero no procesada. La justificación de Comey para no recomendar cargos penales incluía que Clinton era candidata presidencial en unas elecciones.

Antes de la promulgación de la PRA en 1978, los expresidentes eran propietarios de todos los documentos de sus presidencias. Esto incluía información de la que hoy se acusa a Trump de poseer y de enfrentarse a posibles penas de prisión de larga duración. Sería inconcebible imaginar a cualquier expresidente estadounidense enfrentándose a cargos de traición por poseer potencialmente documentos que cada uno de ellos, antes de 1978, tenía la discreción de conservar. El precedente histórico y la importancia de la continuidad en la tradición de gobierno democrático están siendo hechos añicos por el activismo fanático de ultraizquierda de la actual administración.

La obliteración del privilegio abogado-cliente, un sacrosanto principio del Estado de derecho, es otra bárbara parodia legal que está cometiendo el gobierno de Biden. Parte de las “pruebas” para procesar a Trump se obtuvieron mediante la declaración forzosa de facto de información, por lo demás privilegiada, dada por Evan Corcoran, antiguo abogado del 45° presidente, que reveló conversaciones abogado-cliente que tuvieron lugar. Rara vez un juez o un fiscal se aventuran en el territorio de anular la privacidad que se concede a un acusado y a su abogado. Este mecanismo suele ser una garantía férrea para dar cabida al debido proceso y a un juicio justo.

La jueza federal de Washington DC Amy Berman Jackson, la misma jueza de distrito que se mostró excesivamente altiva en su sentencia de 2012 a favor de Bill Clinton, muestra una disposición legal totalmente distinta cuando el acusado es un conservador. Jackson es una activista judicial radical de izquierdas. Cada decisión importante dictada contra cualquier persona asociada con Trump, MAGA, o remotamente sesgada como parte de la Derecha ha sufrido su ira fundamentalista. No contento con fallar a favor de las causas que ayudan a la "marcha a través de las instituciones", Jackson ha añadido discursos vitriólicos que se hacen eco del sentimiento de lo peor de la izquierda extremista. El estrado, para la designada judicial de Obama, es un púlpito, un medio para hacer proselitismo de la religión política jacobina de la que es devota. 

Paul Manfort, Roger Stone, Rick Gates y los acusados del 6 de enero han sufrido la ira y la injusticia de Jackson. El juez federal de DC, que ha supervisado los casos de más alto perfil, nunca se ha echado atrás a la hora de sostener narrativas que desde entonces han sido refutadas, como el engaño Trump-Rusia y el prurito de las elecciones de 2020. No debería sorprender a nadie que Jackson asestara un golpe brutal al debido proceso al hacer una carnicería con el privilegio abogado-cliente. 

Conceder la admisibilidad en juicio de las comunicaciones entre Trump y su abogado fue una flagrante violación del privilegio abogado-cliente. Esto perjudicó al jurado a favor del fiscal. La “excepción de delito-fraude”, la base para anular el factor de confidencialidad entre abogado y cliente, es difícil de probar en un caso penal. Ya que su umbral requiere que se esté ocultando o fomentando un delito. Sin embargo, esa es una presuposición que constituye un veredicto de facto en sí mismo. En otras palabras, los acusados y sus abogados defensores deben contar con garantías procesales que aseguren la imparcialidad. Jackson emitió un veredicto de culpabilidad incluso antes de que Trump tuviera el juicio. 

Joe Biden guardaba documentos ilegalmente desde los años setenta. Los senadores no tienen la facultad discrecional de llevarse documentos a casa. Como vicepresidente, Biden se llevó documentos, los cambió de lugar y los dejó al alcance de potenciales enemigos de EE. UU. El 12 de enero, Robert Hur fue nombrado fiscal especial para investigar al actual presidente. El público no sabe nada sobre la situación de esta investigación. Probablemente, seguirá el curso de Hunter, su hijo. No irá a ninguna parte.

El hecho de que la acusación de Trump se anunciara el mismo día en que se supo que Mykola Zlochevsky, ejecutivo de Burisma y exfuncionario del gobierno ucraniano, tiene 17 grabaciones (FD-1023) que implican a los Biden en una millonaria estafa de sobornos, es un insulto al pueblo estadounidense. Según Zlochevsky, dos de las grabaciones son del actual presidente y citan un pago de 5 millones de dólares.

No cabe duda de que el sistema legal de doble rasero en los EE. UU. hoy en día, se ha normalizado. Uno solo puede esperar aterrizar en un distrito donde los jurados y los jueces no estén ideológicamente contaminados. Los demócratas son expertos en elegir sus sedes. Esta grave injusticia solamente cesará el día en que los republicanos tengan los medios para llevar a juicio, exigir responsabilidades y encarcelar a muchos de los que han abusado del poder y cometido crímenes atroces contra la república estadounidense.

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 Cordones sanitarios

 Emmanuel Macron y  Marine Le Pen

Por  Miguel Sales Figueroa

24 de abril de 2022

Dentro de pocas horas sabremos quién será el ganador de las elecciones presidenciales en Francia. Los sondeos de opinión apuntan a que Emmanuel Macron revalidará el mandato que logró en 2017 ante la misma contendiente, Marine Le Pen, aunque esta vez el margen de victoria será mucho menor.  

Este año, entre la primera y la segunda vuelta, pasé unos días en París, donde pude confirmar que esta opinión está muy arraigada allí. Aunque es preciso tener en cuenta que la capital francesa es un feudo de la izquierda caviar y de los grupos anticapitalistas más radicales, que en su mayoría apoyarán al presidente actual, aunque lo harán con una pinza en la nariz.

Desde finales del siglo pasado, tanto socialistas y comunistas como liberales y conservadores se habían unido para demonizar al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, al que estigmatizaron como fascista y de extrema derecha. Si un candidato de esta fuerza pasaba a segunda vuelta, todos los demás volcaban sus votos en beneficio de su adversario, cualquiera que fuese su ideología. A eso le llamaban “frente republicano” o “cordón sanitario”. 

Así, con los votos de la izquierda, el conservador Jacques Chirac ganó la presidencia en 2002 con el 82% del escrutinio, mientras que Le Pen padre tuvo que conformarse con el 18%. Pero ya el hecho de que Le Pen pasara a segunda vuelta, superando en casi un millón de votos al socialista Leonel Jospin, fue un augurio del nuevo rumbo que tomaba la política francesa.

En 2017 Marine Le Pen obtuvo un resultado similar al que su padre había alcanzado 15 años antes y pasó a la segunda ronda, donde compitió con un jovencísimo Emmanuel Macron, que en muy poco tiempo había realizado una carrera meteórica desde el consejo de administración de un banco prestigioso hasta el umbral del Elíseo, pasando por un ministerio en el gabinete del socialista François Hollande. Pero en esa ocasión el reparto final de votos fue más ajustado: Macron logró el 66% y Le Pen el 34%.

Esta vez se espera que la diferencia sea aun menor. La demoscopia más rigurosa indica que los sufragios podrían repartirse en una proporción de 55/45, en beneficio de Macron. Eso significaría que Le Pen ha multiplicado por 2,5 el apoyo obtenido por su padre hace 20 años.

Las causas de esta evolución son múltiples, pero me limitaré a citar dos: la repulsa generalizada que suscita Macron entre gran parte del electorado de cualquier signo y la práctica desaparición de los partidos tradicionales, que han naufragado definitivamente en estos comicios. Si se suman los sufragios de los radicales de izquierda y derecha, el voto antisistema ascendió al 60% en la primera vuelta. Esa desafección universal perjudica a ambos candidatos, aunque quizá un poco menos a Le Pen.

En cualquier caso, un resultado como el previsto en la segunda vuelta certificaría la caducidad de los métodos usados hasta ahora para frenar a la nueva derecha francesa. No se puede ningunear a la mitad menos uno del electorado. No se puede dejar fuera del parlamento y los gobiernos regionales a 4 de cada 10 franceses que votan por un partido de oposición. A partir de ahora, la aplicación del “cordón sanitario” parecería más un apartheid light que un “frente republicano” para salvar la democracia.  

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Apr 25, 2022

Federico Jiménez Losantos sobre el resultado de las elecciones en Francia

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