Es un blog diario digital conformado con los artículos, opiniones, ensayos, etc. del Catedrático universitario Lic. Pedro Pablo Arencibia Cardoso sobre diferentes temáticas de la problemática cubana, actual e histórica, así como por noticias y artículos de otros autores que se consideran de gran interés para profundizar en la realidad cubana.
miércoles, septiembre 16, 2026
Artículo de Julio M. Shiling y video de Ernesto García, del canal ErnestoMiami, sobre el informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba que en realidad es un plan para una continuidad controlada bajo un orden dictatorial renovado
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) es un grupo de reflexión (think tank) y organización sin fines de lucro de los Estados Unidos de América enfocado en la política exterior y los asuntos internacionales. Este grupo fue fundado en 1921. El CFR es una organización independiente, no partidista y no adopta posturas oficiales sobre políticas públicas. Para no pocas personas el CFR marca las líneas de la política exterior de los EE.UU.
The Council on Foreign Relations (CFR) has launched a new Task Force on the Future of Cuba. The project will examine what the United States can do to promote a stable, prosperous, democratic Cuba over the next decade in the event of a political transition or significant opening.
The Task Force will lay out a vision for positioning Cuba to rejoin the world economy and to grow and build a constructive relationship with the United States and other nations, assessing where U.S. policy can make a meaningful difference, and where it cannot.
The Task Force is cochaired by former Governor of Arkansas Asa Hutchinson, former U.S. Ambassador to Mexico Roberta S. Jacobson, and former World Bank Chief Economist Carmen M. Reinhart. CFR Fellow for Latin America Studies Will Freeman serves as project director. CFR Senior Vice President Shannon K. O’Neil provides overall guidance. The Task Force plans to release its final consensus report in early 2027.
Roberta Jacobson fue muy conocida en Cuba por su relevante labor para el supuesto ¨descongelamiento¨de las relaciones entre la dictadura Castrista y la Presidencia de Barack H. Obama, ya que ella era la Subsecretaria Adjunta para América Latina.
El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba se presenta como un ejercicio académico sereno destinado a trazar un camino para salir de la catástrofe nacional. En realidad, ofrece algo mucho más insidioso: un plan para una continuidad controlada bajo un orden dictatorial renovado. Envuelto en el lenguaje del pluralismo, el gradualismo y la reforma pragmática, el documento funciona menos como una hoja de ruta hacia la democracia que como una justificación intelectual para una variante cubana del capitalismo concesionario postsoviético: el modelo putinista con un toque tropical. Propone una transición, sí, pero una cuidadosamente diseñada para preservar el esqueleto institucional, las redes de personal y la impunidad moral del actual régimen cleptocrático y sultanista.
En el núcleo de cualquier transición democrática genuina desde un régimen totalitario se encuentra la justicia transicional. Las transiciones exitosas desde el comunismo —o desde cualquier sistema que haya violado sistemáticamente la dignidad humana— han requerido medidas retributivas contra quienes dirigieron la represión, una restitución correctiva para las víctimas, una reforma sistémica que desmantele el aparato de seguridad y una ruptura simbólica con el antiguo orden. La depuración, el escrutinio de la vieja guardia, las comisiones de aclaración histórica y las garantías de no repetición no son adornos opcionales. Son las condiciones mínimas para impedir que la antigua élite se limite a cambiarse de uniforme y siga gobernando.
La experiencia postsoviética demuestra las consecuencias de omitirlas. Allí donde se aplazó o se negó la rendición de cuentas —Rusia, Bielorrusia, las repúblicas de Asia Central—, el resultado no fue la democracia, sino un autoritarismo más flexible y menos ideológico en el que la antigua nomenklatura del partido y los servicios de seguridad se convirtieron en los nuevos dueños del Estado y de la economía. Georgia, Ucrania, Moldavia y Armenia lograron aperturas democráticas imperfectas solo tras levantamientos populares que forzaron una ruptura más clara. La transición incompleta de Nicaragua produjo el mismo resultado previsible: las viejas estructuras se reafirmaron. El Informe de Harvard no menciona nada de esto. Guarda silencio sobre la justicia transicional, sobre la rendición de cuentas por sesenta y siete años de crímenes contra la humanidad, sobre la necesidad de disolver los órganos represivos que han sostenido el orden castrista. Ese silencio no es un descuido. Es la elección política central del documento.
En cambio, el informe se apoya en gran medida en el marco constitucional existente. Insta a la restauración de derechos que ya están nominalmente presentes en la Constitución de 2019, al tiempo que trata ese mismo instrumento como un punto de partida viable. Sin embargo, esa Constitución se elaboró precisamente para constitucionalizar la supremacía del Partido Comunista y para proporcionar cobertura legal a las mismas prácticas a las que el informe afirma oponerse. Tratarla como un fundamento en lugar de como un obstáculo equivale a aceptar la propia ficción jurídica del régimen. La propuesta de una futura Asamblea Constituyente se aplaza al medio o largo plazo, una vez que las autoridades actuales ya se hayan posicionado como «facilitadoras» del proceso. En otras palabras, se invita a los artífices del desastre actual a diseñar la arquitectura del futuro. Esto no es democratización; es cooptación.
El lenguaje del Informe sobre la «amnistía» para los presos políticos revela aún más su orientación. La liberación inmediata e incondicional es un imperativo moral y jurídico. Ningún poder estatal legítimo ha tenido jamás la autoridad para encarcelar a ciudadanos por el ejercicio de derechos que incluso los propios documentos del régimen reconocen hipócritamente. Hablar de «amnistía» es otorgar un reconocimiento implícito al teatro judicial que produjo esas condenas. Plantea la libertad como una concesión en lugar de como la restitución de lo que nunca se les quitó legítimamente.
La misma lógica aparece en el tratamiento del fracaso económico. La catástrofe se atribuye principalmente a la ineficiencia, a malas decisiones de inversión y a la mala gestión —síntomas, no causas—. La etiología más profunda —el monopolio totalitario del poder, la destrucción sistemática de la vida social y económica independiente y la extracción de riqueza por parte de una casta gobernante organizada en torno al control personalista— queda en gran medida sin examinar. La receta que se propone a continuación es, por tanto, predecible: mejorar el funcionamiento del sistema existente, abrir espacio a la propiedad privada dentro de límites cuidadosamente gestionados, reintegrarse en las instituciones financieras internacionales e invitar a la diáspora a financiar la reconstrucción. El resultado sería una dictadura más productiva, no un Estado libre.
Resulta especialmente revelador el interés del informe por la eventual derogación de la Ley Helms-Burton. Esa ley condiciona el levantamiento del embargo a reformas políticas y civiles concretas: la legalización de la actividad política, la liberación de presos, la disolución del aparato de seguridad, la celebración de elecciones libres bajo observación internacional y avances hacia un poder judicial independiente y una economía de mercado. La Ley Helms- Burton no permite un aterrizaje suave para la antigua élite. El documento de Harvard, por el contrario, busca precisamente ese aterrizaje suave. Al abogar por la eliminación de la principal barrera jurídica que vincula la normalización económica a los requisitos previos democráticos, proporciona una justificación académica para el objetivo diplomático de larga data del régimen: el alivio sin renunciar al poder.
Lo que surge es un proyecto de autoritarismo ilustrado. El sistema castrocomunista debe racionalizarse, deben corregirse sus ineficiencias más flagrantes y deben moderarse sus excesos represivos lo justo para desbloquear recursos externos, mientras que las instituciones hegemónicas y el personal que las integra permanecen en gran medida intactas. El precedente soviético es instructivo y condenatorio. No afrontar el pasado no condujo a la democracia, sino a una nueva forma de tiranía que resultó más duradera precisamente porque se desprendió de las restricciones ideológicas residuales del marxismo-leninismo, al tiempo que conservaba los instrumentos de control. El Informe de Harvard ofrece a Cuba el mismo trato. Se trata de una transición del comunismo sultanista a un orden más moderno, menos doctrinario, pero aún así totalmente dictatorial.
Una verdadera transición democrática exige una ruptura, no una renovación. Requiere el desmantelamiento de las estructuras que hicieron posibles los crímenes, la exclusión de quienes los dirigieron de futuros puestos de poder y el establecimiento de instituciones diseñadas para impedir su regreso. Cualquier cosa que no sea esto no es un camino hacia la libertad, sino una sofisticada apología de la continuidad. El documento del Grupo de Trabajo, a pesar de su pulido académico y su prestigio institucional, es, en última instancia, propiedad intelectual de la dictadura que pretende trascender.
Grupo de Harvard propone transición democrática en Cuba, amnistía para presos políticos y Asamblea Constituyente
Por Redacción de CiberCuba
13 Septiembre, 2026
Un grupo de académicos, economistas, activistas y especialistas de la Universidad de Harvard presentó una propuesta para enfrentar la profunda crisis de la isla, que contempla desde una amnistía general para los presos políticos hasta la convocatoria, a medio y largo plazo, de una nueva Asamblea Constituyente.
El documento, publicado el 10 de septiembre bajo el título Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, parte de un diagnóstico contundente: Cuba atraviesa una crisis económica, política, demográfica, energética, sanitaria, alimentaria, educativa y de infraestructura que amenaza la estabilidad y el futuro del país.
Los responsables aclaran que se trata de un «documento vivo, en construcción», que será sometido a consultas, revisiones y modificaciones. Las aportaciones corresponden a los participantes a título individual y no representan necesariamente las posiciones de las instituciones a las que están afiliados.
Una economía en bancarrota y un país que se vacía
El informe responsabiliza de la bancarrota económica cubana a «décadas de ineficiencia y de políticas económicas y de inversión erradas», aunque también sostiene que las recientes medidas punitivas de Estados Unidos han profundizado los efectos de la crisis sobre la población.
Entre 2019 y 2024, según los datos recogidos por el Grupo de Trabajo, el producto interno bruto cubano cayó un 11 %, la producción agrícola disminuyó un 58 % y el sector manufacturero retrocedió un 42 %. La producción azucarera se desplomó un 87 %.
El deterioro resulta todavía más evidente en algunos alimentos fundamentales. Entre 2017 y 2024, la producción de carne de cerdo cayó un 97 %; la de arroz, un 75 %; la de frijoles, un 80 %; la de leche, un 56 %; la de hortalizas, un 69 %; y la de viandas, un 46 %. Cuba importa actualmente más del 70 % de sus alimentos, incluidos productos históricamente asociados con la producción nacional, como el azúcar y el café.
A la debacle económica se suma lo que el documento denomina un «vaciamiento demográfico». El saldo migratorio acumulado entre 2013 y 2024 supera los tres millones de personas, frente a los 11,1 millones de habitantes registrados en el censo de 2012. A ello se añaden una fecundidad extremadamente baja y un número de defunciones superior al de nacimientos desde al menos 2020.
El resultado es también un acelerado envejecimiento: alrededor del 25 % de la población cubana tiene actualmente más de 60 años, según las cifras citadas por el informe.
Hospitales, hambre, apagones y ciudades deterioradas
El Grupo de Trabajo describe un Estado cada vez menos capaz de proporcionar servicios básicos. El deterioro alcanza el sistema eléctrico, el abastecimiento de agua, el transporte, la recogida de basura, los hospitales y las escuelas.
La vivienda constituye otro de los grandes problemas. El déficit habitacional supera las 800.000 unidades y una parte considerable del fondo residencial se encuentra en estado malo o regular. El informe señala además el deterioro de carreteras, puentes y ferrocarriles.
Más allá de las cifras económicas, el informe sitúa en el centro de la crisis un problema político: la profunda erosión de la legitimidad del gobierno cubano, su incapacidad para solucionar los problemas nacionales y la existencia de estructuras autoritarias que restringen el emprendimiento, la creación artística, la actividad científica y el debate público.
El documento dedica especial atención a la respuesta gubernamental a las protestas del 11 de julio de 2021 y recuerda la «orden de combate» pronunciada entonces por Miguel Díaz-Canel, seguida por una ola represiva y el encarcelamiento de cientos de manifestantes.
Según datos de Prisoners Defenders citados en el informe, al cierre de junio de 2026 había más de 1.300 presos políticos en Cuba.
Los autores cuestionan asimismo la efectividad del Estado de derecho bajo la Constitución de 2019, al señalar la supremacía constitucional del Partido Comunista, la ausencia de un verdadero equilibrio entre los poderes públicos y las violaciones sistemáticas de derechos como la libertad de expresión, prensa, asociación y movimiento.
El informe reclama además la derogación de normas como los decretos leyes 349, 370 y 35, utilizados para restringir la creación artística, la expresión pública y la difusión de contenidos en internet.
GAESA, un «Estado dentro del Estado»
El conglomerado militar GAESA ocupa un apartado especialmente crítico. El informe sostiene que funciona como un «Estado dentro del Estado», fuera de los controles institucionales ordinarios, y recuerda que sus cuentas no son públicas ni están sometidas a una auditoría efectiva de la Asamblea Nacional.
GAESA controla sectores estratégicos que incluyen turismo, energía, telecomunicaciones, finanzas, bienes inmuebles, supermercados y remesas, además de determinados segmentos industriales.
El documento también cuestiona la opacidad de las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y menciona la participación de personas vinculadas a la familia Castro sin responsabilidades gubernamentales conocidas. Entre ellas identifica al coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, a quien vincula con el entramado militar-empresarial.
Amnistía para los presos políticos como primer paso
Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo sostiene que «no hay solución» a las múltiples crisis del país sin cambios políticos inmediatos y pasos hacia un gobierno de transición percibido como legítimo.
El primer paso sería una amnistía general e incondicional para los presos políticos.
La medida debería acompañarse de la descriminalización de formas de protesta, pensamiento y expresión reconocidas incluso por la Constitución vigente, así como de la eliminación de restricciones extralegales como las aplicadas a los llamados «regulados».
«Cualquier cubano que lo desee debe poder salir y regresar a su tierra», sostiene el documento.
El papel de Estados Unidos
El informe considera que una amnistía debería recibir una respuesta «inmediata, positiva y contundente» de Washington, comenzando por el levantamiento de las sanciones que afectan el suministro de combustible y seguido por recursos destinados a estabilizar la economía y favorecer las reformas.
Los autores sostienen que la crisis cubana precede al endurecimiento de la política estadounidense y tiene profundas causas internas, pero consideran que las sanciones de la administración Trump han agravado considerablemente sus consecuencias humanitarias.
El documento llega a calificar las actuales políticas estadounidenses hacia Cuba como «explícitamente imperiales» y cuestiona que Washington proporcione ayuda humanitaria al mismo tiempo que mantiene medidas que, según los autores, contribuyen a profundizar la emergencia.
Sector privado y diáspora para reconstruir Cuba
En el terreno económico, el informe concede un papel protagonista al sector privado cubano, que ya proporciona empleo a cerca de un tercio de las personas ocupadas y ha conseguido desarrollarse pese a las restricciones regulatorias y las dificultades del entorno.
La propuesta contempla liberalizar el régimen jurídico del uso productivo de la tierra, incentivar la producción privada de alimentos y aprovechar el capital, los conocimientos y las redes empresariales de la diáspora.
También plantea la reincorporación de Cuba a instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF, además de establecer procedimientos transparentes para resolver las reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas.
El documento contempla asimismo que la diáspora pueda contribuir a liberalizar las políticas comerciales y crediticias estadounidenses y, eventualmente, a promover la derogación de la Ley Helms-Burton.
Los recursos obtenidos deberían dirigirse prioritariamente a electricidad, hospitales, servicios sanitarios, educación, vivienda, transporte e infraestructura, con políticas destinadas a evitar que la reconstrucción profundice las desigualdades existentes.
Una nueva Constitución y una economía social de mercado
A medio y largo plazo, el Grupo de Trabajo propone convocar una nueva Asamblea Constituyente que abra un debate nacional postergado durante décadas y siente las bases de un sistema democrático y plural.
En el ámbito económico, apuesta por una «economía social de mercado» capaz de generar prosperidad con mayor equidad y bajo un marco legal que reconozca distintas formas de propiedad, incluida la privada.
La propuesta reserva además un papel esencial a los cubanos que viven fuera del país. El documento rechaza reducir la diáspora a una fuente de remesas y define a Cuba como una nación transnacional integrada tanto por quienes permanecen en la isla como por quienes residen en el exterior.
El Grupo de Trabajo reconoce que construir un consenso entre actores tan diferentes será difícil, pero considera que una transición democrática negociada y pacífica constituye la salida posible ante un escenario que juzga insostenible.
«Estamos conscientes que un tránsito democrático en Cuba requiere de la voluntad compartida de actores tan diversos como el gobierno de la isla, la administración de los Estados Unidos, organizaciones de la diáspora, la comunidad internacional, sectores de la oposición y la sociedad civil», concluye el informe. «Construir ese consenso no será fácil. Pero para Cuba y los cubanos, es simplemente la única opción».
EL CASTRISMO, PARADIGMA DE DICTADURA Y TOTALITARISMO
Por Dr. Alberto Roteta Dorado
17 de julio de 2020
Santa Cruz de Tenerife. España.- Los defensores del régimen castrista se niegan a admitir que el sistema sociopolítico cubano es de tipo dictatorial y totalitario. Sería interminable un escrito de este tipo si tratara de enumerar y comentar todos aquellos aspectos que determinan que el régimen cubano sea considerado una dictadura. De ahí que me limite a unos pocos ejemplos concretos que hace irrefutable la hipótesis sostenida – la cual defiendo con sobradas razones y con muy sólidos argumentos– por algunos estudiosos de estos temas.
El primer elemento que resulta de gran importancia, dada su trascendencia como idea eje en todo el tema de la política de la isla, es el de la existencia de un partido único de manera oficial: el Partido Comunista de Cuba. Este aspecto per se le ofrece una solidez muy difícil de cuestionar a la idea de la existencia de un sistema de carácter dictatorial, al extremo que me atrevo a afirmar que esta es la principal debilidad de un sistema que pretende sobrevivir por la fuerza, la violencia y la represión.
Por definición conceptual se entiende como totalitarismo a aquel régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria; definición aplicable en toda su dimensión al castrismo como sistema dominante, cuyo único partido oficial asume todo el poder de la nación.
Todas las dictaduras tienen en común la ilegalización de partidos políticos, esto es, la supresión de todo sustento legal a aquellas organizaciones partidistas que se aparten de la línea del partido dominante u oficialista. Dichas organizaciones siempre son consideradas como serias amenazas toda vez que siempre constituyen formas de organización y de representación popular. Esto hace que los partidos no oficiales tengan que permanecer en la clandestinidad y estar sometidos a la persecución de las fuerzas policiales del régimen imperante. En este sentido la Nueva Constitución de la República de Cuba precisa en su Artículo 5:
“El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”.
Resultando demasiado directo y conciso toda vez que, sin adornar la frase con elementos distractivos y persuasivos, declaran de modo categórico que el Partido Comunista es único, independientemente de la serie secuencial de disparates que exponen a continuación acerca de ser “martiano, fidelista, marxista y leninista”, idea que comentaré en otro momento para no apartarnos de la idea eje de este escrito.
Suponiendo que en Cuba no existieran múltiples violaciones de derechos humanos, que la libre expresión verbal y de pensamiento fuera tolerada, o que no se persiguiera a los opositores del régimen – nada más distante de la realidad actual–, el solo hecho de este planteamiento constitucional, amén de su aplicabilidad en el orden práctico, hace que el régimen cubano pueda ser incluido, sin discusión admisible, en la categoría de dictadura y de sistema totalitario.
Pero antes de continuar recordemos muy brevemente que una dictadura por definición es un sistema de gobierno o régimen gubernamental en el que todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. En este sentido el dictador ejerce todo su poder en contra de cualquier oposición a sus ideas y acciones, lo que le confiere un poder y autoridad absoluta. Recordemos los “honorables” cargos del cubano Fidel Castro, considerado en la actualidad como un prototipo de dictador totalitario, como ejemplo concreto que nos ilustra el dominio absoluto de un típico dictador de estos tiempos: Comandante en jefe, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, con lo cual también estamos demostrando la idea acerca de la ausencia de la separación de poderes como característica de los sistemas dictatoriales, ya sea mediante su eliminación abierta o ejerciendo el control totalitario de todas sus instancias.
Algo que no solo resulta patente a través de la ejemplificación de la figura particular del viejo dictador, por suerte, ya ausente del reino de los vivos, sino que la propia declaración de la Constitución que cité antes permite percibir la idea acerca de la no separación de poderes: “es la fuerza política (el Partido Comunista de Cuba) dirigente superior de la sociedad y del Estado”, esto es, dicha “fuerza política” rige los designios del resto de las instancias de la sociedad, las que quedan reabsorbidas bajo su mando y su control estricto.
Así las cosas, cada una de las características definitorias de una dictadura se van entrelazando. Una conduce o es la consecuencia directa de otra. La ilegalización de partidos conlleva necesariamente a la represión desmedida de la oposición, por cuanto, los opositores al régimen de turno generalmente se agrupan en partidos políticos en contraposición a los fines del partido único reconocido como oficial.
El ejemplo más reciente de represión masiva tuvo lugar hace solo unos días luego de que se convocara a una marcha pacífica de protesta ante la muerte de un hombre joven de raza negra a manos de la policía castrista. Inmediatamente se hizo un amplio operativo mediante el cual fueron detenidos decenas de líderes opositores, activistas y reporteros independientes desde horas antes a la tenida oficial, amén de impedir que otros tantos salieran de sus hogares y del despliegue policial por las calles habaneras y otras céntricas avenidas de varias ciudades del país; pero como ya expresé antes, imposible citar todos los ejemplos que a través de seis décadas demuestran la represión desmedida a los sectores de la oposición cubana pues haría interminable este comentario.
De la misma manera que la ilegalización de partidos políticos trae consigo la represión a la oposición, la ausencia de separación de poderes conduce inevitablemente a la concentración del poder en una élite. Ya analizamos como el poder se concentró en la figura del considerado líder de la llamada revolución cubana, pero esto es aplicable también a la élite representada por el propio Partido Comunista, tal y como se determina en el Artículo 5 de la Constitución, o en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, uno de los organismos represores por excelencia del régimen castrista. En este sentido se expresa en la Nueva Constitución, en su Artículo 220:
“Las instituciones armadas del Estado son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las formaciones armadas del Ministerio del Interior, las que para el cumplimiento de sus funciones cuentan con la participación de personal militar y civil. La ley regula la organización y funcionamiento de estas instituciones, así como el servicio militar que los ciudadanos deben prestar”.
Y es justamente esta élite que integran las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las formaciones armadas del Ministerio del Interior en la que se concentra totalmente el poder; aunque siempre bajo el liderazgo del dictador, y del partido oficialista único, esto es, esa “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” como se precisa en el Artículo 5 de la Nueva Constitución.
De cualquier modo, y si a pesar de haber explicado de la manera más didáctica posible la polémica en torno a si es o no una dictadura el régimen de La Habana, les recordamos a aquellos sectores más recalcitrantes, los que, lamentablemente, permanecen sin despertar bajo los hipnóticos efectos del estatismo mental inducido (excesiva manipulación del pensamiento de las masas hasta dejarlos sin la capacidad reflexiva de la mente), que además de los elementos expuestos antes, en la Cuba del castrismo resulta demasiado evidente: la suspensión del Estado de derecho, la arbitrariedad, la eliminación o manipulación de las elecciones, el control y censura de los medios de comunicación, y como colofón: la duración indeterminada del gobierno en el poder.
Recordemos que el gobierno de tipo comunista se ha extendido desde 1959 hasta el presente, aunque la declaración forzada, premeditada y con alevosía por parte del dictador F. Castro, del carácter socialista de la revolución cubana tuvo lugar en 1961. Téngase presente además que los tres mandatarios de esta etapa, esto es, Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel –se excluyen las figuras de Manuel Urrutia que solo estuvo unos pocos meses en el poder, enero-julio de 1959, y de Osvaldo Dorticós, quien solo fue una imagen mientras Castro manipulaba el poder– no fueron elegidos democráticamente por nadie, lo que constituye un sólido ejemplo de simulación o manipulación de las elecciones.
Si aún así alguien sigue poniendo en duda la bien fundamentada hipótesis acerca del carácter dictatorial y totalitario del régimen comunista de Cuba entonces le recomiendo que intente encausar su pensamiento, que deje a un lado todo tipo de idea pre-establecida y determinada por quienes de modo inescrupuloso manipularon su inteligencia, y que eduque lo superior de sí “para que pueda con ojos de más luz” percibir la maldad, el odio, el egocentrismo, la prepotencia y todas aquellas antivirtudes que caracterizan al régimen comunista cubano.
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*Osvaldo Dorticós fue designado presidente de la República de Cuba por el Consejo de Ministros luego de la renuncia de Manuel Urrutia por desavenencias con Fidel Castro. Ocupó dicho cargo desde julio de 1959 hasta diciembre de 1976, año en que desapareció el cargo de Presidente de la República de Cuba como estrategia del dictador Fidel Castro para autoproclamarse Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Según la Constitución modificada en 1976: “El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno”. Siete años después se ¿suicidó?
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Libro de Pedro Pablo Arencibia: Paradigmas Psicopedagogicos y caminos de la Investigacion Matematica en la Ensenanza de la Matematica Universitaria y Media
OPINIÓN SOBRE EL LIBRO:
Lo he ojeado, aqui y alla; es conmovedor. humano. Tardare en leerlo de tapa a tapa. Comprendo que es holistico, lo que me parece admirable, meritorio, politica, experiencia humana, Matematicas, Ciencias, y tambien ¨very scholar. Una combinacion unica. Gracias. B.M.
“Marco Rubio a Donald Trump: Te diré lo que es un buen acuerdo: que Cuba sea libre
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Licenciado en Matemática Pura en la Universidad de La Habana (UH) y Catedrático universitario con 24 años de experiencia en la docencia universitaria cubana; posee la Categoría Docente Principal de Profesor Titular universitario. Fue expulsado el 29 de enero de 1997 del Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río ( universidad de perfil formativo o pedagógico) por motivos políticos. Activo colaborador desde su fundación de la revista VITRAL y del Centro Católico de Formación Cívica y Religiosa (CFCR) de la Diócesis de Pinar del Río. Colaboró en Cuba con las organizaciones opositoras: Todos Unidos, Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba y con el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC).
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COLABORADORES:
Paul Echániz
El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba se presenta como un ejercicio académico sereno destinado a trazar un camino para salir de la catástrofe nacional. En realidad, ofrece algo mucho más insidioso: un plan para una continuidad controlada bajo un orden dictatorial renovado. Envuelto en el lenguaje del pluralismo, el gradualismo y la reforma pragmática, el documento funciona menos como una hoja de ruta hacia la democracia que como una justificación intelectual para una variante cubana del capitalismo concesionario postsoviético: el modelo putinista con un toque tropical. Propone una transición, sí, pero una cuidadosamente diseñada para preservar el esqueleto institucional, las redes de personal y la impunidad moral del actual régimen cleptocrático y sultanista.
