sábado, septiembre 02, 2023

De Cuba, Rehenes del gobierno: Los regulados cubanos. La Seguridad del Estado permite a algunos activistas salir de Cuba solo en viajes sin retorno.'Regulados': la realidad negada por el régimen de Cuba ante la ONU

 Tomado de https://diariodecuba.com/

'Regulados': la realidad negada por el régimen de Cuba ante la ONU

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La Seguridad del Estado permite a algunos activistas salir de Cuba solo en viajes sin retorno.

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Por Yusimí Rodríguez López

Madrid

01 septiembre 2023 

"Usted está regulado en cuanto a la movilidad fuera del país". Esa es la respuesta que recibe Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), cada vez que indaga sobre su estatus migratorio en las oficina de Inmigración y Extranjería de Plaza de la Revolución, La Habana.

Así lo cuenta a DIARIO DE CUBA cuando el régimen cubano está a punto de someterse al Examen Periódico (EPU) Universal ante las Naciones Unidas, cinco años después de haber negado que impida a los disidentes viajar fuera de la Isla.

En 2018, La Habana se sometió por tercera vez al EPU y recibió varias recomendaciones de los países miembros, entre ellas la de ratificar los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en la ONU en 2008.

Los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, llamaron a La Habana a respetar las libertades de expresión y asociación, dejar de acosar a los periodistas independientes y a los defensores de derechos humanos. Asimismo, criticaron que el Gobierno haya impedido a activistas de la Isla viajar a Ginebra para asistir al EPU.

En aquel momento, Rodolfo Reyes, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, negó que el régimen impide viajar a disidentes, activistas de derechos y periodistas independientes.

Entre los que no pudieron viajar estuvo justamente el activista Madrazo Luna. Cinco años después, sigue sin poder salir de Cuba, salvo que acepte no volver al país.

"Cuando pregunto por qué estoy regulado, cínicamente me preguntan si soy médico, funcionario o si tengo alguna deuda (…)", explica Madrazo Luna. "Yo cínicamente les respondo que no puedo salir porque soy profesional de la contrarrevolución. Ellos me dicen que no son los que ponen la medida, sino el MININT (Ministerio del Interior). El MININT nunca da respuesta".

"Ahora, cada vez que los oficiales del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad (del Estado) nos detienen o montan un operativo para desarticular las actividades, nos recuerdan que no vamos a salir de Cuba".

"En el interrogatorio me dicen 'Madrazo, no vas a salir ni tú ni tu equipo. Lo otro es que te podemos dejar salir, pero con la condición de que te vayas definitivamente'".

En el último interrogatorio, un oficial de Enfrentamiento le dijo que no podía quejarse de racismo en Cuba porque "con la Revolución" vive en un apartamento en El Vedado y eso con el capitalismo no iba pasar. "No se puede ser malagradecido", le dijo el oficial.

El nombre de Juan Antonio Madrazo Luna es uno más en la larga lista de cubanos que el régimen mantiene en la categoría de "regulados". En esta se encuentran también Marthadela Tamayo González y su esposo, Osvaldo Navarro, ambos integrantes del CIR.

"El 5 de noviembre de 2019, cuando me dirigía a México para asistir a un evento sobre género, en el aeropuerto se me notificó que estaba regulada y que no podía salir del país porque debía una supuesta multa", cuenta Tamayo González.

"Fui ese mismo día desde el propio aeropuerto a la oficina de Inmigración de mi municipio, El Cerro, y allí me dijeron que no aparecía ninguna deuda y que en el sistema estaba 'limpia'".

Con un nuevo boleto, la activista se dirigió nuevamente al aeropuerto el 6 de noviembre. "Se me volvió a decir que no iba a salir, que estaba regulada", dice.

Entre los eventos a los que Tamayo González ha sido invitada y no ha podido acudir estuvo la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en junio de 2022.

En esa ocasión, cuando ella y su esposo fueron a hacer el checking se les acercó un agente de la Seguridad del Estado para comunicarles que estaban "regulados por interés nacional".   

A ella le tocaba prorrogar su pasaporte en septiembre del año pasado, pero en la oficina de Inmigración de su municipio le dijeron que no le estaba permitido hacer ese trámite.

Como si Tamayo González pudiera olvidar su condición, la Seguridad del Estado le envía recordatorios con otras activistas a las que reprime.

"Al detener a María Mercedes Benítez (integrante de la organización Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales), cuando intentaba participar en la conferencia de (la iniciativa contra la violencia) Shanti, el represor le recordó que estaba regulada y le dijo que me lo recordara también a mí".

Benítez también está "regulada" desde 2019. "Me he presentado a Inmigración y Extranjería, que radica en la oficina del Carnet de Identidad de mi municipio, sin obtener respuesta. Ellos alegan que no tienen idea de por qué estoy regulada. De la única manera que la Seguridad me quita la regulación es si salgo definitivamente del país, algo que no va a pasar".

También Tamayo González y su esposo —regulado desde el 12 de diciembre de 2019, cuando debía asistir a la XI edición del Festival Vista en Miami— tienen asegurada la "oportunidad" de realizar un único viaje de ida, sin retorno.

"Para eventos, capacitaciones, foros, no saldremos por tiempo indefinido", cuenta Tamayo González que le ha advertido la Seguridad del Estado.

"Este tipo de mecanismos no son para nada nuevos. Nuestra movilidad no la regula un Estado; es nuestro derecho decidir si emigrar o no. No aceptamos imposiciones", sostiene Navarro.

El evento más reciente al que ambos activistas estaban invitados era el 53 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Al estar regulados no podían asistir.

También los opositores María Elena Mir, Boris González Arenas, Manuel Cuesta Morúa figuran en la lista de regulados hace varios años.

"En noviembre va a hacer cinco años que estoy regulada", dice María Elena Mir. "Acudí en una ocasión a la Oficina de Emigración y Extranjería, un año y pico atrás, para conocer mi estatus legal para ellos. Me dicen que ellos no saben por qué no me dejan salir, porque yo no estoy en ninguna lista ni le debo nada a nadie. Es decir, que, aunque vayas a estas oficinas, no vas a tener respuesta. O te dicen 'diríjase a las oficinas de las personas que usted crea que la tienen regulada'".

"En los asaltos esos que ellos hacen a las viviendas, los agentes de la Seguridad cuando llegan a mi casa incluso me han ofrecido un documento para firmar que si yo quiero salir de Cuba debo firmar un acta donde dice que abandono definitivamente el país. Esa no es una opción para mí. Si algún día abandono mi país será por decisión propia y no está en mis planes en este momento".

El activista y periodista de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas viajó por última vez al extranjero para asistir a su padre moribundo.

"En marzo de 2019 regresé a Cuba. En junio, iba a salir a Panamá junto a Abdel Legrá y Enix Berrio y nos comunicaron a todos que estábamos regulados. O sea, tengo bloqueado mi derecho de salida. No uso la palabrita de ellos (regulados) porque eso es una arbitrariedad, eso no es una regulación legal. En 2019 presenté una demanda al jefe de Emigración para que me explicara por qué la prohibición de salida. No respondieron. Entonces fui a la Fiscalía Militar y entregué una denuncia contra el hombre por abuso de autoridad; nunca respondieron".

Hasta la última vez que González Arenas indagó en Emigración, cuatro meses atrás, tenía prohibido salir de Cuba.

Cuesta Morúa está regulado desde abril de 2019, pero no ha ido a ninguna oficina a solicitar explicaciones.

"Solo fui dos veces a prorrogar el pasaporte y me han negado la posibilidad porque, me han dicho expresamente, estoy regulado. No me han puesto condiciones. Solo me han dicho en dos ocasiones que no me dejarán salir más del país".

El abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo también tiene prohibido salir de Cuba desde 2019. En mayo pasado presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, en el que exige la total restitución de sus derechos constitucionales y la posibilidad de acceder a un tribunal independiente e imparcial.

"Con este recurso pretendo agotar todas las vías legales posibles para descaracterizar al sistema judicial y que quede demostrado, una vez más, su total desapego a las propias leyes que ellos mismos establecen", dijo entonces a DIARIO DE CUBA.

Además, tienen prohibido viajar fuera de Cuba el periodista independiente Jorge Amado Robert; los opositores Eduardo Cardet, Eliecer Porto, Juan Pilar Goberna; el influencer Yoandy Montiel Hernández (El Gato de Cuba); asimismo, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, su madre, la Dama de Blanco Asunción Carrillo, y la activista Caridad Burunate,

Más recientemente, el régimen incorporó a su lista de regulados los nombres de la profesora Alina López Hernández y del escritor Jorge Fernández Era.

Algunos activistas pueden viajar, pero la Seguridad del Estado decide cuándo y a dónde

El régimen, sin embargo, no solo recurre a la regulación, un recurso que solo da apariencia legal a la violación del derecho a la libre circulación, para impedir a los activistas denunciar en el exterior la situación de Cuba.

En junio pasado, Eroises González Suárez, integrante de la Plataforma Femenina de Cuba, estaba invitada a participar en las sesiones de la OEA. A diferencia de otros activistas cubanos invitados, ella no estaba regulada.

Ello no le garantizó asistir al evento. Camino al aeropuerto, agentes de la Seguridad del Estado la secuestraron junto a su esposo, Fernando Palacio, coordinador nacional del Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo (CELIDE).

"A ambos nos secuestraron yendo hacia el aeropuerto, una patrulla y oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil, aunque realmente quien iba a viajar era ella. Supongo que tomaron la decisión de detenerme arbitrariamente para impedir que la noticia saliera rápidamente".

"Por supuesto, sabes, las amenazas y todo lo que hay siempre, pero lo que sí dejaron claro fue que no estamos regulados. Simplemente no le iban a permitir a ella ir a participar en la Asamblea de la OEA, pero que no estaba regulada. Y otro tanto me dijeron a mí: 'Mira, Palacio, tú puedes ir a otros viajes; tú puedes salir, pero a la OEA no'".

El pasado 25 de julio —víspera de la fecha en que el régimen conmemora el fallido asalto al Cuartel Moncada, bautizado por el discurso oficial como el Día de la Rebeldía Nacional— a Palacio y a otros tres activistas de su organización se les prohibió viajar a Trinidad y Tobago a recibir un taller.

Los agentes de la Seguridad del Estado que interrogaron a Palacio también le dijeron que "vieron este viaje como una amenaza" en ese contexto de la víspera del 26 de julio.

"Hay algo interesante: la Seguridad del Estado está optando por una nueva modalidad, ninguno de los tres activistas de CELIDE que iban a este viaje estaban regulados, incluso se encargaron de decirnos durante la detención y las amenazas que no estábamos regulados, pero que habíamos escogido mal el contexto del viaje, al coincidir con la víspera del 26 de julio", contó el activista a esta redacción.

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Tomado de https://demoamlat.com/

Rehenes del gobierno: Los regulados cubanos

Autor: Álvaro Tonelli*

19/03/2020

“Usted no puede viajar, está en condición de regulado” o bien “tiene una limitante, una prohibición de salida”. Eso es lo que escuchan de parte de los oficiales migratorios los ciudadanos cubanos que ya se encuentran en el aeropuerto, con su pasaporte y pasaje de avión en mano. La violencia de descubrir que su libertad de circulación fue avasallada y que hasta nuevo aviso son rehenes del régimen castrista es rematada con la frase “aquí no sabemos por qué, usted sabrá lo que habrá hecho”.

Cuba tiene desde 2013 una nueva ley migratoria emanada del Decreto Ley 302, firmado por el entonces dictador Raúl Castro. En los papeles y en la retórica del gobierno isleño, la reforma debía significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir libremente de su país para los cubanos. En la práctica, el Decreto Ley tiene incisos lo suficientemente ambiguos como para que el libre tránsito no sea un derecho, sino una prerrogativa que el Estado cubano otorga graciosamente a quien desee ingresar o partir de la isla. El modus operandi para acallar las voces disidentes con la política estatal comunista se conjuga con las expatriaciones forzadas que fueran denunciadas por los relatores de la ONU para Libertad de Opinión y de Expresión, Reunión Pacífica y de Asociación, Defensores de Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Migrantes

Lo central lo encontramos en los artículos 24.1 y 25 del Decreto Ley.

El art. 24.1, en sus inc. c) y d) establece que no podrán ingresar al país quienes estén acusados de organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano; o cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.

El art. 25, en sus inc. d), f) y h) establece que un nacional o extranjero no podrá salir de Cuba cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; por razones de seguridad y protección de información oficial; o por razones de interés público.

Se puede apreciar entonces, a partir del análisis de esos artículos, que el régimen comunista posee un poder total y arbitrario para determinar quién puede entrar y salir de Cuba, extralimitándose en la facultad soberana que todo Estado tiene para decidir su propia política migratoria. Esas arbitrariedades son dirigidas especialmente en contra de disidentes, periodistas independientes, activistas de Derechos Humanos, miembros de ONGs y cualquier persona que sostenga opiniones personales en contra del gobierno.

Queda así instituida la categoría de “regulados”, eufemismo que las autoridades usan para referirse a los impedidos de salir del país por motivos políticos y por tiempo indeterminado, aunque tengan toda su documentación y papeles migratorios en regla. Además, según las propias personas que están reguladas y ONGs como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en la mayoría de los casos, la notificación que las víctimas reciben respecto de su situación es meramente verbal y sin enunciación de los motivos por los cuales se les coarta el derecho a la libre circulación, sin importar que su lugar de destino sea EE.UU., Argentina, México, Europa o cualquier otro. El régimen cubano se muestra autoritario y represivo al impedir que los que les resultan incómodos puedan viajar libremente. La mayoría de estas personas son invitadas a participar en talleres de formación, conferencias y eventos en temas de derechos humanos, democracia, cómo combatir la violencia de género en la isla, etc.

Todo lo mencionado se encuentra en abierta contradicción con el derecho internacional humanitario. La Declaración Universal de Derechos Humanos, considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, establece claramente la libertad de circulación para entrar y salir del propio país; y las libertades de expresión, asociación y pensamiento. Todos estos derechos son inexistentes para los regulados, por cuanto el ejercicio pacífico de alguno de ellos les trajo como consecuencia la ilegítima prohibición de salir de la isla.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Cuba convenientemente no forma parte, establece en su articulado lo relativo al debido proceso judicial, que comprende la comunicación al acusado de la acusación que se le formula; el plazo razonable del proceso; el derecho a ejercer su defensa, entre otras garantías. Sería imposible entonces hablar del debido proceso por parte del régimen comunista. La no formulación de una acusación por escrito, la limitación previa de un derecho, el aviso verbal que se les da a las víctimas, junto con el “usted sabrá lo que hizo”, colocan a los regulados en la incertidumbre casi kafkiana de no saber ante cuál autoridad peticionar, a qué oficina dirigirse, por qué les impiden movilizarse o si el comenzar un procedimiento judicial les brindará alguna respuesta -ni siquiera una solución- sobre el caso.

Para comienzos de 2020, la cantidad de regulados secuestrados dentro de Cuba superaba los 220 y los defensores de derechos humanos todavía esperan que Naciones Unidas para se pronuncie respecto de la arbitrariedad y el totalitarismo con que el régimen cubano viola libertades fundamentales.

*Álvaro Tonelli. Estudiante de Abogacía. Asesor Legislativo.


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Imágenes de archivo tomadas de un  reportaje de Diario de Cuba, 


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miércoles, abril 06, 2022

Lucía Alfonso Mirabal desde Cuba y el hecho que la dictadura castro-comunista incluye a los jueces en su lista de profesionales con restricciones para salir del país


 Tomado de https://diariodecuba.com/

El régimen cubano incluye a los jueces en su lista de profesionales con restricciones para salir del país

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En el caso de los fiscales y trabajadores de las fiscalías, ya existía control sobre quiénes tienen pasaporte y para qué.

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Por Lucía Alfonso Mirabal

La Habana

05 abril 2022

Los jueces cubanos han pasado a engrosar la lista de personas que tienen restringido el derecho a viajar fuera del país, en la que entran los médicos apenas se gradúan y profesionales de otros sectores que el Gobierno considera clave para sus intereses.

A partir de ahora, los magistrados de Cuba tendrán que solicitar autorización para salir de la Isla por razones personales, e incluso después de solicitar la baja del sistema judicial cubano se les podrá mantener la restricción durante cinco años.

Esta información, que ha generado malestar entre los magistrados cubanos, fue confirmada a DIARIO DE CUBA, bajo condición de anonimato, por tres jueces que laboran en Cienfuegos (uno) y La Habana (dos). 

La medida, que aún no ha sido dictada por escrito, fue informada en reuniones con los presidentes y los vicepresidentes de tribunales provinciales.

En dichas reuniones, se habría dicho que se actualizará el listado de personal con restricciones de viaje dentro del sistema judicial cubano, agregando los nombres de todos los jueces que se encuentran en activo en este momento y de determinados funcionarios. Esta lista se entrega al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene los nombres de todos los trabajadores con limitaciones para salir del país y es el encargado de introducirla en una base de datos a la que tiene acceso el Departamento de Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT).

Hasta el momento, la restricción pesaba sobre los presidentes y los vicepresidentes de tribunales, y sobre los fiscales y el personal que se desempeñaba en las fiscalías.

En el caso de los fiscales y trabajadores de las fiscalías, aunque pueden tener pasaporte ordinario, existe un control sobre quiénes lo tienen, desde cuándo y para qué, según explica a DIARIO DE CUBA un antiguo funcionario de una Fiscalía de La Habana.

"Cuando entré a trabajar allí, ya yo tenía pasaporte. Cuando te hacen los documentos para tu expediente, tienes que rellenar varias planillas en el Departamento de Recursos Humanos. Una de las preguntas era si tenía pasaporte, desde cuándo lo tenía y por qué lo tenía", cuenta.

"No me dijeron que no lo podía tener o que no podía viajar", aclara. "Simplemente, restringen a los trabajadores que tienen pasaporte o posibilidad de viaje. Ahí te das cuenta de que no es solo a los fiscales a los que tienen restringidos en temas de salida del país. Yo era un trabajador más de la Fiscalía, pero, aun así, tienen una vigilancia sobre todas las personas que tienen posibilidades de viajar o que tienen los documentos para viajar".

La Habana, Matanzas y Villa Clara serían las tres provincias cubanas donde se han producido más salidas del país de jueces durante los últimos meses. Abogados que defendieron a manifestantes del 11J y ofrecieron a DIARIO DE CUBA sus testimonios, dijeron que al menos dos magistrados villaclareños habían partido de manera repentina, en medio de los juicios, presuntamente para evitar formar parte de las injusticias y arbitrariedades que se han cometido contra los acusados.

Se trataría de los jueces Yoana Espinosa Rodríguez y Alejandro Hernández Santos, a quienes DIARIO DE CUBA ha intentado contactar infructuosamente.

La medida tomada por el régimen cubano de restringir los viajes al exterior a todos los jueces vendría a corroborar la sospecha de que muchos tendrían la intención de irse del país.

La noticia reciente de que la ex fiscal del régimen Liomarys Vara Fuentes había obtenido asilo político en Estados Unidos podría estimular la partida de la Isla de otros trabajadores del sistema judicial con el mismo objetivo. 

Los jueces cubanos se unen así a los profesionales de la Salud, científicos y otros trabajadores en puestos clave que tienen limitado por parte del régimen su derecho a viajar con la justificación de retener la fuerza laboral calificada dentro del país.

La medida de restringir el derecho a salir de Cuba también es empleada como castigo contra opositores, activistas y periodistas independientes. A estos, la Seguridad del Estado les da el calificativo de "regulados".

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jueves, abril 02, 2020

Regulados en Cuba, prisión a cielo abierto. Al menos 245 activistas y periodistas independientes han tenido prohibido salir del país desde enero de 2019.

Nota del Bloguista de Baracutey Cubano

Para oir tres testimonios de REGULADOS hacer click encima de los nombres :




Regulados en Cuba, prisión a cielo abierto

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Al menos 245 activistas y periodistas independientes han tenido prohibido salir del país desde enero de 2019. Un reportaje en alianza con CONNECTAS.
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El periodista de DDC Osmel Ramírez, al cumplir 850 días regulado. O. RAMÍREZ ÁLVAREZ / FACEBOOK

Por Yoe Suárez
La Habana
01 Abr 2020

Tanto, 872 días hizo el 31 de marzo. Ese es el tiempo que el periodista Osmel Ramírez lleva sin poder salir de Cuba. Las fronteras del país son barrotes, la Isla una prisión a cielo abierto. Está regulado.

En noviembre de 2017 agentes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) registraron su casa en Mayarí y decomisaron los medios con que reporta para DIARIO DE CUBA y otros medios independientes. Lo encarcelaron 72 horas.

Días después recorrió 900 kilómetros en ómnibus hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Chequeó sin contratiempos su boleto a Perú, adonde debía viajar para un taller de periodismo, pero en la caseta de control de frontera le dijeron que no podía. Artistas, religiosos, comunicadores, activistas… 245 residentes en Cuba han estado o están regulados desde enero de 2019 por motivos políticos.

Te regulan y no sienten obligación de comunicarlo. Es una violación tajante al derecho a la libre circulación", dice Ramírez en referencia al Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que defiende la libertad de salir de cualquier país, incluso el propio, y poder regresar.  

La "lista negra" de los regulados

Te regulan y no sienten obligación de comunicarlo. Es una violación tajante al derecho a la libre circulación", dice Ramírez en referencia al Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que defiende la libertad de salir de cualquier país, incluso el propio, y poder regresar.  

La ley cubana prohíbe dejar el país por estas causas: purgar sanción o estar en medio de un proceso penal, durante el Servicio Militar, por razones de Defensa y Seguridad Nacional, por ser parte de fuerza laboral sensible para el desarrollo social y científico técnico, o por "razones de interés público". Sin embargo, desde hace poco más de una semana, todos los cubanos tienen regulada su salida, no por motivos políticos, sino por el avance del Covid-19, pandemia que al cierre de esta nota llevaba 212 casos positivos.

En tiempos normales y ante la falta de independencia de los tribunales pocos denunciaron la arbitrariedad. Ramírez sí lo hizo. Denunció e insistió cuando fingieron "que la queja se había extraviado". Y consiguió una respuesta de la Fiscalía General de la República. "Dos fiscales la leyeron. Se negaron a dármela para no dejar pruebas", sostiene. "El documento, evidentemente entregado por el Departamento de la Seguridad del Estado, decía que 'por la naturaleza del delito' no podían devolver mis medios de trabajo ni resolver la regulación".

El periodista preguntó cuál era su delito. "No he sido juzgado ni se me ha informado". Y ripostaron las fiscales: "Este no es el marco apropiado para responder esa pregunta". Luego la policía política lo citó varias veces para "negociar" la regulación; lo dejarían salir si firmaba "un compromiso de ser agente encubierto, primeramente, o al menos de no participar en política opositora".

La izquierda democrática, en que milita Ramírez, es un movimiento ilegal. "Según ellos, soy un líder potencial, y no pueden arriesgarse conmigo", apunta. "Debe ser una estrategia, elevarte el ego para entrarte y que firmes. Como no acepté, sigo regulado indefinidamente".

Ramírez siente "gran impotencia" por "lo desprotegidos que están los cubanos frente al Gobierno y su policía política. No hablan de ley, derechos o libertad, solo de amenazas y coacción".  Y pocos conocen esto como Yoaxis Marcheco. Desde el exilio Washington, Estados Unidos, roba tiempo a su periodismo, al pastorado y a ser madre de dos adolescentes para actualizar "la lista negra" de regulados, mes tras mes. Escruta noticias y aprovecha la amplia red de colaboradores del Instituto Patmos, una ONG defensora de los derechos humanos, que fundó y coordina junto a su esposo, aun tras partir de Cuba en 2016.

La paciencia de ambos ha dado frutos: su directorio de regulados lo utilizan medios y entidades dentro y fuera de la Isla. En 2018, cuando empezaron, la lista fue entregada el 13 de julio al Departamento de Estado de EEUU. "Aquella primera versión incluía 52 nombres para ser expuestos en conversaciones bilaterales con representantes de Cuba, los mismos que se negaban a escucharnos directamente", cuenta Marcheco. "Incorporamos nombres, al menos un apellido, y lugar de procedencia del regulado". Un año después, en julio de 2019, la lista casi se triplicó: tenía 130 casos.

Al empezar, Marcheco pretendía llevar una lista en tiempo real, que sumara y retirara nombres según fuera aplicada o retirada la restricción. "Pero es un trabajo complicado y mi tiempo es complicado también —dice—, todo lo que hago por Cuba es de forma voluntaria". Entonces abrió el espectro.

La lista vigente recoge a aquellos regulados, al menos una vez, en 2019 y hasta marzo de 2020, y a los que llegaron en tal condición de años anteriores. Ese inventario, completado con las ocupaciones y ámbitos donde fueron reguladas las víctimas, ofrece un mapa revelador del fenómeno.

245 casos recogidos por Yoaxis hasta marzo de 2020 fueron verificados independientemente para este reportaje. Del total, la mayoría (96) está en La Habana. Ni sumando las siete provincias que le siguen se llega al número de la capital.

Asimismo, los hombres (145) sufren las regulaciones más que las mujeres (100). Entre las ocupaciones, los activistas políticos (150) son el blanco principal de la medida represiva, después están los comunicadores (61), y los líderes religiosos (15). Para José Raúl Gallego, académico cubano residente en México, es lógico que tanto activistas políticos como periodistas sean mayoría entre los enlistados. Cree que "son los dos sectores que de manera más abierta se enfrentan al poder, que más incómodos le resultan".

El comunicólogo e investigador de temas como libertad de expresión y constitucionalidad en el castrismo, subraya que "en el caso de los comunicadores constituyen una amenaza para un sistema totalitario que necesita controlar el flujo de información, y este grupo de personas se lo están disputando".

Aislar, disuadir, obligar al exilio

Sucede que, parafraseando a Roberto Saviagno, el silencio sobre las regulaciones no existe. Existe el murmullo: notas de prensa, tuits denunciantes, informes con cierta frecuencia. Se ha vuelto fisiológico. Y cuando todo se vuelve fisiológico ya nadie es consciente de ello.

Pero un suceso, en julio de 2019, puso ojo sobre esas arbitrariedades. Álida León y Moisés de Prada, frente a la Liga Evangélica y Asambleas de Dios, respectivamente, supieron que estaban regulados antes de tomar un vuelo. Ambos habían cuestionado la nueva Constitución comunista y recibían la reprimenda. Ya antes, el Gobierno aplicaba la medida a activistas pro libertad religiosa y líderes de iglesias no legalizadas, pero esta era la primera vez que iba contra dos inscritas en el Registro de Asociaciones.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, calificó aquel suceso como muestra de "la naturaleza intolerante del régimen de La Habana". Y así, el tema de los regulados entraba a la escena política internacional. Un periodista extranjero preguntó al canciller cubano, Bruno Rodríguez, por los ciudadanos a quienes se les limitaba la libertad de movimiento. El funcionario dijo no saber por qué pasaba eso.

Impedir la salida del país a los incómodos no es nuevo en la Revolución. Autores marginados en los 60 y 70 lo testimoniaron. Pablo Armando Fernández indicó en el libro Junto a las voces del designio que después de 13 años, en 1980, pudo "recuperar" su pasaporte "y viajar a Estados Unidos". El novelista Humberto Arenal, declaró en 2013 a la revista Palabra Nueva que desde 1970 le fue prohibido salir. "Tuve dos invitaciones a Estados Unidos y a Polonia. No me dejaron ir", dijo.

La Asociación Pro Libertad de Prensa documenta esa clase de arbitrariedades. Su presidente, Roberto Fornaris, recuerda la existencia del Permiso de Salida o Carta Blanca, implantado por la Revolución como instrumento para permitir o no viajar. "Esto era una gran cárcel a cielo abierto", considera. Toda la población dependía del mismo permiso, como niños a expensas de un padre posesivo.

Es ese sentido, la Reforma Migratoria de 2013 fue un hito. Salía de la ecuación la Carta Blanca y, para viajar, los cubanos solo pagarían pasaporte, ticket aéreo y visa. Pero ya en 2018, el Instituto Patmos denunciaba las regulaciones como un "retroceso", pues volvía a suceder lo mismo contra los "regulados, como evidente represalia política o discriminación por similares motivos".

Fornaris coincide en que la muerte de Fidel Castro y la salida paulatina de Raúl Castro de los principales cargos de poder hace necesarios ciertos movimientos para la pervivencia del régimen, ahora en manos de Miguel Díaz-Canel, el primer "no histórico". Para ello se está combinando un "atornillamiento" legal, a través de una nueva Constitución, y mayor represión. Regular es oprimir.

Pero, ¿qué persiguen las ascendentes y constantes regulaciones? 22 defensores de derechos humanos, comunicadores y artistas en la Isla y el exilio fueron encuestados para este reportaje. De ellos, ocho creen que el Estado busca cortar los vínculos de la sociedad civil cubana con otros actores en el exterior, aunque actualmente, en tiempos de internet, es más fácil tener vínculos virtuales. Igual porción piensa que el Estado quiere "disuadir" a otras personas "de seguir el ejemplo de quienes son regulados". Y solo seis consideran que las autoridades presionan a las víctimas para que, después de un tiempo, marchen al exilio. Algunos medios alternativos le llaman a eso Operación Jaula abierta.

La inconformidad ante las regulaciones también amenazó con tomar el espacio público el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En La Habana, el bloguero Agustín López convocó a una protesta en el Aeropuerto Internacional José Martí, pero un día antes fue arrestado por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado al salir de su domicilio. Fue empujado a un auto oficial y acabó en la estación policial de Santiago de las Vegas, donde estuvo más de 24 horas.

"Un asunto de mafiosos"

Los regulados recurren a todos los métodos de lucha pacífica posibles, incluso los más extremos. Así lo hizo Guillermo del Sol, líder de la Iglesia Católica Antigua, en Villa Clara, al iniciar una huelga de hambre el 15 de agosto, después que la policía política prohibiera a su hijo, Adrián, subir a un avión. Pero del Sol, diabético y anciano ya, parecía el menos indicado para emprender una protesta de esa clase. Dijo estar dispuesto a llegar "hasta el final", y se tendió en su cama, a esperar.

Semanas después, Marelys Fonseca, reportera del diario Cubanet en la ciudad de Bayamo, debía tomar un vuelo a Jamaica para asistir a un taller periodístico. Pero a las 7:30 a.m., en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, agentes de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) le notificaron que tenía prohibido dejar el país. El diálogo, por lo que recuerda Marelys puedo haber sido así:

—¿Tiene alguna deuda con el Estado, está sancionada?
—No. ¿Qué otra cosa puede ser?
—No sabemos, solo que es una orden de Bayamo. Debe resolver esta situación en su provincia.

Y su primer viaje al extranjero se convirtió en un largo retorno por carretera al oriente de Cuba. En Bayamo le "dijeron que esa misma mañana había caducado la restricción, que fue por 20 días y la impuso un oficial de la Seguridad llamado Ernesto", cuenta. Entonces formalizó una solicitud para saber los motivos de la regulación ante el jefe jurídico de la DIIE. No imaginaba qué pasaría luego.

En Santa Clara, Adrián del Sol llevaba días asistiendo a su padre en el hospital. El huelguista, que apenas podía mantenerse sentado por la debilidad y un creciente dolor en la espalda baja, recibió el 30 de septiembre a un emisario: llevaba una carta firmada por más de 80 activistas, intelectuales, artistas y hombres de fe. "Deseamos que usted se preserve, lo queremos vivo para alcanzar juntos nuestro objetivo final, que es disfrutar de una Cuba libre", decía la misiva.

En La Habana habían sido detenidas varias personas que planeaban un performance público para apoyar a Del Sol. Dentro y fuera de la Isla, pedían al católico punto final. Ya había llamado la atención del mundo sobre el tema de los regulados, y temían por su vida. El 5 de octubre, un fatigado Del Sol depuso la huelga de hambre tras 55 días.

72 horas después, en el extremo oriental del país, Marelys Fonseca era citada al cuartel provincial de la policía política. Allí tendría la confirmación a su pregunta: ¿quién regula en Cuba? Un oficial, de sobrenombre Andrey, le explicitó que la Seguridad del Estado lo había hecho, que no emitiría ningún documento al respecto y que "podía presentar la queja donde quisiera, que ellos son los que mandan".

Osmel Ramírez ya lo sabía y ve muy bien que cada vez más regulados reciban esa respuesta y la denuncien: que la Seguridad del Estado "tiene la fuerza para hacerlo y lo hace, que es un poder no escrito, pero tácito", que actúa como "un ente por encima de la ley, que es como un asunto de mafiosos".

*En alianza con CONNECTAS


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