BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de https://www.cubanet.org/

Ell 11J y la miopía castrocomunista

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La gobernabilidad del castrocomunismo no es real porque está basada en el uso de la fuerza bruta y no en el Estado de derecho

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Por Alberto Méndez Castelló

12 de julio, 2022

LAS TUNAS, Cuba. — Remedando desyerbar un platanal, con el azadón embotado tanto como sus palabras, el gobernante Miguel Díaz-Canel conmemoró el pasado domingo la represión de las protestas del 11 de Julio de 2021 afirmando: “nosotros vamos a celebrar un aniversario de cómo no pudieron lograrlo en aquel entonces y cómo no lo harán ahora”.

Haciendo del platanal un plató para una escena de “trabajo voluntario”, cuando en realidad era una escenografía política que busca retribución con el aplauso, todavía Díaz-Canel pretende hacer creer que las manifestaciones del 11 y el 12 de julio, donde participaron miles de personas en varias ciudades de Cuba, no fueron resultado de un conflicto nacional inducido por la falta de legitimidad y eficacia real del régimen, sino que fueron orquestaciones subversivas conducidas desde Estados Unidos.

Pero si el año pasado fueron a las calles a manifestar su insatisfacción miles de personas, y si hoy cientos de manifestantes del 11J permanecen presos, también hoy son millones de cubanos los descontentos e inconformes con un gobierno al que consideran espurio y sus políticas públicas improcedentes. Incluso, muchos que dicen ser “revolucionarios”, de estratos sociales diversos, civiles, exmilitares y hasta militantes comunistas activos, afirman que “muerto Fidel (Castro), la revolución se fue al carajo”.

Miopes o narcisistas, Díaz-Canel y su tribu de propagandistas pretenden reducir a los cubanos que se les oponen como meros objetos conducidos, incapaces de discernir por sí mismos, pero, ¡oh, qué problema!, ya no es sólo la vieja oposición política la discrepante, sino también nuevas, diversas y evolutivas capas sociales, inconformes con el gobernante designado por el general Raúl Castro, al que consideran, primero que todo, ilegítimo, o, cuando menos, poco fiable por no haber llegado al poder por elecciones democráticas directas. A otros ni siquiera les importan las elecciones ni la democracia, porque los elegidos por el General de Ejército carecen de los imprescindibles méritos “revolucionarios”.

Tildando a los actuales dirigentes de ineptos, ineficientes, acomodados, burócratas, o simplemente llamándolos “los gordos”, los fidelistas más nostálgicos llegan a decir que Raúl Castro, Marino Murillo, Díaz-Canel y sus ministros “nos han quitado todo los que nos dio Fidel”. La ecuación es simple: para esas personas, y por causas que no vienen al caso ahora, Fidel Castro era un gobernante “legítimo”, “eficiente”.

Esos conflictos de legitimidad y eficacia del poder no son nuevos, son inherentes de la transición de un estadio a otro, desde el feudalismo. Está comprobado que la estabilidad de cualquier nación depende no sólo de su desarrollo económico, sino también de la eficacia y legitimidad de su sistema político. Pero la eficacia concerniente a un gobierno consiste en su actuación auténtica, verificable por el grado en que el sistema cumple con las funciones gubernativas, no como el gobierno cree, sino tal como entienden que estas deben ser cumplidas por la mayoría de la población.

La legitimidad, o, más propiamente, la autoridad real, y este es el caso de Cuba, mucho tiene que ver con el carisma o con la rutinización del carisma del líder histórico, que Díaz-Canel, pese a decir que “somos continuidad”, no ha conseguido tomar del difunto Fidel Castro por al menos tres razones a la vista: por carecer de la capacidad intelectual, de mando y de liderazgo natural del difunto comandante; por permanecer a la sombra del jefe con mando real, que es el general Raúl Castro; y, no menos importante, porque sólo tiene para ofrecer discursos, promesas, alguna reparación aquí o allá, mientras que Fidel Castro contaba con la llamada “reserva del comandante en jefe”, donde, en sus buenos tiempos, había desde buldóceres, motoniveladoras y camiones para reparar carreteras, calles y caminos, hasta caramelos para enviar a las tropas combatiendo en Angola.

Los sociólogos lo saben: legitimidad y eficacia del poder y para el poder van de la mano. Pero mientras la eficacia de un gobierno es principalmente instrumental, la legitimidad es evaluativa. La sociedad, o, para ser más exacto, los grupos sociales, consideran un sistema político como legítimo o ilegítimo, según concuerda la manera de ese sistema con los valores del grupo. Incluso, puede que ese sistema político en el poder sea administrativamente eficaz, pero si no concuerdan sus símbolos y valores con los de la comunidad, sea nacional, regional o gremial, ese poder ejecutivo y el partido político en el poder enfrentarán crisis de gobernabilidad, ya sean manifiestas o de pura abulia.

La legitimidad en estas circunstancias puede estar vinculada con diversas formas de organización política, incluso opresivas; pero las crisis de legitimidad, como en el caso de Cuba, es una manifestación no tan reciente, sino de por allá en la dictadura de Gerardo Machado, siempre asociada a las divergencias entre grupos por un calificador común: que debido a la comunicación de masas están capacitados para organizarse sobre valores distintos a los que un día fueron considerados como los únicos aceptables. ¡Imagine usted en la era de Internet! Y esa situación la estamos viviendo hoy en Cuba, pero no es posterior al 11J, sino que fue el percutor de ese estallido social.

La gobernabilidad del castrocomunismo no es real porque está basada en el uso de la fuerza bruta y no en el Estado de derecho. Baste este ejemplo para comprobar esa afirmación: compárese las sanciones impuestas en 1953 a los asaltantes del cuartel Moncada, donde hubo numerosas perdidas de vidas humanas y daños materiales, con las condenas con que los manifestantes del 11J fueron penados, sólo esa tara ética, profesional y humana, debe producir cargos de conciencia.

Por consiguiente, un resquebrajamiento en el muro del poder totalitario puede generar una crisis de legitimidad en el poder, que puede ocurrir por disímiles causas, entre ellas la muerte del nonagenario general Raúl Castro, único líder con autoridad real sobre los militares y la nomenclatura del Partido Comunista de Cuba (PCC). En circunstancias así es de suponer que Miguel Díaz-Canel prestará más cuidado a sus palabras y es poco probable que repita la innoble frase por el dicha el 11 de julio de 2021, que masacró la aspiración libertaria de los manifestantes: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.

La miopía del castrocomunismo consiste en no ver que la calma en Cuba es aparente, impuesta, pero una nación no puede mantenerse calmada a la fuerza todo el tiempo. Luego, una crisis de legitimidad puede y debe transformarse en una crisis de cambio social. En Cuba, importantes grupos no tienen acceso al poder político y económico real, monopolizado con prácticas esclavistas, feudales o de capitalismo corporativo por el PCC y los militares, ocurriendo en los cubanos hoy lo ya dicho en 1835 por Tocqueville: “No hay grandes hombres sin virtud y sin respeto a los derechos no hay sociedad; porque, ¿qué es una reunión de seres racionales e inteligentes cuyo único lazo es la fuerza?”

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El Partido Demócrata, una de las columnas principales del bipartidismo en EUA, sufre hoy de un tipo de miopía política al abrazar, incentivar, permitir y santificar los actos de vandalismo provocados por una minoría insignificante nacionalmente, que aprovechó el injusto asesinato de un afroamericano para organizar una verdadera baderna nacional de corte marxista, contra la historia norteamericana, contra sus símbolos más sagrados, con derecho a derribar estatuas.

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