BARACUTEY CUBANO

Régimen anuncia juicio oral contra Alejandro Gil y lo restringe por «razones de seguridad nacional»

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El Tribunal Supremo Popular (TSP) fijó la fecha del inicio del juicio oral contra el ex viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández.

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(Fotos añadidas por el Bloguista de Baracutey Cubano)

CUBANET

Novirmbre 10, 2025

MIAMI, Estados Unidos. – La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP) señaló para este martes, 11 de noviembre, a las 9:30 a.m., el inicio del juicio oral contra el ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, según indicó la propia entidad en una nota difundida por los medios oficiales cubanos.

El breve comunicado precisa que, “conforme a lo establecido en los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de seguridad nacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el Tribunal”.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya había presentado la acción penal y el expediente al Tribunal a finales de octubre. “Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”, indicó la FGR.

El TSP aseguró, además, que “en cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa”. Sin embargo, al haberse invocado “razones de seguridad nacional”, el juicio no será público para la ciudadanía ni para la prensa salvo autorización expresa del Tribunal.

Lo que no se verá

La publicidad del juicio es la regla en la legislación cubana, y las excepciones deben justificarse. El propio artículo 477.1 de la Ley del Proceso Penal establece: “El juicio oral es público a menos que razones de seguridad nacional, moralidad, orden público o el respeto debido a la víctima o al perjudicado, o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”.

El hermetismo contrasta con los reclamos de la familia del exministro. La semana pasada, su hija, Laura María Gil González, pidió un proceso abierto: “Me sumo al llamado popular de que el juicio sea público, televisado, con libre acceso a la prensa internacional e independiente”. A la vez, afirmó que su padre no admitirá culpabilidad: “No reconocerá ‘bajo ninguna circunstancia’ ningún delito; defenderá cada una de sus actuaciones, y con pruebas”.

Otra voz familiar, la de María Victoria Gil Fernández —hermana del acusado—, ha denunciado la opacidad y su potencial dimensión política. “Mi hermano sabe muchas cosas que no les conviene a mucha gente que se sepa… ¿Alguien puede creer que Alejandro Gil actuó solo?”, dijo a Telemundo 51.

En la práctica, el carácter restringido del juicio implica que ni la prensa independiente ni observadores externos podrán presenciar las sesiones.

De la acusación fiscal contra Gil divulgada el 31 de octubre se desprende un abanico de delitos graves, incluido el de espionaje. La propia FGR habla de “otros imputados” y no desagrega qué cargos corresponderían específicamente a cada uno, lo que deja sin aclarar aspectos esenciales de la imputación individual. El texto oficial se limita a enumerar los delitos por los que “se solicitó responsabilidad” y a informar que las actuaciones fueron presentadas al Tribunal.

Gil fue destituido de su cargo en febrero de 2024 por “graves errores cometidos” durante su gestión, según la versión oficial reproducida por la prensa estatal.

Otro elemento crítico de su proceso es la falta de información sobre los coacusados, las pruebas concretas y la cadena custodial de documentos supuestamente “clasificados”, todo ello imposible de contrastar ante un proceso que, de entrada, se desarrollará sin acceso ciudadano ni de prensa. 

La nota del TSP no menciona presencia de observadores independientes ni admite transmisión audiovisual; por el contrario, restringe el acceso a “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”.

El discurso oficial insiste en que se ha garantizado el “debido proceso”; a su vez, el TSP repite que defensa y acusado accedieron al expediente. Son afirmaciones relevantes, pero imposibles de verificar públicamente si el debate oral se celebra a puerta cerrada.

Frente a ello, la familia del exministro sostiene dos puntos: que el juicio debe ser público y que el acusado no admitirá delitos

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elTOQUE

10 Noviembre, 2025

Juicio de Alejandro Gil Fernández ¿qué hay detrás?Juicio de Alejandro Gil Fernández ¿qué hay detrás?

AmericaTeVe Miami

10 Noviembre, 2025

CUBA ANUNCIA FECHA DE JUICIO contra exministro Alejandro Gil por espionaje: será a puerta cerrada

Etiquetas: agente, Alejandro Gil, CIA, cuba, delitos, espionaje, fraude, juicio, restringido, seguridad del estado, seguridad nacional, traición, tribunal, Tribunal Supremo, TSP

 Cubanos por el Mundo

Junio 3, 2022

Así funciona el sistema judicial en Cuba: todo es amañado y arreglado con la dictadura castrista

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Tomado de https://diariodecuba.com

EXCLUSIVA DDC: Así se pacta la Justicia en Cuba

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DIARIO DE CUBA ofrece pruebas de la parcialidad de la Justicia en la Isla, sometida al Partido Comunista y el Ministerio del Interior. El material que presentamos es inédito. Se trata de una reunión realizada en noviembre de 2018, encabezada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, con la participación de fiscales, instructores penales y miembros de Criminalística.

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DDC TV

Madrid

25 Mayo 2022 

La Justicia en Cuba, en manos del PCC y del MININT

Reunión encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Cuba.

Etiquetas: castrismo, castrista, cuba, dependencia, dictadura, Justicia, minint, PCC, Remigio, subordinación, subordinada, tiranía, Tribunal Supremo

CUANDO LA LENGUA ESTÁ MAS AFILADA QUE LA ESPADA

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Ha llegado la hora de poner la política del aborto en manos de los estados, que es donde realmente debe de estar.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de www.lanuevanacion.com

Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

5-10-22

Diógenes, el filósofo griego, no se equivocó al afirmar que la lengua del chismoso es la más dañina de los animales salvajes porque sus acciones son semillas y detonantes de violencia. El chisme "es tan malo como asesinar, porque en lugar de matar el cuerpo, mata la dignidad, el respeto, la credibilidad" de una persona, afirma una reflexión en la web cristiana 'Viajesus'. Quizá el mito judeocristiano de la Torre de Babel sea el más conocido o al menos el que más cerca nos queda, pero no es ni de lejos el único. En los últimos 50 años, el fallo del Tribunal Supremo en el caso de Roe vs Wade ha convertido a los Estados Unidos en una moderna Torre de Babel en que los bandos opuestos se hablan sin entenderse.

Lejos de crear un consenso nacional, Roe lanzó a los estados de la Unión Americana en una contenciosa guerra legal que se ha prolongado por medio siglo. Dicho sin rodeos para no confundirnos y desde el punto de vista de una política nacional, la jurisprudencia del aborto ha sido un absoluto desastre. La testarudez de la izquierda en aferrarse a un precedente inconstitucional jamás les producirá resultados satisfactorios. Ha llegado la hora de poner la política del aborto en manos de los estados, que es donde realmente debe de estar.

Voy a repetirlo para que todos lo entendamos. La anulación de Roe vs Wade no quiere decir que el aborto sea ilegal en todos los estados. Aunque esa sea la meta de la  comunidad defensora de la vida. La anulación de Roe quiere decir simplemente que los votantes en cada estado podrán expresar su opinión sobre la forma en que el aborto puede ser regulado, ya sea en  formas extremas o en formas más moderadas. El fallo del supremo en 1973 privó a los ciudadanos de ese derecho con el falso argumento de que el aborto en sí mismo era un derecho fundamental protegido con la 14th Enmienda de la Constitución.

Roe interpretó el derecho constitucional de una mujer al aborto basado en la presunción de que la Enmienda Décimo-Cuarta proporciona un derecho inherente a  la privacidad y la Enmienda Novena garantiza las libertades civiles que no estén especificadas en la Declaración de Derechos (Bill of Rights). Todavía más problemático fue el intento de Roe de balancear el derecho constitucional de una mujer al aborto con el interés del estado de proteger la vida de un niño en el vientre materno.

Por otra parte, según apuntó el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, la filtración del borrador de una mayoría de los magistrados de ese tribunal anulando el fallo de Roe vs Wade podría traer consecuencias perjudiciales y perdurables. Dicha filtración podría muy bien conducir a la violencia y a la intimidación contra los seis magistrados del Supremo que votaron a favor de anular el ominoso fallo de 1973. De hecho la chusma de la izquierda—que es la “tropa de choque’ del Partido Demócrata—ya ha dado muestras de violencia ante los hogares de varios magistrados. Y no sólo para protestar contra el fallo del aborto sino con la peregrina esperanza de que el tema los beneficie  en unas elecciones parciales que ya saben perdidas.

Coincidiendo con John Roberts, el profesor emérito de Harvard, Alan Dershowitz, declaró a Newsmax que: “La filtración fue deliberada, quizás por un secretario que se opone con vehemencia a la anulación de Roe con la intención de que el público se entere y ponga presión sobre el Tribunal Supremo”.

Esa es quizás la razón por la cual los fanáticos de la izquierda la han emprendido ahora contra el redactor del borrador, el magistrado Samuel Alito. Lo han descrito como un hombre que odia a las mujeres y odia los derechos. Un sadista cuyo mayor placer es extinguir las libertades y la felicidad humanas, ambas, según ellos, contenidas en el aborto.

A eso reducen estos orates la opinión—supuestamente controversial—de Samuel Alito. Una opinión donde Alito jamás condena el aborto, solamente lo menciona. En el párrafo que sigue está contenida la síntesis del borrador de Alito. En el mismo dice: “La constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado que regulen o prohíban el aborto. Los fallos sobre Roe y de  Casey los privaron de esa autoridad. Ahora nosotros declaramos sin lugar esas decisiones y restauramos la autoridad a los ciudadanos y a sus representantes electos”.

Al mismo tiempo, como era de esperar de un militante del Partido Demócrata, Joe Biden siempre ha sido partidario del aborto legal. Pero, nueve años después del fallo de Roe por el Tribunal Supremo, Biden admitió que ese fallo era indefendible desde el punto de vista legal. “Las mujeres en estado de gestación—explicó Biden en 1982 siendo miembro del Comité Judicial del Senado—“no deben de tener el derecho único” de decidir lo que debe de ocurrir a sus hijos no-natos, porque, después de todo, nadie crea hijos por sí mismo. Es obvio que son necesarias dos personas.”

En una nota positiva, durante más de dos siglos los Estados Unidos han contado con un sistema que soluciona pacíficamente muchas de las cuestiones más complejas. No solamente el aborto sino muchas otras. Y esa es la razón por la cual siempre ha sido un país estable. Estoy convencido de que todo se debe a su sistema democrático.

Todos los ciudadanos en América aprecian la democracia. Ambos partidos—tanto demócratas como republicanos—son defensores de la democracia. Por lo menos, todos lo dicen porque la alternativa a la democracia es mala. Que yo sepa, nadie defiende a la tiranía, por lo menos en público. Por eso es reconfortante ver que la preservación de la democracia es la idea prevaleciente en los Estados Unidos. Es quizás la única idea que prevalece en la opinión de Samuel Alito sobre la derogación de Roe vs Wade.

Por otra parte, es lamentable que la confianza pública en el Tribunal Supremo haya disminuido en los últimos años. Según un informe emitido en febrero de este año por el Pew Research Center, solamente el 54 por ciento de los ciudadanos adultos tiene una opinión favorable del Tribunal Supremo. Esto representa una baja de 5 puntos con respecto al 69 por ciento del año 2019. Y no es exagerado decir que esta situación podría empeorar según soplen los vientos de éste período de recriminación, división y violencia. Con filtraciones como ésta de Roe son muchas las gentes que podrían sufrir daños. Uno odia pensar que esto pueda pasar y odia aún más pensar que hay gente que pueda querer que pase. Pero hay gente que si lo quiere y que lo está demostrando con sus actos de intimidación y violencia. Por lo tanto, tenemos la opción de ser víctimas o victimarios. Por mi parte, yo no tengo vocación de víctima.

5-10-22

Etiquetas: Corte Suprema, EE.UU., EEUU, Estados, manipulación, política, Roe vs Wade, Tribunal Supremo

LOS HERODES DEL PARTIDO DEMÓCRATA

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 Es una verdad incontrovertible que cuando un pueblo mata a sus niños se queda sin futuro y comienza una pendiente hacia un abismo que lo lleva irremisiblemente a su desaparición.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de www.lanuevanacion.com

Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

2-1-22

El Covid 19 no es la única condición médica que los demócratas han politizado en los Estados Unidos. El aborto se lleva el premio. Ahora bien, ambos partidos han hecho del aborto el centro de sus programas políticos. Los demócratas lo promueven mientras los republicanos lo condenan. Todo esto ha hecho que los demócratas se hayan convertido en el “Partido de la Muerte” mientras los republicanos sean considerados como el “Partido de la Vida”.  A tal punto, que en uno de sus recientes discursos Donald Trump haya dicho: “Estamos hartos de que nos hable de ciencia  un partido que dice que los hombres son mujeres, que las mujeres son hombres y que se puede matar a los bebés hasta después de haber nacido”.

Para encontrar un hecho similar a este asesinato masivo de niños tenemos que remontarnos a la “Matanza de los Inocentes” perpetrada por Herodes el Grande y narrada por Mateo en Mt 2, 16-18 como parte del Nuevo Testamento. En el relato evangélico, Herodes I el Grande es «el arquetipo de todos los sanguinarios» que no dudan en sacrificar a inocentes indefensos con tal de mantenerse en el poder. De allí proviene el sobrenombre por antonomasia de «inocentes». Desde entonces, Herodes ha sido considerado como el representante del diablo en la Tierra como lo son hoy los miembros de un Partido Demócrata que promueven sin ningún pudor el aborto al por mayor.

Para entender mejor este espinoso tema hagamos un poco de historia. Antes de 1840 el aborto al por mayor campeaba por su respeto en los Estados Unido sin el menor estigma para las mujeres que se sometían a tal procedimiento. En ese tiempo, el sistema legal americano utilizó la llamada “Doctrina Quickening” del Derecho Común inglés para decidir la legalidad del aborto. El Quickening se producía cuando una mujer en estado de gestación sentía moverse el feto en su seno materno, típicamente entre el cuarto y el sexto mes del embarazo. Cualquier aborto realizado con posterioridad al Quickening era considerado un delito, pero sólo de menor cuantía.

Para 1900, todos los estados de la Unión Americana habían adoptado leyes que prohibían el aborto en cualquier etapa de la gestación. En 1959, un grupo de profesionales del “American Law Institute”, redactó una ley modelo proponiendo la flexibilización del aborto con excepción de los casos de violación, deformidad del feto o el estado mental o físico de la mujer. Pero el cambio drástico se produjo en 1973 con el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos conocido como Roe v. Wade, legalizando el aborto en los 50 estados de la Unión Americana. Al amparo de este fallo, desde 1973 a la fecha se han realizado 62 millones de abortos en los Estados Unidos. El equivalente a los 62 millones de habitantes combinados de los estados de California y Texas, los dos más populosos de este país.

El fallo de Roe v. Wade eliminó toda protección legal a los seres humanos antes de su nacimiento. Su legado de muerte, dolor y destrucción ha producido millones de muerte antes del nacimiento y aún después del parto. Una astronómica cantidad de mujeres tan traumatizadas por el aborto que han pasado años para encontrar la paz y la sanación. Hombres martirizados por la frustración de no poder proteger a un niño engendrado por ellos. Y una sociedad crecientemente maldita por la tolerancia y la aceptación de actos que destruyen la vida humana. Hasta la difunta magistrada izquierdista del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, expresó su inconformidad sobre el fallo de Roe v. Wade cuando afirmó: “Esta drástica intervención judicial fue muy difícil de justificar y parece haber provocado este conflicto en vez de resolverlo.”

Pero la desesperada carrera de los demócratas hacia la reducción de la libertad individual y el establecimiento de un gobierno todopoderoso ha pasado del Capitolio y la Casa Blanca al mismo Tribunal Supremo, una institución designada por los constituyentes para dirimir los conflictos entre los poderes legislativo y ejecutivo. Una señal ominosa es la decisión del Presidente Biden de sustituir al renunciante magistrado Stephen G. Breyer—que dicho sea de paso fue obligado a renunciar—con una mujer de la raza negra. ¿Desde cuándo el sexo y la raza son elementos determinantes en la capacidad de una persona para ejercer un cargo tan determinante en la vida de una nación? ¿Qué ha pasado con el conocimiento de la ley, los antecedentes profesionales y el temperamento para decidir el cargo conforme a derecho y no por caprichos ideológicos personales del magistrado en cuestión?

Dicho sea de paso, esos tres requisitos fueron violados en ocasiones por distintos presidente de los Estados Unidos a la hora de designar magistrados al Tribunal Supremo. El resultado ha sido tan negativo que nos permite predecir con bastante certeza la forma en que votaran los actuales magistrados del Supremo con respecto a la persona que sea designada por el Presidente Biden.

Para entender este rompecabezas vamos a calificarlos según sus tendencias ideológicas. En la derecha firme están Clarence Thomas, Samuel A. Alito y Neil M. Gorsuch. En la izquierda intransigente están Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen G. Breyer. Los dos impredecibles son Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Y, como siempre, en la cerca el Presidente del tribunal, John Roberts, designado por George W. Bush.

Si Robert quisiera nombrar a la persona designada por Biden tendría que convencer a Brett Kavanaugh o a  Amy Coney Barrett para que votaran con él y con los tres izquierdistas. Pero, en este momento, nadie puede predecir el desenlace porque todavía falta una batalla en el Senado que, como diría mi amigo Francisco Cortina, será para “alquilar balcones.”

A mayor abundamiento, en el centro del sistema legal americano, encontramos la promesa de que todos los seres humanos deben de ser protegidos de cualquier tipo de violencia que les cause un daño irreparable. Dicha promesa es hecha en distintas formas por la Constitución, la Declaración de Independencia, al igual que en el Derecho Común Inglés, los Diez Mandamientos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, la existencia del derecho básico y deber fundamental de NO MATAR está sentado sobre cimientos sólidos.

No hay forma alguna de negar que el aborto es un asesinato. En una etapa primitiva de la ciencia era posible creer que el embrión o el feto eran algo inerte o vegetativo hasta el momento en que sus movimientos eran sentidos por la embarazada. Pero hoy sabemos que el embrión no es solamente una celda con potencial de vida, como una esperma  o un óvulo, o una parte cualquiera del tejido humano.

Por el contrario, es un organismo con vida independiente que comienza su existencia en el momento de la concepción, y en todas las etapas de la biología humana, desde la infancia y la niñez hasta la madurez y más allá de ella. En conclusión, es parte de un proceso continuo que comenzó desde el momento en que un espermatozoide cohabitó con un óvulo. Todo esto quiere decir que los promotores de la llamada “libertad de opción” tienen la obligación de explicarnos por qué el aborto no es un asesinato.

La otra cara de la moneda la encontramos en las sabias y estimulantes palabras contenidas en Juan 16.21 donde leemos: “Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora; pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo”.  Al mismo tiempo, es una verdad incontrovertible que cuando un pueblo mata a sus niños se queda sin futuro y comienza una pendiente hacia un abismo que lo lleva irremisiblemente a su desaparición.

2-1-22

Etiquetas: aborto, abortos, Alfredo Cepero, Biden, Breyer, Corte Suprema, EE.UU., EEUU, Estados Unidos, Herodes, jueces, partido Demócrata, Stephen G. Breyer, Tribunal Supremo

 Tomado de https://diariodecuba.com/

Las nuevas leyes, estrategia de la debacle

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El Tribunal Supremo Popular ha presentado cuatro anteproyectos para mejorar la imagen de las leyes en Cuba.

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Por Dimas Castellanos

La Habana

01 julio 2021

Para mejorar la imagen de las leyes cubanas —desfasadas respecto al ordenamiento jurídico internacional— el Tribunal Supremo Popular (TSP) presentó cuatro anteproyectos a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación: Ley de los Tribunales de Justicia, Código de Procesos, Ley del Proceso Administrativo y Ley del Proceso Penal. Según el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, se trata de "la propuesta más novedosa y la que de manera más intensa impacta en los derechos y garantías de la ciudadanía frente a la Administración".

En las siguientes líneas expongo tres factores que ponen en duda la afirmación del presidente del TSP: 1- la subordinación del poder judicial, 2- los pactos internacionales y 3- el por qué de los anteproyectos de leyes

La subordinación del poder judicial

El constitucionalismo, fundamento de la gobernabilidad, emergió en la historia como necesidad de establecer límites al poder. En Cuba, aunque debutó a principios del siglo XIX, tomó cuerpo en la Constitución de la República en Armas (Guáimaro (1869), la que adoptó el tipo de gobierno republicano, depositó la soberanía en el pueblo, refrendó la división de los poderes y prohibió atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición o cualquier otro derecho inalienable del pueblo. De esa raíz se nutrieron las constituciones mambisas de Jimagüayú (1895) y de la Yaya (1897).

La Carta Magna de 1901 incorporó la la esencia y el espíritu del hábeas corpus (institución jurídica que obliga a que el detenido sea presentado en un plazo determinado ante el Juzgado, quien podría ordenar su libertad inmediata), la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación y la libertad de movimiento. Por su parte,  la Constitución de 1940 refrendó la división de los poderes públicos, declaró punible todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación e incorporó nuevos instrumentos que hicieron de ella un modelo de legislación democrática para su época en todo el continente.

En 1959, al sustituirse la Constitución de 1940 por unos estatutos provisionales que rigieron durante 17 años (la Ley Fundamental) el constitucionalismo sufrió un retroceso que se refrendó en la Constitución de 1976: la división de poderes, la igualdad ante la ley, la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación, entre otros derechos libertades quedaron subordinados al Partido Comunista (PCC), declarado fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado. A partir de ese momento el Poder Judicial, ejercido por el Tribunal Supremo, hasta hoy nunca ha gozado de independencia.

Los pactos internacionales

Si como dijo el presidente del TSP, "se trata de una propuesta que impacta en los derechos y garantías de la ciudadanía", ¿por qué los pactos —firmados por Cuba en 2008— de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que tendrían un impacto mayor en la ciudadanía, no se ratifican?

Como los pactos citados "se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables inherente a todos los seres humanos", los Estados firmantes "se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos" en los mismos; por lo tanto, una vez ratificados son de obligatorio cumplimiento, lo que obliga a poner la legislación nacional en correspondencia con los mismos.

Las razones de la no ratificación parecen relacionadas con que en 2008 Cuba, además de ocupar la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, fue electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos (CDH). No firmarlos constituía una flagrante contradicción con el ejercicio de tales responsabilidades. Es decir, la firma fue resultado de una coyuntura, no de una voluntad política para el mejoramiento de los derechos humanos.

Por qué los anteproyectos de leyes

En tres oportunidades (2009, 2013 y 2018), el Gobierno de Cuba fue objeto del Examen Periódico Universal (EPU), que realiza el CDH a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En las tres, junto al reconocimiento de determinados avances, el CDH hizo cientos de requerimientos y recomendaciones e instó a las autoridades de la Isla a suspender las detenciones cortas, el acoso y otras medidas represivas contra los activistas y periodistas independientes; a reducir el control gubernamental sobre internet; a permitir a los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja que visiten las cárceles cubana sin restricciones; y a ratificar los Pactos Internacionales firmados por Cuba en 2008.

El Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 7 al 10 de junio de 2021 emitió una resolución sobre los derechos humanos en Cuba, en la que condenó la existencia de presos políticos, la persecución política, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes; los ataques contra artistas del Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política; instó a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los presos políticos y a los detenidos de manera arbitraria por ejercer la libertad de expresión y reunión; pidió la derogación de las leyes que violan la libertad de expresión como los decretos 249 y 370; advirtió que se habían registrado 199 casos de prisioneros políticos, además de 65 nuevos casos de encarcelamiento político en los últimos 12 meses.

La Unión Europea en su "Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo", del día 28 del mismo mes de junio, reconoce que en Cuba "la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones en 2020, con informes sobre numerosas detenciones y encarcelamientos arbitrarios". La libertad de circulación "sufrió nuevas restricciones debido a la pandemia Covid-19, ya que las estrictas medidas para contener la propagación del virus se utilizaron contra los activistas". La libertad de prensa se situó entre los diez países menos libres. El desacato y la propagación de las epidemias se utilizaron para restringir la información ciudadana en las redes sociales, mientras varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del Decreto 370. El documento se refirió a las restricciones a los viajes nacionales y al extranjero y de medidas que impiden salir de sus casas, lo que equivale a un arresto domiciliario. Finaliza diciendo que el Gobierno "no suele apoyar las recomendaciones procedentes de los estados miembros de la UE".

Esos requerimientos y recomendaciones, antes ignorados, ante la agudización de la crisis obligaron al Gobierno cubano a cambiar la imagen exterior sin alterar su naturaleza totalitaria, lo que explica, que al tiempo que se presentaron los proyectos de leyes, las detenciones y acusaciones arbitrarias, los abusos y acosos contra los que hacen uso de la libertad de expresión se mantienen contra los miembros del Movimiento San Isidro, del 27-N y de otros opositores, periodistas y activistas.

La solución a la profunda crisis en que Cuba está sumida —la peor de su historia— reclama poner las normas jurídicas en correspondencia con las del resto del mundo y con su propia historia. La estrategia del maquillaje es el camino al holocausto.

Etiquetas: cuba, habeas corpus, Justicia, leyes, Poder Judicial, subordinación del poder judicial, Tribunal Supremo

Jan 10, 2021

El profesor Alfio D'urso testifica bajo juramento en el Tribunal Supremo de Italia. Extracto: "Bajo la distracción y la dirección de personas estadounidenses que trabajaban desde la embajada de Estados Unidos en Roma, emprendieron la operación para cambiar los datos de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre de 2020 de un margen significativo de victoria para el presidente Trump, a Joe Biden en una serie de estados donde Joe Biden estaba perdiendo los totales de votos. El acusado Arturo D'elia afirma que estaba trabajando en las instalaciones de Leonoardo Spa en Pescara, Italia, y utilizó capacidades de cifrado de guerra cibernética de grado militar para transmitir y cambiar votos vía satélite militar a Frankfurt Alemania ".

 Alfio D´Úrso Testimonio del Público Tribunal Supremo italiano

Professor Alfio D'urso Testimony Legal Counsel Supreme Court of Italy, votes were switched to Biden

Professor Alfio D'urso testifying under oath in the Supreme Court of Italy. Excerpt: " Under distraction and direction of U.S. persons working from the U.S. embassy in Rome, undertook the operation to switch data from the U.S. Election of November 3rd, 2020 from a significant margin of victory for President Trump, to Joe Biden in a number of states where Joe Biden was losing the vote totals.  Defendant Arturo D'elia states he was working in Pescara, Italy facility of Leonoardo Spa and utilized military grade cyber warfare encryption capabilities to transmit and switch votes via military satellite to Frankfurt Germany."

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Etiquetas: Alemania, Alfio D'urso, Biden, EE.UU., EEUU, elecciones, election, Frankfurt, fraud, fraude, Italia, Leonardo, Leonoardo Spa, megafraude, military satellite, Satélite, Tribunal Supremo, Trump, USA 2020

Etiquetas: AN, Asamblea Nacional, juramentación, Maduro, Nicolás Maduro, Tribunal Supremo, TSJ, Venezuela