BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de https://www.cubanet.org/

Ell 11J y la miopía castrocomunista

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La gobernabilidad del castrocomunismo no es real porque está basada en el uso de la fuerza bruta y no en el Estado de derecho

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Por Alberto Méndez Castelló

12 de julio, 2022

LAS TUNAS, Cuba. — Remedando desyerbar un platanal, con el azadón embotado tanto como sus palabras, el gobernante Miguel Díaz-Canel conmemoró el pasado domingo la represión de las protestas del 11 de Julio de 2021 afirmando: “nosotros vamos a celebrar un aniversario de cómo no pudieron lograrlo en aquel entonces y cómo no lo harán ahora”.

Haciendo del platanal un plató para una escena de “trabajo voluntario”, cuando en realidad era una escenografía política que busca retribución con el aplauso, todavía Díaz-Canel pretende hacer creer que las manifestaciones del 11 y el 12 de julio, donde participaron miles de personas en varias ciudades de Cuba, no fueron resultado de un conflicto nacional inducido por la falta de legitimidad y eficacia real del régimen, sino que fueron orquestaciones subversivas conducidas desde Estados Unidos.

Pero si el año pasado fueron a las calles a manifestar su insatisfacción miles de personas, y si hoy cientos de manifestantes del 11J permanecen presos, también hoy son millones de cubanos los descontentos e inconformes con un gobierno al que consideran espurio y sus políticas públicas improcedentes. Incluso, muchos que dicen ser “revolucionarios”, de estratos sociales diversos, civiles, exmilitares y hasta militantes comunistas activos, afirman que “muerto Fidel (Castro), la revolución se fue al carajo”.

Miopes o narcisistas, Díaz-Canel y su tribu de propagandistas pretenden reducir a los cubanos que se les oponen como meros objetos conducidos, incapaces de discernir por sí mismos, pero, ¡oh, qué problema!, ya no es sólo la vieja oposición política la discrepante, sino también nuevas, diversas y evolutivas capas sociales, inconformes con el gobernante designado por el general Raúl Castro, al que consideran, primero que todo, ilegítimo, o, cuando menos, poco fiable por no haber llegado al poder por elecciones democráticas directas. A otros ni siquiera les importan las elecciones ni la democracia, porque los elegidos por el General de Ejército carecen de los imprescindibles méritos “revolucionarios”.

Tildando a los actuales dirigentes de ineptos, ineficientes, acomodados, burócratas, o simplemente llamándolos “los gordos”, los fidelistas más nostálgicos llegan a decir que Raúl Castro, Marino Murillo, Díaz-Canel y sus ministros “nos han quitado todo los que nos dio Fidel”. La ecuación es simple: para esas personas, y por causas que no vienen al caso ahora, Fidel Castro era un gobernante “legítimo”, “eficiente”.

Esos conflictos de legitimidad y eficacia del poder no son nuevos, son inherentes de la transición de un estadio a otro, desde el feudalismo. Está comprobado que la estabilidad de cualquier nación depende no sólo de su desarrollo económico, sino también de la eficacia y legitimidad de su sistema político. Pero la eficacia concerniente a un gobierno consiste en su actuación auténtica, verificable por el grado en que el sistema cumple con las funciones gubernativas, no como el gobierno cree, sino tal como entienden que estas deben ser cumplidas por la mayoría de la población.

La legitimidad, o, más propiamente, la autoridad real, y este es el caso de Cuba, mucho tiene que ver con el carisma o con la rutinización del carisma del líder histórico, que Díaz-Canel, pese a decir que “somos continuidad”, no ha conseguido tomar del difunto Fidel Castro por al menos tres razones a la vista: por carecer de la capacidad intelectual, de mando y de liderazgo natural del difunto comandante; por permanecer a la sombra del jefe con mando real, que es el general Raúl Castro; y, no menos importante, porque sólo tiene para ofrecer discursos, promesas, alguna reparación aquí o allá, mientras que Fidel Castro contaba con la llamada “reserva del comandante en jefe”, donde, en sus buenos tiempos, había desde buldóceres, motoniveladoras y camiones para reparar carreteras, calles y caminos, hasta caramelos para enviar a las tropas combatiendo en Angola.

Los sociólogos lo saben: legitimidad y eficacia del poder y para el poder van de la mano. Pero mientras la eficacia de un gobierno es principalmente instrumental, la legitimidad es evaluativa. La sociedad, o, para ser más exacto, los grupos sociales, consideran un sistema político como legítimo o ilegítimo, según concuerda la manera de ese sistema con los valores del grupo. Incluso, puede que ese sistema político en el poder sea administrativamente eficaz, pero si no concuerdan sus símbolos y valores con los de la comunidad, sea nacional, regional o gremial, ese poder ejecutivo y el partido político en el poder enfrentarán crisis de gobernabilidad, ya sean manifiestas o de pura abulia.

La legitimidad en estas circunstancias puede estar vinculada con diversas formas de organización política, incluso opresivas; pero las crisis de legitimidad, como en el caso de Cuba, es una manifestación no tan reciente, sino de por allá en la dictadura de Gerardo Machado, siempre asociada a las divergencias entre grupos por un calificador común: que debido a la comunicación de masas están capacitados para organizarse sobre valores distintos a los que un día fueron considerados como los únicos aceptables. ¡Imagine usted en la era de Internet! Y esa situación la estamos viviendo hoy en Cuba, pero no es posterior al 11J, sino que fue el percutor de ese estallido social.

La gobernabilidad del castrocomunismo no es real porque está basada en el uso de la fuerza bruta y no en el Estado de derecho. Baste este ejemplo para comprobar esa afirmación: compárese las sanciones impuestas en 1953 a los asaltantes del cuartel Moncada, donde hubo numerosas perdidas de vidas humanas y daños materiales, con las condenas con que los manifestantes del 11J fueron penados, sólo esa tara ética, profesional y humana, debe producir cargos de conciencia.

Por consiguiente, un resquebrajamiento en el muro del poder totalitario puede generar una crisis de legitimidad en el poder, que puede ocurrir por disímiles causas, entre ellas la muerte del nonagenario general Raúl Castro, único líder con autoridad real sobre los militares y la nomenclatura del Partido Comunista de Cuba (PCC). En circunstancias así es de suponer que Miguel Díaz-Canel prestará más cuidado a sus palabras y es poco probable que repita la innoble frase por el dicha el 11 de julio de 2021, que masacró la aspiración libertaria de los manifestantes: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.

La miopía del castrocomunismo consiste en no ver que la calma en Cuba es aparente, impuesta, pero una nación no puede mantenerse calmada a la fuerza todo el tiempo. Luego, una crisis de legitimidad puede y debe transformarse en una crisis de cambio social. En Cuba, importantes grupos no tienen acceso al poder político y económico real, monopolizado con prácticas esclavistas, feudales o de capitalismo corporativo por el PCC y los militares, ocurriendo en los cubanos hoy lo ya dicho en 1835 por Tocqueville: “No hay grandes hombres sin virtud y sin respeto a los derechos no hay sociedad; porque, ¿qué es una reunión de seres racionales e inteligentes cuyo único lazo es la fuerza?”

Etiquetas: !!J, 11-J, bruta, castrocomunista, cuba, dictadura, estado de derecho, Fuerza, gobernabilidad, legitimidad, militar, miopía, represión

Tomado de https://www.cubaencuentro.com

Proyecto de Constitución cuatro años «engavetado» y desconocido por la ciudadanía

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Sin ley complementaria de la Constitución y sin ser sometido a referendo, el PCC es un poder de facto, incontrolable por el Estado y la ciudadanía
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Por Marlene Azor Hernández
Ciudad de México
26/07/2018

Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado en Cuba, declaró: “El Proyecto es el resultado de la labor iniciada por un Grupo de Trabajo, presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que creó el Buró Político el 13 de mayo del 2013, y se corresponde con las Bases Legislativas aprobadas al respecto por ese propio órgano el 29 de junio del 2014”.[1]

La ausencia de regulación legal del poder y las atribuciones del partido único en Cuba, permite que un proyecto de Constitución sea engavetado cuatro años y siga aún sin publicarse para la consulta ciudadana. Fue encomendado por el Buró político hace cinco años, ya fue aprobado por el Buró político del PCC hace cuatro, el Comité Central de ese partido lo aprobó a inicios de julio y ya fue aprobado por unanimidad y a mano alzada por el parlamento en el mismo mes. Todos procedimientos copiados de la dictadura estalinista soviética, y aún el proyecto no ha sido publicado en la prensa oficial. Se filtran algunos aspectos en esa prensa, cual futuro best seller al que hay que darle propaganda por elevar el número de ventas, lo cual constituye una falta de respeto a la ciudadanía en cualquier estado de derecho. Por eso, este “proceso constitucional” no tiene eco en la ciudadanía. En las calles nadie habla del tema.

Lamentablemente la prensa internacional ofrece como noticia tres aspectos irrelevantes: se elimina de la Constitución la palabra comunismo como meta final, se deja abierta la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y se permite la propiedad privada. Sin el proyecto publicado, estos cintillos internacionales desinforman sobre los procedimientos ilegales e ilegítimos que se llevan a cabo para crear la nueva Constitución, desde el derecho nacional, el internacional y el sentido común. Dar por sentado que el gobierno cubano es una dictadura estalinista totalitaria y “normalizar” procesos contrarios al Derecho internacional, revela la superficialidad del análisis y el desconocimiento sobre Cuba en el ámbito internacional. También puede ser absoluto desinterés en el tema Cuba.

Contradicciones en dos procesos jurídicos simultáneos

La propiedad privada, dicen los cintillos internacionales aparecerá en el Constitución, pero como hasta ahora es un documento secreto para la ciudadanía y la opinión pública, nadie sabe qué se entenderá por la propiedad privada en el nuevo texto constitucional y cuáles serán sus derechos.

De manera simultánea con la manipulación del documento constitucional que no se ha publicado, la Gaceta Oficial de la República, número 35 del 10 de julio del 2018, publica todas las restricciones al sector emergente privado en el país[2].

En esta legislación no aparecen las palabras “propiedad privada” ni “gestión privada” sino autoempleo, personas naturales, la penalización con multas astronómicas a la importación directa, la reducción a una licencia por persona, se mantiene el limbo jurídico de lo que se considera inversión “legal” y eso sí, alrededor de 15 ministerios que controlan el autoempleo haciendo prácticamente imposible entender quién controla el trabajo por cuentapropia y una cantidad desproporcionada de nuevas gestiones bancarias que las instituciones bancarias cubanas no tienen capacidad de asimilar con sus “enormes colas y/o filas”, y sin aires acondicionados por motivo de “ahorro de energía”, una constante de los planes estatales. Es decir, desde la letra hasta su aplicación, esta legislación está de espaldas a la realidad nacional.

No hay un solo artículo en la nueva legislación que proteja los derechos de los cuentapropistas y tampoco se incluye cómo y frente a quién el sector emergente puede apelar los abusos de poder de las autoridades. Como toda la legislación cubana: la Constitución, el código penal y el código civil, el mismo que comete el abuso de poder es el que responde a la demanda de “justicia” si lo cree “conveniente” para su ministerio, de lo contrario no responde. Por supuesto no existe en esa nueva legislación la posibilidad de ser indemnizados por los atropellos y las arbitrariedades de las autoridades políticas y administrativas que controlan el trabajo por cuenta propia y confiscan sus propiedades y bienes.

La ausencia de un Estado de derecho, permite que las autoridades violen los derechos ciudadanos con total impunidad y mientras el PCC es un poder de facto incuestionable, el estado bajo su dirección actúa con total impunidad sin contrapesos que defiendan los derechos ciudadanos. Los ciudadanos utilizan la palabra “peloteo”[3] para describir la impunidad de los funcionarios públicos.

¿Por qué dos procesos jurídicos simultáneos son contradictorios?

Porque en Cuba no existe contrapesos al poder de facto del PCC y a las instituciones políticas y administrativas de sistema estatal cubano. No es un estado que se atenga a la ley, sino que la viola, o aprovecha las ausencias y la multiplicidad de normas para no rendir cuenta de sus atropellos y mucho menos indemnizar las confiscaciones ilegales y/o no sometidas al debido proceso.

Por eso, los foristas de Cubadebate.cu han pedido la inclusión en la “nueva” constitución, de una sala o de un Tribunal constitucional que atienda las demandas de los ciudadanos frente a los atropellos y abusos de poder de los funcionarios públicos.

¿Será oída esta demanda por el poder de facto o será desoída una vez más, como es habitual por el Gobierno cubano en los 60 años de “revolución”?

Es contradictorio que en los momentos en que se hace una “nueva” Constitución que supuestamente incluye la propiedad privada, se publique una legislación contraria a la propiedad privada, que prohíbe las PYMES y no regula ningún derecho para el emergente sector privado.

[1] “Principales elementos del Proyecto de Constitución: Síntesis intervención del diputado Homero Acosta” en Cubadebate.cu, 24 de julio de 2018.

[2] Marlene Azor Hernández “El gobierno demora un año y medio para prohibir las PYMES” en Cubaencuentro.com, 19 de julio de 2018.

[3] Acción de los funcionarios públicos de evadir su responsabilidad enviando al ciudadano a que recorra lugares y organismos diferentes en los cuales nadie se hace responsable de la demanda ciudadana.

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Etiquetas: castrismo, Castro, constitución, cuba, estado de derecho, junta militar, Partido Comunista, PCC, propiedad privada, Revolución, revolución cubana