BARACUTEY CUBANO

Por Julio M. Shiling

23 de agosto, 2026 

Estados Unidos ha identificado acertadamente el castrocomunismo como una amenaza persistente para su seguridad nacional. El informe del Departamento de Estado del 20 de julio de 2026, Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, documenta la campaña de décadas de programación de subversión, guerra ideológica, espionaje y apoyo a movimientos radicales tanto en el extranjero como dentro del territorio estadounidense. Esta evaluación concuerda con los objetivos estratégicos más amplios establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, que da prioridad a recuperar la influencia en el hemisferio occidental y a impedir que potencias externas hostiles se afiancen cerca de las costas estadounidenses. Derrocar el sistema comunista cubano es, por lo tanto, esencial para esos objetivos a largo plazo. El castrismo debe acabar, y su eliminación total es tanto un bien moral como una necesidad estratégica.

Al servicio de ese objetivo, la Administración Trump ha llevado a cabo una campaña constante de sanciones selectivas. Estas medidas han afectado a empresas estatales propiedad del régimen, a organizaciones fachada del Partido Comunista de Cuba implicadas en la agitación nacional e internacional, y a miembros individuales de la élite dictatorial y sus familias. El último paquete de medidas, anunciado el 20 de agosto bajo el título «Ley de imposición de sanciones a actores del régimen cubano asociados con redes subversivas marxistas y transacciones económicas corruptas», continúa con esta presión calibrada. Dichas sanciones son moralmente sostenibles, éticamente loables y tácticamente necesarias. Privan al régimen de los recursos que utiliza para reprimir a su propia población, mantener un amplio aparato de vigilancia y proyectar su influencia hacia el exterior. Dejan claro que Estados Unidos ya no tolerará una dictadura marxista hostil a noventa millas de su costa.

Sin embargo, las sanciones por sí solas no provocarán la caída de la dictadura castrocomunista. El régimen lleva más de tres décadas perfeccionando métodos para eludir las restricciones estadounidenses y el embargo en general. A través de GAESA y de entidades comerciales menos conocidas, ha blanqueado los ingresos procedentes de sus operaciones mediante bancos e intermediarios en Panamá y otras jurisdicciones. Los emigrantes comunistas cubanos leales han establecido en el extranjero negocios aparentemente legítimos que mantienen una relación simbiótica con la dictadura, disfrutando de privilegios a cambio de los servicios prestados. Estos activos de «poder blando», valorados en miles de millones, forman un ecosistema externo que permite al régimen resistir la presión financiera. Centrarse en las participaciones de GAESA en bancos panameños y redes extraterritoriales similares sería el siguiente paso lógico, pero ni siquiera unas medidas económicas ampliadas serán decisivas por sí solas.

La indiferencia del régimen ante el sufrimiento de los cubanos de a pie limita aún más el poder coercitivo de las sanciones. La dictadura nunca ha considerado el bienestar del pueblo cubano como una limitación para su supervivencia. Una sociedad empujada al borde de la hambruna no obligaría a los dirigentes a renunciar al poder. La élite dictatorial ha demostrado en repetidas ocasiones que antepone sus privilegios y proyectos ideológicos a las necesidades básicas de la población a la que gobierna. Las penurias económicas siempre las sufre el pueblo, nunca quienes toman las decisiones en La Habana.

El momento político también parece condicionar el enfoque actual. Ante la proximidad de las elecciones de mitad de término, es posible que la Administración Trump esté actuando con cautela. El movimiento comunista estadounidense, que hoy opera principalmente bajo la bandera de los Socialistas Demócratas de América, está inmerso en un esfuerzo decidido por hacerse con el control del Partido Demócrata. Este esfuerzo representa una expresión contemporánea de la «marcha a través de las instituciones» defendida desde hace tiempo por los marxistas gramscianos. Dados los vínculos históricos documentados y actuales entre el comunismo cubano y elementos de la izquierda radical estadounidense, la persistencia de un régimen marxista en Cuba no es meramente un problema de política exterior. Se trata también de una cuestión interna estadounidense. La moderación antes de las elecciones de mitad de término podría reflejar un esfuerzo por evitar proporcionar munición política a estas fuerzas.

Sin embargo, tras las elecciones de mitad de legislatura, Estados Unidos debe adoptar una postura más resuelta. La guerra económica, por muy rigurosamente que se aplique, es insuficiente. El régimen de los Castro conserva activos y redes en el exterior capaces de mantenerlo durante un mandato presidencial de la nación norteamericana. Si el objetivo es la libertad auténtica para el pueblo cubano y la eliminación de un peligro hostil para la república estadounidense, los responsables políticos deben reconocer que solo una acción militar concreta logrará el cambio sistémico necesario. Una revolución de palacio que se limite a reorganizar el personal, dejando intactas las estructuras comunistas, sería meramente cosmética. Cualquier transición auténtica hacia un orden democrático tendría que tipificar criminalmente al castrocomunismo propiamente desde el principio y desmantelar sus cimientos institucionales.

Las sanciones siguen siendo un instrumento justificado y útil. Son moralmente defendibles y pueden debilitar la capacidad del régimen para reprimir y proyectar su poder. Pero, por sí solas, no pueden producir el resultado decisivo que se requiere. El ecosistema externo de empresas tapadera, finanzas extraterritoriales y aliados ideológicos proporciona a la dictadura una resiliencia que la mera presión económica no puede superar. Tan pronto como lo permita el calendario político nacional, Estados Unidos debería ir más allá de las medidas financieras calibradas y preparar las herramientas concretas necesarias para poner fin al comunismo cubano. Solo entonces se alcanzarán plenamente los objetivos estratégicos articulados en 2025 y el imperativo moral reconocido en el informe de julio de 2026.

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Washington revela décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

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El Departamento de Estado sostiene que el régimen cubano no fue un simple aliado de la Unión Soviética, sino el arquitecto de una estrategia propia de expansión revolucionaria basada en espionaje, apoyo a guerrillas e infiltración política.

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Por Dianelis Hernández

 (Periodista )

20 de julio de 2026

Por primera vez en décadas, el gobierno de Estados Unidos elaboró un documento de amplio alcance dedicado exclusivamente a examinar el papel internacional del régimen cubano. Bajo el título Cuba: The Capital of 21st Century Communism, el Departamento de Estado presentó este lunes una interpretación que rompe con la narrativa tradicional sobre la Guerra Fría y sitúa a La Habana como el verdadero centro de irradiación del comunismo contemporáneo. 

ADN Cuba fue el primer medio en revelar varias de las conexiones que hoy recoge el informe de Washington. Entre ellas figuran los vínculos entre el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Al-Tajammu —una red transnacional con sede en Líbano que funciona como plataforma internacional de coordinación política del denominado Eje de la Resistencia, integrado por Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina (PIJ), el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), milicias chiitas iraquíes, los hutíes y otras organizaciones afines—; la presencia del PFLP en Cuba; y las más de 117 resoluciones impulsadas por la National Network on Cuba (NNOC) y un conjunto de Ciudades Hermanas (Sister Cities).

Asimismo, ADN Cuba fue el primer medio en revelar, el 8 de julio, la existencia del plan de respuesta rápida de la NNOC —mencionado en el informe—, diseñado para coordinar movilizaciones nacionales en apoyo al régimen cubano y ejercer presión política en Estados Unidos. Estas revelaciones posteriormente fueron citadas o replicadas por otros medios.

El reporte también menciona a Paul Larudee, representante de Al-Tajammu en Estados Unidos, quien registró en California un nombre comercial ficticio (DBA) utilizado para iniciativas vinculadas a Cuba y al sitio de noticias Resumen Latinoamericano. ADN Cuba informó sobre ese registro el 1 de julio, ampliando una investigación publicada previamente por Jeffrey Scott Shapiro y Gelet Martínez Fragela, directora de ADN Cuba, en The Washington Times. Resumen Latinoamericano ha contado entre sus colaboradores con la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del exgobernante Raúl Castro.

Pero lejos de describir a Cuba como un actor subordinado a Moscú, el informe sostiene que el castrismo desarrolló una doctrina propia, más duradera que el modelo soviético, que sustituyó la lucha de clases por un discurso centrado en el antiimperialismo, el tercermundismo, la raza y la confrontación con Occidente. Según el documento, esa transformación permitió que el proyecto de manipulación política impulsado por el dictador Fidel Castro sobreviviera al derrumbe de la Unión Soviética y conservara influencia en organizaciones, movimientos y espacios académicos de distintos países.

¿Qué dice la publicación del Departamento de Estado?

La publicación, de cien páginas, está organizada en nueve capítulos y aborda desde la consolidación del Estado revolucionario hasta las operaciones de inteligencia cubanas, el respaldo a movimientos insurgentes en América Latina, África y Oriente Medio, la construcción de redes internacionales de solidaridad política y la influencia del régimen sobre lo que denomina la "Nueva Izquierda".

Desde sus primeras páginas el documento es categórico. Afirma que durante casi siete décadas La Habana desarrolló una "campaña sostenida de subversión" contra Estados Unidos mediante operaciones de espionaje, infiltración institucional, reclutamiento de activistas, apoyo a organizaciones armadas y refugio para personas buscadas por la justicia estadounidense. El texto sostiene incluso que agentes cubanos lograron penetrar durante años organismos como el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono.

Pero el informe va más allá del terreno de la inteligencia. Su tesis central es que la principal victoria estratégica del castrismo no fue militar, sino ideológica. A juicio del Departamento de Estado, mientras el comunismo soviético perdió capacidad de atracción tras la Guerra Fría, el modelo construido desde La Habana consiguió reinventarse alrededor de nuevas causas políticas y culturales. "Para el cambio de siglo, La Habana había consolidado su lugar como la capital ideológica de la izquierda radical moderna", concluye el documento.

Documentos olvidados y un nuevo eje de articulación regional

Uno de los apartados más extensos reconstruye el nacimiento de esa corriente ideológica que hoy ha extendido sus tentáculos en miles de organizaciones mundiales. Según el informe, el triunfo de Fidel Castro en 1959 representó para numerosos movimientos de izquierda occidentales una alternativa al agotamiento del modelo soviético. La Habana, sostiene el texto, reemplazó el énfasis clásico en el proletariado por una narrativa centrada en la liberación de los pueblos del llamado Tercer Mundo, convirtiendo la lucha contra Estados Unidos y el "imperialismo occidental" en el eje articulador de un nuevo proyecto político internacional.

El Departamento de Estado identifica la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966 como uno de los momentos decisivos de esa estrategia. Más de quinientos delegados de 82 países participaron en un encuentro que, según el informe, sirvió para articular una red internacional de movimientos revolucionarios de África, Asia y América Latina bajo una misma "bandera antiimperialista". El documento reproduce incluso el listado de organizaciones asistentes y sostiene que muchas de ellas integraron posteriormente estructuras políticas y armadas coordinadas desde Cuba.

A partir de ese momento, asegura Washington, La Habana pasó de ser el símbolo de una revolución exitosa a convertirse en el principal centro de entrenamiento, coordinación y respaldo de movimientos insurgentes en el continente. El informe atribuye al régimen cubano apoyo político, militar o logístico a organizaciones guerrilleras en países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y El Salvador, entre otros.

EE.UU., un terreno fértil en la década del 60 para las ideas de Castro

Según el documento, la inteligencia cubana identificó desde comienzos de la década de 1960 a los movimientos sociales estadounidenses como un terreno fértil para expandir su proyecto político. La creación del Fair Play for Cuba Committee, financiado por el gobierno revolucionario, aparece como el primer paso de una estrategia destinada a construir una base de apoyo al castrismo dentro de Estados Unidos. El informe sostiene que la organización promovió campañas de propaganda, organizó viajes de activistas a La Habana y creó capítulos en distintas ciudades para difundir la imagen de la llamada "Nueva Cuba".

El Departamento de Estado afirma además que Cuba buscó deliberadamente estrechar vínculos con sectores del movimiento afroamericano. Cita el caso de Robert F. Williams, exdirigente de la NAACP, quien se exilió en La Habana y comenzó a transmitir el programa Radio Free Dixie desde un potente transmisor facilitado por el régimen. Según el informe, esas emisiones llamaban a la lucha armada y ejercieron influencia sobre el posterior surgimiento del Partido Pantera Negra.

El informe avanza en el tiempo y también dedica un tramo amplio a CodePink y a otras organizaciones estadounidenses contemporáneas que, según el Departamento de Estado, forman parte de un ecosistema de solidaridad política vinculado a La Habana.

CodePink aparece primero como integrante de la National Network on Cuba (NNOC), una coalición de más de 60 grupos estadounidenses. El informe menciona también dentro de esa red a Democratic Socialists of America (DSA), el National Lawyers Guild (NLG) y el Communist Party USA. Según el texto, la NNOC coordina delegaciones a Cuba y conferencias con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, organismo al que atribuye funciones dentro de la estructura de influencia exterior del régimen y recientemente sancionada por Washington. El reporte cita una definición del propio ICAP que presenta a la coalición como “la voz de Cuba en Estados Unidos”.

En el caso específico de CodePink: Women for Peace, el documento recuerda que fue fundada en 2002 por Medea Benjamin, Jodie Evans, Diane Wilson y otras activistas durante la campaña contra la guerra de Irak. Sostiene que, desde sus inicios, la organización mantuvo una posición cercana a Cuba: sus miembros viajaron regularmente a La Habana y respaldaron la campaña por la liberación de los cinco agentes cubanos de la Red Avispa condenados en Estados Unidos.

El informe además se detiene en Medea Benjamin, quien residió en Cuba entre 1979 y 1983, y en Global Exchange, organización que cofundó en San Francisco. El documento describe los viajes de su programa Reality Tours a Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua y Bolivia como recorridos ideológicos organizados en coordinación con gobiernos extranjeros.

El Caso Neville Roy Singham, una red de millones

Otro eje de las acusaciones es la relación de Jodie Evans con el empresario y activista Neville Roy Singham. El informe afirma que, después del matrimonio de ambos en 2017 y de una fuerte entrada de recursos procedentes de entidades relacionadas con Singham, CodePink modificó su perfil y se convirtió en una defensora más sistemática de China y de otros gobiernos enfrentados a Washington. Según el reporte, cerca del 25 % de los fondos de CodePink desde 2017 procedió de grupos conectados con Singham.

El Departamento de Estado asegura además que CodePink mantuvo una participación constante en campañas de respaldo a La Habana después de las protestas del 11 de julio de 2021. Como ejemplo cita un texto de la organización que atribuyó las manifestaciones principalmente al embargo estadounidense y cuestionó la magnitud difundida por medios occidentales. También señala que CodePink organizó vuelos para trasladar a más de cien participantes y miles de libras de suministros durante una caravana a Cuba en marzo de 2026.

La organización no aparece aislada. El informe identifica a The People’s Forum como una pieza importante de la red financiada o relacionada con Singham. Señala que, desde 2024, ese grupo ha actuado como patrocinador fiscal de la Venceremos Brigade, una estructura histórica de viajes y activismo político alrededor de Cuba. El documento atribuye a esa red un papel relevante en protestas nacionales dentro de Estados Unidos y afirma que varios de sus nodos se han integrado a la infraestructura de influencia favorable al régimen cubano.

También desarrolla un apartado propio sobre los Democratic Socialists of America. Sin afirmar que la organización haya sido creada o controlada por la inteligencia cubana, el reporte sostiene que su respaldo a La Habana demuestra hasta qué punto las posiciones favorables al régimen se han convertido, según sus autores, en una ortodoxia dentro de una parte de la izquierda estadounidense.

El National Lawyers Guild es presentado como otro vínculo institucional duradero. El informe recuerda sus delegaciones a Cuba desde la década de 1970, sus programas jurídicos y de viajes relacionados con la isla y su cooperación con la NNOC. Así mismo afirma que la organización ha defendido el levantamiento del embargo, la normalización de relaciones y la devolución de la base naval de Guantánamo.

El reporte incluye además referencias a organizaciones asociadas al movimiento Black Lives Matter. Vincula la influencia cultural de Assata Shakur desde su exilio en Cuba con el lenguaje y los símbolos empleados posteriormente por sectores de BLM. Menciona expresamente a Black Lives Matter Grassroots, Black Lives Matter at School, Assata’s Daughters y la Black Alliance for Peace, y sostiene que varias de ellas han reivindicado la figura de Shakur y el refugio que recibió del régimen cubano.

En otra sección aparecen grupos más pequeños y recientes, entre ellos Equality for Flatbush, descrito como una organización abolicionista relacionada con BLM, y la Claudia Jones School, un colectivo de formación política de Washington que, según el informe, participa en actividades de solidaridad con Cuba y en protestas contra las autoridades migratorias estadounidenses.

No sólo suministraba armas, también creaba plataformas de expansión

El documento -que ya había sido anunciado días atrás- presta especial atención al triunfo sandinista de 1979 en Nicaragua, reconociéndolo como el ejemplo más acabado de la estrategia diseñada por Fidel Castro. Según el documento, Cuba no solo suministró armas y entrenamiento al Frente Sandinista de Liberación Nacional, sino que convirtió posteriormente a Nicaragua en una plataforma para extender las ideas izquierdistas hacia otros países centroamericanos.

El informe también dedica amplios apartados a Puerto Rico y Venezuela. En el primer caso, afirma que la inteligencia cubana participó en el entrenamiento y organización de grupos armados como las FALN y Los Macheteros. En el segundo, sostiene que la llegada de Hugo Chávez al poder permitió a La Habana sustituir la exportación clásica de guerrillas por un modelo de influencia institucional basado en asesoramiento político, inteligencia, cooperación militar y presencia masiva de personal cubano dentro del aparato estatal venezolano.

Cuba como plataforma regional para la influencia de Irán y sus aliados

La alianza entre Cuba e Irán trasciende las relaciones diplomáticas y constituye una asociación estratégica basada en intereses políticos, militares y de inteligencia compartidos, asegura el documento. El Departamento de Estado recuerda que ambos países figuran en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo y afirma que, durante años, han fortalecido su cooperación en áreas como comercio, telecomunicaciones, tecnología, servicios portuarios y seguridad. Según la revisión de ADN Cuba del material, Teherán también ha otorgado líneas de crédito y alivio financiero a La Habana para profundizar esa relación.

Una de las acusaciones del reporte es que Cuba habría servido como plataforma para ampliar la presencia regional de grupos respaldados por Irán. El texto afirma que el régimen cubano ha apoyado políticamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a organizaciones como Hamás, Hezbolá y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), no solo mediante respaldo diplomático, sino facilitando un punto de apoyo para que esas organizaciones incrementen su presencia en América Latina.

El documento respalda estas afirmaciones con referencias a memorandos de inteligencia estadounidenses de los años setenta, informes de la CIA, publicaciones del RAND Corporation, investigaciones periodísticas de The New York Times y Los Angeles Times, además de testimonios de exfuncionarios de inteligencia cubanos y comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos. En varios capítulos reproduce fragmentos de documentos oficiales desclasificados para reconstruir la dimensión internacional de las operaciones atribuidas al régimen cubano.

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