BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de http://www.lanuevanacion.com/

UN CASTIGO SIN DELITO

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Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nación

www.lanuevanacion.com/index.php

 03 Junio 2024

La condena de Donald Trump me traslada en tiempo y espacio a las satrapías del Oriente Medio y a las dictaduras de América Latina. No se le ha condenado por haber delinquido. Se le ha condenado por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de representar una amenaza al poder fraudulento del gobernante de turno. Los padres de la patria americana—que fueron los primeros en crear una democracia para las edades—deben de estar revolviéndose en sus tumbas. Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

Donald Trump fue condenado por supuestamente falsificar los archivos de sus negocios para aspirar en la campaña presidencial de 2016. Me pregunto entonces que pintaban la dama de “vida alegre” Stormy Daniels y el diletante irredimible de Michael Cohen en el banquillo de los testigos. Sé que el juez Juan Merchan—un furibundo aliado de Joe Biden y Barack Obama—manipuló a los 12 jurados con instrucciones parcializadas pero nunca identificó con claridad el delito o los delitos cometidos por Donald Trump. No los identificó porque no existían. Por eso no  tuvo otra alternativa que inventarlos.

Después de deliberar durante dos días un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 acusaciones relacionadas con un pago de $130,000 a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels. La fiscalía argumentó que Daniels había recibido el pago para que no divulgara sus relaciones íntimas con Donald Trump con anterioridad a las elecciones de 2016.

El juez Merchan ha programado la sentencia de Trump para para el 11 de julio a las 10 de la mañana. Ese día el juez decidirá si el castigo del ex presidente incluirá pena de cárcel, multa, probatoria o una combinación de ellas. Por su parte, el abogado de Trump, Todd Blanche, ha dicho que apelará la sentencia tan pronto como le sea posible.

Ahora yo me preguntó: ¿Desde cuándo y en que legislación es un delito sostener relaciones sexuales con una mujer adulta que accede libremente  a ellas y cobra por sus servicios? La única respuesta que se me ocurre es en unos Estados Unidos presididos por un anciano delirante manipulado por un comunista que llegó a la Casa Blanca simulando ser un demócrata y se llama Barack Hussein Obama.  

Aunque se celebró en Nueva York, el juicio ha sido un circo en el pantano pestilente que es la ciudad de Washington. Dicho sea de paso, no pueden haber elementos más similares en las aspiraciones y en la conducta que un político y un artista de circo. Ambos se ganan la vida vendiéndonos la mentira y la fantasía. El mejor ejemplo lo tenemos en quien fuera el alcahueta de Trump que hace alardes de ser abogado y se llama Michael Cohen.

Por otra parte, la tragedia de Donald Trump ha producido resultados inesperados. Republicanos de la “vieja guardia” han cerrado filas para defenderlo. Ese es el caso del veterano Mitch McConnell líder de los republicanos en el Senado, quién nunca ha sido amigo del ex presidente. Uno que si es su amigo y se ha puesto a su lado es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Algo que sí era de esperar es el aumento de las donaciones a la campaña política de Trump. Los miembros de la campaña de Trump anunciaron en Tweeter que las páginas Win-Red—cuenta donde se depositan las donaciones—habían colapsado. Los americanos de los dos partidos, de todas las filosofías, todos los sexos y todas las razas se unieron a un Donald Trump convertido en víctima. Así es este pueblo: siempre solidario con las víctimas.

¿Piensan los lectores que las cosas son turbulentas en el Capitolio por estos días? Lo son en la actualidad y lo fueron en el pasado. Hace unos días tuvimos la confrontación entre dos gladiadoras irreconciliables de la política actual: la zurda Alexandra Ocasio-Cortés y la conservadora Marjorie Taylor Greene.

Ahora bien, el caso de Donald Trump no es nada nuevo en la política de los Estados Unidos. Desde la fundación de la república la política americana ha sido conflictiva, hasta el extremo de ser desagradable. En el año 1,800 se dijo a los electores que Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia, destruiría al  país y promovería la prostitución, el incesto y el adulterio.

En 1804, un duelo le costó la vida a uno de los más ilustres padres de la patria, Alexander Hamilton. Pero no puso fin a los duelos. Los congresistas  iban al capitolio armados con chuchillos y revólveres. En 1838, el representante, William Graves, de Kentucky, dio muerte al representante, Jonathan Cilley, de Maine. El congreso puso fin a los duelos en 1839, pero la violencia siguió su “agitado curso.” En 1856, Preston “Bully” Brooks, un representante de Carolina del Sur, atacó al Senador por Massachusetts, Charles Sumner, con la punta de oro de su bastón.

En conclusión, Donald Trump es el primer presidente condenado por un delito mayor—felonía en inglés—pero este no es el último capítulo de esta novela. Ese capítulo lo escribirán los votantes americanos cuando lo devuelvan a la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Entonces—como decía mi abuelo—van a “llover railes de punta”.

6-2-24

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Observen la reacción del público (que no está en un acto o rally electoral)  apoyando a Donald Trump  un par de días después de ser declarado culpable en el juicio de New York

TNT Sports

Donald Trump receives thunderous applause at UFC 302 🇺🇸

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UFC

Sean Strickland Octagon Interview | UFC 302

(ver hasta el final como califica de damn travesty (maldita farsa) lo que le está pasando a Trump)

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Tomado de https://patriademarti.com/

El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

Por Julio M. Shiling *

1 de junio, 2024

Read in English

Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

© Patria de Martí. Todos los derechos reservados.

* Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

Etiquetas: 302, delito, Donald Trump, EE.UU., EEUU, Estados Unidos, farsa, interferencia, irregularidades, Juan Merchán, juez, juicio, New York, persecución, política, sentencia, Shiling, Strickland, UFC

 AmericaTeVe Miami

30 de mato, 2024

Análisis | ¿Hay motivos políticos detrás de la sentencia de Trump en Nueva York?

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LA NACION

31 de mayo, 2024

El discurso de Donald Trump tras ser declarado culpable en el juicio de pago por silencio

Tomado de https://patriademarti.com/

El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

Por Julio M. Shiling *

1 de junio, 2024

Read in English

Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

© Patria de Martí. Todos los derechos reservados.

* Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

Etiquetas: acoso, Bragg, culpabilidad, Donald, EE.UU., EEUU, electoral, hija, interferencia, irregularidades, Juan Merchán, juez, juicio, New York, persecución, política, Shiling, Trump, veredicto

 
Tomado de http://www.lanuevanacion.com

NIKKI, LA MUJER AGAZAPADA

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¿Qué hacen estos demócratas donando y apoyando a candidatos republicanos?

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nación

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Nikki Haley es una ciudadana americana con todo el derecho a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero una cosa es tener el derecho y otra muy distinta es contar con las probabilidades de ejercerlo. Y ella sabe que no tiene la menor probabilidad de derrotar a Donald Trump como candidato del nuevo Partido Republicano. Esa MAGA que cuenta con millones de fanáticos enloquecidos que han convertido al Donald en un verdadero ídolo. Hasta los mismos coterráneos de Nikki en Carolina del Sur se lo han dicho.

LA TRAYECTORIA PRESIDENCIAL DE NIKKI

Según una encuesta del Emerson College—dada a la publicidad la semana pasada—el 58 por ciento de los votantes en las primarias de Carolina del Sur han dicho que votarían por Trump mientras solamente el 35 por ciento han declarado que votarían por Haley. Con un 23 por ciento por debajo de Trump cualquier otro político habría tirado la toalla. Pero la Nikki no es solamente una mujer atrevida. Es una mujer atrevida con una agenda política.

Por eso la campaña política de Nikki Haley sigue “viento en popa y a toda vela”. En el último trimestre de 2023 recaudó 24 millones de dólares, más que duplicando las cantidades recaudadas en trimestres anteriores. Entre los mayores donantes se encuentra el ejecutivo de compañías de salud Vivek Garipally su madre Lakshmi Garipally. Cada uno donó 500,000 dólares. Vivek se encuentra entre los principales donantes al Partido Demócrata, del presidente Joe Biden y de varios demócratas en  el Senado.

Al mismo tiempo, el billonario y donante demócrata Reid Hoffman contribuyó con 250,000 dólares a la campaña presidencial de Haley. Pero Hoffman no es el único ricachón demócrata que apoya a Haley. El presidente de JPMorgan Chase, James Dimon, urgió la semana pasada a los hombres de empresa y a los “líderes de izquierda” que apoyaran a Haley “como una opción del bando republicano que sería mejor que Donald Trump.” ¿Qué hacen estos demócratas donando y apoyando a candidatos republicanos? La repuesta no es otra que mantener el “status quo.”

En conclusión, desde el lanzamiento de su campaña presidencial, la Haley ha recaudado 50 millones de dólares de 180,000 donantes a través de sus tres comités de campaña. Según la campaña de Haley, los republicanos de Carolina del Sur entran en el 2024 con 14 millones de dólares en la mano.

LA PERSECUCIÓN CONTRA DONALD TRUMP

Veamos ahora la otra cara de esta enrevesada moneda política que tiene mucho de acertijo y nada de transparencia. Los demócratas saben que no pueden ganarle con votos a Donald Trump y que no pueden repetir las trampas que hicieron en 2020. De ahí que se hayan dedicado a hacerle la vida imposible con la militarización del poder  judicial. El fraude perpetrado en la persecución de Trump se sale de las páginas de la normalidad y entra en  las páginas de la demencia.

El juez militante demócrata, Arthur Engorón, ordenó al ex presidente Trump pagar $355 millones de dólares, más intereses, por supuestamente haber exagerado su fortuna en sus estados financieros. Dentro de la misma tónica, un juez del estado de Nueva York—ese nido de atorrantes zurdos—ordenó a Donald Trump pagar 83.3 millones de dólares a E. Jean Carroll por arruinar su credibilidad como “asesor periodístico” al calificarla como mentirosa cuando ello lo acusó de asalto sexual. Ambos fallos aumentarán en $87,502 diarios hasta que Trump finalice el pago. El ex presidente, por su parte, se ha negado a pagarlos y ha declarado que apelará la sentencia.

UNA MILITARIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

El enjuiciamiento del ex presidente Trump por el Fiscal Especial, Jack Smith—con la aprobación total del Fiscal General, Merrick Garland—es un ataque al sistema político americano y a los derechos fundamentales protegidos por la Primera Enmienda de discutir con libertad, debatir  y oponerse a cuestiones electorales y políticas. Esto incluiría a personajes contemporáneos como Hillary Clinton y Stacey Abrams, al igual que al  ex Presidente Andrew Jackson quién dijo que las elecciones de 1824 le habían sido robadas. ¡Qué bueno que Jack Smith no era fiscal hace 200 años!

Asimismo, Donald Trump ha sido sometido a juicio en el Distrito de Columbia, donde se encuentra ubicada la ciudad de Washington. En esta ciudad Biden obtuvo el 92 por ciento de los votos y Trump el 5 por ciento. Si le preguntas a cualquier veterano del Departamento de Justicia te dirá que un gran jurado en el Distrito de Columbia es capaz de condenarte por la tontería de comerte un sándwich.

A mayor abundamiento, Trump no puede lograr un juez o un jurado imparcial en un lugar como Nueva York o en Washington donde los demócratas controlan todas las palancas del poder político. Ahora bien, todos los esfuerzos de Trump caen dentro de la definición de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano americano en cuanto a la Primera Enmienda.

EL PLAN DE NIKKI DE HALEY

Donald Trump es un hombre septuagenario que está siendo sometido a la artillería concentrada de numerosos enemigos. Podría ser asesinado o hasta morir de causas naturales. Entonces el campo quedaría abierto para cualquier otro aspirante republicano. Principalmente para la mujer agazapada que supo esperar su turno.  

Porque—de continuar con su aspiración—Haley estaría en primera fila para ser su sucesora natural en la postulación.  Ella sería la goma de repuesto de los republicanos tradicionales y hasta de los demócratas que han financiado su campaña. Entonces no harían falta elecciones. Cualquier ganador—demócrata o republicano—haría feliz a los politiqueros de los dos partidos.

02-27-24

Etiquetas: Alfredo Cepero, Donald Trump, EE.UU., EEUU, elecciones, Estados Unidos, Nikki, Nikki Haley, Partido Republicano, persecución, primarias, trayectoria, Trump

 Nota del Bloguista de Baracutey Cubano

En agosto de 1968 las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Chescolovaquia, la información nos llegó a través de la radio extranjera, ya que las emisoras castristas nada informaron al respecto.

Los que permanecíamos en nuestra concha extravagante -criticados y maldecidos por el resto de la ciudadanía- e importándonos muy poco o nada la maldita tarea revolucionaria ya estábamos llegando a los límites de nuestros paseos ordinarios por las calles de la Rampa. Ya a la altura de septiembre haciendo trillo en el malecón, desde el Maine hasta la Puntilla el pequeño movimiento fue visible y frecuente en la nocturnidad del área. El hotel Capri y sus calles aledañas era otro punto de referencia preferido por muchos, por la calle 21 hasta la calle O (Nacional y Monseñor). En este año mi asistencia escolar y la de muchos era fatal. A estas alturas todavía me costaba dejarme crecer el pelo, ni mis padres ni la escuela me lo permitían, aunque ya varios jóvenes lucían su melena hasta el cuello. Recuerdo a mis amigos Carlos Andú y Angelito Butterfly, solo dos de los primeros peludos desobedientes de entonces. No existían desórdenes groseros ni causas que nos hicieran delicuentes, por lo regular no había problemas de alcohol y drogas, la música y un estilo de vida era suficiente para inculparnos. El régimen incrementó controles y fichajes. Los CDR hacían su parte y nosotros la nuestra, no haciéndole caso a nadie.

A este pueblo no lo puede asustar nada, ¡nada:  No lo asustaron los yankis cuando estaban amenazando con lanzar bombas atómicas sobre este país.  ¡Nadie se asustó aquí!  ¿Qué puede haber que asuste a este pueblo?  (APLAUSOS.)

De manera que el estudio será obligatorio para todo niño y todo joven.  La enseñanza militar parte de su instrucción, de todo un pueblo que tiene que aprender a usar las armas, aprenderlo bien.  Y la Revolución concentrará el esfuerzo en el desarrollo de la educación al máximo.

(Escuela en el campo abandonada en los años 2000; en resumen ni viviendas ni escuelas y la  prostitución de hombres y mujeres en unos niveles cómo NUNCA los hubo en Cuba,  pues la dictadura Castrista eliminó los valores cívicos y morales tradicionales del pueblo cubano para desarrollar los ¨valores¨de su Revolución. Fotos y comentarios del bloguista de Baracutey Cubano)

Hay ya 110 000 estudiantes en 6to grado y unos 360 000 en primer grado, y aproximadamente 1 440 000 en la primaria.  Enorme, gigantesca masa de niños y de jóvenes estudiando.  Llegan a 6to grado y en infinidad de sitios no hay una secundaria, no hay un instituto tecnológico, o donde hay una secundaria no está el preuniversitario o el instituto tecnológico.  ¿Y qué hacer?  ¿Ha de perder el país toda esa juventud?  ¿Ha de perder el país la oportunidad de que esos jóvenes estudien?  ¿Han de quedarse esos jóvenes sin oportunidad para estudiar porque el país no tenga instalaciones suficientes?  Creemos por esto, y nuestro pueblo estará de acuerdo, que 500 escuelas sirven hoy más al presente y más aun al futuro del país que 10 000 casas.  Creemos ciertamente que es así (APLAUSOS).  Si resolver el problema de las viviendas nos puede llevar algunos años más, no podemos pensar lo mismo con relación a las escuelas.  No alcanzan los recursos para hacerlo todo.  No quiere decir que se dejen de construir casas, ¡no!  Quiere decir que nosotros nos inclinamos a la idea de darles prioridad a las construcciones de escuelas e institutos tecnológicos que a las construcciones de casas, por considerar ese frente o esa necesidad más urgente, más perentoria y más decisiva para el futuro de nuestro país.

Etiquetas: castrista, censura, cuba, detención, detenidos, discurso, fidel castro, hippie.rockeros, hotel Capri, jóvenes, masiva, música, pepillos, persecución, presos, recogida, rock, testimonios

Agosto 11, 2022

DEBATE Allanamiento de casa de Donald Trump por el FBI

DEBATE Allanamiento de casa de Donald Trump por el FBI. Julio M. Shiling politólogo republicano debate con Luis Montes, estratega demócrata y Ernesto Castañeda, analista político demócrata, conducidos por la periodista Ruth del Salto en el programa "Ángulo NTN24" transmitido por NTN24 el 10 de agosto, 2022.

"El FBI se ha convertido en la POLICÍA POLÍTICA del PARTIDO DEMÓCRATA" - @JulioMShiling

"Esto no es un caso antojadizo, está basado en las'leyes' de EEUU, en las leyes Federales y por lo tanto alucir una persecución política es simplemente ser parte del fanatismo de Trump" - @LuisMontes

"Trump ha escondido, pareciera de manera 'maliciosa' documentos que no les pertenecen" - @DrErnestoCast

"El FBI si es la POLICÍA POLÍTICA, porque 'mintió' y 'cometió fraude' en solicitudes a la Corte FISA para espiar a la administración de Trump, esto no es para discutir, esto se sabe, nadie ha hido preso, absolutamente nadie, el jefe de la CIA bajo Obama mintió bajo juramento y nadie ha hido preso, entonces el gran problema es que no se está aplicando la Ley y eso es porque hay una persecusión de la oposición verdadera." - @JulioMShiling

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Tomado de https://elamerican.com/

Estados Unidos Es Parcialmente Libre: Esta Es La Razón

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1. ¿En qué consiste exactamente el régimen woke de Estados Unidos?
2. Aplicación arbitraria de la ley
3. La persecución política de la oposición
4. Limitación de la libertad de expresión
5. Presos políticos
6. Conclusión

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Por Julio M. Shiling

08.14.22

Available: English 

ESTADOS UNIDOS es un país parcialmente libre. No hay un gobierno en el poder, sino un régimen. En los Estados Unidos de hoy, uno es libre siempre que no cruce los parámetros ideológicos que la élite gobernante ha establecido. Esta descripción orwelliana no es surrealista ni una teoría de la conspiración. Está apoyada en hechos, que se basan en características seminales de regímenes no democráticos para llegar a su conclusión. Aquí están las pruebas.

¿En qué consiste exactamente el régimen woke de Estados Unidos?

El principal sueño de los bolcheviques era llevar la revolución comunista a USA. Huyendo de la Alemania nazi, el exilio de la Escuela de Fráncfort en Estados Unidos permitió a los marxistas alemanes acceder a las principales instituciones educativas y culturales americanas. El peregrinaje desde el marxismo clásico, basado en la economía, a la transición crítica y culturalmente dominante de la religión política de Marx y Engels se prolongó durante décadas. La caída del comunismo soviético lo convirtió en el único juego oficial para alcanzar el poder en las sociedades democráticas.

El trabajo de los marxistas culturales tuvo muchos teóricos americanos destacados. Entre ellos estaban Saul Alinsky y Derrick Bell. Barack Obama tuvo mentores comunistas en su línea de sangre y en sus círculos familiares íntimos. Sin embargo, Alinsky y Bell proporcionaron una importante base ideológica para la misión de Obama de “cambiar” a USA. La elección presidencial de 2008 puso a un socialista fabiano en la Casa Blanca. Fue entonces cuando comenzó el régimen woke.

En cuanto a la praxis, el socialismo fabiano y el marxismo cultural combinan perfectamente bien. Este último ofrece mayor munición intelectual. La teoría crítica de la raza (TCR), la ideología de género (IG) y la teoría crítica queer (TCQ) son los tres principales principios marxistas que la izquierda emplea en Estados Unidos para extender el control sobre la sociedad delegando su autoridad en los ámbitos legal, educativo y de aplicación de la ley federal en el país.

Obama purgó al Partido Demócrata de los no radicales y lo reestructuró. En las más altas esferas de las agencias policiales federales, como el FBI, la CIA, la NSA, la DIA, el Departamento de Justicia, el IRS, el Departamento de Estado y las principales agencias reguladoras, puso a un ejército de personas con ideas afines para que se dedicaran a deconstruir Estados Unidos.

Aplicación arbitraria de la ley

Los regímenes no democráticos aplican la ley de forma arbitraria. Este es un rasgo distintivo de las dictaduras. Aunque este ejercicio injusto de la justicia puede ser “legal” en los estados autoritarios, se produce con “órdenes de detención” aprobadas por el régimen. El proceso es espurio, juzgado desde un punto de vista democrático. El Estado de derecho, como factor inmutable en Estados Unidos, está actualmente roto. Nadie está por encima de la ley, excepto si tu apellido es Biden, Clinton, Obama, Soros, o cualquiera afiliado a una causa de izquierdas. Existe un sistema judicial de dos niveles.

La operación de la campaña del DNC-Clinton de 2016 de contratar a un espía extranjero (Christopher Steele) para fabricar un “informe” (Steele Dossier) que sería entregado al FBI y la CIA, lanzando solicitudes fraudulentas de FISA para llevar a cabo el espionaje de un candidato presidencial americano en una elección ha ido judicialmente sin control. Este intento ilegal de amañar las elecciones de 2016 fue autorizado por Obama. Tras la soberana victoria de Trump, la mentira de la colusión con Rusia fue filtrada a la prensa nada menos que por el jefe del FBI, James Comey. La intención era derrocar “legalmente” a un presidente elegido. Toda la premisa del grueso de la guerra de la izquierda para desbancar a Trump se basó en información fraudulenta que se inició con Clinton y el DNC (Comité Nacional Demócrata).

Los más de 33,000 correos electrónicos de Clinton que fueron deliberadamente destruidos mientras se investigaba, un claro intento de evadir el escrutinio e incuestionablemente ilegal, ha quedado impune. Los negocios de Hunter Biden, una trama de tráfico de influencias que ha puesto en peligro la seguridad nacional americana con acuerdos sin escrúpulos con Rusia y China, ha estado a la disposición del FBI desde 2019. El infame portátil afirma, de forma convincente, que el presidente Biden conocía los tejemanejes de su hijo. John Brennan (director de la CIA) y James Clapper (jefe del DNI), ambos al servicio de Obama, desinformaron fomentando las falsas narrativas sobre la colusión rusa y encubrieron al hijo de Biden calificando los hechos de “desinformación”. Los ejemplos pudieran continuar. El proceso judicial al que se enfrentaron estos casos fue el de la impunidad.

La persecución política de la oposición

La afirmación absurda de que existe una amenaza inminente a la seguridad nacional por parte de “supremacistas/nacionalistas blancos” es una estratagema para aplastar a la verdadera oposición al régimen de Obama/Biden. Las madres de la PTA que luchan contra el adoctrinamiento TCR, IG y TCQ de sus hijos están siendo tratadas por el FBI como terroristas domésticos. Roger Stone, Paul Manafort, Peter Navarro y Steve Bannon son solo algunas víctimas notables de la persecución política de los demócratas. El proyecto socialista, que está en juego, necesita amordazar a quienes lo desafían en su intención hegemónica.

La redada del FBI en la casa de Trump en Florida con el pretexto de asegurar los documentos presidenciales en cuestión, autorizada por un juez donante de Obama con vínculos con figuras corruptas del Partido Demócrata (Epstein), sin la supervisión de los asesores legales nombrados por Trump es similar a la forma en que estos asuntos se resuelven en Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esta fue una operación dirigida por la policía política del régimen de Obama/Biden. Hoy en día, esto podría ocurrirle a cualquiera que no esté de acuerdo con la política de la izquierda.

Limitación de la libertad de expresión

Controlar lo que la gente dice es otra característica del autoritarismo. Los oligarcas de las redes sociales, que forman parte del régimen en el poder hoy en día, hacen el trabajo sucio de ahogar la libertad de expresión. Esto es lo que Herbert Marcuse llamó “tolerancia represiva”. Etiquetas como “discurso de odio”, “espacios libres”, “inclusividad” son disfraces para suprimir el lenguaje y el pensamiento que las Big Tech consideran que contradicen la línea oficial. Los regímenes comunistas y fascistas tenían departamentos que se ocupaban de ello. En Estados Unidos, Twitter, Facebook, Google, Microsoft, YouTube y otros son una parte no elegida del Gobierno. Cualquiera que cuestione su base de control hegemónico es silenciado.

Manipulación de las elecciones

Manipular el proceso electoral es una hazaña habitual de los regímenes no democráticos. Las elecciones de 2016 fueron manipuladas por la Casa Blanca de Obama y el DNC. Las elecciones de 2020 no fueron ni libres ni justas. Irregularidades flagrantes con los votos por correo en estados clave, la distribución desigual de dinero privado (“ZuckBucks”), cambios ilegítimos en las leyes electorales por parte de actores inconstitucionales, buzones no supervisados, todo ello pone en duda la autenticidad del proceso. Los demócratas han inventado todo tipo de demandas y extrañas impugnaciones de las leyes de integridad de los votantes destinadas a combatir el fraude. El régimen de Obama/Biden entiende que unas elecciones limpias podrían obstaculizar su misión.

Presos políticos

Un sistema de presos políticos es primordial para los regímenes dictatoriales. El asalto al Capitolio del 6 de enero (J6) fue un acto criminal. Hubo allanamiento, daños a la propiedad y otros actos de violencia. Las acusaciones correspondientes estaban justificadas, en algunos casos. Sin embargo, la imposición de cargos de conspiración por sedición indica que las acciones ilegales e incorrectas en cuestión, transmiten el propósito de derrocar al gobierno. El tratamiento en las cárceles de DC de los acusados del J6 ha sido un reflejo de los de algunos regímenes no democráticos. Aquí, de nuevo, está el problema del doble rasero legal que depende de la causa que defienden.

Black Lives Matter (BLM) y Antifa sabotearon tribunales federales, comisarías de policía (con policías dentro) e iglesias durante 2020. Ni un solo subversivo fue acusado de sedición. El hecho de que BLM/Antifa llamen expresamente a la transformación de los Estados Unidos y ejerzan la violencia en ese nombre, uno pensaría que un cargo de conspiración de sedición sería apropiado para estos grupos comunistas. Totalmente, al contrario. Muchos políticos demócratas, incluyendo a Kamala Harris, buscaron ayuda económica para los manifestantes, lo que claramente tenía una intención política.

Conclusión

El régimen de Obama/Biden debe ser detenido. Seguirán presionando para conseguir mayores espacios de gobierno autoritario. Los republicanos deben actuar agresivamente después de las elecciones intermedias. Hay que hacer retroceder el rumbo del fabianismo/marxismo y revisar sus instituciones. El Estado profundo, auxiliar del actual régimen de Washington, debe ser desmantelado. Las Big Tech  deben ser reguladas como transportistas comunes. Estados Unidos, una vez más, merece estar en la categoría de libre, no parcialmente libre.

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The Epoch Times en español

Abogada de Trump habla sobre redada del FBI en Mar-a-Lago

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Tomado de https://www.washingtonpost.com/

Mar-a-Lago search appears focused on whether Trump, aides withheld items

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A lawyer for Donald Trump said agents seized about a dozen boxes on Monday, months after 15 boxes of items were returned

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By Devlin Barrett, Josh Dawsey, Rosalind S. Helderman, Jacqueline Alemany and Spencer S. Hsu 

Updated August 9, 2022 at 7:03 p.m.

In the months before the FBI’s dramatic move to execute a search warrant at former president Donald Trump’s Florida home and open his safe to look for items, federal authorities grew increasingly concerned that Trump or his lawyers and aides had not, in fact, returned all the documents and other material that were government property, according to people familiar with the discussions.

Officials became suspicious that when Trump gave 15 boxes of items to the National Archives about seven months ago, either the former president or people close to him held on to key records — despite a Justice Department investigation into the handling of classified and other material that had been sent to the former president’s private club and residence in the waning days of his administration.

Over months of discussions about whether documents were still missing, some officials also came to suspect Trump’s representatives were not truthful at times, according to people familiar with the matter who spoke on the condition of anonymity to discuss an ongoing investigation.

On Tuesday, a lawyer for Trump said the agents who brought the court-approved warrant to Mar-a-Lago a day earlier took about 12 more boxes after conducting their search.

People familiar with the investigation said that Justice Department and FBI officials traveled to Mar-a-Lago this spring, a meeting first reported by CNN. The officials spoke to Trump’s representatives, inspected the storage space where documents were held, and expressed concern that the former president or people close to him still had items that should be in government custody, these people said.

By that point, officials at the National Archives had been aggressively contacting people in Trump’s orbit to demand the return of documents they believed were covered by the Presidential Records Act, said two people familiar with those inquiries. Like the others, they spoke on the condition of anonymity to discuss details of the investigation.

Christina Bobb, a lawyer for Trump, said his lawyers engaged in discussions with the Justice Department this spring over materials held at Mar-a-Lago. At that time, the former president’s legal team searched through two to three dozen boxes in a storage area, hunting for documents that could be considered presidential records, and turned over several items that might meet the definition, she said.

In June, Bobb said, she and Trump lawyer Evan Corcoran met with Jay Bratt, the chief of the counterintelligence and export control section at the Justice Department, along with several investigators. Trump stopped by the meeting as it began, to greet the investigators, but was not interviewed. The lawyers showed the federal officials the boxes, and Bratt and the others spent some time looking through the material.

Bobb said the Justice Department officials commented that they did not believe the storage unit was properly secured, so Trump officials added a lock to the facility. When FBI agents searched the property Monday, Bobb added, they broke through the lock that had been added to the door.

The FBI removed about a dozen boxes that had been stored in the basement storage area, she said.

Bobb did not share the search warrant left by agents, but said that it indicated agents were investigating possible violations of laws dealing with the handling of classified material and the Presidential Records Act.

Trump aides also declined to share the search warrant with The Washington Post.

Trump announced Monday that the FBI had raided Mar-a-Lago and searched his safe, decrying the move as the latest unfair action against him by the Justice Department and FBI. Spokespeople at both agencies declined to comment.

Asked for comment Tuesday about whether the former president or his advisers had withheld documents or been untruthful, Trump spokesman Taylor Budowich called the FBI’s action “not only unprecedented, but completely unnecessary.”

“President Trump and his representatives have gone to painstaking lengths in communicating and cooperating with the appropriate agencies,” Budowich said in an emailed statement. “In the Democrats’ desperate attempt to retain power, they have unified and grown the entire conservative movement.”

One adviser who spoke to Trump after the search said the former president sounded buoyed by the development, bragging about how many Republicans were supporting him publicly, and said Trump thought the search would help him politically in the end. The adviser spoke on the condition of anonymity to talk about a private conversation.

Another adviser, former spokesman Jason Miller, said, “It furthers his inclination to run and galvanizes the Republican base on his behalf.”

Some of Trump’s advisers have urged him to move up his expected announcement that he will run for president in 2024 and make it soon at Mar-a-Lago, with the FBI search as a backdrop. But Trump has made no commitment to doing so, said one person with direct knowledge of the conversations, speaking on the condition of anonymity to discuss private exchanges.

Two people familiar with the initial recovery of the materials at Mar-a-Lago, who also spoke on the condition of anonymity because of the ongoing probe, said that Archives officials believed that more records were missing and were skeptical that Trump had handed everything over. As the investigation gained steam, some Trump advisers have sought to stay away from the issue, fearing it would become a messy legal and political situation, according to people familiar with the discussions who spoke on the condition of anonymity to reveal private conversations.

After Monday’s search, lawyers close to Trump sought advice or recommendations of criminal defense lawyers who could represent Trump, said a person familiar with the lawyers. According to this person, the lawyers said the warrant was related to allegations that classified information was retained by Trump.

Trump already has a number of lawyers working for him, but it is not uncommon for individuals facing investigative activity to seek local attorneys to navigate a particular court district.

Dozens of die-hard Trump supporters came to Palm Beach on Tuesday to express their support. Adriane Shochet, 64, of Lake Worth, Fla., bought a $14 broomstick, which she attached to an American flag and waved as she stood on the causeway that overlooks part of Mar-a-Lago.

“I just needed to come out and show the whole free world that this is frightening, and if they can do this, what’s next?” Shochet said. “This is the polar opposite of whatever effect politically they thought they were going to get because all it’s doing is empowering the right politically.”

Passing motorists honked in support. One man stood on the bridge, which crosses the Intracoastal Waterway, holding the American flag upside down — widely recognized as a symbol of his belief that the country is in distress.

Pat Stewart, 85, found the “Trump 2020” flag that used to fly at her house in Jupiter, Fla., which she had expected to keep tucked away until the next presidential election. For several hours, she stood in the sun alongside a friend who was visiting from Michigan, who is also 85, waving at passing motorists.

“I was very angry, very angry, and very upset, that our government would do this to an ex-president,” Stewart said. Even though aides said Trump was in New York and at his golf club and residence in Bedminster, N.J., this week, Stewart held out hope that he was at Mar-a-Lago.

“We want him to come out and announce he’s running for president,” she said.

One person familiar with the investigation said agents were conducting a court-authorized search as part of a long-running examination into why documents — some of them top-secret — were taken to the former president’s private club and residence instead of shipped to the National Archives and Records Administration when Trump left office. The Presidential Records Act requires the preservation of memos, letters, notes, emails, faxes and other written communications related to a president’s official duties.

In January, the National Archives retrieved 15 boxes of documents and other items from Mar-a-Lago. David S. Ferriero, then the archivist of the United States, said in a statement in February that Trump representatives were “continuing to search” for additional records.

Trump resisted handing over some of the boxes for months, some people close to the president said, and believed that many of the items were his personally and did not belong to the government. He eventually agreed to hand over some of the documents, “giving them what he believed they were entitled to,” in the words of one adviser.

Tim Craig in Palm Beach, Fla., contributed to this report.

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